La 'enfermera-tesorera' y el guardaespaldas de Hugo Chávez serán condenados. La Fiscalía de Estados Unidos pide un severo castigo de 23 años y 5 meses para Claudia Patricia Díaz Guillén, y de 19 años y 5 meses para Adrián José Velásquez Figueroa. Ambos han sido declarados culpables de lavado de dinero y sobornos en EE.UU. La pareja de venezolanos fueron extraditados desde España en el año 2022 y están siendo juzgados en los tribunales de Fort Lauderdale, sur de Florida, donde se dictarán sus sentencias hoy mismo, si no hay un nuevo retraso. En el expediente firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE. UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia ejemplar por el juez William P. Dimitrouleas. «La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno, que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos, merecen una sentencia significativa», reza el documento de 23 páginas, según recogen medios internacionales.
La Fiscalía asegura que la pena debe aplicarse por lo menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él: «Serían lo suficiente y no más de lo necesario», dada la gravedad de los delitos cometidos. El castigo incluye el decomiso de sus propiedades, así como multas.
Perseguidos por Maduro
La enfermera Claudia Díaz y su marido, el guardaespaldas Adrián Velásquez, formaban parte del personal de confianza del fallecido Hugo Chávez. En el 2016 se establecieron en España, tres años después de la muerte de Chávez, al estar presuntamente perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, según alegaron en su defensa en el juzgado de Miami.
Tanto la enfermera como el guardaespaldas fueron declarados culpables de corrupción en diciembre del año pasado por haber recibido millones de dólares en sobornos para brindar acceso al sistema cambiario venezolano. En esa audiencia el jurado se tomó menos de tres horas para declararlos culpables. Díaz fue acusada de recibir más de 100 millones de dólares en sobornos para beneficiar al empresario venezolano chavista Raúl Gorrin en las licitaciones de bonos del Estado, en operaciones cambiarias altamente rentables que ella controlaba cuando se desempeñaba como tesorera de la nación.
La enfermera de Chávez, una exoficial naval de 49 años, fue designada por el presidente como tesorera nacional de Venezuela, de 2011 a 2013. Su marido Velásquez, de 43 años, fue un exguardia de seguridad presidencial. Tras ser extraditados para ser juzgados en el sur de la Florida, fueron recluidos sin derecho a fianza en el Centro Federal de Detención de Miami.
La Fiscalía de Miami argumentó que los pagos del magnate chavista Gorrín, por un total de más de 100 millones de dólares, se transfirieron a través de empresas en el extranjero, cuentas bancarias del sur de la Florida, una empresa de yates en Miami y una empresa fantasma de moda (ABC, texto da jornalista Ludmila Vinogradoff)
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