Canarias, entre las cinco comunidades mejor atendidas por el sistema de financiación autonómico

La liquidación conocida de forma reciente del sistema de financiación autonómico de las comunidades de régimen común, todas menos País Vasco y Navarra (las de régimen foral), que es la correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 (suele terminarse casi dos años después del año objeto de cálculo), coloca a Canarias en el top 5 de los territorios más beneficiados por el reparto de los recursos tributarios cuyas entregas finales cada año gestiona el Gobierno central con aquel cometido: trasladar y compensar con recursos económicos los servicios comunes que prestan las comunidades autónomas.

Así queda reflejado en el estudio La liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, firmado por Ángel de la Fuente, conocido el 6 de agosto pasado y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El resultado de la liquidación de 2023 lo había publicado recientemente el Ministerio de Hacienda. Para analizar con mayor exactitud los datos, se suele utilizar la variable financiación definitiva a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, a la que luego se introducen algunos ajustes con el fin de hacer más comparables los datos entre las comunidades.

En 2023, Canarias logra una financiación por habitante ajustado de 3.718 euros (más 9,7% respecto a la media país, igual a 3.390 euros, y con un total para Canarias de 8.260 millones de euros), la variable que sirve para comparar de manera más precisa y fiable los mayores o menores desfases en aportaciones a las diferentes comunidades autónomas (son 15 dentro del régimen común). Ese registro absoluto permite que las islas ocupen el quinto lugar en la clasificación a 15, por detrás de Cantabria, la líder con 4.077 euros, seguida de La Rioja, Baleares, Extremadura y luego la mencionada Canarias. Es el mismo lugar que en 2022, cuando la diferencia relativa respecto al promedio nacional fue del 9,8%.

Si ese mismo valor se compara con el de 2011 (hay que tener en cuenta que entre una liquidación y otra ha habido muchos cambios normativos en 12 años de diferencia), se tiene que el archipiélago entonces se hallaba en el antepenúltimo lugar, con 2.144 euros al año por habitante ajustado, solo por delante de Comunidad Valenciana, la última -2.082 euros-, y Murcia -2.125-, la penúltima. Estaba muy lejos de la comunidad mejor parada en el ranking de 2011: ese año fue La Rioja, con 2.738 euros (el 22% menos). La diferencia por habitante y año era de 594 euros a favor de los riojanos. En 2023, esa distancia es solo de 359 euros (solo el 9% menos).

Atendiendo a lo informado por Fedea, el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2023 un incremento de unos 2.900 millones de euros (el 1,94%) con respecto a 2022.

Puesto que 2023 se cerró con una tasa de inflación del 3,4%, ese resultado supone una ligera reducción de la financiación autonómica en términos reales frente al rápido crecimiento del año anterior (del 14%). La diferencia entre ambos ejercicios proviene en parte de la desaceleración en 2023 del crecimiento del PIB y, por tanto, de los ingresos tributarios. También de la caída del 8% en las transferencias estatales (tras la subida del 34% el año anterior).

Explicación sobre las singularidades aplicadas a Canarias

A la hora de analizar el sistema de financiación autonómico de régimen común, hay que tener en cuenta varias singularidades relacionadas con Canarias, como se especifica en el propio informe de Fedea, también para el ejercicio fiscal de 2023. Sobre lo referido, Fedea advierte que “en Canarias no se aplican buena parte de los tributos indirectos estatales (el IVA y algunos impuestos especiales). Como contrapartida, existen figuras tributarias propias de las islas (el Impuesto General Indirecto Canario -IGIC-, los arbitrios insulares y los impuestos canarios sobre combustibles y de matriculación) que gravan las mismas bases a tipos más reducidos y cuyos rendimientos se reparten entre la administración autonómica y las corporaciones locales de las islas [el llamado Bloque de Financiación Canario con cargo a recursos fiscales del REF, con la recaudación del IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculaciones, a razón del 42% para la comunidad autónoma y el 58% para cabildos y ayuntamientos]”.

En el mismo informe, se dice que, a efectos del sistema de financiación autonómico, los rendimientos de esos tributos, que corresponden a la comunidad autónoma de Canarias, “no se deducen de sus necesidades de gasto para calcular el Fondo de Suficiencia. De hecho, hasta 2008, los recursos del REF se mantenían completamente al margen del sistema ordinario de financiación regional. Esto cambió a partir de 2009, con la nueva ley de financiación, pero solo a efectos del reparto del Fondo de Competitividad. En 2017, la situación vuelve a cambiar y el REF deja de utilizarse a estos efectos, aunque la ganancia que esto supone para las islas se ha minorado en el 57% en el primer año de aplicación del acuerdo (esto es, a efectos de la liquidación de 2015) y el 30% en el segundo”.

Desde la liquidación de 2017, “los ingresos REF no se tienen en cuenta, en absoluto, de cara al reparto del Fondo de Competitividad”. Además, “en 2016 (a efectos de la liquidación de 2014) desapareció la compensación que Canarias pagaba al Estado por la supresión del IGTE, que ascendía a 156 millones de euros en su último año de existencia. Esta partida minoraba el valor normativo de los recursos del REF. La compensación desaparece como resultado de un acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias el 16 de noviembre de 2015” (CanariasAhora, texto do jornalista Román Delgado)