Peritos do FMI e de Bruxelas querem que Portugal caminhe para IVA único

Garante o Dinheiro Vivo que "é o debate que marcará os anos de 2014 e seguintes, como já prometeu o ministro das Finanças. Os impostos terão de ser repensados de fio a pavio. O alvo da reforma fiscal será, claro, o IVA, a maior fonte de receita corrente: dá mais de 14 mil milhões de euros de receita anual. O IRS, o segundo maior, também levará um abanão. Estudos recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Comissão Europeia (CE) indicam qual será o caminho: Portugal e outros países bloqueados em termos de ganhos de eficiência fiscal devem estudar a convergência para uma taxa única de IVA, por exemplo. É uma "boa prática" e até tem pernas para andar, dizem alguns fiscalistas. Segundo apurou o Dinheiro Vivo, o debate já existe no interior do Governo a nível conceptual, mas não político. É cedo de mais. Já os parceiros internacionais que integram a troika - que vai comandar as políticas económicas e financeiras até meados de 2014 - têm ideias bem claras sobre o assunto. Veja-se o caso dos economistas Ruud de Mooij e Michael Keen, do FMI. Num estudo do mês passado, lembram que "existe margem para um desenvolvimento mais eficaz do IVA como instrumento para a consolidação orçamental, sobretudo onde - como em muitos membros da União Europeia - a taxa normal já está num nível tão alto que aumentos adicionais são problemáticos".
Em Portugal, a taxa normal já vai em 23% e a receita está a cair. Os técnicos do FMI frisam que existe um "forte argumento nas economias avançadas a favor de uma taxa de IVA única numa base alargada". Isto, lembram os dois peritos, "é amplamente reconhecido, inclusive por vários decisores de política", mas reconhecem que "a dificuldade é ultrapassar a resistência política a este tipo de reformas que, em todo o caso, persiste". O Dinheiro Vivo procurou saber a posição das Finanças sobre esta questão do IVA, mas não obteve resposta até ao fecho da edição. Vítor Gaspar, o ministro das Finanças, disse no início deste ano que "estamos empenhados na transição a prazo para um modelo fiscal mais simplificado". "Estará a pensar no IRS, de certeza, mas também em certos aspetos do IVA", comenta Jaime Esteves, que dirige a divisão de impostos da PwC em Portugal. O debate da "simplificação" poderá acontecer já em 2014, no âmbito do Orçamento (OE) para 2015. Do lado da Comissão, o pensamento dos técnicos relativo ao IVA é parecido. "No que se refere ao IVA, uma taxa única de imposto com apenas poucas isenções é considerada preferível a uma estrutura mais complexa pois reduz as distorções e facilita o cumprimento e a administração fiscal", lê-se num estudo de 2010 coordenado por Peter Weiss, atualmente o chefe adjunto da missão da troika para Portugal. Para Jaime Esteves, da PwC, "a ideia de caminharmos para um IVA único é totalmente exequível". "É atualmente uma das teses mais fortes em matéria de tendências na fiscalidade indireta".
O fiscalista, que estima uma taxa única equivalente na ordem dos 17% a 18% para o caso português, defende que "poucas taxas ou apenas um escalão de IVA simplificaria o sistema e permitiria arrecadar mais receita na medida em que seria fácil de administrar". João Espanha concorda que o modelo de IVA único "tem a vantagem de conseguir gerar mais receita, mas implica custos sociais". "O IVA já é um imposto regressivo, uma taxa única agravaria este perfil - aumentaria o custo dos bens essenciais - se não fosse acautelado um esquema de isenções para proteger os mais pobres". Rogério Fernandes Ferreira, da PLMJ, diz ser "a favor da taxa única" e recorda que "a troika permitiria". Recorde-se que o FMI continua insatisfeito pelo facto de Portugal não ter feito a "desvalorização fiscal [redução pronunciada da TSU]", pedindo, por isso, novas medidas para compensar essa "falta". Na calha estão já iniciativas para reduzir ainda mais a "dependência" face ao subsídio de desemprego. No último relatório sobre Portugal, o Fundo diz mesmo que se o número de desempregados aumentar excessivamente "haverá necessidade de considerar mais medidas para promover maior flexibilidade dos salários".

Opinião: "Es el Estado de las Autonomías el problema?"

"Podemos, ¡sí podemos, claro que podemos! Nos lo tenemos que repetir mil millones de veces. De la crisis se sale por convicción, más que por conocimiento; es la fe que mueve montañas, la fe en un proyecto que, además, encarna una persona. Liderazgo y proyecto. En estos momentos de convulsión, los seres humanos volvemos a nuestras pulsiones más atávicas, aquéllas que nos han guiado durante tantos miles de años. El grupo necesita de un líder que ponga rostro a la esperanza colectiva de que lo podemos conseguir: la esperanza de que los sacrificios del presente sirven para algo, que son útiles y que el esfuerzo de todos ayuda a alcanzar ese objetivo. We can! Claro que sí, por supuesto. El proyecto debe trazar el camino. El sistema, el sistema jurídico-político, la Constitución, los Estatutos, las comunidades autónomas, los partidos… no pueden ser los obstáculos. Es absurdo pensar que no podremos solucionar los problemas, ni encarrilar las soluciones porque el ‘sistema’ lo impide: ¿Cuándo el ‘sistema’ ha podido con el empeño de los ciudadanos? ¿Cuándo se han invertido las reglas básicas de la convivencia democrática para que sean las reglas las que gobiernen el esfuerzo colectivo para solucionar una crisis como la presente? Las reglas, las jurídicas, no son como las de la física; si la Ley de la gravedad no es interpretable, las leyes administrativas, por el contrario, sí lo son. El único requisito es la buena fe, la voluntad, la determinación y el compromiso de todos en adaptar aquellas reglas para alcanzar el resultado colectivamente deseado. Qué hacer con el Estado de las Autonomías? Éste es fuente de ineficiencias, de costes innecesarios, de desgobierno, de corrupción… De todos los males del mundo mundial, pero es el único que tenemos. Cuando el barco está amenazado de hundimiento, no es el momento de cuestionarnos si el barco está bien o mal construido. ¡Ya lo discutiremos cuando lleguemos sanos y salvos a buen puerto! Ahora, estamos en mitad de la tormenta, y debemos hacer los remiendos imprescindibles para cerrar las vías de agua y continuar navegando: ésta es la prioridad, la única prioridad. La Constitución y en particular una de sus decisiones más polémicas, la de la organización territorial del Estado, no es, ni puede, ni debe ser un obstáculo. Al contrario, puede y debe ser una solución. Se equivocan quienes responsabilizan a la Constitución y al Estado de las Autonomías de los problemas. Las causas apuntan hacia otra dirección. Todos los dedos señalan hacia una: la política y los políticos. En la época de la bonanza del ladrillo, todos los políticos jugaron a brujos que convertían las piedras en fuentes de colores de las que brotaban mil y un perfumes, mas también lo hicimos los ciudadanos, quienes caímos capturados por el espejismo de la riqueza infinita. ¿Qué hace un político con una chequera ilimitada? Hacer crecer de manera ilimitada su esfera de poder e influencia. En el ámbito de las comunidades autónomas, los políticos, todos, se empeñaron en replicar al Estado creando Estados en pequeñito con, incluso, sus embajadas. Esta conversión de nacionalidades y regiones en micro-Estados no estaba prevista en la Constitución, pero tampoco estaba expresamente prohibida. A veces, más de las necesarias, se olvida lo que dice el artículo 2 de la Constitución española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Esto es lo que dice. A algunos les sorprende. Este artículo establece el triángulo mágico sobre el que se edifica nuestra organización territorial: unidad, autonomía y solidaridad. ¿Alguien puede pensar que una organización basada en este triángulo virtuoso puede ser obstáculo para la solución de los males que nos aquejan? La respuesta es evidente: no. El problema no es de sistema, sino de política y de políticos. Si al sistema se le puede y debe hacer una crítica, es la de no haber previsto esta deriva política de los reyezuelos territoriales. En aquellas fechas de ilusión, las del año 1978, pocos podían imaginar que nos íbamos a encontrar en una tesitura como la actual. Ahora, la prioridad es la de ponerle límites a la política: causa y solución de los problemas. Lamentablemente, lo sucedido el pasado jueves en el Congreso de los Diputados nos muestra el peor rostro de la política. El principal partido de la oposición está instalado en un guerracivilismo atroz en el que todo vale con tal de alcanzar de nuevo el poder, como si el tiempo se agotase, como si cuanto peor, mejor; el suicida empeño de que el hundimiento del barco beneficiará, en el fondo del mar, a los que se oponen a todo. ¡Qué mérito ser el capitán del barco hundido!
Estabilidad presupuestariaTambién nos ofrece lo mejor: la aprobación del proyecto de Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nos invita al optimismo. Lo que no había alcanzado ni la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, ni la Ley 15/2006 que la reformó, ni el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, lo consagra definitivamente la ley en tramitación: un poderoso elenco de medidas de disciplina, al servicio de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera. Medidas preventivas (advertencias motivadas), correctivas (sujeción a autorización del Estado de las operaciones de endeudamiento, aprobación de planes económico-financieros y de los de reequilibrio) y coercitivas (no disponibilidad de créditos, constitución de un depósito obligatorio en el Banco de España, multas coercitivas, envío de una delegación de expertos cuyas propuestas serán de obligado cumplimiento). Si fallan todas las medidas, se contempla el uso de la disposición constitucional del artículo 155 para que las obligaciones impuestas sean cumplidas de manera forzosa. Por último, los principios, las reglas y las disposiciones contenidas en la Ley vinculan a todas las administraciones, por lo que podrán ser impugnadas ante los tribunales, en particular ante el Tribunal Constitucional, las normas de las comunidades autónomas que las infrinjan. Se produce un salto cualitativo de la buena voluntad al Derecho. La futura ley contempla mecanismos suficientes y adecuados para que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. Se comienzan a dar los pasos en la buena dirección: la política reacciona frente a los problemas de la política” (texto dio jornalista Andrés Betancor do Expansion, com a devida vénia)

