Extorsión en puertos, narcotráfico y contrabando de gasolina y oro generan rentas de al menos 9.400 millones de dólares al año, según Transparencia. Para entender Venezuela hay que entender cómo un país petrolero cayó en una crisis humanitaria sin precedentes, quebró su economía en menos de una década y mutó de un sistema de controles a un capitalismo desenfrenado en medio de sanciones económicas. Parte de la respuesta está oculta en la ilegalidad, en las rentas subterráneas que enriquecen a una extensa y diversificada red de corrupción, cuyo valor, la organización Transparencia Venezuela ha calculado en un quinto del PIB del país, según revela un informe publicado recientemente. En un año —de acuerdo a esta investigación— la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con actividades asociadas al contrabando de combustible y 1.800 por la venta ilegal del oro; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos, revelan los cálculos hechos por la firma Ecoanalítica para este reporte de Transparencia. Solo los montos por estos cuatro ilícitos representan 21,7% del tamaño del PIB del país en 2021, calculado en 43.440 millones de dólares.
Esto queda fuera de lo se
ha tragado la corrupción estatal en casos que han llegado a tribunales de más
de 22 países donde se han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción
venezolana que involucran más de 64.000 millones de dólares, según las
investigaciones de la organización. Desde 2012, Venezuela se ubica entre los
primeros cinco lugares del Índice de Percepción de la Corrupción en el sector
público de Transparencia Internacional. Este año fue el más corrupto de la
región, seguido de Haití y Nicaragua, un expolio que acarrea graves violaciones
a los derechos económicos de los venezolanos. Esto ha ocurrido mientras 90% de
la población se mantiene por debajo de la línea de la pobreza.
“La red de corrupción en
Venezuela crece y se profundiza. Hay denuncias de muchos países de confiscar
bienes, oro, droga y combustible. Son delitos que están a la vista de todos”,
comenta a EL PAÍS Mercedes De Freitas, directora de Transparencia. “Estas
actividades tienen un peso increíble, y no hay ninguna economía que se acerque
a esos montos”.
Aun cuando en plena
pandemia el Gobierno venezolano decidió aumentar el precio gasolina congelado
por años, el contrabando de gasolina es un negocio lucrativo que se vale de la
porosidad de las fronteras y de la ausencia de control que han propiciado más
de siete años de tensiones diplomáticas con Colombia. El cierre fronterizo que
se ha prolongado por más tres años, pese al reciente restablecimiento de las
relaciones entre Bogotá y Caracas, todavía ampara parte de esta economía en las
sombras que va desde las garrafas de combustible que se venden al menudeo hasta
redes más grandes, señala la investigadora.
Hasta 2018, cuando el
diferencial del precio de la gasolina en Venezuela y sus vecinos de Colombia y
Brasil era un abismo, el contrabando generaba rentas de entre 1.860 millones y
2.800 millones de dólares con la fuga era de 80.000 barriles diarios. “Esa red
de contrabando aprende con una velocidad increíble, es resiliente y consigue
generar nuevos procesos para seguir captando renta pública. Por ejemplo: cuando
subió el precio de la gasolina, la red se adaptó y empezó a vender gasolina de
Colombia en Venezuela”, denuncia.
De Freitas y otra
investigadora de su organización viajaron a las minas de El Callao para
estudiar a fondo la voracidad minera en el sur del país, donde desde las ONG
locales hasta las Naciones Unidas alertan sobre gran impacto social y medioambiental
de la actividad. En 2016, Maduro decretó que 111.843 kilómetros cuadrados, 12%
del territorio nacional, serían parte de Arco Minero del Orinoco, una franja de
explotación de recursos, en particular oro, que según las leyes debe ser
vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela.
El oro ha sido el
salvavidas de Gobierno en los años de la brutal caída de la producción
petrolera y las sanciones económicas de Washington. Esa explotación es una caja
negra por descifrar. Según estimaciones de Transparencia, anualmente se
exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero en promedio “solo
poco más de 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales, es
decir, que más de 75% es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y
participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad y defensa”.
Grupos irregulares como las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN son
señalados en este informe y otros como parte de esas redes.
“Ese oro sale de muchas
maneras de Guayana”, explica De Freitas. “Las grandes cantidades salen por vía
aérea, van a Colombia donde se nacionalizan como oro colombiano lícito, y así
se puede exportar lícitamente a cualquier país. Y esto llega hasta Turquía,
Bélgica u Holanda”. En campo, Transparencia también encontró como se
modificaron las dinámicas del crimen en las minas, antiguamente controladas por
“sindicatos”, que hacían las veces de una banda delictiva. “Ahora no hay
sindicatos del oro, sino que se llama el sistema. Todo lo que debería dar el
Estado como seguridad, las reglas para dirimir controversias, el permiso para
trabajar, lo da el sistema”, cuenta la investigadora. “Y esto no ha ocurrido a
cuenta de que el Estado se haya retirado de ahí. Las instituciones siguen ahí,
pero es muy complicado saber qué es legal y que no”.
El informe refiere que las
economías ilícitas en el país están en una “fase simbiótica”, de estrecha
interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico.
Un escenario en el que las fronteras son tenues. “Esta es la fase de más alto
riesgo para la democracia pues la organización se apropia de los símbolos de la
democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social,
incluyendo la que pueden transferirle las élites económicas tradicionales y
emergentes aliadas”, dice el estudio.
Contenedores y alcabalas
La multiplicación de
bodegones y tiendas enormes de comida, muebles, electrodomésticos y todo tipo
de artículos importados que se ve en las principales ciudades de Venezuela
también se apuntala en las economías ilícitas que operan en los puertos. “Una
gran parte (entre 20 y 30%) se trata de importaciones puerta a puerta y lo que
se sabe es que por cada uno de esos contenedores de entre 20 y 40 pies, se
pagan en promedio 10.000 dólares en los puertos para la entrada de la mercancía
sin declarar el valor real ni pagar impuestos”.
Otro dato que revela el
estudio es el de las alcabalas en las carreteras, que se convierten en peajes
para la extorsión, afectan el transporte de mercancías y tienen un impacto
directo en la inflación que vive el país sudamericano, la más alta del mundo.
Es parte de la cotidianidad de cualquier trabajador de una empresa de carga o
productor agropecuario tener que pagar o dejar parte de lo que lleva en alguno
de los más de 300 puntos de control policial y militar que hay en vías
troncales y regionales del país. A través de un sondeo hecho entre empresas
dedicadas a esta actividad, el estudio de Transparencia concluye que existe una
probabilidad del 25% de ser extorsionado por cuerpos de seguridad en alguno de
estas alcabalas.
De Freitas señala que a estas economías ilícitas se suman otras modalidades legales, pero irregulares y opacas, que ha implementado el Gobierno de Maduro en los últimos tres años de apertura económica y de búsqueda de fuentes alternativas de ingresos, frente a la debacle de la industria petrolera y las dificultades para vender crudo luego de las sanciones. La exportación de chatarra y el traspaso de empresas y activos estatales son dos de ellas. “En el marco de la crisis del país el Gobierno ha sabido manejarse y burlar las sanciones, apoyándose en esos aliados que tienen manejos más opacos con gobiernos autoritarios y mecanismos para evadir sanciones”, señala la investigadora. “El país que tenemos hoy da muchas oportunidades a la red de corrupción y la impunidad les da garantías, pues no hay rendición de cuentas, ni información. Es el estado perfecto para hacer lo que les da la gana” (El Pais, texto da jornalista Florantonia Singer)
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