El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de turismo y Empleo, sigue avanzando para aprobar cuanto antes un decreto que contemple sanciones a aquellos demandantes de empleo que rechazan una oferta de trabajo o un curso de formación, al fin de poner fin al problema de falta de mano de obra con el que se están topando las empresas de las islas a pesar de haber una tasa de paro que casi un 15% y que haya trabajadores que «sin causa justificada» rechacen un trabajo o un curso formativo.
Como apuntó ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Jéssica de León, en un foro organizado en CANARIAS7, la Ley General de Empleo recoge esa posibilidad y Canarias intentó hace ya un año poner en marcha un decreto con ese desarrollo pero se paró porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que iba a aprobar una orden ministerial «para extender la eficacia» de la medida y que las comunidades autónomas pudieran ampararse en ella.
Transcurrido más de un año sin noticias, la Consejería de Empleo sigue adelante con sus planes con dos objetivos: cumplir el marco normativo de la Ley General de Empleo «de forma estricta» y, por otro lado, «disuadir a las personas» que no quieren insertarse en el mercado laboral y quieren seguir disfrutando de cualquier prestación. «Canarias va a continuar», indicó la consejera de Empleo, Jéssica de León, que apuntó ayer que el objetivo es tomar el ejemplo de las otras tres regiones que ya aplican sanciones.
Según indicó, Asturias y Galicia son el ejemplo a seguir. En esta última comunidad autónoma, las sanciones por rechazar una oferta de trabajo o formación es de tres meses sin cobrar la prestación por desempleo.
De León también indicó que se está en conversaciones con la Consejería de Sanidad para conseguir que sea el propio especialista el que dé el alta al trabajador sin necesidad de volver al médico de cabecera para poner fin a una baja. «Se podría ahorrar un mes o dos o tres semanas de baja para volver a la actividad», indicó ayer la consejera de Empleo, que trata de buscar fórmulas y mecanismos para lograr reducir el alto absentismo de las islas y que va en contra de empresas y sociedad en general. Según estima la CEOE de Tenerife, el absentismo tiene un coste de más de 1.300 millones de euros al año, una cifra que equivale a toda la inversión del Gobierno autonómico o la recaudación del IGIC.
De León señaló que el abordaje del elevado absentismo se está tratando en la Mesa del VIII Acuerdo de Concertación, en el que se sientan todas las partes implicadas, incluidos empresarios y sindicatos, y donde se debe abordar este problema, conscientes de que es «el gran enemigo de la subida salarial de la clase trabajadora».
Como señaló, el absentismo es una de las razones de la baja productividad en Canarias y «sin producir más riqueza es difícil que se pueda repartir más entre los trabajadores». De León rechazó las críticas que ven en los intentos para reducir el absentismo el ir en contra de los intereses de los sindicatos y de los trabajadores. «Producir es trabajar mejor, no trabajar más horas», destacó.
Las patronales canarias llevan meses advirtiendo del crecimiento del absentismo y las consecuencias que está teniendo sobre la productividad, la competitividad y la sosteniblilidad del sistema económico y social de las islas. Solo en cuatro años, los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes se han duplicado, y han pasado de 109.258 a casi 229.000. La duración media de las bajas supera los 61 días, veinte más que la media nacional. Según los últimos datos facilitados por la CEOE de Tenerife, el elevado absentismo de Canarias equivale a que casi 78.400 trabajadores no acudieron a trabajar ni un solo día del año pasado, lo que supone la pérdida de un 8% de la capacidad laboral del archipiélago (Canarias 7, texto da jornalista Silvia Fernández Díaz)
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