Trump está buscando
un dictamen jurídico independiente del Departamento de Justicia que justifique
ataques contra objetivos terrestres sin pedir la autorización al Congreso,
informa la CNN. Mientras, una resolución impulsada por demócratas y
republicanos contra acciones militares en Venezuela se vota este jueves en el
Senado.
La Administración
Trump ha reconocido lo evidente ante el Congreso de EEUU: que no tiene base
legal que apoye ataques sobre Venezuela, lo cual no quiere decir que no esté
construyéndolos ni que no termine saltándoselos. Miembros de la administración
Trump aseguraron este miércoles en el Congreso que no tienen previsto, de
momento, lanzar ataques dentro de Venezuela y que aún no cuentan con una base
legal que avale ataques contra objetivos terrestres, según fuentes de CNN
familiarizadas con la sesión informativa llevada a cabo por el secretario de
Estado de EEUU, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un
integrante de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca.
Durante la sesión a
puerta cerrada, la Administración informó de que el dictamen elaborado por la
Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia para justificar los
ataques contra presuntos barcos narcotraficantes, que adelantó la CNN en octubre,
no permite ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio.
La “orden de ejecución” (OCL) que dio inicio en septiembre a la campaña militar estadounidense contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental tampoco se extiende a objetivos terrestres, según informaron los ponentes, informa CNN. La OLC incluye una lista de 24 cárteles y organizaciones diferentes de América Latina que, según el documento, la Administración está autorizada a atacar.
Sin embargo, la
Administración Trump está buscando un dictamen jurídico independiente del
Departamento de Justicia que justifique el lanzamiento de ataques contra
objetivos terrestres sin necesidad de pedir al Congreso que autorice el uso de
la fuerza militar, si bien aún no se ha tomado ninguna decisión para llevar a
cabo un ataque dentro del país, según fuentes de la Administración
estadounidense citadas por CNN.
El propio presidente
de EEUU, Donald Trump, ha sido esquivo muchas veces con este asunto.
Este domingo, Trump
contestaba así a los periodistas en el Air Force One, que le llevaba desde
Florida a Washington DC, sobre los planes para atacar Venezuela: “¿Cómo puedo
responder a una pregunta así? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela?
¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo? ¿Sinceramente?:
'Sí, tenemos planes, tenemos planes muy secretos'. ¿Quién diría eso? ¿Sabe qué
clase de pregunta es esa? Ya veremos qué pasa con Venezuela”.
En una entrevista con
60 Minutes, de CBS, emitida este domingo por la noche, la periodista, Norah
O'Donnell, intenta repreguntar varias veces por los ataques a Venezuela a
Trump, quien se ha mostrado esquivo: “No te voy a decir eso. No digo que sea
verdad o mentira, pero... ya sabes, yo no...no me inclinaría a decir que lo
haría. Pero porque no le cuento a un periodista si voy a atacar o no. No te voy
a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”.
La acumulación de
recursos militares en el Caribe, a la que pronto se sumará el Grupo de Ataque
del Portaaviones Ford, ha alimentado la hipótesis sobre las intenciones de
atacar dentro de Venezuela y cometer una operación para deponer al presidente
Nicolás Maduro al frente del país.
El ejército
estadounidense ha llevado a cabo 16 ataques informados contra embarcaciones en
el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre, en los que han muerto al
menos 67 personas: unos asesinatos extrajudiciales sobre los que la
Administración Trump no ha aportado ninguna prueba de los supuestos delitos que
se atribuyen, ni la identidad de las personas muertas, ni el rastro de la
supuesta carga transportada.
Votación en el Senado
Este jueves por la
tarde tendrá lugar una votación en el Senado de EEUU sobre una resolución
conjunta pactada por demócratas y republicanos contra una intervención militar
en Venezuela. La resolución ha sido impulsada por los senadores Tim Kaine
(Demócrata de Virginia), Rand Paul (Republicano de Kentucky) y Adam Schiff
(Demócrata de California).
La resolución de
Poderes de Guerra Kaine-Paul, S.J.Res. 90, pide “ordenar la retirada de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra
Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.
Francesca Emanuele,
analista internacional especializada en América Latina del Center for Economic
and Policy Research (CEPR), explica a elDiario.es: “Es el principal mecanismo
que tiene el Congreso de Estados Unidos para frenar una ofensiva militar del Ejecutivo.
No se trata de autorizar una guerra, sino de votar si se ordena o no la
retirada de las fuerzas estadounidenses involucradas en operaciones militares
en Venezuela sin la aprobación del Congreso”.
