Escreve
o El Confidencial: "Televisiones,
defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias de protección de datos…
todo multiplicado por diecisiete, tantas como comunidades autónomas hay en
España. La crisis ha colocado al Estado de las autonomías en el punto de
mira por los excesos, duplicidades y redundancias que de él se derivan. Además,
el foco sobre el gasto extra que exige el actual modelo estatal se
acentúa con las exigencias para reducir el déficit que llegan desde Bruselas,
pero con todo el Gobierno sigue sin animarse a meter la tijera en esas redes.
Se
puede desmontar el Estado de las autonomías? ¿Cómo? En éste, como en todo
debate, existen posturas enfrentadas, pero también un punto en común: mejorar
la eficiencia del modelo autonómico es una medida capital para salir de la
crisis. “La estructura actual ya era insostenible antes de la crisis y ahora se
ha tornado en insoportable”, apunta Juan Carlos Jiménez, profesor del
Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.
Una
opinión que ya comparte el 40% de los españoles, que prefiere "un
Estado con un único Gobierno central, sin Autonomías", tal y como
recoge el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin
embargo, no parece que la intención de los principales partidos políticos
coincida con la de los ciudadanos. "Actualmente el Partido Popular
tiene en sus manos frenar la sangría de gasto, aprovechando que disfruta
del poder en la mayoría de las autonomías y, sin embargo, se está mostrando incapaz
de hacerlo", analiza Jiménez.
Uno
de los pocos intentos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha protagonizado
en esta línea es la reforma de la administración local, que sufrió el rechazo frontal de todos los alcaldes, incluidos
los populares. Finalmente, y tras ceder ante los ediles, el Gobierno
aprobó un recorte de la administración local para ahorrar
7.129 millones anuales, pero ni rastro de medidas para racionalizar el gasto
autonómico.
La
burbuja de la Administración pública
"Es
necesaria una reforma radical y sin precedentes de las administraciones
públicas". Esperanza Aguirre, que se ha convertido en una auténtica
china en el zapato de Rajoy, apuntaba esta semana directamente a la necesidad
de acabar con el que supone uno de los mayores excesos para las arcas
nacionales: una Administración sobredimensionada.
"En
los años de bonanza la burbuja de la Administración creció sin control al
erigirse como una vía para dar empleo fácil, siendo las CCAA las grandes
generadoras de estos puestos. Ahora no saben qué hacer con toda esa gente, no
pueden ponerles en la calle a todos y menos en un momento en el que España ya
tiene más de seis millones de parados", analiza Jiménez. Una reflexión que
le lleva a considerar "la aparición de auténticos brotes verdes"
como el mejor momento para acometer recortes en este área.
Por
su parte, el politólogo Juan Carlos Monedero no considera que el
elevado número de funcionarios sea el problema, sino la ingente cantidad de
organismos que se han creado con la excusa de respetar la identidad de cada
comunidad. "El Estado de las autonomías surge con el objetivo de limitar
las aspiraciones de las nacionalidades históricas y, a partir de ese momento, nos
hemos inventado la diferencia para identificarnos y en el empeño por ser
más y más originales hemos creado televisiones autonómicas, consejos,
observatorios, embajadas, etc., que lejos de satisfacer los intereses del
colectivo sólo han servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a
muchos", reflexiona Monedero.
Devolver
al Estado la Educación, la Sanidad y la Justicia
Otra
de las medidas que siempre aparece cuando se habla de reducir el gasto derivado
de las comunidades autónomas es la de devolver al Estado algunas de las
competencias que éstas ejercen. Sólo la independiente Aguirre se ha
atrevido a verbalizar semejante supuesto, que el resto de la clase política
obvió.
"Esta
posibilidad tendría que partir de una reforma de la Constitución y, en
este sentido, hay que tener en cuenta que en los últimos treinta años ha
quedado en evidencia la postura del Tribunal Constitucional ante los intentos
de racionalización de las competencias: favorable a los intereses de las
autonomías y contrario a los aires centralizadores", recuerda Juan
Carlos Jiménez.
Por
tanto, con la actual regulación la devolución tendría que partir de las propias
comunidades algo que se antoja complicado. "Pensar en que la clase
política de este país vaya a renunciar a sus asientos, sus coches oficiales,
sus dietas y demás privilegios es una utopía. No va a pasar",
sentenciaba un politólogo de la Complutense.
El
papel de las diputaciones
Existen
expertos, como el catedrático de Opinión Pública y Comunicación
Política, Víctor Sampedro,para quienes plantear un debate en torno a las
comunidades autónomas es atacar el diseño constitucional: "Ni ciudadanos
ni medios de comunicación debemos cuestionar las autonomías mientras se
consiente una estructura franquista como son las diputaciones".
Más
allá de su origen, el principal recelo que despiertan se puede resumir en una
de las frases que más se ha repetido desde que empezó la crisis: ¿Para qué
sirven las diputaciones? "Para nada. Forman parte de un legado
autoritario y un presente corrupto que únicamente sirven como mecanismo para
aumentar el poder central y los intereses particulares de los partidos
políticos, ya que son ellos y no los ciudadanos los que las controlan de
principio a fin. Hay que eliminarlas porque sólo favorecen políticas
clientelares y corruptas de una clase política ineficaz", apunta
Sampedro.
Sin
embargo, la realidad es que a pesar de su irrelevancia, las diputaciones no han
parado de aumentar su personal durante el proceso de consolidación del Estado
de las autonomías, suponiendo un coste cercano a los 22.00 millones de euros
anuales. Una cifra que indigna y lleva a la mayoría de expertos a apostar
por la eliminación de las diputaciones como medida para reducir el déficit,
antes que plantear recortes en el ámbito autonómico. "Tanto el Partido
Popular como UPyD y también parte del PSOE están intentando convencer al
ciudadano de que el centralismo es lo más democrático a la vez que aprovechan
la crisis para desmontar la plurinacionalidad", critica Sampedro.
"Quieren que todo cambie no para progresar, sino para volver a lo
anterior".