“Vecinos
de El Puerto de Santa María, en Cádiz, llevan más de una semana encerrados en
el Ayuntamiento para evitar la privatización de la empresa municipal de gestión
del agua. Alcázar de San Juan (Ciudad Real), inició ayer una polémica consulta
ciudadana: ¿debe una empresa entrar en el accionariado de la compañía de aguas?
En Bruselas, la Comisión Europea acaba de pronunciarse sobre la primera
iniciativa popular ciudadana, respaldada por 1,9 millones de firmas. ¿Su
objeto? Garantizar el acceso al agua. Cada
día que pasa crece la concienciación ciudadana en torno a la necesidad de
cuidar la gestión de un bien esencial para la vida. Una inquietud compartida por
muchos expertos, que coinciden en que el llamado problema del agua a menudo no
está provocado tanto por la escasez como por la (mala) gestión.
“Hay
países como Ecuador o Brasil con mucha agua y poco acceso a ella. Es un
problema de gobernanza”, opina Nuria Hernández, economista de la Fundación
Nueva Cultura del Agua. Para Antonio Embid, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Zaragoza, el principal reto que tenemos por
delante es la superpoblación del planeta. “La ONU acaba de revisar sus
previsiones. Y ya no son que en el año 2050 habrá 9.000 millones de personas,
sino 9.500 millones. En virtud de progresos de los que no tenemos que
avergonzarnos, sino justamente lo contrario, el consumo de agua es ahora de 900
metros cúbicos anuales per cápita, cuando a comienzos del siglo XX eran solo
300. Y bendito aumento, porque significa salud e higiene”, añade. “El problema
es que las poblaciones crecen muy rápido y las soluciones no van al compás”,
coincide Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Los
expertos, reunidos en un debate en torno a la gestión del agua organizado por
la Fundación Botín y el diario EL PAÍS, se muestran sin embargo convencidos de
que la mayor concienciación social y política en torno a este tema, sumada a
los avances provistos por la tecnología, permitirán aportar soluciones que
garanticen el acceso al agua y al saneamiento de un número creciente de
personas. Para
Asunción Martínez, directora de Concesiones de la empresa de aguas Agbar, “se
trata de un tema de gobernanza del agua". "Lo que tenemos que
racionalizar la demanda, evitar que los países o zonas que tienen mucha agua la
derrochen y conseguir que la oferta del agua sea óptima”. La buena noticia, señala,
“es que ya está en la agenda de los gobiernos. Los Objetivos del Milenio de la
ONU incluyen la sostenibilidad del medio ambiente. Se ponen objetivos claros de
reducir la ingente cantidad de personas sin acceso a fuentes de agua segura,
900 millones, y 2.500 sin acceso a saneamiento en condiciones".
Mientras
millones de personas siguen sin tener garantizado el suministro de agua y
saneamiento en los países más pobres, en las naciones desarrolladas se
intensifica el debate sobre si el agua, reconocida por la ONU como un elemento
esencial para los derechos humanos, puede o no ser tratada como una
“mercancía”. Los expertos coinciden en general en que es un derecho que debe
estar garantizado. El debate surge cuando se analiza quién, cómo y cuánto debe
pagar por ella.
Los
ciudadanos sabemos lo que cuesta. Lo vemos en la factura que nos llega a casa.
Lo que no está tan claro es que seamos conscientes de su valor. Ni de los
costes que se generan durante la gestión de este recurso. Costes que se prevé
que se incrementen en los próximos años, para hacer frente a crecientes gastos
de modernización y mantenimiento.
En
España, hay casi tantas gestiones del agua como municipios. Cada ayuntamiento
decide quién y cómo lleva el agua potable hasta los ciudadanos. Al no existir
un regulador único que supervise la gestión , los sistemas son opacos y se
desconoce lo que cuesta realmente el tratamiento, abastecimiento, reutilización
y depuración. Lo cierto es que se pagan precios muy inferiores a los de otros
países europeos con recursos hídricos muy superiores. Y sin embargo ello no ha
impedido que con la crisis empiece a hablarse de la llamada pobreza hídrica,
que es la que azota a aquellos que pierden el acceso al agua por no poder pagar
la factura. Según la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), los cortes de agua por impago ascienden
ya a 300.000 al año.
La
situación para muchas familias puede agravarse si el precio continúa subiendo.
Algo que parece ineludible, dado que las infraestructuras se han estado
construyendo con dinero europeo que va a dejar de llegar. Es decir, que para
financiar las inversiones futuras habrá que subir los recibos. Y ello reavivará
sin duda el debate sobre si debe garantizarse el acceso subvencionado o
gratuito a un mínimo de agua básico (Naciones Unidas calcula al menos 40 litros
por persona).
“Esto
no era un problema hasta que llegó esta crisis tan brutal, porque el agua es
barata en España. Pagamos 1,27 euros por metro cúbico”, señala Hernández. “El
problema es que no existe un regulador general de los servicios de
abastecimiento y saneamiento”. En su opinión, “el servicio del agua nunca
debería ser gratis. Para nadie, porque cuesta. Lo que sí hay que garantizar es
que nadie se quede sin él por no poder pagarlo. Habría que definir cuál es ese
mínimo vital elemental, si 80, 90 litros... Pero creo que sí hay consenso en
que habría que garantizarlo y regularlo a nivel nacional”, añade.
