"No le acusamos a usted de ser
ilegal, le acusamos de ser inmoral”. Así se dirigió Margaret Hodge, presidente
del Comité de Asuntos Públicos del Parlamento británico al jefe de Finanzas de
Starbucks, Troy Alstead, que compareció ante la Cámara de los Comunes en
noviembre del año pasado para justificar que su compañía pagaba pocos impuestos
en el Reino Unido al transferir parte de sus beneficios a Holanda. Una escena
similar se repitió esta semana en Estados Unidos con Apple de protagonista.
La pérdida de ingresos de los Estados
por la crisis ha puesto en la agenda política lo que las multinacionales llaman
“planificación fiscal internacional” y que las Administraciones tributarias
denominan “planificación fiscal agresiva”. Dos conceptos que, en el fondo,
definen lo mismo: la utilización de las empresas de las legislaciones fiscales
de los países para pagar menos impuestos. Prácticas que no resultan ilegales
aunque los Estados consideran “inmorales”. Estos son los mecanismos que
permiten trasladar beneficios de un país a otro:
Inflar los precios
En la medida en que cada país tiene su
propio impuesto sobre sociedades y su normativa fiscal, las empresas tienen la
tentación de ubicar sus beneficios empresariales en los países con impuestos
más bajos. Dentro de la propia Unión Europea, las diferencias son abismales.
Mientras que España mantiene un tipo del 30%, otros Estados como Irlanda,
gravan las ganancias empresariales al 12,5%.
El caso típico, y menos refinado, para
trasladar beneficios es el de una empresa que instala su matriz en Irlanda.
Esta compañía fabrica, por ejemplo, ordenadores y vende esos bienes a su filial
española a un precio muy elevado. Así, los beneficios obtenidos en España serán
mínimos a costa de engrosar las ganancias en Irlanda, donde las ganancias
tributan a tipos impositivos menores.
Para evitar esa situación, las
legislaciones de todos los países desarrollados obligan a que los intercambios
entre empresas de un mismo grupo se produzcan a precios de mercado. El valor de
un bien material es fácil de determinar, sin embargo, es más problemático
calcular los elementos intangibles. ¿Cuánto cuesta el know how que un
matriz ofrece a su filial? Las patentes también presentan complicaciones para
la Agencia Tributaria. No siempre resulta sencillo determinar, por ejemplo, el
valor del principio activo de un medicamento que una empresa estadounidense
vende a su filial española para producir un fármaco.
Ventas en internet
Un cliente entra en una tienda en
Madrid, Barcelona o Sevilla y compra un pantalón. Resulta evidente que el
consumo que lleva aparejado un IVA se ha producido en España y que el beneficio
por la venta también debe computarse en el país. Ahora, ese mismo cliente abre
un ordenador, accede a internet y compra ese mismo pantalón. ¿Dónde tributa esa
operación? Aquí empiezan las complicaciones. Si bien la compra se ha producido
en España, la tienda virtual puede ubicarse en un país de baja tributación para
pagar menos por la ganancia de esa venta. La UE quiere regular, al menos en el
ámbito europeo, este tipo de operaciones, sin embargo, cualquier avance fiscal
precisa de unanimidad y los Estados miembros que tienen impuestos bajos para
atraer empresas no están por la labor de equiparar su modelo fiscal a la media.
Endeudarse con un fin fiscal
Hasta 2012, España permitía deducir
sin ningún límite los gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. Ello
suponía un incentivo para endeudar a las filiales españoles con el único
objetivo de obtener una ventaja fiscal. El ejemplo clásico es el de una matriz
ubicada en otro país europeo que concede un crédito a su filial española. Con
esta práctica, la matriz genera un gasto que reduce sus beneficios, y la filial
española asume una deuda que generará unos intereses deducibles fiscalmente.
Una operación perfecta en la que todos ganan, salvo la Administración
tributaria.
Hacienda apunta a las multinacionales
En el año 2007, España ingresaba
44.823 millones por el impuesto sobre sociedades, una cifra que llegó a caer
hasta los 16.000 millones en 2010. Un descenso que el Gobierno de Mariano Rajoy
asegura que no solo puede explicarse por la crisis y argumenta que la normativa
española permite a los grandes grupos empresariales tributar a tipos efectivos
muy bajos. De hecho, en sede parlamentaria, Rajoy llegó a asegurar que algunas
empresas del Ibex no pagaban ni un euro en impuestos. Ante esta circunstancia,
el Ejecutivo empezó el año pasado a suprimir o limitar deducciones fiscales que
permitieron que por primera vez en cinco años, los ingresos por el impuesto
sobre sociedades aumentaran de forma notable en 2012. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ya ha avanzado que a lo largo de este año se suprimirán más
beneficios fiscales en el impuesto que grava los beneficios empresariales. Las
grandes empresas niegan que paguen pocos impuestos, aunque admiten que esta
idea ya ha calado en la sociedad. Consultoras como PwC recomiendan que las
compañías publiciten su factura fiscal para demostrar su contribución a las
arcas públicas. BBVAes una de las primeras empresas que elabora informes que
reflejan los tributos que paga el banco y que no se limitan al impuesto sobre
sociedades. BBVA abonó 3.551 millones en impuestos en todo el mundo en 2012 y
su beneficio neto se situó en 1.676 millones" (texto de Jaume Viñas,
Cinco
Dias com a devida vénia)