Bruselas centra en las autonomías el examen a la cuentas españolas

Li no El Pais um texto da jornalista Lucía Abellán, segundo a qual “una reforma laboral draconiana, el Presupuesto más austero de la democracia o un tijeretazo de 10.000 millones en los pilares del Estado de bienestar —educación y sanidad— representan esfuerzos inútiles si falla lo principal. Y lo principal no requiere dinero ni sacrificio de los ciudadanos, simplemente rigor: la credibilidad de las estadísticas. Más que en ningún otro aspecto del episodio español, Bruselas está empeñada en verificar si las cuentas públicas de 2012 (y por tanto la meta de déficit público) son verosímiles. Y no ofrecerá un respaldo claro al Gobierno de Mariano Rajoy hasta comprobar esa consistencia, por mucho que el temporal de los mercados arrecie. Ese es el sentir en los pulcros despachos de las instituciones europeas, según las distintas fuentes consultadas. “Queríamos evitar la impresión de falta de credibilidad en las estadísticas españolas y que eso pudiera suponer un contagio para el resto de Europa. Hemos aprendido la lección de Grecia”, explica una fuente comunitaria. La Comisión Europea es muy consciente de que el incendio europeo desatado hace casi tres años tuvo su origen en el engaño griego: el Gobierno conservador mantuvo hasta el final una cifra de déficit público del 3,7% para 2009 y la revisión que hizo nada más llegar el Ejecutivo de Yorgos Papandreu lo disparó al 12,5% (finalmente acabó en el 15%). Cuando España parecía haberse alejado de la ominosa y recurrente comparación con Grecia, lo ocurrido con el cambio de Gobierno recordó peligrosamente ese precedente: el equipo socialista se marchó sin reconocer abiertamente la magnitud de la desviación sobre el déficit previsto, que debía ajustarse al 6% del PIB. A su llegada, el Partido Popular, aireó la cifra del 8% y poco después, ya con datos oficiales, el desequilibrio creció hasta el 8,51%. Eso creó una situación “completamente nueva”, según la misma fuente, que convirtió en recelo la confianza inicial depositada en el Ejecutivo de Rajoy. A la Comisión Europea nunca le gustó que España afrontara un año tan crucial como este sin un Presupuesto en la mano, pues daba la impresión de que el país se conducía sin rumbo. El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Barroso, le expresó sus reservas a Mariano Rajoy en una reunión que mantuvieron en enero en Bruselas, aunque acabó aceptando que estaba recién llegado al poder y necesitaba tiempo para enderezar la situación. El mandatario español se marchó con ese voto de confianza, que luego se vio malogrado al divulgar las estadísticas.
“Cuanto más conocemos la situación española, más confianza tenemos. Pero debemos esperar hasta que el Gobierno nos envíe el Presupuesto consolidado”, asegura Olivier Bailly, un portavoz de la Comisión Europea. Con ese concepto Bruselas se refiere a la única incógnita que falta por despejar, las cuentas de las comunidades autónomas, que el Ministerio de Economía no ha incluido en el paquete presupuestario remitido a la Comisión. Tras los problemas del año pasado —las comunidades fueron las responsables del grueso de la desviación del déficit— Bruselas se niega a hacer cualquier análisis sin esa información. En la capital comunitaria se desconoce si se trata simplemente de un error o hay intención política en el hecho de no haberla incluido. La Comisión insiste en que otros años sí se han remitido esos datos, algo que confirma un ministro del anterior Ejecutivo socialista. Bruselas ha dado a España hasta finales de abril para proporcionar tanto los datos autonómicos como la senda de estabilidad para los próximos años y el plan nacional de reformas, elementos clave para la evaluación definitiva del país. Mientras tanto, la marca España se tambalea en los mercados. Pero la Unión Europea rehúsa someterse a ese ritmo. Para mitigar el riesgo de contagio, se actúa preventivamente. “Intervenimos antes de que ocurran más cosas, por eso exigimos reformas”, aclara el portavoz comunitario, que cita el fondo de rescate recientemente reforzado como cortafuegos frente a una eventual epidemia europea”.

Opinião: "La inevitable poda del Estado autonómico"

"Órdago a la grande, y en La Moncloa. Esperanza Aguirre aprovechó la rueda de prensa tras su reunión del martes con Mariano Rajoy para romper un tabú del discurso político oficial de los dos grandes partidos nacionales (el de que no es posible ni aconsejable una vuelta atrás en el Estado de las Autonomías), al expresar su disposición a renunciar a las gravosas competencias de Educación, Sanidad y Justicia y al apuntar que, si todas las Comunidades hicieran lo mismo, se ahorrarían 48.000 millones de euros. El argumento cayó como un obús (o como un tiro), y fue rápidamente contrarrestado por el propio presidente del Gobierno: a Rajoy le faltó tiempo para manifestar en el Senado que no cuestiona en absoluto el modelo autonómico consagrado en la Constitución. Pero el debate quedó abierto, con muchas preguntas sin respuesta.
Porque en tiempos de extremada penuria económica tanto el Partido Popular como el PSOE justifican su confianza en la España de las autonomías en que aún es posible una «racionalización» que, sin embargo, no se termina de concretar. Se comparte el discurso de que ha habido excesos y de que existen duplicidades, pero no se dan a conocer las fórmulas exactas para reconducir y estabilizar el engranaje territorial, al rescate de la cohesión nacional. Hay alternativa sostenible a la «recentralización» bizarramente propuesta por Aguirre? En la cocina de ideas del Partido Popular se cree que sí, y en esa convicción se sustenta el discurso del Gobierno de Mariano Rajoy. El PP considera inasumible, además de irresponsable, el coste político y social de una devolución de competencias, a estas alturas. Y tampoco está dispuesto a hacer el juego al soberanismo catalán con el punto final del «café para todos» que ha pedido Artur Mas, aprovechando de forma torticera la ofensiva de Aguirre. Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que urge acabar con esa huida hacia delante, tanto política como financiera, que hoy suponen las autonomías. Hay que estabilizar el modelo y delimitar de una vez por todas las atribuciones y responsabilidades de unos y otros, dentro de un proyecto común. El diputado Gabriel Elorriaga es coautor de un informe para FAES, el «think tank» presidido por José María Aznar, en el que se aportan ideas para una racionalización sin desmontaje. Como preámbulo, deja claro que el actual modelo no es el único posible ni viene predeterminado por la Constitución de 1978, pues, como apunta, la Carta Magna «no establece que el territorio deba integrarse en comunidades autónomas». En consecuencia, el actual entramado del poder territorial es «el producto del peso de la historia y de la negociación política más que de una reflexión económica». En su opinión, el «pecado original» que ha derivado en dispendios y desajustes ha sido el hecho de que la Constitución «no dice apenas nada de cómo ha de organizarse ese modelo, porque el famoso título VIII es casi meramente procedimental. Cualquier país con el nivel de descentralización de España recoge en su Constitución una regulación amplísima que aquí, simplemente, no existe».
La fuerza del poder territorial
Apunta además Elorriaga una realidad que no ha calado en la opinión pública: la de que el autonomismo está en la esencia del PP «pos-Fraga». Él mismo lo esbozó también en su documento para FAES: «La evolución política del Partido Popular le llevó a ser una verdadera alternativa de gobierno sólo a partir de que alcanzó el poder territorial». Recuerda que en ese ámbito se forjaron tanto José María Aznar (que presidió la Junta de Castilla y León) como Mariano Rajoy, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta de Galicia. En suma, buena parte de la masa muscular del gran partido del centro-derecha cobró vigor gracias a la existencia de esos poderes periféricos.
La anomalía del PSOE
Lo del PSOE responde a otro diagnóstico. Es más su anómala estructura confederal (el complicado encaje de un PSC que trata al PSOE de tú a tú y lo somete a permanente presión) lo que lo convierte en «autonomista» forzoso. De ahí derivó la mayor y más peligrosa disfunción en el modelo: la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, con la irresponsable connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Y por eso la racionalización territorial esgrimida por Alfredo Pérez Rubalcaba no ha ido más allá de la propuesta puntual de supresión de las Diputaciones provinciales. Tales circunstancias maniatan también a la Fundación Ideas, el gran «think tank» del PSOE presidido por Jesús Caldera, que aún no ha elaborado un informe sobre el modelo territorial ni tiene, por tanto, fijada posición al respecto. Solo brinda aportaciones teóricas puntuales como la del constitucionalista Antonio Arroyo, quien cimienta la defensa del Estado de las Autonomías en su papel socioeconómico de igualación entre españoles. Con datos contrastables, como la sustancial reducción de la brecha entre ciudadanos catalanes y extremeños (por ejemplo) en las últimas décadas. En ese escenario en el que los dos grandes partidos no quieren (ni pueden) dar cabida su discurso a una jacobina «poda» de competencias es donde encuentran su hueco nuevos actores como UPyD, debutante sin ataduras. Solo el partido de Rosa Díez puede permitirse el lujo de una propuesta política de corte «centralista». Un aspecto interesante del informe de FAES es su análisis sobre la buena opinión que los ciudadanos tienen del Estado de las Autonomías. Aunque en los últimos tiempos se haya deteriorado notablemente esa percepción, los estudios del CIS continúan mostrando que la actual forma de organización territorial goza de amplio respaldo. La explicación de este fenómeno es perspicaz: «La falta de visibilidad del coste tributario de los servicios ha podido generar un proceso de ilusión financiera favorable a los gobiernos autonómicos: una Administración pública que ofrece servicios básicos sin reclamar los ingresos necesarios para pagarlos es una especie de maná llamado a triunfar». El espejismo ha durado muchos años y solo se empezó a disipar a partir de la manida apelación a la «corresponsabilidad», con elementos como el «céntimo sanitario» que dejan patente el hecho de que también las autonomías aprietan el cinturón a los ciudadanos. Pero —alerta Elorriaga— abundar en ceder a las autonomías ese tipo de instrumentos conlleva el riesgo de una perniciosa «dispersión fiscal». El equilibrio es complicado. El camino de la racionalidad se empezó a andar tímidamente con el acuerdo PP-PSOE para la reforma de la Constitución del pasado verano y la fijación de un tope de déficit, pero se ha quedado sin consenso al no haber respaldado los socialistas la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Recetas de Funciva
También la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), presidida por Andrés Ollero, há reflexionado sobre las posibilidades de embridar el desmadre territorial y ha resumido sus conclusiones en el documento «Diez propuestas para la racionalización del Estado autonómico». Esos «mandamientos» son, resumidamente: la limitación de la dimensión institucional del Estado autonómico (o sea, liquidar sus Defensores del Pueblo, tribunales de cuentas o consejos consultivos), la «desprofesionalización» de los Parlamentos territoriales (para su actividad legislativa sería suficiente el abono de dietas a los diputados, no hay por qué tenerlos a sueldo), la agrupación de municipios, la redefinición de las diputaciones, la privatización de las televisiones autonómicas, la reordenación del mapa universitario, el control efectivo del déficit de las comunidades autónomas y las Administraciones locales, el refuerzo de la unidad de mercado (ello requiere reforma constitucional), la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la Administración y la enseñanza, y, por último, la aprobación de una Ley General de Cooperación, inspirada en la doctrina alemana del principio de lealtad federal. El director general de Funciva, José María Román, estima que con la implementación de estas medidas el Estado autonómico sería viable, sostenible y cohesionado, y permitiría superar el discurso crítico contra los «diecisiete miniestados». Recuerda que la Constitución fijó un camino posibilista para el encaje de Cataluña y el País Vasco y, de paso, de Galicia. Las distorsiones, explica, llegaron con el paso del tiempo, «porque la creación de autonomías no nacía del afán de organizar el conjunto, sino desde el estímulo interno de las autonomías, de cada una de ellas, para “ser más”». Solo la crudeza de la crisis económica ha frenado esa tendencia. Pero no por ello cree Román que el modelo autonómico haya resultado fallido. Lo defiende y estima que «no es pensable una realidad diferente para el futuro de nuestra sociedad». Arguye que no hay que relacionar esa organización territorial con unos independentismos «que jugarían el mismo papel político, o peor, con o sin autonomías». Eso, en las regiones donde pesan los nacionalismos. Porque para el resto, dice, ha supuesto una fórmula «de cierta igualdad y de superar agravios históricos». Por lo que concluye que unas autonomías responsables y sometidas a racionalización aún son útiles. Y, en su opinión, integradoras” (texto da jornalista do ABC, BLANCA TORQUEMADA, com a devida vénia)

