Canarias está «más cerca» de registrar una tasa del 40% de paro que del 21,55% que ofreció ayer la Encuesta de Población Activa (EPA). Así lo entiende la Confederación Canaria de Empresarios (CEE) que presentó su Informe anual de la Economía Canaria referido a 2019, así como un análisis de la situación actual y las consecuencias que está dejando la pandemia en la actividad económica y el empleo de las islas. El secretario general de la entidad, José Cristóbal García, indicó que además de los 225.900 desempleados que recoge la EPA, 97.000 activos «han caído» en inactivos y aún permanecen 140.000 trabajadores en ERTE. Todas estas cifras suman casi 470.000 personas que se encuentran sin trabajo, en torno a ese 40% que el presidente de la Confederación, Agustín Manrique de Lara, confía en que sea un porcentaje «transitorio» y se vuelva a números «asumibles». «No es una foto fija», añadió. Además, las previsiones de la patronal apuntan a una caída de la economía en el archipiélago del 18% para este ejercicio, la cifra más pesimista de la horquilla que manejan otras entidades y el Gobierno de Canarias.
La CEE considera que las actividades relacionadas con la administración aportan más a la provincia tinerfeña
En este sentido, Manrique de Lara, apuntó que recuperación de las islas necesita en este momento un «mando económico único» que permita agilizar la economía y entiende que la administración debe contribuir a generar la «confianza suficiente» para atraer la inversión mediante medidas que permitan , por ejemplo, simplificar trámites, licencias y permisos o reformar las líneas de financiación y avales gestionados por el ICO y Avalcanarias.
Asimismo, los empresarios demandan una reforma laboral «que nos dote de un marco jurídico flexible y seguro que nos permita salvar el empleo» o una reforma del sistema tributario que «no detraiga recursos del sistema productivo y penalice el crecimiento». En este aspecto, José Cristóbal García puntualizó que «queremos una reforma tributaria seria, que no se quede en medidas simples de subo un impuesto o bajo el otro». Igualmente, reclaman mejoras en el REF de tal manera que se flexibilicen sobre todo los plazos, una cuestión reiteradamente planteada al Ejecutivo canario pero a la que no han obtenido respuesta.
Igual ocurre con las actividades relacionadas con el sector público. En este sentido, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios insistió en pedir «reequilibrio» en el crecimiento insular ya que, según sus datos, el conjunto de actividades relacionadas con la administración pública aportan más a la economía de Santa Cruz de Tenerife. En el periodo 2007-2018 se acumula una diferencia a favor de Tenerife de más de 6.584 millones.
Por otro lado, García apuntó que muchos de los asuntos que han afectado a la economía canaria en los últimos tiempos «habían quedado confinados» pero tras la pandemia se hace necesario volver a colocarlos sobre la mesa y abrir de nuevo el debate para conseguir avances.
«Sensación de control»
También se refirieron los dirigentes empresariales a la decisión de Reino Unido de desaconsejar viajar a España y Manrique de Lara calificó de «errática» la gestión del Gobierno central en cuanto a sus relaciones exteriores. Entiende que es necesario ofrecer «una sensación de control» después de haber realizado una «buena gestión de la pandemia» durante el estado de alarma que, en el caso de Canarias, dijo, fue «una de las mejores entre las comunidades y la UE».
Pero en este momento, dijo, se debe ser «más proactivos» porque se trata de recuperar la economía y hay que «dar sensación de control» para negociar en el exterior, a la vez que ve muy difícil convencer a Reino Unido para que «regionalice» sus medidas. En su opinión, en este momento hay «ausencia de acción, ausencia de gestión y hay ausencia de ayudas al sector», y afirmó que el sector turístico en Canarias necesita PCR a la llegada y protocolos tanto para las personas que den positivo y sean asíntomaticos como los que presentan síntomas.
Esta situación, agregó, «no solo afecta solo a Canarias, sino que puede afectar de forma muy negativa a los operadores turísticos, turoperadores y líneas aéreas del Reino Unido» y «puede causar daños estructurales a la conectividad». Para Manrique de Lara, «cualquier ayuda que se ponga sobre la mesa es barata» para el sector turístico (Canárias7)
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