"El catedrático de Duke (EE UU) Allen Buchanan se incorpora
al debate sobre el futuro de Cataluña. Lo hace en el prólogo de la edición española
de su libro ‘Secesión'. El investigador propone una negociación con la
mediación de la EU. El
movimiento independentista catalán tiene lugar en un mundo en el que la
secesión es cada vez más factible y deseable, al menos para los secesionistas.
Dos acontecimientos fundamentales ocurridos tras la II Guerra Mundial han
posibilitado la aparición de Estados mucho más pequeños: un régimen de
seguridad internacional centralizado formalmente en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, que incluye una norma sorprendentemente eficaz contra las
guerras entre Estados, y la expansión de los mercados más allá de las fronteras
estatales, llevada a cabo a nivel global por la Organización Mundial del Comercio
y, desde un punto de vista regional, por la Unión Europea. En el pasado, los
Estados pequeños resultaban inviables o, como mínimo, inseguros, ya que eran
presa fácil para los más grandes y sus mercados nacionales eran insuficientes
para que hubiese crecimiento económico. Ahora que esas limitaciones al tamaño
de los Estados se han eliminado en gran medida, se plantea la pregunta de si
unidades soberanas más pequeñas resultarían ventajosas y para quién. Al fin y
al cabo, las fronteras estatales existentes no son fruto de una planificación
racional o del consenso democrático; son accidentes históricos que surgieron de
procesos que, en su mayor parte, distaban mucho de ser aceptables desde un
punto de vista moral. (...)
Los
argumentos a favor de replantearse las fronteras estatales no se basan
únicamente en consideraciones prácticas acerca del incremento de la seguridad y
de una mayor libertad de mercado; también tienen sentido desde el punto de
vista de los valores democráticos ya que, al menos en algunos casos, la
democracia funciona mejor a menor escala. Algunos secesionistas catalanes
apuntan que si una mayoría de catalanes quiere la independencia, el respeto a
la democracia exige que les sea concedida. Sin embargo, esto es demasiado
precipitado. (...) Existen dos objeciones democráticas fundamentales para
apelar a los valores democráticos como justificación de la secesión mediante un
plebiscito local. En primer lugar, si la secesión fuese así de sencilla, se
correría el riesgo de que la amenaza de la misma fuese utilizada como
instrumento de negociación estratégica para minar la toma de decisiones
democrática. Al amenazar de manera creíble con abandonar el Estado, una minoría
podría, en la práctica, ejercer un veto siempre que los procedimientos
democráticos pudiesen producir un resultado no deseado por ella.
En
segundo lugar, para que la democracia funcione, lo razonable es que los
ciudadanos esperen reciprocidad; tienen que tener la seguridad de que si hoy
pierden, mañana ganarán, y tienen que tener suficiente conocimiento sobre sus
conciudadanos y sobre sus valores y preferencias para predecir que también
ellos aceptarán los resultados de los procedimientos democráticos. Si los
límites del sistema de Gobierno fuesen demasiado inciertos, es decir, si
pudiesen crearse nuevos Estados cada vez que se formase una mayoría en una zona
de un Estado existente, los ciudadanos no gozarían de la garantía de
reciprocidad necesaria porque, en tal caso, sería impredecible saber quiénes
son sus conciudadanos. (...) Por tanto, no existe un argumento sencillo basado
en la democracia a favor de la justificación de la secesión de Cataluña. Sin
embargo, el compromiso con la democracia bien entendida sí exige que España se
muestre dispuesta bien a dar cabida a un estatus autonómico más sólido y
estable para Cataluña o bien a pactar una secesión negociada.
Las
diferentes teorías del derecho corrector reconocen una serie más extensa o más
reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesión. Mi propia
versión de la teoría del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de
injusticia: (i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano, (ii)
violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, (iii)
redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos
del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada) y (iv)
vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico
intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía
intraestatal adecuada (...)
En
el caso de Cataluña, la anexión por parte de la España castellana tuvo lugar
hace tres siglos. Cualquier principio moral general según el cual la secesión
estaría justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado
injustamente, que se remontase tan atrás en el tiempo, resultaría inaceptable.