Opinião: "Aguirre y el fracaso autonómico (la referencia alemana)"

"Esta vez el portavoz del PP ha sido prudente y no ha calificado de “reflexión personal” la propuesta de reformar el Estado autonómico lanzada el pasado martes por Esperanza Aguirre. Si el lunes marró calificando de tal lo que era un aviso a navegantes del ministro de Economía sobre el recorte en Sanidad y Educación, se ha tentado la ropa a la hora de desautorizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy, sin embargo, no se tomó ni veinticuatro horas para afirmar que no se plantea revisar el modelo de Estado. Olvida el presidente del Gobierno que, como sentenció el estadounidense Ralph Waldo Emerson, “toda reforma fue en su tiempo una simple opinión particular”. Y se olvida también el jefe del Gobierno de que algo muy parecido a lo que planteó Esperanza Aguirre lo ejecutó Alemania en agosto de 2006. Después de siete años de debate, las Cámaras germanas aprobaron la más profunda reforma de la Ley Fundamental de Bonn (1949) actualizando el régimen federal. Una incisiva y estudiada reforma federal que reformuló el reparto de competencias entre los länder y la federación y redujo de forma drástica la intervención del Consejo Federal en la aprobación de las leyes del Estado. La República Federal de Alemania alcanzaba de este modo un gran nivel de eficiencia y funcionalidad, así como de transparencia y buen orden en los mecanismos de gobernación en beneficio de sus ciudadanos y de sus finanzas. Por fortuna para Alemania, la reforma de su federalismo se produjo un año y medio antes de la Gran Recesión que asomó en 2007 y estalló en 2008. Es verdad que, desde el punto de vista político, la propuesta de devolución de competencias de las comunidades autónomas al Estado –sanidad, justicia, educación— resulta inviable si no se abre un auténtico proceso constituyente que revise por entero el Titulo VIII de la Constitución. Es también cierto que no se dan las condiciones necesarias para el imprescindible consenso que conlleva un proceso de esas características en el que habría que determinar inexcusable y nominativamente las nacionalidades y las regiones. Si el PSOE se desmarcó el jueves de la ley de Estabilidad Presupuestaria, más lo haría de un acuerdo sobre el modelo de Estado. Pero que la propuesta de Aguirre sea aquí y ahora inviable no supone que resulte irrazonable, inoportuna o inconveniente, aunque resulte tristemente lógico –se juegan su condumio— que sus pares de otras comunidades no reconozcan la sensatez del planteamiento reformador que antes o después se impondrá. Se ha ido haciendo evidente que el café para todos fue el resultado de una dinámica de emulación con las llamadas nacionalidades –Cataluña, País Vasco y Galicia, además del régimen foral de Navarra— impulsado por el socialismo –luego seguido por la derecha-- que se atrincheró en los primeros años ochenta en su feudo andaluz en el que sigue instalado más de tres décadas después. Los efectos indeseables de esta generalización autonómica –acentuados con la segunda tanda de Estatutos durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero— han sido muchos. El más perjudicial (políticamente) de todo ellos fue la creación de lo que Artur Mas ha calificado de “comunidades artificiales” (y hay unas cuantas). El más perverso –financieramente-- la réplica, muy cara, de diecisiete sistemas políticos con pretensiones cuasi estatales que han generado una tan multitudinaria como parasitaria clase política instalada en un aparato burocrático que devora recursos financieros con carácter corriente e improductivo y que ha malbaratado el sistema financiero que aplicaban las Cajas de Ahorros. Por lo demás, y como Aguirre subrayó, la socialización de la autonomía como modelo de gestión no logró, sino todo lo contrario, la integración de los partidos nacionalistas.
Ignoro si la revisión del Estado autonómico ahorraría 48.000 millones de euros como aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es seguro que la desactivación de los mecanismos de coordinación sectoriales, la compartimentación estanca en el ejercicio de competencias que exigen financiación intensiva, las duplicidades irreductibles, la germinación de entes burocráticos como nichos de colocaciones clientelares y el particularismo insolidario, son todas ellas prácticas de altísimo e innecesario coste. Y este es el quid de la cuestión. El Estado autonómico previsto en la Constitución de 1978 pretendía un doble objetivo: de un lado, ofrecer una solución a la tensión centrífuga de los nacionalismos vasco y catalán, y en menor medida, el gallego; y de otro, procurar una autonomía regional para hacer un Estado más eficiente según las tesis empíricas que aconsejan acercar las instancias resolutorias a los administrados. Más aún: el Estado autonómico era también una réplica al centralismo franquista y, por lo tanto, una manera de constitucionalizar España a la inversa del paradigma nacional de la dictadura. Este último efecto se ha conseguido, pero no los dos anteriores. Y la crisis económica ha demostrado que la sostenibilidad del Estado en su actual modelo es precaria. Los mercados y la troika –FMI, UE y BCE— proyectan el foco sobre la turbiedad de las cuentas que la prensa anglosajona denomina “regionales” porque, en cambio, dispone de una clara radiografía de las que corresponden a la Administración General del Estado. Y es que en la distribución territorial del poder que propició una Constitución pensada para una transición a la democracia hay mucho de artificial, de excéntrico y, a veces, hasta de extravagante. Si los alemanes han reformulado su federalismo varias veces desde 1949 y lo adecuaron decisivamente en 2006, no es ningún despropósito que aquí se plantee –recuerden: toda reforma fue en un tiempo una simple opinión particular—repensar nuestro modelo. En esta tesitura se encuentran, y de ello no debe olvidarse el presidente del Gobierno, la mayoría del electorado del Partido Popular. Por otra parte el Gobierno no debería hacerse trampas en el solitario: de hecho, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los recortes en sanidad y educación ya está tocando el modelo autonómico, precisamente para controlarlo y racionalizarlo, aunque aún de manera harto insuficiente. En todo caso, algo es incuestionable: nuestra crisis no es sólo económico-financiera. Es también institucional y política. Y en el centro de ella –se lo plantee o no Mariano Rajoy—está el debate de beneficios y costes, políticos y económicos, del Estado autonómico. Antes o después, habrá que replanteárselo al modo sensato y racional con el que los alemanes han revisado su federalismo en la primera década de este siglo” (texto publicado no El Confidencial, com a devida vénia)

Espanha: “Gobierno podrá intervenir a las comunidades que no cumplan con el objetivo de deficit”?

