La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tiene por delante un gran reto, ordenar la actividad turística de las islas y encontrar una solución que deje contenta a todas las partes, o por lo menos que alivie el clima de tensión y preocupación que existe entre los propietarios de las zonas turísticas, tanto los pequeños como los grandes. En la pasada medianoche finalizó el proceso de consulta pública de la nueva Ley de Turismo que prepara la Consejería del área, una legislación cuyo objetivo es aunar la Ley 7/1995 y la 2/2013 en una sola en lo que será una norma amplia y compleja pero que aportará mayor «seguridad jurídica» a todos aquellos que cumplan con la legalidad, una mayor atracción de la inversión y una reducción de la burocracia, según explica la consejera de Turismo Jessica de León.
El principal eje de actuación de esta nueva
normativa será llegar a un acuerdo sobre la unidad de explotación, entre
propietarios y explotadores de los complejos turísticos. Algo que no se presume
fácil, dada las distintas casuísticas que existen en cada uno de ellos. «Somos
conscientes de que hay mucha urgencia en tomar decisiones. Queremos traer una
ley que se adapte a las circunstancias del mercado y evite las colisiones entre
propietarios y explotadores», subraya de León.
Para resolver este problema, hay que tener en cuenta, que el concepto de unidad de explotación tal y como se concebía en 1995 ha mutado claramente con el nacimiento de la economía de plataformas y es «normal que el pequeño propietario quiera ser soberano de esos ingresos» pero que si va a dedicarse a la industria turística también debe contar con las medidas de prevención y actuación necesarias para hacerse responsable de cualquier inconveniente que pueda surgir dentro del complejo.
Según la titular de Turismo, además de aquellos
propietarios que no quieren ceder su vivienda a un explotador, existen muchos
propietarios que no quieren abandonar esa unidad de explotación por lo que no
hay que «negarnos realidades» y pretender que todo se rija bajo la unidad de
explotación ni tampoco que desaparezca. «No se trata de acabar con nada sino de
ordenarlo».
La ley de 2013 es la gran señalada por la
Consejería, al considerar que fue una ley «utópica» en la que se obviaba una
realidad, provocando que «el mercado y las personas vayan por un lado y la
administración por otro», por lo que esta unificación legislativa busca un
equilibrio entendiendo que será difícil satisfacer a todas las partes pero si
conseguir un punto común «para empezar a reconstruir y que cada uno pueda
operar en su parcela en términos de rentabilidad de competitividad y sin
llevarnos los derechos de nadie por delante y dejar de lado esta Canarias
caótica y desordenada», explica la consejera.
En el supuesto de que los particulares que usan su
inmueble como segunda residencia, quieran empadronarse en el municipio para
luego dedicarla al alquiler vacacional, la Consejería opina que esas unidades
«deben seguir comercializándose como apartamentos turísticos».
La unidad de explotación será sin dudarlo una de
las cuestiones vitales dentro de la futura ley pero de León insiste en que no
se pueden perder de vista dos cuestiones.En primer lugar, la competitividad,
algo que «Canarias no se puede permitir como destino», ya que tanto el pequeño
propietario como el gran tenedor generarían menos ingresos.
Por otro lado, ofrecer incentivos para la
renovación de unas zonas turísticas, que en muchos casos están «degradadas» y
cuya atomización de las propiedades dificulta la labor. Según de León, hay que
trabajar para buscar un incentivo que no sea económico, ni tampoco de un
aumento de edificabilidad pero que lo haga atractivo para que los pequeños
propietarios o la empresa privada quiera invertir en la rehabilitación de estas
zonas mejorando así su rentabilidad y adaptando su calidad a la del resto del
destino.
Sin colores políticos
«La industria turística no debería tener colores
políticos porque es lo que da de comer al 40%de nuestros trabajadores». Así lo
considera la consejera del Turismo del Gobierno de Canarias, que defiende la
necesidad de actualizar una ley que lleva doce años causando «más daño que
beneficio» y que ningún Gobierno ni Consejería de Turismo se ha atrevido a
tocar pese a que muchos lo tuviesen incluidos en sus programas electorales. «La
oportunidad y el momento es ahora», afirma de León.
Sobre cuándo podrá estar preparada esta ley, la
titular de Turismo indica que todo dependerá de la colaboración de las partes
implicadas, por lo que pide «altura de miras» y que las cosas se «digan de
frente», sentarse a negociar y escuchar propuestas para sacar la ley adelante
lo antes posible, evitando así los retrasos que está sufriendo la ley que
regula la actividad del alquiler vacacional.
De León espera que la nueva ley permita mejorar la situación de muchos propietarios que siguen «atrapados» en la ley de 2013, seguir propiciando que las empresas que lo están haciendo bien, sigan prestando su servicio en Canarias, que la industria extrahotelera se consolide como una fuente de ingresos, riqueza y empleo en las islas. «El objetivo es recoger todas las sensibilidades y por eso abrimos la consulta pública y hemos recibido 300 alegaciones».
Hasta el momento, la consejera de Turismo admite no saber que tipo de resistencia se va a enfrentar y es consciente de que el hecho que no haya todavía un borrador de la norma hace que no haya habido grandes manifestaciones acerca de ella. «Solo pido que para cualquier cosa acudan a la fuente, estamos dispuestos a hacer jornadas de debate en donde se prime el sentido jurídico, el técnico además del bienestar del ciudadano y el interés general», indica de León (Canárias7, texto do jornalista Javier Sheng Pang Blanco)
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