Escreve o El Pais,
num texto do jornalista CLAUDI
PÉREZ que “las ventas de Apple crecen a toda máquina en España pero la
declaración de impuestos le sale una y otra vez a devolver al gigante
informático, que elige pagar el grueso de la factura en otros países. En
Luxemburgo hay un edificio donde se agolpan 3.500 empresas, que han elegido ese
inmueble como sede pantalla para beneficiarse de tipos extrabajos en el
impuesto de sociedades, inferiores al 1% en algunos casos. Europa ha aplicado
varias rondas de austeridad en la periferia mientras miraba hacia otro lado con
los acuerdos fiscales agresivos que permiten a Apple y a las 3.500 empresas que
usan el buzón luxemburgués pagar muy pocos impuestos de forma perfectamente
legal. Pero los grandes países quieren ahora mano dura para evitar ese tipo de
ingeniería que drena sus arcas públicas: Alemania, Francia e Italia han enviado
una carta conjunta a la UE en la que exigen “acelerar” la lucha contra la
planificación fiscal agresiva. Quieren nuevas reglas, y pronto: para finales de
2015. Ese es el empujón político que faltaba en Bruselas después del último
escándalo, que ha obligado a poner sobre la mesa ese debate mil veces
postergado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó
una ambiciosa agenda al respecto, que incluye la armonización de las bases
fiscales del impuesto de sociedades y el intercambio automático de datos
fiscales, tras verse acorralado por su destacado papel en el caso Luxleaks.
Juncker ocupa un papel estelar en esa historia: fue primer ministro de
Luxemburgo durante casi dos décadas, en el periodo en el que se firmaron los
340 pactos secretos con multinacionales que han salido a la luz. Juncker, que
en su día se vanagloriaba de lograr esos pactos, se ha visto obligado a dar un
viraje de 180 grados y pretende acabar con ese tipo de asuntos al frente de la
Comisión. Ya no tiene excusas: Berlín, París y Roma reclaman “mayor
transparencia” y que las empresas respeten “el principio general de imposición
efectiva”. En plata: las empresas deberían pagar en torno a un 25% de sus
beneficios, pero abonan porcentajes muy inferiores con la firma de acuerdos
fiscales agresivos en 24 de los 28 países de la UE. Los expertos llaman a esa
práctica “competencia fiscal desleal”, y se consigue por las lagunas que dejan
las distintas legislaciones nacionales. Los tres grandes países del euro buscan
acabar con esas lagunas para que las multinacionales paguen lo que deben: “El
diagnóstico y las soluciones son conocidas, por lo que deberíamos actuar y
hacerlo sin retrasos”, según la misiva que firman el alemán Wolfgang Schäuble,
el francés Michel Sapin y el italiano Pier Carlo Padoan. La Comisión
analizará esas propuestas y se compromete a responder esta semana a los tres
países, explicó ayer un portavoz: “Alemania, Francia e Italia han anunciado
medidas adicionales que podrían conducir a una estrategia más amplia contra la
planificación fiscal agresiva”. La Eurocámara desconfía: cree que Juncker
planteó ese debate como una cortina de humo para distraer tras el estallido del
escándalo Luxleaks, que afecta a compañías como Pepsi, Ikea o Deutsche Bank.
Los avances nunca acaban de sustanciarse: requieren unanimidad, y el Parlamento
Europeo considera que el derecho de veto de los países más agresivos
—Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Austria— volverá a dificultar los acuerdos esta
vez. “Nuestros ciudadanos y nuestras empresas esperan que acabemos con ese tipo
de acuerdos inapropiados que erosionan las bases fiscales”, dice la carta”