Li no Expansion que “el Gobierno podrá intervenir las comunidades autónomas que incumplan con el objetivo de déficit a partir de mayo, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Reuters. Esta información confirma el anuncio que ya hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 29 de marzo en el Congreso de los Diputados. A partir de mayo, "el Gobierno ejercerá todos los controles y pondrá en marcha todos los mecanismos para asegurar que las Administraciones Públicas van a cumplir el objetivo de déficit público establecido", dijo entonces Montoro. La cámara baja del Parlamento aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria la semana pasada dando al gobierno central los poderes de sancionar a las regiones que no cumplan los objetivos presupuestarios. Esta ley podría estar lista para finales de mes y aplicarse ya a principios de mayo. Hay que recordar que España incumplió su objetivo de déficit en 2011 y en gran parte por las comunidades autónomas. Para este año las autonomías deberán reducir su déficit público al 1,5% del PIB frente al 2,9% del año passado”.

Deudas de las Autonomías: premio a las regiones que pagan más tarde

Escreve o jornalista do Cinco Dias, Carlos Molina que “se cerró el plazo para que las comunidades autónomas presentaran al Ejecutivo las facturas pendientes de pago a proveedores. La mayoría ha agotado hasta el último momento para reunir todas las deudas que acumulan en sus cajones y adjuntarlas al Ministerio de Hacienda. El viernes solo Cantabria había cumplido ese trámite (presentó 94.304 facturas por valor de 332,78 millones); y Castilla-La Mancha anunció ayer la presentación de 600.000 facturas emitidas entre 2008 y 2011 por valor de 2.510 millones. Además, País Vasco, Navarra y Galicia) no recurrirán a este modelo de financiación, con el que el Ejecutivo pretende que se salden los 17.500 millones de deuda que acumulan las regiones (11.500 corresponden a impagos a los laboratorios farmacéuticos y a las empresas de tecnología sanitaria). A la espera de que se contabilicen todas las facturas, los proveedores, que han mantenido diversas reuniones, entre otros, con el jefe de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, empiezan a resolver algunas de las dudas que albergaban sobre el plan. La primera es que la antigüedad de la factura será el criterio principal de cobro. De este modo, el Ejecutivo recopilará todas las facturas pendientes de pago y las ordenará según su antigüedad, independientemente del proveedor del que proceda o la región en la que se produjera el impago. Así, los proveedores que tengan las deudas más antiguas cobrarán primero. Esta circunstancia ha levantado cierto malestar entre las patronales. Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), considera que ese punto es contradictorio. "Los proveedores de las comunidades que pagan con más retraso son los primeros que van a cobrar", remarca contrariada. Y lo ilustra con datos referentes a las deudas de las 500 empresas asociadas a la Federación, que ascienden a 5.230 millones. De esta cantidad, hay algunas comunidades, como Baleares, Cantabria o Castilla y León, que tienen un porcentaje significativo de deuda en facturas de 2009. Sin embargo, la que se lleva la palma es Murcia, que es la autonomía con facturas impagadas más antiguas. Esta región adeuda a las empresas ligadas a Fenin 267 millones, un 5,1% del total. De esa cantidad, 117 millones corresponden a impagos de 2009 y 44 a facturas emitidas en 2008. Si el criterio establecido por el Ejecutivo no se modifica, los proveedores de Murcia con facturas de 2008 (no hay otra comunidad con deudas de ese ejercicio) cobrarán en primer lugar. Alfonsel critica el hecho de que se otorguen balones de oxígenos en forma de liquidez a las empresas de las regiones más incumplidoras. Eso es lo que ha provocado que Galicia, que tiene 457 millones en deuda sanitaria (únicamente de facturas emitidas en 2011), haya decidido no participar en el programa de pago a proveedores. La consejera de Sanidad, Elena Muñoz, resalta que con el criterio prioritario de antigüedad, "sus proveedores habrían sido los últimos de la fila".
No se cubrirán los 17.500 millones presupuestadosEl Ejecutivo ha reservado 17.500 millones de euros del crédito sindicado para cubrir las facturas pendientes de pago por parte de las comunidades autónomas. La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, cree, sin embargo, que no se cubrirá ese límite, tal y como sucedió con los ayuntamientos. A estos se les otorgaron créditos por 17.500 millones, de los que tan solo se cubrieron 9.584. En su opinión, muchas empresas optarán por no presentar las facturas pendientes de pago en el nuevo sistema ideado por el Ejecutivo. "En la medida en la que ya han pagado costas judiciales, que se encuentran en la fase más cercana a la sentencia y que tienen que renunciar a los intereses de demora, muchas compañías prefieren seguir hasta el final antes de perdonar deudas", aclaró”.

Espanha: "Comunidades presentan facturas pendientes por 17.255 millones"

Segundo o jornalista do El Pais, J. SÉRVULO GONZÁLEZ, “el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cifrado en 17.255 millones de euros el importe de las facturas pendientes de pago por las comunidades autónomas que se han acogido al plan de liquidez puesto en marcha por el Gobierno. El titular de Hacienda ha advertido que esta cifra es provisional y ha recordado que el plazo para que las comunidades presentarán la relación de facturas pendientes de pago concluyó el pasado domingo. Montoro ha comparecido ante los medios tras participar en la Junta Directiva de la CEOE y ha manifestado: "Es una inyección económica muy importante que llegará a las autónomos y a las pymes y a las grandes empresas de nuestro país". El responsable de las cuentas públicas ha añadido: "Es una operación de una gran importancia que además es compatible con los planes de estabilidad presupuestaria". Las comunidades autónomas han presentado en los últimos días en el ministerio de Hacienda la relación de facturas pendientes de pago para acogerse al plan de pago a proveedores dotado con 35.000 millones de euros. En este plan de liquidez extraordinario participan todas las entidades financieras, incluido el ICO. El mecanismo se ideó para que las comunidades y ayuntamientos puedan pagar sus facturas pendientes de pago durante meses. Las administraciones que se acojan a este instrumento permitirán que sus proveedores, reconocidos por la intervención, puedan cobrar directamente su deuda ante las entidades financieras. A cambio las comunidades y ayuntamientos asumirán la deuda financiera que tendrá un interés del 5%, próximo al del mercado. Además, dispondrán de 10 años para amortizar la deuda, con dos años de carencia. Montoro ha asegurado que todos los proveedores avalados por la administración "serán pagados". Y todas las comunidades "serán atendidas". A cambio, Hacienda exige a las administraciones públicas que se acojan a este instrumento de liquidez que presenten un plan de viabilidad para garantizar la estabilidad y equilibrio presupuestario.

Deuda de las comunidades autónomas con proveedores (en millones de euros)

Andalucía, 2.763
Aragón, 450
Cantabria, 332
Castilla-La Mancha, 2.510
Castilla y León, 1.066
Cataluña, 1.984
Canarias, 232
Extremadura, 220
Galicia, *
Madrid, 1.279
Murcia, 1.200
Navarra, *
Valencia, 4.069
País Vasco, *
La Rioja, 40
RESTO CC AA, 1.110
TOTAL, 17.255
(*) Galicia, Navarra y Pais Vasco han anunciado que no se acogeran al plan de pago a proveedores de Hacienda".

Dívidas: entregam 25 casas por dia aos bancos

Segundo o Dinheiro Vivo, "os portugueses entregaram aos bancos cerca de 2.300 imóveis por não conseguirem pagar os créditos. Segundo contas da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), nos primeiros três meses deste ano foram entregues em média mais de 25 casas por dia em dação em pagamento. A associação, citada pela Lusa, diz que as entregas foram feitas «tanto por famílias, como por promotores imobiliários», em resultado do incumprimento nos créditos à habitação e à construção. O número das entregas de imóveis aos bancos revela assim uma subida de 74%, em comparação com o mesmo período do ano passado. As estimativas da associação liderada por Luís Lima indicam que as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto concentram 39,4% do número total de imóveis entregues em dação em pagamento no primeiro trimestre. Em 2011, cerca de 6.900 imóveis foram entregues em dação em pagamento.
Entrega do imóvel não salda dívida
A entrega do imóvel ao banco não representa automaticamente que a dívida fica saldada. O banco procede a uma reavaliação do imóvel e, para que a dívida fique saldada, é necessário que o valor do imóvel cubra o valor da dívida. Como nos últimos tempos os imóveis sofreram fortes desvalorizações, é frequente que a reavaliação revele que o valor do imóvel é agora inferior ao valor em dívida. Nestes casos, apesar da entrega do imóvel em dação em pagamento, o devedor fica ainda obrigado ao pagamento da diferença entre a dívida e o valor do imóvel. No entanto, existem já vários casos em Portugal em que os tribunais entenderam, em primeira instância, que a entrega da casa em dação em pagamento, qualquer que seja o seu novo valor na nova avaliação, salda a dívida. Estas decisões foram contestadas pelos bancos, que recorreram, e ainda não são aceites como regra. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que a entrega dos imóveis salde automaticamente a dívida aos bancos. Esta é a prática nos Estados Unidos e é também cada vez mais o entendimento dos tribunais espanhóis. Numa altura em que o crédito malparado na habitação está em valores recorde, o Bloco estima que existem 145 mil famílias em risco de perderem as suas casas. Os bancos não são obrigados a aceitar a entrega do imóvel e, como têm cada vez mais imóveis em mãos, só costumam aceitar esta solução em última instância e, sempre que podem, preferem renegociar a dívida, facilitando os pagamentos.
Cerca de 43 mil imóveis transacionados
A APEMIP divulgou também estimativas sobre as transações imobiliárias, segundo as quais foram transacionados «cerca de 43.000 imóveis (urbanos, rústicos e mistos) no primeiro trimestre de 2012, o que corresponde a uma quebra homóloga de 19%». As áreas metropolitanas concentram «cerca de 32,6%» das transações imobiliárias”.

