Bruselas ha atribuido en exclusiva a España la responsabilidad sobre la aplicación del régimen de sanciones vigente en la Unión Europea a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el pasado lunes aterrizó en el aeropuerto de Madrid. Rodríguez, junto a otros 24 dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, tiene prohibido viajar a la UE y acceder al patrimonio que pueda tener en el continente desde junio de 2018. Los Veintiocho, incluida España, impusieron sanciones en 2017 y 2018 al entorno de Maduro al considerarlos responsables de "violaciones de los derechos humanos" y de haber "socavado la democracia" en su país. Los ministros de Exteriores decidieron atar corto a Rodríguez en junio de 2018 junto a otros miembros del Gobierno venezolano (como el vicepresidente económico Tareck El Aissami y el entonces ministro de Educación, Elías Jaua), y funcionarios del entorno de Maduro en los ámbitos de la justicia, las fuerzas armadas o el órgano electoral venezolano. Las sanciones consistían en la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de sus bienes en los países de la Unión. “La implementación de las restricciones de viaje es un asunto que corresponde a los Estados miembros y, por supuesto, esperamos que todos los Estados miembros cumplan con el régimen de sanciones que han acordado”, ha explicado este martes la portavoz comunitaria de Exteriores, Virginie Battu.
La Comisión no se plantea indagar sobre lo ocurrido ni, de momento, pedir explicaciones a España. Sobre todo, porque Bruselas aún no tiene claro si Rodríguez violó el régimen de sanciones que pesa sobre ella porque no se sabe si pisó o no suelo europeo en Barajas. Según fuentes comunitarias, este caso no está concretado en las disposiciones legales, por lo que hay un margen de interpretación que permanece dentro de la autoridad nacional competente. Los acuerdos adoptados por los jefes de la diplomacia de cada país especifican que corresponde a los Ministerios de Exteriores velar por la aplicación de las sanciones. Aun así, la portavoz de Exteriores insistió en que su cumplimiento no es "una opción".
“Si ha habido violación, la que sea, le corresponde a los Estados miembros evaluarlo. Por nuestra parte, nos quedamos ahí”, agregó la portavoz. Quien en algún momento deberá pronunciarse al respecto es el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ya que el vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, le ha preguntado por escrito si ese viaje supone un “incumplimiento flagrante” por parte de España del mecanismo de sanciones a Maduro (El Pais)
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