Escreve o ABC que "el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado hoy un objetivo de déficit para Cataluña en 2013 superior al 2% -tal y como reclama la Generalitat, que pide un 2,1%- porque supondría "retroceder" en la lucha por ganar credibilidad. En declaraciones a los periodistas tras presidir la Junta Directiva del PP catalán, ha afirmado que "no es negociable" un objetivo de déficit superior al que se cerró en 2012, que, según ha dicho, estaba situado entre el 2% y el 2,2% en función de la contabilidad. Con todo, Montoro señaló que no será hasta junio cuando podrá definir el nuevo objetivo de déficit de las comunidades autónomas, una vez las instituciones europeas se hayan pronunciado en este sentido. El ministro de Hacienda Montoro mantuvo ayer una reunión en Barcelona con el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en un momento en que Cataluña reclama un límite de déficit del 2,1% del PIB. Montoro ha dicho que esa cifra "es un punto de partida de la negociación", mientras que la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, habló de un 1,8%, como máximo. La líder del PPC ha valorado hoy positivamente el diálogo entre Montoro y el Gobierno catalán y ha afirmado que no hay excusa para que Mas presente sus presupuestos de 2013. El ministro de Hacienda ha advertido de que lo que tiene que hacer Cataluña es "seguir reduciendo su déficit para ganar credibilidad en los mercados internacionales" y asegura que "el único arrojo es combatir la crisis, que es lo que quieren los catalanes", en alusión a las palabras del presidente Artur Mas, quien amenazó con la confrontación si no se flexibilizaba el déficit. Por otra parte, Montoro se ha referido a la situación general de la economía española y ha asegurado que hace seis meses "España estaba al punto del colapso financiero", pero ahora "estamos encarando el final de la crisis". Se ha comprometido a seguir ayudando a las autonomías mediante el fondo de liquidez y mediante otros mecanismos para que "a final de año, ninguna comunidad pague a sus proveedores en un plazo superior a 30 días".
