Son varias las leyes y normativas que el área de Turismo del Gobierno de Canarias que dirige Jéssica de León ha impulsado en esta legislatura. «Nosotros optamos por hacer nuestro trabajo», aseguró este lunes De León en su intervención en el foro celebrado en CANARIAS7. Precisamente, después de dos años de trabajos y negociaciones en un intento de alcanzar un consenso, este miércoles el Parlamento de Canarias votará la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda –o ley de vivienda vacacional–.
La nueva regulación establece cuestiones que «Canarias necesita con urgencia», entre ellas la «paralización de licencias durante cinco años o hasta que los ayuntamientos decidan cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales quieren». El Reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias es de hace diez años (Decreto 113/2015, 22 de mayo), y «al menos faltan dos patas, la de la administración de regular en su territorio, dar seguridad a los ayuntamientos para que pudieran hacerlo; y segundo, la de la disciplina urbanística, que además eso tiene que ir acompañado de una inspección por parte del Gobierno de Canarias».
Así que «lo que decidimos fue que esto tuviese rango de ley y abordar el fenómeno» en su totalidad. «Si está al mercado, que es importantísimo, hay que cumplir la Directiva de Servicios, pero además hay una vivienda que es lo que se está incorporando al mercado que tiene que cumplir una función social», y se añade que «además hay una parte de urbanismo y una parte de medio ambiente y una que es el gran reto del turismo y de los que hacen turismo, de las empresas y de los gestores del turismo, que es la convivencia y el equilibrio entre la actividad turística en Canarias y los canarios. Porque si los canarios sienten que la actividad turística empobrece su vida, si hay cuestionamiento de la actividad, y yo creo que esto no puede pasar en Canarias, donde el 36% del PIB es debido a la actividad turística», que a su vez ejerce «una fuerte potencia tractora sobre el resto» de los sectores económicos.
Otra cosa es que las administraciones locales no hayan intervenido en la ordenación de la explotaciones extrahoteleras «porque esto quita votos» pero cuando se cuestiona la unidad de explotación se está poniendo en riesgo el conjunto del sector en Canarias. «Nosotros nunca hemos demonizado a nadie, hemos dicho que nos movemos en una Canarias donde esto está roto donde se han residencializado zonas turísticas y donde se han turistificado zonas residenciales, donde hoy el trabajador para ir a trabajar al sur de Gran Canaria tiene que desplazarse 40 kilómetros», lo que provoca problemas de movilidad y de vivienda. «No podemos atender a la actividad turística solo desde un prisma, sería un gran error que las generaciones futuras y las presentes no nos perdonarían» (Canarias7, texto da jornalista Patricia Vidanes Sánchez)
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