Cilia Flores y Diosdado Cabello harán “una revolución profunda y acelerada” del sistema de justicia por la que, entre otras medidas, pretenden solucionar el hacinamiento en las cárceles del país. Nicolás Maduro ha anunciado este lunes una reforma del Poder Judicial en Venezuela. En una sesión del Consejo de Estado, el presidente venezolano encargó a su esposa, Cilia Flores, y al número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, emprender una “revolución profunda y acelerada” del sistema judicial. “En Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país”, afirmó en un acto retransmitido por el canal estatal VTV. En los primeros 60 días, esta comisión deberá presentar propuestas para solucionar el hacinamiento en las cárceles del país, según explicó Maduro.
Cabello, que habitualmente hace acusaciones a opositores desde su programa de televisión que terminan en encarcelamientos arbitrarios, se comprometió a vaciar en un mes los calabozos policiales, cuyos detenidos casi igualan a la población que está en cárceles formales, en peores condiciones de reclusión —sin alimentación ni acceso a agua potable y servicios médicos— y mayor hacinamiento. En Venezuela, hay algo más de 37.000 presos en 52 prisiones, pero la capacidad es para 26.000. “Asumimos esta responsabilidad como un necesario estremecimiento del Poder Judicial. Ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario”, señaló Cabello tras su designación.
La medida es una nueva respuesta política
del chavismo a dos de los golpes más duros que ha recibido en los últimos años.
Las denuncias ante la Corte Penal Internacional, que ha acumulado evidencias en
su examen preliminar de que en Venezuela se han cometido delitos de lesa
humanidad; y los informes de la Alta Comisionada para Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, sobre las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en
Venezuela. En su informe de julio de 2020, precisamente ha recogido la falta de
independencia del sistema judicial, sometido al Poder Ejecutivo —al igual que
la comisión que ahora lo reformará— “al punto de que los jueces no toman
decisiones sin consultar sus fallos con los presidentes de los Circuitos
Penales”.
Este martes, la Comisión Internacional de
Juristas de América Latina presentó un informe sobre Venezuela en el que
denuncia nuevamente la parcialidad del Poder Judicial desde su máximo estrado,
controlado políticamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela que
operativamente dirige Cabello como vicepresidente. “Hoy, en Venezuela, el
derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un
sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo el vicepresidente de la
CIJ, Carlos Ayala Corao, durante la presentación del informe. “El deterioro de
la independencia judicial repercute en la falta de rendición de cuentas de los
funcionarios públicos y debilita la lucha contra la impunidad en casos de
graves violaciones de derechos humanos, lo que a su vez vulnera los derechos de
las víctimas. Además, dado el control que ejercen los miembros del Gobierno
sobre el Poder Judicial, los jueces no solo son incapaces de proteger a las
víctimas de violaciones de derechos humanos y de la represión derivada de
motivaciones políticas, sino que el Poder Judicial, en muchos casos, ha sido
utilizado como herramienta de represión contra los disidentes”, se lee en el
informe.
Aunque la Constitución establece que la
carrera judicial debe hacerse a través de concursos de oposición públicos, en
Venezuela más del 85% de los jueces ocupan cargos de carácter provisional, una
de las principales causas de las fallas del Poder Judicial. Son designados o
destituidos por el Supremo que, tras una primera reforma judicial impulsada
durante los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez, creció en su número de
magistrados, lo que le aseguró una correlación de votos favorable.
La comisión nombrada por Maduro se ha
conformado principalmente para resolver el problema del hacinamiento en los
recintos de detención preventiva. “El problema del retardo procesal que provoca
este hacinamiento no se resuelve trasladando unos presos de un lugar a otro. Es
un problema que ocurre por muchas causas, porque los fiscales no presentan los
escritos de acusación o por las constantes suspensiones de las audiencias”,
explica Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. “Nos preocupa que
esto se haga con elementos contrarios a los derechos humanos y que estos
cambios redunden en más represión y un cierre mayor de los espacios democráticos
en Venezuela”.
Otras reformas
El abogado recuerda que este no es el único
frente en el que el chavismo está aplicando reformas. En la Asamblea Nacional
electa en diciembre pasado se está haciendo una reforma del Código Penal, de la
que poco se conoce, pero que podría incorporar disposiciones de cuestionadas e
inconstitucionales normas como la Ley contra el Odio, que sancionó en 2017 la
Constituyente paralela convocada por Maduro para hacer contrapeso al Parlamento
que tenía en contra.
El pasado febrero también se anunció una
reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana que no ha tenido mayores
resultados. Bachelet ha reiterado en varios de sus informes la necesidad de
disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de ese cuerpo de seguridad, al
que se le atribuyen la mayor parte de 6.000 ejecuciones extrajudiciales
ocurridas entre 2018 y 2019, según la misión de la expresidenta chilena. “Esto
nos puede poner en un horizonte como el de Nicaragua hoy, que con el auxilio
del Poder Judicial están metiendo presos a todos los precandidatos opositores,
usando jueces, fiscales y policías para esto y también quitándole personalidad
jurídica a los partidos de oposición”, advierte Daniels (El Pais)
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