El Gobierno de Venezuela ha anunciado que ha recuperado el control de sus cárceles más violentas y la instauración de un régimen de apariencia militar. El ministro de Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, ha asegurado la toma “exitosa” de la prisión de Vista Hermosa, ubicada en Ciudad Bolívar, a unas ocho horas de Caracas, en el marco de una operación denominada Gran Cacique Guaicaipuro, diseñada para desmantelar las tupidas ramas del crimen organizado que existen en las tradicionalmente infernales cárceles venezolanas. “El trabajo está hecho, hemos acabado con todas las estructuras criminales que estaban aquí. Pronto ofreceremos información adicional sobre lo que hemos encontrado. Ya tenemos controlados los centros penitenciarios más poblados”, ha afirmado Ceballos en un video colgado en las redes sociales en el cual recorre las instalaciones del lugar.
Antes de Vista Hermosa, en unos operativos algo espectaculares que recuerdan el efecto Bukele, centenares de funcionarios militares y policiales habían anunciado que el Estado recuperaba el control de los penales de Tocorón, Tucuyito, La Pica y Puente Ayala, famosos durante estos años por ser centros que la delincuencia organizada dominaba a sus anchas para planificar secuestros, extorsiones, asesinatos y estafas, y para financiarse extravagantes actividades recreativas, como la famosa discoteca Tokio o el resturante La Sazón del Hampa.
En todos ellos se ha anunciado la recuperación de numerosas variantes de armas largas y cortas, incluyendo ametralladoras y granadas de mano. En la cárcel de La Pica, cerca de Maturín, al oriente del país, las autoridades encontraron una especie de call center, con muchos cubículos y teléfonos, en los cuales se adelantaban numerosas estafas y secuestros virtuales con llamadas a personas desde las cárceles.
La toma trae consigo el traslado de muchos de estos prisioneros a otros centros, ya de suyo bastante hacinados, y, de acuerdo a los planes del ministro de Asuntos Penitenciarios, el establecimiento de un régimen de reclusión con procedimientos militares, uniformes y orden cerrado en los patios.
Estos penales, junto a los de Trujillo y San Felipe -los próximos a ser tomados, de acuerdo a las informaciones- son aquellos en los cuales ejercían sus dominios los famosos pranes, la verdadera autoridad en cada penal, que cobraban impuestos a los presos para garantizarles su seguridad, y que hicieron del delito un verdadero emprendimiento personal, tales como El Niño Guerrero, cabecilla de la famosa multinacional delictiva El Tren de Aragua; Pedro Rapidito; Wilmito; o Richardi.
Aunque reconoce que estas medidas pueden traducirse en un alivio en el asedio del hampa, el abogado criminólogo y especialista, Luis Izquiel, anota que la administración chavista intenta remediar una situación que estuvo fuera de control durante mas de una década, y que había crecido hasta niveles inconcebibles durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolas Maduro. Izquiel duda que alguna de estas medidas tenga algún efecto permanente en el combate al delito.
“El pranato –fenómeno entre las modalidades del hampa que, apunta Izquiel, nació en la cárcel de Vista Hermosa hace unos quince años- es un estadio de la delincuencia que vio la luz en el chavismo”, afirma. “Lo que aquí hay que ver es si estas medidas corregirán los graves problemas del sistema penitenciario, o si van a impedir el desarrollo del delito en el futuro”.
Las decisiones anunciadas por el Ministerio del Interior y de Justicia han sido recibidas con cierta sorpresa e incredulidad en la opinión nacional, habituada con los años a escuchar versiones dantescas del sistema carcelario sin que al Gobierno el tema le perturbe de más. Muchos familiares de presos han protestado la medida, que implica el traslado de numerosos reclusos. La migración de muchos de ellos, apunta Izquiel, se traducirá en más retardos procesales.
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, sospecha de las verdaderas intenciones del Gobierno, y alude la necesidad que tienen en Miraflores de crear “una nueva agenda informativa” con estos procedimientos aparentemente espectaculares para contrarrestar las investigaciones en la Corte Penal Internacional o el efecto político de las primarias.
“Durante muchos años hubo una clara red de complicidades entre la delincuencia y varios estamentos del estado venezolano, en la Fiscalía, en los tribunales, en la Defensoría del Pueblo”, afirma. “Los pranes se multiplicaron en los tiempos de Tarek El Aissami como ministro del Interior. Estas decisiones van a agravar terriblemente el problema del hacinamiento. La mitad de los presos del país esta en este momento en centros policiales y retenes, amontonados y sin conocer un proceso judicial”.
La voluminosa diáspora de venezolanos, que incluye también delincuentes en busca de nuevos nichos para operar en otros países, y algunas decisiones de este tenor, inusuales en los procedimientos tradicionales del chavismo, destinadas a desarticular operaciones carcelarias y asesinar gangsters conocidos, ha consolidado un claro descenso de todas la modalidades delictivas del país por primera vez en 30 años. También han ocurrido con menos frecuencia e intensidad los motines entre presos y las masacres carcelarias (El Pais, texto do jornalista ALONSO MOLEIRO)
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