El Consejo de Gobierno aprobó un decreto para la adjudicación de vivienda pública que acaba con el sorteo e implanta una «baremación objetiva» para la adjudicación. Así lo explicó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife. Rodríguez, quien aclaró que el decreto entrará en vigor una vez que el Consejo Consultivo dé su visto bueno, elimina el tradicional «sorteo» por el que hasta ahora se adjudicaban las viviendas de promoción pública y, en su lugar, se establece un baremo en el que se tendrá en cuenta la situación social, económica y familiar de las personas adjudicatarias.
Diez años de residencia
Además, explicó, «se incluye de manera obligatoria un registro público único y el requisito de arraigo y residencia». Es decir, añadió, las personas que obtengan una vivienda pública deberán acreditar «una residencia continuada en el archipiélago de 10 años» que pasarán a ser 15 años en el caso de que la residencia sea «discontinua». Pablo Rodríguez también destacó del nuevo decreto que revisa «al alza» las reservas para colectivos prioritarios. Así, para jóvenes se reservará el 20% en lugar del 5% actual. Para las personas mayores de 65 años se reservará el 10%, el doble que ahora. También se duplican las reservas para personas con limitaciones funcionales, pasando del 5% al 10%, y en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, la reserva pasa del 5% al 8%.
Las personas adjudicatarias, además, tendrán unas obligaciones. De hecho, explicó Rodríguez, se «regula el régimen general» de tal forma que la vivienda pública adjudicada deberá ser utilizada como «domicilio habitual y permanente» y las personas adjudicatarias deben asumir «una gestión responsable» de la misma. De esta forma, añadió, «se protege la función social del parque público a largo plazo». El consejero de Vivienda también resaltó que desde el Gobierno canario se quería hacer una apuesta por la «modernización del modelo constructivo».
Casas prefabricadas y modulares
«Estamos en emergencia habitacional», dijo Rodríguez, por lo que se va a apostar por «viviendas prefabricadas y modulares». No infravivienda, aclaró, «son viviendas modernas y dignas» con las que el Ejecutivo regional «responde a los objetivos» que se ha marcado en esta legislatura. «Se prioriza dar respuesta a los residentes en el archipiélago, a los que viven aquí», añadió Rodríguez en referencia al requisito de la residencia para la entrega de vivienda pública. Casi 30.000 personas esperan en Canarias una vivienda pública. A principios de este mes, el Observatorio Canario de la Vivienda señaló que, en los últimos 20 años, la oferta de vivienda no se ha recuperado. De las 33.000 viviendas, entre libres y protegidas, construidas en 2006 se pasó a las poco más de 500 en el año 2014. En la actualidad, señalaron, hay un repunte, pero aún no se puede hablar de «recuperación sostenida», pues la media anual es de 3.114 viviendas (Canarias7)
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