Provocaría una inestabilidad política masiva y, casi con toda seguridad, una
violencia generalizada. También considero que es relativamente indiscutible que
los catalanes no están sufriendo violaciones de sus derechos humanos
fundamentales por parte del Estado español.
Me
centraré en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias. La
acusación de redistribución discriminatoria se expresa a menudo de manera
retóricamente dramática y tal vez exagerada con el lema “España nos roba”.
Quienes alegan esto a veces pasan por alto el hecho de que en prácticamente
todos los Estados comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus
ciudadanos habrá una considerable redistribución entre regiones. (...) A menos
que rechacemos la idea misma del Estado de bienestar, debemos aceptar la
redistribución. La verdadera cuestión es determinar cuándo la redistribución es
injusta o discriminatoria. Algunos defensores de la independencia de Cataluña aportan
datos que demuestran que Cataluña paga más y recibe menos que algunas regiones
más ricas. Si esto es cierto, hay que explicar algunas cosas. En igualdad de
condiciones, la redistribución dentro del Estado debería ser progresiva y
coherente. De lo contrario, la reciente negativa por parte del Gobierno español
a renegociar su política fiscal respecto a Cataluña, situada en el contexto de
una larga historia de quejas de redistribución discriminatoria, confiere mayor
peso a la reivindicación de independencia según la versión de la teoría del
derecho corrector que sostengo en este libro. Demostrar que la redistribución
discriminatoria está teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para
justificar la respuesta radical de la secesión unilateral es más difícil de lo
que admiten quienes alegan que es lo que está sucediendo en Cataluña.
Un
argumento contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no
consensuada puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena
fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal. Para
valorar por qué esto es así es necesario entender la dinámica de los procesos
que conducen a una demanda popular de independencia. Simplificando, se trata de
lo siguiente: un grupo descontento de una parte del Estado se moviliza para
lograr más control sobre sus asuntos; para incrementar sus competencias de
autogobierno. El Estado o bien ignora sus peticiones o bien les concede cierta
autonomía intraestatal, pero en la práctica incumple el acuerdo. En
consecuencia, muchos autonomistas se vuelven secesionistas. Entonces, el Estado
reacciona duramente ante las demandas de independencia y los secesionistas se
vuelven todavía más convencidos.
La
cuestión es que ambos bandos tienen razones para desconfiar. La falta de
confianza puede malograr la que, por otra parte, sería una solución
satisfactoria: un acuerdo autonómico intraestatal que conceda al grupo regional
descontento competencias considerables de autogobierno y permita al Estado
conservar la soberanía sobre la región. Dada la reciente derogación por parte
del Tribunal Constitucional de una serie de disposiciones del Estatuto de
autonomía y las intervenciones de España en la política lingüística catalana,
es bastante razonable concluir que las perspectivas de un régimen de autonomía
viable son poco halagüeñas.
En
el otro plato de la balanza, resulta bastante razonable que a España le
preocupe que, en caso de responder afirmativamente a la demanda de mayor
autonomía de Cataluña, a dicha demanda le siga otra y que, al final, no le
satisfaga nada que no sea la independencia. No veo otra forma de resolver este
problema de seguridad bilateral que no sea con la ayuda de una tercera parte
independiente capaz de respaldar el proceso de negociación de autonomía
intraestatal, de controlar que ambas partes cumplan con los términos del
acuerdo y de proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan.
En el caso de Cataluña, la candidata evidente es la UE.
Concretamente,
creo que no sería razonable esperar que los autonomistas catalanes se
conformasen con acuerdos de autonomía que puedan ser anulados por las
resoluciones de un Tribunal Constitucional al que consideran comprometido con
una España unitaria y centralista. Si España no está dispuesta a comprometerse
realmente con una renegociación de las competencias de autogobierno de Cataluña
dentro del seno del Estado, ello incrementará los argumentos a favor de un
derecho a la secesión no consensuada. Desde el bando catalán, la buena fe
debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo
que significa reconocer que cualquier acuerdo autonómico que pueda surgir del
diálogo debería ser compatible con el hecho de que Cataluña aporte la parte que
le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados" (texto de Allen Buchanan, El Pais,
com a devida vénia)