14 magistrados alvo de penhoras

Garante a jornalista do Correio da Manhã, Ana Luísa Nascimento que “a crise chegou à magistratura. Apesar de terem um ordenado muito superior à média nacional de 800 euros, já há magistrados com ordenados penhorados. Segundo os dados mais recentes da Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), que processa as remunerações, no final de Março havia 14 magistrados com penhoras judiciais - seis procuradores e oito juízes - e dois, um de cada magistratura, com execuções fiscais - alvo de cobrança coerciva por parte do Fisco. Já em Fevereiro havia registo de 11 penhoras - a seis juízes e cinco procuradores -, o que revela que o número está crescer. Não há no entanto conhecimento de situações de insolvência. Tanto a Associação Sindical dos Juízes Portugueses quanto o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público desconhecem casos concretos de magistrados com problemas financeiros, mas o CM sabe que a situação já foi abordada pela ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, em algumas reuniões. Os sindicatos reconhecem, porém, que se trata de um assunto sensível, que causa vergonha, razão pela qual não estranham não ter tido conhecimento de situações concretas. Magistrados ouvidos pelo CM atribuem a situação aos cortes sofridos nos últimos três anos: cerca de 30% entre o salário--base e o subsídio de residência. "As pessoas organizam a sua vida em função dos rendimentos que têm. Eu próprio estou em risco de incumprimento", confidenciou um juiz ao CM. Outro magistrado sublinhou que a situação pode parecer incompreensível aos olhos dos cidadãos que ganham o ordenado mínimo, mas lembrou que muitos magistrados "assumiram compromissos e depois levaram uma ‘talhada' de cerca de 600 euros no salário".
MORGADO FALOU EM CASOS DE FOME
A declaração caiu como uma bomba, mas espelha os efeitos da crise económica que atinge também os profissionais da Justiça. Em Janeiro deste ano, a procuradora Maria José Morgado, directora do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, revelou na televisão que havia magistrados, funcionários e polícias a passar fome. "Há muito boa gente disposta a lutar dentro dos tribunais. Agora, não podemos ter magistrados, funcionários e polícias pés-descalços e a passarem fome nalguns casos", afirmou Maria José Morgado, a propósito do desperdício no sector da Justiça e dos "milhões mal gastos".

Voz de norte-americano sem-abrigo tornou-se mundialmente conhecida através do Youtube

Uma boa voz pode mudar uma vida. Recordamos o caso de um americano que vivia na rua e que graças à sua voz conseguiu mudar de vida. Ted Williams estava há pouco mais de um ano a viver na rua e agora é locutor e transformou-se numa estrela mundial.

Gasolina já subiu 39 vezes este ano e desceu apenas duas

A gasolina e o gasóleo estão 2 cêntimos mais barato desde a meia-noite. Os consumidores agradecem, mas acreditam que os combustíveis vão voltar a subir em breve. A gasolina já subiu 39 vezes este ano e desceu apenas duas.

Crise: 10% dos portugueses admite deixar a casa este ano

Noticia o DN de Lisboa que "o Eurobarómetro de dezembro revela que 10% dos portugueses admite deixar a casa este ano. É o dobro do número registado no ano passado. Os números apontam para cerca de um milhão de pessoas que admite deixar a casa onde vive, segundo dados de um estudo Eurobarómetro realizado em dezembro. O mesmo estudo revela que 66% dos inquiridos espera que 2012 seja pior do que 2011 e 80% diz-se preocupado com a sua reforma. O Eurobarómetro avança ainda que pelo menos dois milhões de portugueses não conseguiram pagar as contas mensais da casa, comida ou outros bens essenciais, pelo menos uma vez durante o último ano, segundo a TSF. Cerca de 5% dos portugueses inquiridos admitiram ter por norma algumas ou muitas contas em atraso, ao passo que metade dos portugueses diz não ter capacidade para responder a uma despesa inesperada de mil euros. Outro dado em análise pelo Eurobarómetro dizia respeito às contas do dia a dia: 15% dos inquiridos afirmou que têm um alto risco de não conseguir pagar as contas do dia a dia em 2012, nomeadamente a renda ou a prestação da casa”.

Consumo privado e investimento com diminuições menos acentuadas em fevereiro

Em março, observou-se uma recuperação ligeira dos indicadores de sentimento económico e de confiança dos consumidores da Área Euro (AE). No mesmo mês, os preços das matérias-primas e do petróleo apresentaram variações em cadeia de 0,7% e 5,3% (2,8% e 5,2% em fevereiro), respetivamente. Em Portugal, o indicador de clima económico aumentou de forma ténue em março, suspendendo o acentuado movimento descendente iniciado em outubro de 2010. O indicador de atividade económica, disponível até fevereiro, acentuou a variação negativa que vem registando desde outubro de 2011. O indicador de consumo privado registou diminuições menos intensas em janeiro e fevereiro, refletindo sobretudo o menos acentuado contributo negativo do consumo corrente. No mesmo período, o indicador de FBCF também apresentou uma redução menos expressiva. Relativamente ao comércio internacional de bens, em termos nominais, as exportações e importações registaram variações homólogas de 10,2% e -6,0% em fevereiro (11,3% e -7,1% no mês anterior), respetivamente. A variação homóloga mensal do Índice de Preços no Consumidor (IPC) passou de 3,6% em fevereiro para 3,1% em março. No mesmo mês, as componentes de bens e de serviços do IPC apresentaram crescimentos homólogos de 3,2% e 3,1% (3,7% e 3,4% em fevereiro), respetivamente. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, o IPC registou uma variação homóloga de 1,9% em março (2,2% no mês anterior). O diferencial entre a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) de Portugal e da AE situou-se em 0,4 p.p. em março, menos 0,5 p.p. que no mês anterior. Leia aqui.

INE: Síntese Económica de Conjuntura - Março de 2012

A Síntese Económica de Conjuntura é uma publicação de acompanhamento da conjuntura destinada a quem necessita de indicações seguras acerca das tendências do crescimento da procura, da produção, do rendimento e dos preços. Contém informação actualizada e apresentada de modo a permitir avaliar o estado da economia no momento da análise e antever a sua evolução provável a curto prazo. Esta análise é suportada por um conjunto de quadros e gráficos dos principais indicadores que são complementados por diversos outros relativos à evolução da produção, da procura, do emprego e dos preços na União Europeia, Estados Unidos e Japão. Leia aqui

Igreja diz que ensino superior está a transformar-se num privilégio de elites

Escreve a jornalista do Público, Romana Borja-Santos que “o Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior, da Igreja Católica, está preocupado com os efeitos da crise económica sobre os alunos universitários e enviou, por isso, uma carta ao secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiró, na qual apela a “critérios de atribuição de bolsas mais justos”, por temer que o ensino superior fique “restrito às elites económicas”. Na carta, citada pela Agência Ecclesia, os responsáveis católicos pedem ao Governo que não permita que nenhum aluno abandone o ensino por razões “exclusivamente económicas”, defendendo, ainda, que é preciso “não aumentar o valor das propinas, reforçar o montante do Estado para a Acção Social e tornar mais justos os critérios de atribuição de bolsas”. O padre Nuno Santos, da Pastoral do Ensino Superior, em declarações à TSF, confirmou que a Igreja Católica tem conhecimento de muitos casos de abandono das universidades por razões financeiras e disse temer que o acesso ao ensino superior se torne exclusivo das elites económicas, o que seria “um atentado à democracia e à justiça social". “Alunos com capacidade estão a ser impedidos de estudar por razões exclusivamente económicas. Penso que isso coloca em causa a justiça social e até, em parte, esta dimensão democrática do nosso país”, sublinhou. Para o padre Nuno Santos, este ano já se sente que o Ensino Superior é restrito aos mais ricos e os “próximos anos vão acentuar em muito essa realidade ao ponto de, se não tomarmos medidas, o Ensino ficar restrito às elites económicas”. Já a carta, que também foi enviada ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, critica também a perda de apoio nos transportes para os estudantes que estão deslocados e a “burocracia associada ao preenchimento do processo de candidatura à bolsa”. O Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior discorda que os alunos que tenham familiares com dívidas ao fisco sejam impedidos de aceder a bolsas e deixa algumas sugestões para melhorar a situação dos universitários como o Governo facilitar o acesso dos estudantes a trabalhos em part-time e incentivar o voluntariado e o combate ao desperdício. “Nos tempos actuais, revela-se ainda mais importante aprender a gerir os recursos, promovendo e incentivando um estilo de vida mais responsável socialmente entre os estudantes do ensino superior, motivando-os para a excelência como um critério de referência académica”, lê-se na carta do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior, coordenado por Jorge Bernardino. O novo regulamento de acção social tinha vedado o acesso a bolsas de estudo aos alunos provenientes de agregados familiares que tivessem dívidas ao Estado. Mas, na semana passada, o executivo publicou em Diário da República um novo documento que prevê que os “estudantes que tenham regularizado a sua situação podem requerer a reabertura do seu processo e receber bolsa”. O despacho do secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiró, diz respeito às candidaturas a bolsas de estudo indeferidas por motivo de situação tributária e/ou contributiva não regularizada. A alteração agora vinha sendo sugerida pelas associações académicas nas últimas reuniões com o Ministério da Educação e Ciência (MEC), tendo esta possibilidade sido já antes admitida pelo secretário de Estado. De acordo com a informação da Direcção-Geral do Ensino Superior, relativa a 5 de Abril de 2012, foram até ao momento atribuídas 51.626 bolsas de estudo, cerca de menos 5000 do que no ano anterior, mas ainda estão em análise pelos Serviços de Acção Social 5702 processos. A bolsa média anual situa-se nos 1827,53 euros. O número de bolsas está próximo do registado em 2000 , quando havia em Portugal 56.046 estudantes bolseiros no ensino superior. Mas, neste período, o número de estudantes nas universidades portuguesas não parou de crescer”.

