La batalla encarnizada en el bloque antichavista dentro de Venezuela para acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó por parte de tres partidos políticos ha vivido un nuevo capítulo en las últimas horas con la disolución del gobierno interino formado en 2019 para desafiar a Nicolás Maduro. De nada sirvió que Guaidó propusiera a las formaciones Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo elegir un nuevo “presidente encargado” como alternativa para salir de esta crisis. La votación acabó con 72 votos a favor de disolver al ejecutivo provisional, 29 en contra y ocho abstenciones. Guaidó, del partido Voluntad Popular, es señalado por varios dirigentes opositores como responsable de la situación actual de estancamiento que ha consolidado la presidencia de Nicolás Maduro y rebajado las expectativas de desalojar al chavismo de las instituciones venezolanas en el corto plazo. La mayoría antichavista siguió adelante con su pretensión de acabar con la era Guaidó y reemplazarlo por un liderazgo de comités. El líder antichavista ha tratado de frenar este proceso: “Hagan lo que dicte su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha”, pidió Guaidó sin éxito horas antes de la votación.
Ni que decir tiene
que esta situación pone en peligro la frágil unidad opositora y fortalece la
posición del gobierno de Maduro, que asiste con regocijo a la batalla interna
en el frente rival, mejorando sus aspiraciones de cara a unas futuras
elecciones presidenciales sin fecha establecida. A corto plazo, la desaparición
del gobierno interino también reforzará el plan de Maduro para ganar
reconocimiento internacional.
Guaidó se autoproclamó
“presidente encargado” de Venezuela en 2019 cuando la Asamblea Nacional,
dominada por la oposición desde 2015, no reconoció la legitimidad de Maduro
como presidente al considerar que las elecciones de 2018 en las se proclamó
ganador fueron un fraude. Ante el vacío institucional, el parlamento venezolano
nombró “presidente encargado” al presidente de la mesa directiva de la Asamblea
Nacional, que en ese momento era Guaidó. Tras ganar gran apoyo dentro y fuera
de Venezuela, Guaidó fue reconocido como presidente legítimo por 55 países.
Actualmente, el gabinete que preside es una instancia reconocida por Estados
Unidos y un pequeño grupo de países.
Para el analista
venezolano Carlos Blanco, “el gobierno interino de Juan Guaidó murió
políticamente hace mucho tiempo y ahora, tres de los cuatro partidos con los
que ha cogobernado y compartido el interinato, consagran la desaparición formal
de esa experiencia que en 2019 despertó el apoyo entusiasta de los venezolanos
y la comunidad internacional”.
La caída del
interinato genera conflictos dentro y fuera de la nación caribeña, ya que este
gabinete paralelo (sin poder dentro de Venezuela) es el responsable de
gestionar los abundantes recursos de los activos que Caracas tiene en los
países que no reconocen a Maduro como jefe del Estado. El ejemplo más claro es
el oro venezolano depositado en el Banco Central de Inglaterra y los activos de
Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Otra
derivada de esta crisis es saber qué pasará con el uso de 3.000 millones de
dólares de los fondos venezolanos congelados en extranjero para la atención
social acordados en el pacto entre el oficialismo y la oposición en las
recientes negociones de México.
Antonio de la
Cruz, analista político venezolano, asegura a LA RAZÓN que los partidos
antichavistas Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo “han
decidido normalizar la relación con Nicolás Maduro y creen que la única opción
que tienen es participar en los procesos electorales venideros junto con el
chavismo. Esa normalización exige que el interinato de Guaidó desaparezca ya
que éste considera que Maduro es un presidente ilegítimo”.
Cruz cree que en
el trasfondo de esta crisis política hay “una disputa por el liderazgo político
opositor de un sector contra Leopoldo López”. A juicio del analista, “el
dirigente que se perfila como la opción frente a Maduro en las elecciones de
2023 o 2024 es Henrique Capriles. La pugna entre Capriles y Leopoldo López para
liderar la oposición viene de largo”. Cruz considera que “el disparate que
están montando para quitar a Guaidó no está contemplado en la constitución de
Venezuela. El poder legislativo no puede asumir funciones del poder ejecutivo”.
Organizaciones
como el Foro Cívico y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la
Universidad Católica Andrés Bello se posicionan en contra de suprimir la
presidencia interina apoyada por la Asamblea Nacional desde 2019.
Aunque Guaidó ha pedido la elección de un presidente encargado, lo que se baraja actualmente es la constitución de una comisión formada por tres personas encargada de defender y gestionar los activos venezolanos en el exterior. “Si se llega a crear esa comisión, tendrá que ser reconocida por EE UU como legítima. Sin embargo, es muy probable que no sea reconocida como órgano legítimo por el Departamento de Estado de EE UU porque esa comisión no tiene amparo en la constitución venezolana”, explica Antonio de la Cruz, quien ve posible “que se pierdan los activos en Estados Unidos y en Londres en el caso del oro, dando acceso a esos activos al régimen chavista. Si eso sucede, el 3 de enero estaremos ante la coronación de Maduro” (La Razon, texto do jornalista GOYO G. MAESTRO)
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