La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha realizado este martes una audiencia pública en La Haya, en la que concluye que el Gobierno de Nicolás Maduro «no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad«. Esta es la primera de dos audiencias públicas (7 y 8 noviembre) que se realiza debido a la apelación del Gobierno venezolano contra la decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que en junio pasado autorizó la reanudación de la investigación en el país.
«La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos», ha sostenido Paolina Massidda, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal en la audiencia que ha sido transmitida simultáneamente a Caracas vía internet.
Massidda advirtió que las víctimas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes y señala que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes: «Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas».
La representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su parte, ha desmentido al régimen de Maduro: «No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela». El juez de la CPI, Marc Perrin de Brichambaut, dictaminó que «las víctimas han presentado escrituras que son documentos muy sustanciales, muy densos, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente».
Casos bien documentados
Las víctimas de la represión del Gobierno venezolano han presentado más de 9.000 casos de violación de derechos humanos y más de 120 casos de tortura bien documentados. Hay unas 150 personas disidentes que han sido asesinadas durante las protestas y unos 13 presos políticos, civiles y militares, que han muerto bajo custodia de las autoridades carcelarias.
Hay unos 300 presos políticos, de los cuales unos 20 tienen orden de excarcelación, pero las autoridades no ejecutan dicha orden de liberación. Ninguna de las víctimas de la represión ha recibido justicia, por lo que la impunidad campea entre los victimarios. El fiscal Karim Khan acusó al Gobierno de Maduro de inundar a la CPI con «información irrelevante». Además, Khan señaló que «la Fiscalía (de la CPI) también puede decidir investigar la criminalidad posterior a la fecha de la apertura de la investigación» (ABC, texto da jornalista Ludmila Vinogradoff)
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