Cáritas diz que há alunos expulsos de residências universitárias por falta de dinheiro

Li no Publico que "o presidente da Cáritas Portuguesa afirma que há alunos do Ensino Superior a serem expulsos das residências universitárias por não conseguirem pagar as mensalidades, mesmo quando estas estruturas são geridas pelos serviços sociais das universidades. “Fomos contactados por alunos que, quando chegaram do fim-de-semana, não puderam entrar [nas residências] porque tinham mensalidades em atraso”, denunciou Eugénio Fonseca, em declarações aos jornalistas à margem de um encontro sobre emigração que decorreu nesta quinta-feira em Lisboa. Eugénio Fonseca sublinhou que se trata de “residências que são geridas pelos serviços sociais das universidades”. Estas declarações surgem dias depois de o Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior ter denunciado a situação de alguns alunos obrigados a abandonar os estudos por falta de dinheiro. Questionado sobre a denúncia da pastoral universitária, Eugénio Fonseca sublinhou que a Cáritas “foi quem primeiro alertou para o problema, há mais de dois anos”.
Problemas também no ensino público
“Nunca acontecera, nas ajudas pecuniárias da Cáritas, termos de pagar propinas. E não estamos a falar de propinas de alunos que tiveram de ingressar no ensino particular. Mesmo no público, há famílias que não conseguem suportar as propinas”, disse. Em causa, defendeu, estão as alterações às regras de acesso às bolsas de estudo: “Hoje, para se aceder a bolsas de estudo é preciso estar numa situação paupérrima, miserável.” Por outro lado, como o Estado não faz uma monitorização adequada, “há gente que tem rendimentos camuflados e acede a bolsas de estudo indevidamente, o que é revoltante”, considerou. Segundo Eugénio Fonseca, os casos que chegam ao conhecimento da Cáritas são sobretudo de filhos de pais que ficaram desempregados ou que perderam parte dos recursos devido a reduções salariais ou ao fim dos subsídios de férias e de Natal. “São pessoas que puseram os filhos no ensino superior contando com recursos que desapareceram”, afirmou, acrescentando que a isto se soma o aumento do custo de vida, nomeadamente dos preços dos transportes, no caso dos que vivem nas periferias das cidades”.

Portugal pode precisar de mais 16 mil milhões até 2014

Segundo o Jornal I, num texto da jornalista Catarina Correia Rocha, “Portugal pode precisar de mais 15 a 16 mil milhões de euros até 2014, devido às necessidades das empresas públicas e das regiões autónomas da Madeira e Açores. A previsão é do FMI e da Comissão Europeia que reconheceram que as necessidades portuguesas foram subavaliadas. Deste modo, os 78 mil milhões de euros de resgate pedidos por Portugal podem não ser suficientes. Pedro Passos Coelho referiu ontem num artigo de opinião publicado no Financial Times que também não há garantias que o país volte aos mercados em 2013. Apesar de se afirmar "optimista", o primeiro-ministro admitiu que "numa altura de incertezas, não há garantias" e que "muitos factores fora do controlo". Por isso, adiantou, é preciso contar que "o compromisso dos parceiros internacionais para dar um apoio adicional caso surjam circunstâncias fora do controlo que obstrua o retorno ao mercado de financiamento". No artigo intitulado "Portugal vai provar que os cépticos estão enganados", o primeiro-ministro admite que "muitos analistas acreditam que [Portugal] não vai" conseguir "regressar aos mercados internacionais de capitais antes de Setembro de 2013" e que "vai precisar de mais ajuda financeira - um 'segundo resgate' - ou, pior, uma reestruturação da dívida".

Opinião: "Porque Passos não devia hostilizar a UGT"

"Pouca gente percebeu o porquê dos ataques violentos à UGT quando a central sindical anunciou que iria assinar o pacto social. A começar pelo próprio Governo...

Pouca gente percebeu o porquê dos ataques violentos à UGT quando a central sindical anunciou que iria assinar o pacto social. A começar pelo próprio Governo... Na altura, recorde-se, o PC e a CGTP, a sua correia de transmissão (coadjuvados pelo Bloco de Esquerda), atiraram-se à UGT, acusando-a de retirar direitos aos trabalhadores. A violência foi tal que o próprio João Proença teve dificuldade em lidar com a pressão. A estratégia era clara: encostar Proença à parede, tentando condicionar a sua acção futura. Proença, que não é ingénuo, percebeu a jogada. E na primeira oportunidade que teve sacudiu a pressão: esta semana ameaçou o Governo que se não tomasse medidas para apoiar o crescimento rasgaria o acordo de concertação social. Perante isto como reagiu o Governo? Passos Coelho, em Londres (note-se!), fez o que nunca deveria ter feito: atribuiu a agressividade da UGT à proximidade com o 1º de Maio....
Disparate. Grosso! Se há coisa que Proença não precisa agora é de ficar isolado na arena. Sem possibilidade de recuo. Tudo o que o primeiro-ministro devia ter feito, ao ser confrontado com a reacção de Proença, era dizer: "Nada mudou. Vamos continuar a trabalhar com a UGT para criar um clima de paz laboral, que nos distinga de outros países. Sem paz social não há investimento e sem investimento não se criam postos de trabalho". Ponto final: nem mais uma palavra. Talvez seja altura de Passos Coelho perceber que um pouco de comedimento verbal (à la Álvaro Santos Pereira) só lhe fará bem. A ele e ao Governo.
P.S. - As forças policiais ainda não perceberam que há grupos dispostos a armar confusão. Para criar instabilidade social. É pena...” (texto do jornalista Camilo Lourenço, publicado no Jornal de Negócios, com a devida vénia)

Cerca de 500 ex-alunos da Universidade de Coimbra com propinas em dívida

Há universidades e institutos politécnicos a enviar cartas de cobrança a ex-alunos por dívidas. Só na Universidade de Coimbra são cerca de 500 os que ainda devem as propinas. A reitoria diz que esta é a última tentativa antes de enviar os processos para as finanças.

Défice do Estado ultrapassa os 480 milhões de euros no primeiro trimestre

O défice do Estado ultrapassou os 480 milhões de euros nos primeiros 3 meses do ano e ficou bem acima do registado no mesmo periodo do ano passado.O ministério das Finanças diz que o valor fica abaixo do exigido pela troika... mas na verdade, as receitas do Estado continuam em queda e a despesa voltou a subir.

SIC: José Gomes Ferreira e a Execução Orçamental

José Gomes Ferreira considera que a Execução Orçamental não está a correr bem, apesar do Governo defender o contrário. Na análise aos números do défice, o subdirector de informação da SIC aponta ainda o dedo aos interesses económicos.

Açores: Unanimidade na Assembleia Legislativa para remendar Lei Eleitoral apenas para o próximo acto eleitoral

Li no Diário dos Açores que "a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou por unanimidade uma proposta legislativa que evita o aumento do número de deputados nas eleições regionais de outubro, imposto pela actual legislação eleitoral devido ao aumento dos eleitores inscritos no arquipélago. O anteprojecto de lei deu entrada quarta-feira nos serviços do parlamento regional e é subscrito pelo PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP e PPM, os seis partidos com representação parlamentar na região. O documento, inclui algumas das ideias que integravam as propostas iniciais apresentadas pelo PPM, PSD e PS, que não conseguiram reunir a aprovação dos dois terços de deputados necessários. A proposta conjunta dos seis partidos para alterar a lei eleitoral nos Açores, aumenta o número de votos necessários para eleger um deputado, que passa a ser de 7.250, em lugar dos actuais 6.000, ou fracção superior a 1.000 eleitores. A Lei eleitoral que vigorava até 2008 exigia o número de 7.500. O número máximo de deputados regionais fica definido no artigo 11.ºA, estabelecendo que são 57 os que integram a Assembleia Legislativa Regional, como propunha inicialmente o PSD. O artigo 13.º passa a integrar também uma nova alínea, proposta pelo PS, que impõe que as fracções superiores a 1.000 eleitores sejam ordenadas por ordem decrescente, estabelecendo que os mandatos seja distribuídos pelos círculos eleitorais de acordo com essa ordem. A proposta faz alguma confusão a remeter para um artigo que não trata desta matéria, mas tudo indica que se trata de cumprir o limite máximo de 57 deputados. Essa introdução cirúrgica faz prever que nem todas as ilhas com fracções de eleitores superiores a mil poderão ter um deputado por essa via. A nova legislação, que vai vigorar apenas para as eleições regionais de outubro, surge na sequência do problema criado pelo aumento de eleitores inscritos nos Açores. Este aumento, que não tem ligação com a realidade populacional, resulta do recenseamento automático em vigor desde que existe o Cartão de Cidadão. Esta situação faz com que mais de três dezenas de freguesias dos Açores tenham mais eleitores do que habitantes. Se a lei eleitoral não fosse alterada, na próxima legislatura a Assembleia Legislativa dos Açores teria mais sete deputados, passando dos actuais 57 para 64. Este aumento do número de deputados foi rejeitado por todas as forças políticas, para quem, além de não refletir a realidade populacional da região, iria implicar um aumento das despesas do parlamento em época de crise. A legislação que será aprovada no parlamento regional será depois submetida à apreciação da Assembleia da República, com carácter de urgência, de forma a estar em vigor a tempo das eleições regionais previstas para outubro”.

