La presión ejercida por Estados Unidos para que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana concretaran los acuerdos alcanzados ha dado un resultado. Los facilitadores de Noruega, que alentaron el último acercamiento entre las dos partes en las conversaciones de Barbados, han anunciado este jueves que los dirigentes venezolanos inhabilitados que aspiren a presentarse como candidatos a las próximas elecciones presidenciales pueden solicitar la revisión de sus procesos ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El acuerdo abre la puerta a una eventual habilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras.
Lo que han llamado “el mecanismo”, una vía para dar garantías democráticas a las presidenciales de 2024, ha sido detallado en un comunicado difundido por Noruega cuando finaliza el mes de noviembre, el deadline que había puesto el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, para que Venezuela diera señales de que las negociaciones están avanzando. “Las partes han convenido procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales de 2024″, indica el texto.
El procedimiento establece que “los interesados” pueden acudir a la máxima instancia judicial y solicitar un recurso contencioso-administrativo acompañado de un amparo en un plazo establecido. Entre este viernes y el 15 de diciembre, los inhabilitados podrán presentar estos documentos y comenzará otra etapa de suspenso en Venezuela. “La Sala Político Administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, especifica el documento. En el procedimiento también se advierte de que deben abstenerse de presentar en la demanda y en declaraciones públicas “conceptos ofensivos o irrespetuosos” hacia las instituciones del Estado.
Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano son algunos de los políticos a los que el chavismo ha aplicado sanciones discrecionales para bloquear sus aspiraciones. Machado fue informada de su inhabilitación hace apenas unos meses, cuando estaba a punto de inscribir su candidatura a las primarias de la oposición, en las que finalmente resultó ganadora.
La puerta que ha abierto el Gobierno no es definitiva. La carrera de obstáculos que ha afrontado la oposición venezolana en los últimos años ha sido en gran parte dentro del laberinto judicial del chavismo, que en tiempos de Hugo Chávez y, más claramente, con Nicolás Maduro, ha buscado fórmulas para facilitar la aniquilación política de sus rivales.
Aunque con el acuerdo anunciado se ha levantado el veto considerado inconstitucional, el chavismo ha movido sus piezas para que Machado, quien todavía no ha dicho si acudirá a la justicia venezolana, mueva las suyas. Antes, la candidata, que logró el 92% de los votos en las primarias de octubre pasado, afirmó que ni siquiera había recibido un documento oficial que certifique su estatus de inhabilitada, pero el propio Supremo, en una sentencia de finales de octubre, ratificó la imposibilidad de participar de los afectados y suspendió judicialmente el proceso de las primarias.
Este paso hacia una solución estaba siendo esperado desde que se firmaron los acuerdos de Barbados en octubre y el chavismo consiguió a cambio una amplia flexibilización de las sanciones petroleras que ha atraído a un puñado de empresas trasnacionales al país. Pero estas decisiones podrían ser revertidas si el chavismo no avanza en la ruta electoral. Revocar las inhabilitaciones de candidatos, con las que Maduro ha logrado bloquear a sus contrincantes, ha sido una de las principales demandas de la oposición desde que se iniciaron las negociaciones en México hace dos años. Es ahora cuando finalmente se ha dado este paso que abre la posibilidad de revisarlas. El chavismo también liberó el mes pasado a cinco presos políticos en un gesto de concordia, pero quedan más de 270 en las cárceles (El Pais, texto da jornalista Florantonia Singer)
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