"Las nuevas
iniciativas de la Unión Europea, el G-20 y la OCDE contra los paraísos y otras
permisivas jurisdicciones que pueden englobarse en el concepto de “búnkeres
fiscales” constituyen un síntoma de vivacidad institucional, aunque ni
mucho menos haya que tocar campanas todavía, dadas las frustrantes experiencias
del pasado en este ámbito. Y es que las agencias de calificación y las
jurisdicciones desfiscalizadas han contribuido enormemente al agravamiento de
la crisis financiera iniciada en la Gran Recesión.
Desde
ellas se distribuyeron productos tóxicos como las hipotecas subprime y
los productos derivados más insólitos e incontrolados, que han inundado los
balances bancarios de agujeros crecientes al modo del trabajo de las termitas o
de las dinámicas de las metástasis.
Desde
ellas —y no solo desde los ancestrales paraísos caribeños o las islas del
Canal— se nutrió la burbuja financiera de préstamos personales y tarjetas de
crédito al consumo, como sucedió en el Estado de Delaware, emporio donde
radican los domicilios sociales de buena parte de las mayores multinacionales
del planeta.
Desde
ellas se contaminó al capitalismo industrial con artificiales ingenierías e
inmoralidades financieras, generando una catastrófica, aún vigente, distorsión
estructural en la competencia leal. Las ventajas adquiridas mediante la
piratería fiscal favorecen, sí, a las grandes empresas frente a las pymes, pero
también a las grandes sin escrúpulos —clientes y usuarias de los territorios offshore—
frente a las que aún los mantienen, y conservan la plena legalidad de sus
negocios onshore.
Desde
ellas se apoyó a las sociedades criminales a disfrazarse con las apariencias de
las empresas legítimas, y se incentivó a que estas adoptasen algunos
comportamientos propios de los sospechosos habituales.
Los
escándalos aflorados, el creciente descubrimiento de que personajes públicos
aparentemente dignos han actuado como evasores fiscales, estimularon a las
instituciones a retomar el problema, que languidecía en un G-20 declinante
respecto a su revigorización de 2008.
Las
instituciones de la UE se proponen reforzar sus viejas directivas de manera que
la información automática mutua entre los Estados miembros abrace ahora a todos
los datos financieros relevantes, y no solo de las personas físicas, sino
también de las jurídicas. Y propondrán que se extienda a todo el mundo. Y los
presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo han prometido una actuación
más enérgica contra los búnkeres fiscales. Habrá que someter tales
promesas a la verificación de la realidad. Sobre todo porque más de un Estado
miembro —Reino Unido y Luxemburgo, pero también la Holanda que es patria del
presidente del Eurogrupo— tienen en este asunto lacerantes intereses creados.
No
es el menor que esos Estados miembros sean en sí mismos camuflados búnkeres
fiscales. Una depredadora especie que puede extraer de las élites de los países
más pobres cerca de un billón de euros anuales, ese auténtico impuesto
confiscatorio de su desarrollo económico. La involucración de los países
emergentes, más sensibles a estas realidades, debería coadyuvar al impulso de
los trabajos del G-20 para recuperar una fiscalidad internacional eficiente y
equitativa. Debería. ¿Será así?
" (editorial
do El País, com a devida vénia)