Mota Soares garante que pedidos de reformas antecipadas subiram 50% este ano

Pedro Mota Soares justifica o congelamento dos pedidos de reformas antecipadas com o impacto económico que teriam, a curto prazo, caso fossem aceites. Diz o ministro que, nestes primeiros meses de 2012, os pedidos de reformas antecipadas eram 50 por cento superiores ao ano passado e um número que triplicou em relação a 2009

Suiça: “Un sueldo de 2.000 euros para todos”

Escreve a jornalista do El Mundo, Raquel Villaécija que “si la propuesta se votara en referéndum universal, seguro que obtendría un apoyo total: crear un sueldo mínimo de 2.500 francos (2.000 euros) para vivir dignamente, sin necesidad de trabajar. En este mundo ideal, sólo los que quisieran vivir mejor y ganar más trabajarían, pero nunca por la obligación de ganarse el pan. Aunque lejos aún de convertirse en realidad, Suiza ha publicado esta semana la propuesta en su boletín federal. Bajo el título 'Por un subsidio de base incondicional', el texto propone un salario fijo para todos sus ciudadanos de entre 2.000 y 2.500 francos (1.500 y 2.000 euros). Deja, eso sí, en manos del legislador la tarea de desarrollar el principio, fijar la financiación y la cantidad del subsidio. "Este salario permitirá liberar a la gente de la obligación de trabajar para ganarse la vida", explica Oswald Sigg, miembro del comité de la iniciativa. También defiende que es una injusticia tener la obligación de trabajar para vivir. El argumento, apabullante por lógico: "Algunos no tienen empleo, otros no se dedican a lo que les gusta, y otros están desbordados, estresados", ha asegurado al diario 'Le Temps'. La ecuación, para Sigg, es matemática: "Sin la necesidad de ganar dinero para comer se daría oportunidad a todo el mundo para dedicarse a lo que quiere". Esta propuesta, argumentan sus promotores, cambiaría el mercado laboral tal y como se concibe hoy, pues lo haría más flexible y daría lugar a una nueva dinámica de la actividad económica.
"La gente no trabajará menos, sino que lo hará de otra manera, más de acuerdo con sus intereses personales y sociales. Y los que quieran ganar más, trabajarán más", explica el experto.
¿Cómo financiarlo?
Hasta ahora, todo ventajas. Pero el lado oscuro de la iniciativa es la subida de impuestos que conllevaría su financiación. Según los cálculos de Sigg, este salario costaría un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) nacional: 200.000 millones de euros. Según el suizo, se podría conseguir reorganizando el estado social y con una mejor distribución de la hucha nacional. Inevitable, también, sería la subida del impuesto del valor añadido (TVA, por su sigla en Suiza), de los impuestos a las grandes rentas y a las fortunas. Según señala el alemán Götz Werner al citado periódico, la puesta en marcha de esta iniciativa supondría una subida del 50% en los impuestos de la renta de las personas que quisieran seguir trabajando, amén del 50% de subida del TVA.
"Distribuir un tercio del PIB entre la población no se podría hacer sin una masiva subida de tasas", advierte el economista Samuel Bendahan, quien, no obstante, también defiende las virtudes de la norma. A su juicio, "la gente trabaja por motivación intrínseca, por motivos sociales y no por dinero", por lo que la incitación al trabajo sería aún mayor gracias a esta prestación. "La gente no aceptará las profesiones ingratas. Esto obligaría a la economía a invertir en profesiones más atractivas, haciendo más justo el mercado de trabajo", asegura Bendahan. Desde el exterior, ese mercado ya parece ideal: una tasa de paro del 3,2% está motivando a muchos españoles para trabajar en Suiza.
Países pioneiros
La iniciativa no es nueva, pues la propuesta de una Renta Básica Universal ya fue sugerida en 1985 por los profesores Philippe Van Parijs y Robert Van Der Veen en la universidad de Lovaina (Bélgica). En España, los grupos parlamentarios de IU y ERC presentaron en el Parlamento iniciativas legislativas similares en 2006. Sólo en Brasil -bajo el nombre de Bolsa Familia-, Canadá y Alaska se ha aplicado parcialmente la idea. El Senado del país latinoamericano aprobó en 2001 una renta básica para las familias desfavorecidas. Canadá cuenta con un salario mínimo universal para los mayores de 65 años, que reciben un dinero al margen de su pensión. En Alaska, sus 700.000 ciudadanos disponen a final de mes de un montante mínimo a cargo del Estado, aunque al tratarse de una población pequeña su ejemplo "no es representativo", según explica el profesor de la UNED Alfredo Hidalgo Lavié en su artículo 'La renta básica universal como herramienta para combatir la exclusión económica y social'. No hay acuerdo sobre los beneficios de este sueldo para todos y muchos economistas han advertido sobre la dificultad de aplicar semejante iniciativa y sus efectos negativos, pues empobrecería el mercado de trabajo. Para ellos, es muy ingenuo pensar que la gente vaya a trabajar por mero plácer”.

Açores: “Todos os doentes internados no Hospital do Divino são medicados com genéricos”

Escreve o Correio dos Açores que “tem-se falado muito de genéricos e dos receios que as pessoas têm de trocar o seu habitual medicamento, de referência, por um genérico. Madalena Melo, directora da Farmácia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, e Isabel Cássio, directora do Serviço de Cirurgia Vascular do mesmo hospital, explicaram no encontro promovido pela Associação Seniores de S. Miguel que os genéricos são eficazes e seguros. Então porque razão os médicos têm tantas dificuldades em prescrever genéricos? I sabel Cássio, como médica, assumiu que os médicos também têm falta de informação sobre os genéricos, mas garante que já prescrevem desde há muito tempo os medicamentos por substância activa, ou seja genéricos. Mais. “Todas as pessoas internadas no hospital são medicadas com genéricos. No hospital, quer se queira quer não, qualquer pessoa é medicada pelo princípio activo e não pela marca. Temos de acabar com as marcas, o que nos interessa é o princípio químico”. A tendência é caminhar-se cada vez mais para a prescrição de genéricos. A directora do Serviço de Cirurgia Vascular do HDES e associada da promotora do encontro sobre saúde, disse claramente que os médicos, desde Janeiro, com a prescrição electrónica, quase que são obrigados a passar genéricos. Para sustentar a sua tese, sublinhou – e demonstrou - que actualmente o médico quando passa um medicamento de referência o computador lembra que há outros medicamentos mais baratos e com o mesmo princípio activo que o de referência. E se o médico insistir em passar o de referência, o computador vai, durante as várias fases da receita, lembrar que há medicamentos mais baratos. E se o médico insistir, na receita que o cliente leva fica inscrito que existe um medicamento com as mesmas características que lhe custava menos. “Os médicos são compelidos a passar genéricos” e hoje em dia já não pode dizer que não sabe quais os medicamentos mais baratos, porque é-lhe fornecida toda a panóplia de informação relativa ao medicamento e outros com o mesmo princípio activo, e apresentados os preços. Portanto, para a médica hoje em dia já não há desculpa para não passar genérico. Mas também há doentes que não querem genéricos e a esses Isabel Cássio diz-lhes; Eu tomo genéricos e dou genéricos à minha filha”. Uma maneira de garantir ao doente que o medicamento é seguro. No entanto, a médica adverte para o facto de ter que haver cuidado. Se uma pessoa tomar um medicamento genérico de um determinado laboratório deve continuar com o mesmo para haver uma continuidade, e não se andar a mudar de laboratório em laboratório, só pelo preço. Daí ser importante que na farmácia não se mude de genérico. Também as pessoas mais velhas devem ter cuidado com as caixas dos genéricos porque são parecidas e para não trocarem os medicamentos. “Há que sensibilizar as pessoas para olharem para o produto químico e não para o nome do laboratório”. Isabel Cássio opina que há indústria farmacêutica, que para não perder quota de mercado, produz no mesmo dia, no mesmo lote, medicamentos iguais e depois divide-os por caixas. Os mesmos comprimidos, por exemplo, são embalados em caixas de genérico e outros em referência.
E o farmacêutico...
Na perspectiva do farmacêutico, Madalena Melo começou por dizer que o uso de genérico é normal e é prescrito em Portugal há muitos anos, não havendo falta de segurança, muito pelo contrário: Os de referência já foram testados em muita gente, mais do que quando fizeram ensaios para eles, o que quer dizer que são seguros, porque os genéricos para entrar no mercado já têm atrás de si toda a experiência dos de marca, em pelo menos 20 anos depois do original. “Isso implica uma segurança acrescida pelo vasto tempo de utilização no mercado. O genérico tem a mesma substância activa, a mesma dosagem, a mesma forma terapêutica (xarope, ampolas, comprimidos), a mesma indicação terapêutica”, regista a directora da Farmácia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Acresce ainda outras vantagens. Madalena Melo lembra que são 35% mais baratos do que os de referência. Tem um menor custo para o utente e um menor custo para o Estado. Lembrou que vários países têm já uma grande penetração de genéricos, como é o caso, por exemplo, da Dinamarca (68%) e da Alemanha (57%), enquanto Portugal se situa nos 22%. Mas quais são as barreiras à entrada de genéricos no mercado? A começar, diz Madalena Melo, no nosso país os genéricos demoram mais de seis meses para entrarem no mercado, penalizando utentes e Estado. Há laboratórios que prolongam a sua patente recorrendo ao tribunal, e há outros que têm a aprovação do INFARMED mas que têm a entrada no mercado suspensa por decisão de vários tribunais administrativos. Isto é, sempre que um laboratório tenta penetrar com um medicamento genérico acaba por ter problemas com o laboratório que detém o medicamento original. Este recorre ao tribunal e até que o medicamento entre no mercado passa muito tempo. Mas o Governo, lembra a especialista em farmácia, quer acabar com essas barreiras aos genéricos. E há também cada vez mais pessoas que recorrem a esses medicamentos. Tanto assim é que até os grandes laboratórios de referência já produzem genérico. A terminar, Madalena Melo lembrou que também os genéricos são bons como os de referência, aumentam a esperança média de vida, têm um tratamento eficaz e seguro para muitas das doenças crónicas, como por exemplo hipertensão, dislipidémia, osteoartrite, diabetes, e com um custo inferior”.

