El Gobierno de Canarias no aceptará un trato
desigual respecto a Cataluña y el País Vasco en materia de cogestión
aeroportuaria. El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio
Caraballo, sostiene que si el Estado avanza en la creación de un consejo rector
de los aeropuertos catalanes, tras el acuerdo entre Esquerra Republicana (ERC)
y el Partido Socialista en 2024 para la investidura de Salvador Illa como
presidente de la Generalitat, Canarias no puede ser menos. Desde entonces, el
Ejecutivo central parece estar dispuesto a explorar la posibilidad de que
Cataluña y el País Vasco participen en la gestión de sus aeropuertos sobre los
que el Estado, a través de Aena, mantiene una administración en exclusiva, una
reivindicación histórica de los nacionalistas vascos y catalanes que, entre
otros, sustentan la frágil mayoría de investidura de Pedro Sánchez, como
Coalición Canaria (CC). Por ello, ante estos movimientos en el tablero
político, el Gobierno regional no quiere quedarse atrás: Canarias lleva décadas
pidiendo la cogestión de sus aeropuertos, una demanda que tiene además un
fuerte músculo anclado en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía y en la
agenda canaria pactada entre el PSOE y CC para apoyar a Pedro Sánchez en su
investidura.
Es más, Caraballo recuerda que el Archipiélago registra más de 52 millones de pasajeros al año, frente a los 58 millones de Cataluña, aunque con una diferencia sustancial: «En Cataluña, 54 millones se concentran en el aeropuerto de Barcelona; en Canarias, la cifra se reparte entre varios aeródromos y un mercado aéreo mucho más complejo, con vuelos interinsulares, conexiones con la Península, con Europa y África».
Actualmente, la única figura de organización es el
Comité de Coordinación Aeroportuaria, creado en 2014. «En diez años se ha
reunido once veces. No sirve absolutamente para nada», sentencia Caraballo, que
insiste en que un consejo rector operativo tendría un papel determinante en la
definición y gestión del sistema aéreo canario. El viceconsejero subraya que
este nuevo órgano permitiría mejorar la eficiencia operativa, la calidad del
servicio, la adaptación de la gestión a las especificidades insulares, las
inversiones en infraestructuras y la política de tasas, que hoy se fijan de
manera general sin atender a la singularidad del Archipiélago. «No puede ser
que se aplique una subida global de tasas sin tener en cuenta nuestra
realidad», censura. Por ello, el Gobierno canario es taxativo: Si Cataluña
logra la cogestión, Canarias también. Cree que el País Vasco llevará un ritmo
similar a Cataluña, pero el acuerdo que Canarias conoce bien es el de Illa con
ERC y, por ello, se centra en lo que se pacte con los catalanes.
Para materializar su demanda de cogestión
aeroportuaria – que ya conocieron José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy
como presidentes –, Canarias está preparando, esta vez, un decreto pactado con
Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en Lanzarote durante las vacaciones
del presidente español. Allí, Fernando Clavijo, jefe del Ejecutivo autónomo,
reclamó un decreto ley específico con los asuntos más urgentes de la agenda
canaria. El Gobierno regional explora los mecanismos legales y jurídicos necesarios
para que los fondos del remanente que acumula la Comunidad por el superávit, y
que no han podido invertirse por la regla de gasto, se utilicen en resolver
temas de urgencia que no pueden esperar a que haya presupuestos del Estado y
que son excepcionales en Canarias, como la recuperación de La Palma tras la
erupción volcánica, la crisis migratoria o el reforzamiento del sistema
energético para impedir nuevos apagones. La intención es redactar el decreto
ley y negociarlo con el Ministerio de Hacienda, tras abrir la «línea de
trabajo» con Sánchez a raíz de la reunión de Lanzarote.
Además, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, y el secretario de Organización de los nacionalistas canarios, David Toledo, mantuvieron el pasado junio una reunión técnica en Madrid con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y con Carlos Moreno, director del gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero. En la misma se avanzó, entre otros asuntos, en el compromiso por parte del Gobierno de España de la participación de las Islas en la gestión de los aeropuertos insulares que en este momento gestiona Aena. Y pusieron al ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como la persona mediadora. Según Valido y Toledo, Torres no «ha movido ficha», sino remitirles una carta para que el Gobierno canario pida una «reunión formal». Por ello, ahora dicen que todo se centra en la cita de la ministra Montero y en Clavijo para negociar el decreto canario (La Provincia)
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