Además, Emanuele
explica que “lo que entienden estos senadores y muchos miembros del Partido
Demócrata es que hay un objetivo de reordenar la hegemonía estadounidense en la
región y el primer objetivo pasa por derrocar al gobierno de Maduro, pensando
en una teoría del dominó por la que si cae el gobierno de Venezuela luego
caerán los demás gobiernos no alineados con Washington; una teoría que se sabe
ha traído consecuencias devastadoras en el pasado, como ocurrió con la guerra
emprendida por Estados Unidos en Vietnam”.
Si se aprueba en el
Senado, la resolución pasaría a la Cámara de Representantes para su aprobación,
la cual de por sí ya sería una derrota política muy relevante para Trump. ¿Y
qué pasa si ambas cámaras la aprueban? Una vez aprobada por ambas cámaras, se
envía al presidente, quien podría vetarla. Para superar el veto se necesitan
dos tercios en ambas cámaras, algo prácticamente imposible en este contexto. Es
decir, es muy improbable que se convierta en una restricción legal vinculante
aunque sí pueda convertirse en un revés político relevante para la Casa Blanca.
El texto de la
resolución afirma que “el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la
guerra, de conformidad con el artículo I, sección 8, cláusula 11 de la
Constitución de los Estados Unidos” y que “el Congreso no ha declarado la
guerra a Venezuela ni a ninguna persona u organización dentro de Venezuela, ni
ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza
militar dentro o contra Venezuela”.
La resolución destaca
la “autorización, divulgada públicamente, para que la Agencia Central de
Inteligencia realice operaciones letales encubiertas en Venezuela, el
significativo aumento de recursos, personal y operaciones de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos en las proximidades de Venezuela, y las declaraciones
de miembros del Gobierno de Estados Unidos sobre la planificación de ataques
terrestres en Venezuela”. Todo ello, según los promotores del texto, “indica la
inminente participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en
hostilidades dentro de Venezuela o contra ella”.
En este sentido, “la
cuestión de si las fuerzas estadounidenses deben participar en hostilidades
dentro de Venezuela o contra ella debe responderse tras una sesión informativa
completa ante el Congreso y la ciudadanía estadounidense sobre los asuntos en juego,
un debate público en el Congreso y una votación en el Congreso, según lo
previsto en la Constitución”.
Por todo ello, la
resolución concluye: “El Congreso ordena al presidente que ponga fin al uso de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dentro de Venezuela o contra ella, a
menos que esté expresamente autorizado mediante una declaración de guerra o una
autorización específica para el uso de la fuerza militar”.
Decenas de colectivos
sociales escriben a los senadores
Más de cuarenta
organizaciones y colectivos sociales y políticos han escrito una carta a los
senadores de EEUU para pedir su apoyo a la resolución que busca evitar una
guerra o un conflicto militar no autorizado en Venezuela.
En su carta, a la que
ha tenido acceso elDiario.es, recuerdan que “la Constitución y la Resolución de
Poderes de Guerra (WPR, por sus siglas en inglés) de 1973 establecen que es el
Congreso —y no el presidente— el que debe autorizar cualquier guerra o acciones
militares ofensivas”.
“Además de no estar
autorizada y de ser inconstitucional, una acción militar en contra de Venezuela
es extremadamente impopular entre el pueblo estadounidense”, afirman en la
carta: “El 55% de los estadounidenses se opone a una invasión militar a Venezuela,
mientras que solo el 15% la apoyaría. Con respecto a una acción militar por
parte de Estados Unidos para derrocar a Maduro, solo el 18% la respaldaría,
mientras que el 46% de los estadounidenses se opone. Un 37% de los
estadounidenses rechaza que se lleven a cabo operaciones encubiertas de la CIA
en Venezuela, otro 36% no está seguro, y solo un 28%”.
Las entidades
sociales también alertan de “las consecuencias —desplazamientos masivos,
inestabilidad regional, aumento del crimen y proliferación de armas—” que “se
sentirían de forma más directa en toda la región” en caso de un ataque de EEUU:
“La política de Estados Unidos no debe —ni intencional ni inadvertidamente—
agravar las condiciones que obligan a los venezolanos a huir, ni desalentar a
quienes deseen regresar. La historia demuestra que las guerras de cambio de
régimen impulsadas por Estados Unidos agravan las crisis de refugiados, no las
resuelven”.
“Como sucedió con la votación de 2002 que dio paso a la guerra de Irak, las generaciones futuras recordarán quiénes se opusieron a la guerra y quiénes contribuyeron a allanarle el camino”, afirma la carta: “Quienes voten en contra de esta resolución corren el riesgo de ser recordados como responsables de haber permitido una guerra que agravaría aún más la inestabilidad, la violencia, el crimen y las crisis migratorias en nuestro hemisferio —con consecuencias políticas también dentro de Estados Unidos” (El Dia, texto do jornalista Andrés Gil)
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