La Comisión Europea ha recordado este miércoles que limitar el derecho de no residentes a adquirir una vivienda en un territorio de la Unión Europea, tal y como explora el Gobierno de Canarias para el archipiélago, contraviene en principio las reglas del bloque que protegen la libertad de movimiento; al tiempo que ha apuntado que sólo «razones imperiosas de interés general» reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) podrían justificar tales restricciones.
Bruselas se pronuncia en línea con las declaraciones realizadas hace unos días a CANARIAS7 por el director del despacho de abogados Acción Legal y especialista en derecho inmobiliario, Jose Juan Muñoz, que indicó que en el caso de que Canarias quisiera adottar una medida de estas características tendría que haber una «causa justificada de manera extraordinaria».
«No comentamos sobre casos específicos por la ausencia de información detallada», ha dicho la portavoz financiera del Ejecutivo comunitario, Francesca Dalboni, al ser preguntada en una rueda de prensa en Bruselas sobre las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien el martes dijo que «es el momento» de negociar con la UE la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de los extranjeros en Canarias. En este caso, desde el Gobierno regional se ha pedido a los servicios jurídicos que se estudie la posiblidad de hacer cambios legislativos que puedan limitar al compraventa. En Bruselas, la portavoz financiera del Ejecutivo comunitario también ha recalcado que el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 63 «prohíbe las restricciones al movimiento de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes».
Aún así, ha añadido Dalboni, tales restricciones «pueden estar justificadas» por las razones recogidas en el mismo Tratado en su artículo 65, es decir, por «razones de orden público o seguridad pública» o por «razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Ello, además, «siempre que no sean (razones) discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido, lo que significa que son adecuadas para garantizar, de manera coherente y sistemática, la realización del objetivo perseguido y no van más allá de lo necesario para alcanzarlo».
El Ejecutivo regional ha mostrado su intención de llevar la cuestión a la UE y ha pedido a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa que se celebre un foro monográfico en Bruselas, que será liderado por las islas. Entiende que la problemática derivada de la saturación de población en las zonas turísticas es «compartida en mayor medida con otras islas y zonas costeras» de la UE (Canarias7, texto da jornalista Sara Toj)
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