Las compañías advierten de que el impago puede afectar a la conectividad aérea de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha advertido este martes de que el Gobierno todavía debe al menos 300 millones de euros adicionales a las aerolíneas por los adelantos de las subvenciones al transporte de residentes correspondientes a 2025. La patronal, que agrupa el 85% del tráfico aéreo en España, celebra la ampliación de crédito de 350 millones anunciada por el Ministerio de Transportes, pero considera que la medida “es insuficiente” para cubrir los costes reales del programa. Según ALA, si el Ejecutivo no abona cuanto antes la cantidad pendiente, las compañías podrían verse obligadas a reducir su actividad, lo que pondría en riesgo la conectividad aérea de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con un impacto directo sobre la movilidad, el empleo y la economía de estos territorios. “La cuantía aprobada es un parche”, ha afirmado su presidente, Javier Gándara, al recalcar que “la bola de nieve cada vez se hace más grande” y que el problema podría agravarse en 2026.
Un desfase presupuestario crónico
La patronal recuerda que el Presupuesto General del Estado solo incluye 560 millones para las bonificaciones a residentes, pese a que el coste real estimado en 2025 ronda los 1.200 millones de euros. Con la ampliación de crédito de 350 millones, el desfase sigue siendo de al menos 300 millones más, una cantidad que las aerolíneas ya han adelantado al aplicar el descuento legal del 75% a los pasajeros. ALA subraya que esta situación no es nueva. En 2024, el ejercicio se cerró con más de 800 millones de euros adeudados a las aerolíneas por el mismo motivo, lo que llevó al grupo socialista a introducir una enmienda en la Ley de Navegación Aérea para cubrir esos impagos. “Si el importe pendiente no se presupuesta ni se abona antes de fin de año, podríamos repetir el mismo escenario”, advierte la asociación.
Reclaman una solución estructural
El presidente de ALA reclama una solución económica y administrativa que modernice los procesos de comprobación de las liquidaciones por parte de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), evitando retrasos que acaban afectando a las compañías. “La cuantía presupuestada cada vez se aleja más de la demanda real de los residentes”, ha subrayado Gándara. Las aerolíneas, recuerda la patronal, actúan como entidades colaboradoras del Estado: aplican el descuento en el momento de la compra del billete y liquidan posteriormente la diferencia ante la Administración una vez realizado el viaje. ALA insiste en que el retraso en los pagos compromete la estabilidad financiera de las compañías y la calidad del servicio en los territorios insulares y extrapeninsulares (Atlantico Hoy, texto do jornalista Alberto Ley)
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