Hernández
considera que “no hay que olvidar que la agricultura es la gran subvencionada.
Consume el 80% y paga el 15%, siendo generosos, de llevar el agua. Y aquí no
hablamos de derecho humano, sino de un uso económico del agua”. Para Enrique
Cabrera la respuesta al problema que se plantea tiene que ser global y no
compartimentado en agricultura o agua urbana. “Hay que hacer una gestión
integrada de toda el agua”, resume. Y para ello es básico contar con recursos.
“Hay unas inversiones que tienen unos plazos de amortización. En muchos
ayuntamientos se quejan de que no tienen dinero para nuevas tuberías. Recaudan
menos de lo que gastan. Al final, es un problema de ingresos”, asegura.
El
experto alerta de que muchas infraestructuras necesitan ser renovadas o
sustituidas. Antonio Embid coincide en que esto supondrá “un problema
fundamental”: “Las depuradoras que teníamos nos las ha construido, entre
comillas, Europa. Las nuevas tendremos que construirlas nosotros pero con unas
tarifas de un impuesto que se han calculado exclusivamente para los gastos de
conservación y mantenimiento, no para los gastos de inversión. Eso es una
bomba. La vaca no ha dado para más”.
No
se trata de inversiones indeterminadas, de amenazas lejanas. Los planes de
cuenca que el Gobierno está aprobando —el último, el del río Ebro— recogen con
precisión millones de euros en inversiones (en depuración, en reutilización…)
para los próximos años. “Son una necesidad, están ahí, y eso quiere decir que
al final tendrán que pagarse, de una forma u otra, bien sea a través de
impuestos estatales o locales”, alerta Asunción Martínez.
Según
Cabrera, “habrá que ver si se subsidian, si se paga vía impuestos generales del
Estado (IRPF, IVA…), o si se pone en tarifa, para que pague directamente el
usuario. ¿Qué es mejor? A mi entender, que lo pague el usuario, porque así sabe
lo que cuesta el servicio y se gestionará mejor”.
La
Comisión Europea dio un aviso a España en 2012 cuando comprobó que las costosas
plantas desaladoras que había financiado con cargo al erario europeo (unos
1.500 millones de euros) no funcionaban ni al 20% de su capacidad. Le recordó
el enorme contrasentido que supone ser uno de los países con mayor estrés
hídrico de Europa y a la vez tener las tarifas de agua más bajas. Hernández, de
la Fundación Nueva Cultura del Agua, lamenta que todavía perviva "una
cultura de grandes infraestructuras subvencionadas por el sector público”. A
cualquier problema, inundaciones, sequías, regadíos ineficientes, se aplica la
misma respuesta: gran infraestructura, critica. “Cuando una y otra vez vemos
que no es la solución”. Un ejemplo son los llamados filtros verdes para la
depuración de aguas residuales. “Más baratos, flexibles y sencillos”, dice
Hernández, “pero resulta que las diputaciones y las confederaciones no saben
gestionar estos contratos porque no son hormigón”.
Mientras,
arrecia el debate sobre si el agua debe ser o no gestionada por empresas
privadas. En los últimos 15 años decenas de ciudades han revertido las
concesiones privadas y han devuelto la gestión a manos públicas. Entre ellas
París —a la postre sede de las dos grandes multinacionales del agua, Veolia y
Suez— y Berlín. El 50% del abastecimiento está en España en manos privadas,
básicamente en las de dos empresas, Agbar y FCC. En Europa el porcentaje es del
30%, en el mundo, el 10%.
Nuria
Hernández asegura que la Fundación ha cambiado su parecer sobre este tema en
los últimos años: de creer que lo importante es que la gestión sea eficaz y
eficiente, a defender una gestión totalmente pública. Y explica por qué:
"En España la privatización de los servicios no responde, en la mayoría de
los casos, a una elección a favor de la mejor gestión, con un análisis riguroso
que permita saber si será más barata y más eficiente. Se trata de quitarse un
problema de en medio y conseguir un ingreso por la concesión", asegura. Lo
complementa con un dato: antes de la crisis el 33% de las concesiones estaban
en manos privadas; en estos cuatro años el porcentaje ha subido alrededor de 20
puntos. "Con la privatización se pierde información y democracia",
asegura.
"Soy todo dudas", comenta al respecto Embid.
"He visto los procesos de privatización en Sudamérica de los años 80,
fracasados todos ellos. Ahora se están remunicipalizando. Lo que me importa es
la eficacia en la gestión. No creo que sea un tema de democracia ni de derechos
humanos. El derecho humano consistirá en los 30, 40 o 50 litros que se
reconozcan. Pero no el suministro de agua que se hace a las empresas o el riego
de los jardines. El derecho humano es lo que es, y es una cosa muy
concreta", señala. "Por mi experiencia, el problema de la
privatización es cómo se hace, qué tipo de contratos se han firmado, sobre todo
en Latinoamérica; con qué falta absoluta de controles se ha entregado la
gestión de aguas en ciudades como Buenos Aires y otras, a manos de la empresa
que ha llegado. Pero creo que es perfectamente posible hacer una privatización
todas las garantías para el ayuntamiento y los ciudadanos" (texto da
jornalista ELENA G. SEVILLANO, El Pais, com a devida vénia)