El Gobierno de Maduro culmina una campaña marcada por
el desinterés mientras la oposición, que no participa, y varias instancias
internacionales se disponen a rechazar el resultado.
Venezuela celebra el domingo unas elecciones
legislativas que encierran varias anomalías incluso antes de su celebración. La
gran mayoría de las fuerzas opositoras no participarán en la cita al considerar
que carece de garantías suficientes. Al mismo tiempo, las principales
instancias de la comunidad internacional, con Washington y la Unión Europea a
la cabeza, se disponen a rechazar el resultado. Sin embargo, el chavismo ha
tratado de dar una imagen de normalidad durante una campaña en la que se ha
registrado una fuerte desmovilización de sus bases y se prepara para recuperar
el control de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y la oposición a
Nicolás Maduro.
Este lunes, en un mitin del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, número dos del aparato chavista, afirmó que “el que no vota, no come”. “Se le aplica una cuarentena y no come”, insistió. Cabello lanzó esta advertencia en la cual condiciona la entrega de bolsas de comida y ayudas sociales a los sectores empobrecidos del país -foco del trabajo del Gobierno desde los tiempos del expresidente fallecido Hugo Chávez-, tratando de apelar al voto. “Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar”,
La campaña electoral de las elecciones legislativas
convocadas para este domingo 6 de diciembre ha tenido una última semana de
mítines, debates y anuncios que se despliegan ante la indiferencia del grueso
de la ciudadanía. En un contexto muy desigual en el manejo de los recursos y
acceso a los medios, los candidatos del oficialista PSUV se enfrentan a los
dirigentes de la Mesa de Diálogo Nacional, una facción minoritaria de la
oposición que ha decidido asistir, a pesar de los múltiples señalamientos en
torno a la falta de garantías en los comicios. Estas dudas hicieron, por
ejemplo, que la Unión Europea rechazara enviar una misión de observación.
La organización de las elecciones parlamentarias
venezolanas, que estaban previstas para este año, ha ido acumulando una
secuencia tal de denuncias que le ha ido restando el entusiasmo incluso a los
sectores más moderados de la disidencia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
controlado por el chavismo, decidió asumir las funciones del Parlamento actual,
de mayoría opositora, nombrando por cuenta propia a los nuevos rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE). Como afirma el abogado Andrés Caleca,
expresidente del Consejo Nacional Electoral, “se dedicó a partir de ese
momento, a violar todas las disposiciones constitucionales, dejando sin validez
los contenidos de la Ley de Procesos Electorales”.
A continuación, señala Caleca, los cinco rectores o
vocales del CNE comenzaron a diseñar una consulta con inconsistencias y
violaciones a la Constitución: “El número de escaños de la Asamblea Nacional
fue aumentado de 167 diputados a 277 y se quebró el principio de la
representación poblacional. Unos 40 diputados serán electos a partir de una
lista nacional desvinculada de los circuitos electorales, que plantean técnicamente
una elección de segundo grado. El cambio de reglamento electoral se hizo sin
respetar los seis meses de antelación que dispone la ley”.
Los tres diputados indígenas que dispone la
Constitución no tendrán derecho al voto directo y secreto: los candidatos se
presentaran en espacios supervisados por la Guardia Nacional, en asambleas a
mano alzada. Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano,
recuerda que “el inventario de violaciones a la ley incluye la ausencia de
licitación para las nuevas máquinas que se usarán en la elección, luego de que
todo el parque tecnológico del CNE se quemara en un incendio en el pasado mes
de marzo”.
Lander también alude a “la judicialización de los
principales partidos políticos de oposición [Acción Democrática, Voluntad
Popular, Primero Justicia] y de algunas organizaciones aliadas del chavismo,
como el Movimiento Tupamaro, cuyas directivas fueron intervenidas y tomadas por
personas que no fueron escogidas por la militancia, lo que compromete la libertad
de los candidatos”.
A principios del pasado mes de septiembre, después de
un indulto masivo concedido a un centenar de opositores, se abrió la puerta a
una negociación entre el Gobierno y un sector más amplio de la oposición,
encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles. Esa posibilidad,
sin embargo, quedó frustrada semanas más tarde, cuando una misión electoral de
la Unión Europea determinó que no se daban las condiciones para una competición
democrática y pidió un aplazamiento de la votación. El Ejecutivo lo rechazó,
argumentando que, según la Constitución, en enero de 2021 debe tomar posesión
el nuevo Parlamento. Así las cosas, el PSUV volverá a tomar el control de la
única institución dominada desde 2015 por las fuerzas críticas con el chavismo.
“Las elecciones están concebidas para darle una
mayoría anticipada el chavismo”, afirma Eglée González Lobato, abogada
especializada en participación política y académica de la Universidad Central
de Venezuela. “La modificación del sistema de elección legislativa es
escandalosamente inconstitucional, se altera el mecanismo aritmético que
permite traducir los votos en escaños. No es un proceso que va a permitir a los
ciudadanos la resolución de sus diferencias con métodos democráticos. La
mayoría anticipada que se forjará el chavismo acaba con cualquier principio
democrático”.
Respecto al registro electoral, González Lobato agrega
que “no hubo oportunidad de incorporar a nuevos electores, se ha
sobrerrepresentado la elección de diputados en aquellos circuitos donde el
chavismo tiene fuerza y hubo migraciones de votantes”. El censo está afectado,
de hecho, por un flujo migratorio masivo tanto de las zonas rurales a las
ciudades como, principalmente, por un éxodo que, según el cálculo de Naciones
Unidas, supera los cinco millones de personas.
Las nuevas reglas de juego, afirman Caleca y González
Lobato, se han ejecutado, con el apoyo y participación de los partidos
opositores de la Mesa de Diálogo Nacional, pequeñas formaciones sin apenas
estructura que en cualquier caso verán crecer sus bancadas legislativas en la
consulta.
A estos reparos hay que añadir algunos elementos
inherentes al propio día de la elección, que se celebra después de que Nicolás
Maduro levantara las restricciones adoptadas en marzo por la pandemia de
coronavirus en un intento de reactivar el consumo con vistas a las navidades.
Mientras las Fuerzas Armadas participan en la logística de los comicios, el
PSUV volvió a instalar los llamados “puntos rojos”, unos kioscos en los que los
votantes deben registrarse con su carnet de la patria (documento de identidad)
después de sufragar si quieren recibir las ayudas sociales.
Estos aspectos han sido criticados por los informes de
Naciones Unidas en torno a la crisis venezolana y han sido denunciados en
repetidas ocasiones, sin consecuencias, por los políticos de la oposición. Nada
en los altos mandos chavistas parece inmutarse ante estas denuncias. “No nos
importa si Estados Unidos o la Unión Europea no reconocen nuestras elecciones”,
ha afirmado la vicepresidenta, Delcy Rodíguez. “Ellos no son los dueños del
mundo, y el asunto no es completamente indiferente” (El
PAIS)
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