El fiscal general, Tarek William Saab, aprovechó el Domingo de Ramos para precisar quiénes son los 44 dirigentes chavistas, militares y empresarios boliburgueses que hasta ahora han caído en la purga "anticorrupción" desatada en el seno del chavismo, que realmente esconde una guerra de poder en la revolución. Horas más tarde Juan Guaidó, quien fuera presidente encargado de Venezuela durante cuatro años, denunció que el régimen bolivariano "estaría por dar una orden de captura en mi contra", en un intento de mitigar el efecto del carrusel de detenciones, hasta ahora todos chavistas o vinculados a las tramas del poder de la revolución. "Buscaron desfalcar, en su inmoralidad delictiva, a la economía nacional dañando a la comunidad en general", arengó el fiscal, uno de los muchos tentáculos del Estado venezolano que Nicolás Maduro maneja desde el Palacio de Miraflores. El propio Saab reclama la "máxima pena" para los ahora encarcelados, compañeros de revolución hasta hace muy poco. A los ya conocidos se han sumado en los últimos días los presidentes de los grandes emporios del país, como Pedro Maldonado, quien estaba al frente de Corporación Venezolana de Guayana (CVG), conformada por 14 empresas que administran recursos naturales, oro, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales. Maldonado ejerció como pieza clave para la censura de medios independientes durante su etapa en Conatel, ente estatal de las telecomunicaciones.
También figura en la lista de los corruptos Néstor Astudillo, presidente
de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), así como gerentes y vicepresidentes de
estas "industrias estratégicas", incluidos los militares de Petróleos
de Venezuela (Pdvsa), detenidos previamente.
Casi todos ellos comparecieron ante un tribunal provisional, maniatados
y vestidos de naranja al estilo impuesto por el presidente salvadoreño, Nayib
Bukele. Incluidos los tres jueces señalados de corrupción, responsables de
casos de "terrorismo" y que son autores de condenas ilegales contra
parte de los 283 presos políticos que hoy permanecen en las mazmorras de
Maduro.
De entre la lista destacan dos altos dirigentes, el ex ministro Hugbel
Roa y el superintendente de las criptomonedas, Joselit Ramírez, principales
colaboradores del caído zar del petróleo, Tareck El Aissami. En los últimos
días se han conocido distintas versiones, sin confirmar oficialmente, que
sitúan a quien fuera todopoderoso aliado de Maduro en Fuerte Tiuna, el cuartel
militar más grande del país, en una especie de arresto domiciliario.
"La razón por la cual El Aissami está bajo detención domiciliaria
sería para evitar una posible fuga al exterior y se convierta así en un mayor
problema para el madurismo. Ése no sería un ventilador, sino una turbina",
ironizó Rafael Isea, ex gobernador con Chávez y hoy exiliado en Estados Unidos.
La caída de El Aissami, el principal nexo con Irán, ha supuesto una
victoria política para la vicepresidente Delcy Rodríguez y su hermano Jorge,
jefe del órgano legislativo chavista y al frente del grupo del grupo de
negociadores gubernamentales en la mesa de México. El pulso entre los dos
grupos más poderosos en el seno del chavismo, junto al que lidera el radical
Diosdado Cabello, número dos de la revolución, y el de los militares, se
mantenía desde hace varios años.
Según las estimaciones de medios de propaganda de la revolución, al
menos 3.000 millones de dólares, obtenidos de la venta del petróleo a través de
intermediarios, habría caído en manos de esta red de corrupción. Cálculos
independientes elevan por encima de 20.000 millones de dólares la cantidad que
todavía está por cobrar para las arcas del Estado.
"Se ha logrado capturar una parte de estas riquezas, mansiones
donde hacían orgías terribles. Habrá que contar todo esto y cuando ya superemos
esta primera fase mostraremos los bienes", aseguró Maduro en transmisión
televisiva.
El "presidente pueblo" ha mostrado públicamente su supuesta
indignación ante los encarcelados, pese a que la corrupción forma parte de la
revolución desde el primer momento. Según Transparencia Internacional,
Venezuela es el país con más corrupción del planeta, sólo superado por Somalia,
Siria y Sudán del Sur.
"La Ley contra el Odio es para perseguir a periodistas. La Ley
AntiSociedad es para acabar con ONG y con defensores de derechos humanos. La
Ley contra la Corrupción es para terminar apresando a cualquiera que se oponga
al poder. Siempre es eso: sacar del medio a quien estorbe. Es una
tiranía", precisó el politólogo Walter Molina Galdi.
En semejante escenario y tras recibir varias confidencias, Guaidó ha
alertado a la comunidad internacional. "Intentan perseguirme para calmar a
sus bases, para cambiar el foco de atención ante el foco de corrupción que
hicieron. El país está quebrado y no tiene nada que ver con el bloqueo. Esto
fue el saqueo", se defendió Guaidó, candidato para las primarias de la
oposición, a disputar en octubre.
Al frente de Voluntad Popular (VP), partido del ex prisionero político Leopoldo López, el ex presidente de la Asamblea Nacional ha sumado a su candidatura a pequeñas formaciones políticas, incluida la marxista y opositora Bandera Roja (El Mundo, texto do jornalista DANIEL LOZANO)
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