Los asesores fiscales perciben un alza en las
consultas para mudarse de una comunidad a otra para pagar menos impuestos. Así
lo traslada cerca del 66% de los entrevistados en la última edición de la
encuesta La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema
tributario, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del
Consejo General de Economistas (REAF-CGE) y presentado este miércoles. Más de
la mitad de los participantes añade que, en caso de producirse el traslado, este
es ficticio. Es más: las diferencias en la normativa tributaria autonómica —que
8 de cada 10 asesores consideran un lastre para la competitividad global del
sistema fiscal español— provocan cambios reales o ficticios en la residencia
fiscal de los contribuyentes, según el 80% de los entrevistados. En la misma
línea, la mayoría de los asesores (64,5%) no cree que se puedan mantener
diferencias sustanciales en el nivel de impuestos entre territorios.
La encuesta, elaborada a partir de unas 500 respuestas de miembros del REAF-CGE por los profesores de la Universidad de Barcelona José María Durán y Alejandro Esteller, vuelve a abrir el melón sobre las diferencias fiscales que existen entre comunidades, sobre todo en términos de imposición patrimonial. La tributación a la riqueza, entendida principalmente como el impuesto sobre el patrimonio y el que grava sucesiones y donaciones, está totalmente cedida a las autonomías, que pueden aplicar distintas rebajas e incentivos a sus residentes en el ejercicio de su autonomía financiera.
El impuesto sobre herencias y donaciones fue el
primero en el que se produjo una carrera a la baja, ya hace una década, que aún
no se ha agotado. En cuanto al tributo sobre patrimonio, Madrid fue pionera en
bonificarlo, un movimiento al que recientemente se han sumado más comunidades,
pero que ha sido en parte neutralizado por la aprobación de un impuesto estatal
a las grandes fortunas que se aplica en todo el territorio y sobre el cual las
autonomías no tienen potestad. De hecho, los asesores fiscales consideran que
esta nueva figura —que es temporal, aunque la vocación del Gobierno sea
convertirla en permanente— desincentiva los movimientos de una comunidad a
otra, pero a la vez genera un mayor atractivo para trasladarse a otros países.
Según la encuesta, en efecto, también han
aumentado las consultas sobre cambios de residencia a otros países por motivos
fiscales. Así lo percibe el 67% de los encuestados, que a la vez subraya que
los contribuyentes no tienen muy claro, en línea general, a qué Administración
están pagando sus impuestos. En concreto, no saben que pagan la totalidad del
impuesto sobre el patrimonio a su comunidad, pero tampoco que buena parte del
IVA, IRPF e impuestos especiales va a las arcas autonómicas. Solo está bien identificado
el destino de la recaudación por sucesiones y donaciones. “Hay un elevadísimo
desconocimiento de a quién se pagan los impuestos”, ha lamentado Durán, quien
ha subrayado la necesidad de mejorar este aspecto clave a la hora de valorar
cómo se gastan el dinero las Administraciones y exigir responsabilidades.
En cuanto al sistema fiscal en general, la opinión
de los fiscalistas y economistas sigue siendo mala: más de la mitad de los
encuestados dice que está peor con respecto a hace cinco años, y solo el 9%
afirma que está mejor. Sin embargo, el resultado no se ha deteriorado
ulteriormente comparado con las ediciones anteriores. La razón principal de
esta opinión negativa es la complejidad del sistema: el cambio continuo de las
normativas, la existencia de numerosos tratamientos especiales, la continua
adaptación a la legislación internacional y la interpretación de las normas por
parte de la legislación.
Tipo mínimo del 15%
Los asesores también se han pronunciado sobre el
nuevo tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales que España, fruto
del acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OCDE, que España está
trasponiendo a su acervo legal. El 51,2% lo valora como una mejora para la
competitividad del sistema fiscal español, mientras que el 35,9% opina lo
contrario. Jesús Quintas, vocal del REAF-CGE, cree que la aplicación de la
nueva figura, que se está ahora tramitando, llevará a varios ajustes y causará
dificultades a las empresas afectadas. Ha añadido que no espera que recaude más
de 1.000 millones de euros, mucho menos de los 3.500 millones estimados por el
sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
El REAF también ha presentado este miércoles su Declaración de Sociedades 2023, en el que ha analizado la recaudación del impuesto corporativo, que el año pasado alcanzó unos ingresos cercanos a los máximos de la burbuja inmobiliaria (35.000 millones, equivalentes al 13% de los ingresos totales), y las novedades normativas que afectan a esta figura. Las principales novedades para la campaña de este año son la aplicación del tipo reducido del 23% para las microempresas que realicen actividades económicas y del 15% para las entidades emergentes (Cinco Dias, texto da jornalista LAURA DELLE FEMMINE)
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