Canarias bajará un 5% el sueldo a los funcionarios

Escreve o Cinco Dias que "el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Canarias ha aprobado este sábado un paquete de medidas para afrontar los recortes impuestos por el Estado -cifrados en 800 millones de euros- entre los que se incluye la recaudación de 250 millones de euros con la subida de impuestos y la creación de nuevas figuras impositivas, subiendo el tipo general del IGIC al 7%. Según manifestaron el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, y el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, entre las iniciativas aprobadas están también la extinción de cuatro direcciones generales, la supresión de 14 plazas de personal eventual y la disminución del 5% del salario de los trabajadores públicos de la comunidad. El Ejecutivo canario hizo especial hincapié en que estas medidas se producen por el recorte de las inversiones del Gobierno central en las islas, recordando que el Gobierno de Canarias tiene un presupuesto de aproximadamente 6.800 millones de euros, y que la reducción del Estado es de 800 millones, lo que supone un 12% de disminución en las cuentas previstas por la Comunidad. De esta manera, los consejeros apuntaron que el objetivo de estas iniciativas es reducir el impacto sobre la prestación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Con todo, el Consejo de Gobierno ha integrado la mayor parte de estas medidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, para el que solicita informe urgente al Consejo Económico y Social.
Impuesto sobre combustible y nuevos tributos
En el ámbito de los ingresos, el Gobierno de Canarias acordó la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible y el IGIC.
Con estas medidas, el Ejecutivo prevé recaudar en torno a los 250 millones de euros en los próximos seis meses, una cantidad que Ortiz consideró "insuficiente para afrontar los "graves e injustos recortes del Estado", señalando que se tendrán que realizar más ajustes en el futuro. Así, el Consejo de Gobierno decidió crear dos nuevos figuras impositivas e instaurará el impuesto sobre depósitos a entidades financieras que abonarán bancos y cajas -estimando una recaudación de 30 millones de euros- y se estableció el impuesto a grandes superficies -esperando recaudar 10 millones-.
Además, el IGIC incrementará con carácter temporal el tipo general desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%. También se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasará de estar exenta a tributar al tipo general y se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que a diferencia del Estado, no se actualiza en Canarias desde 2004, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional. Asimismo, sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%. Mientras, se eliminará la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano. Es el caso de los gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.
Recortes de personal
El anteproyecto de ley aborda del mismo modo cambios en la estructura de la comunidad autónoma con la supresión de dos agencias -con rango de dirección general- y la concentración de los tres organismos públicos dedicados a la formación de empleados públicos en uno -Instituto Canario de Administración Pública, Agencia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias-. Spínola explicó en este punto que esta acción supone la eliminación de 4 centros directivos, con rango de dirección general de la estructura de la Comunidad Autónoma y que también se extinguen nueve órganos de consulta y gestión, creados por diferentes normas de rango legal, todo ello en aras de aplicar mecanismos más eficientes en la gestión pública. Por otro lado, y de forma genérica, el Gobierno canario aplicará a los casi 62.000 empleados públicos un recorte en sus retribuciones anuales del 5%. Con esta reducción salarial, la Comunidad Autónoma ahorra 130 millones de euros. En este punto, el Gobierno explicó que, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales. De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Otras materias como las condiciones para la prolongación de la vida laboral por los empleados públicos (laborales y funcionarios); la cuantía del complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático o la extinción del 13% de las plazas de personal eventual (14 puestos), también son objeto de regulación en este texto. Finalmente, los consejeros apuntaron que otra de las medidas que afecta directamente a empresas públicas está vinculada a Radiotelevisión Canaria, para la que se prevé una reducción del 20% en el gasto de los contratos externos y el cierre del segundo canal de la Televisión Pública”.

Espanha: "Gobierno retirará la financiación a las comunidades que incumplan el déficit"

Segundo o El Dia, “el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado este sábado que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención. En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, ha detallado que si una autonomía o una corporación local no cumple con el objetivo de déficit la sanción se materializará a través de «su participación en los ingresos del Estado». Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro ha defendido que es una normativa que proviene de Europa y que el Gobierno se limita a aplicar en España para afrontar la salida de la crisis con garantías. «La sanción es una penalización económica, y esta penalización pasa por la aplicación de la financiación autonómica. Estos mecanismos son previos a los que sería una intervención. En definitiva, es lo mismo que se hace en Europa», ha sentenciado. Montoro ha precisado que también es aplicable a las corporaciones locales, y para las corporaciones locales que se acojan al plan de proveedores del Estado, «su capacidad de devolver los créditos también estará vinculada a la participación de los ingresos del estado». «En el momento en que no se cumpla, la sanción será en la llave de la financiación autonómica o en la llave de la financiación local», ha resumido. Montoro no entendería la queja de la Generalitat ante esta medida porque está contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obtuvo en el Congreso el apoyo de CiU: «Fue votada por partidos nacionalistas. El PNV se abstuvo y CiU votó a favor. Esto tiene un gran valor político porque no necesitábamos esos votos». El ministro ha asegurado que la ley es vital para dar «credibilidad» tanto a España como a Cataluña, y ha sentenciado que la norma fue, a su juicio, un gran éxito político”.

Opinião: “El suicidio económico de Europa” (Krugman)

"La semana pasada, The New York Times informaba de un fenómeno que parece extenderse cada vez más en Europa: los suicidios “por la crisis económica” de gente que se quita la vida desesperada por el desempleo y las quiebras de las empresas. Era una historia desgarradora, pero estoy seguro de que yo no era el único lector, especialmente entre los economistas, que se preguntaba si la historia principal no será tanto la de las personas como la de la aparente determinación de los líderes europeos de cometer un suicidio económico para el continente en su conjunto.
Hace solo unos meses albergaba algo de esperanza respecto a Europa. Es posible que recuerden que a finales del pasado otoño Europa parecía estar al borde de la crisis financiera, pero el Banco Central Europeo, homólogo europeo de la Reserva Federal estadounidense, acudió al rescate. Ofreció a los bancos europeos unas líneas de crédito indefinidas siempre que presentaran bonos de los Gobiernos europeos como garantía, lo que ayudó directamente a los bancos e indirectamente a los Gobiernos, y puso fin al pánico.La cuestión por aquel entonces era saber si esta acción valiente y eficaz sería el inicio de un replanteamiento más amplio, y si los líderes europeos usarían el oxígeno que el banco había insuflado para reconsiderar las políticas que llevaron las cosas a un punto crítico en primer lugar. Pero no lo hicieron. En vez de eso, persistieron en sus políticas y en sus ideas que no dieron resultados. Y cada vez resulta más difícil creer que algo les hará rectificar el rumbo. Piensen en la situación en España, que actualmente es el epicentro de la crisis. Ya no se puede hablar de recesión; España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con una tasa de paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles. En cierta forma, no importa realmente cómo ha llegado España a este punto, pero por si sirve de algo, la historia española no se parece en nada a las historias moralistas tan populares entre las autoridades europeas, especialmente en Alemania. España no era derrochadora desde un punto de vista fiscal; en los albores de la crisis tenía una deuda baja y superávit presupuestario. Desgraciadamente, también tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa.
Sin embargo, la receta que procede de Berlín y de Fráncfort es, lo han adivinado, una austeridad fiscal aún mayor. Esto es, hablando sin rodeos, descabellado. Europa ha tenido varios años de experiencia con programas de austeridad rigurosos, y los resultados son exactamente lo que los estudiantes de historia les dirían que pasaría: semejantes programas sumen a las economías deprimidas en una depresión aún más profunda. Y como los inversores miran el estado de la economía de un país a la hora de valorar su capacidad de pagar la deuda, los programas de austeridad ni siquiera han funcionado como forma de reducir los costes de financiación.
¿Cuál es la alternativa? Bien, en la década de 1930 —una época cuyos detalles la Europa moderna está empezando a reproducir de forma cada vez más fiel— el requisito fundamental para la recuperación fue una salida del patrón oro. La medida equivalente ahora sería una salida del euro, y el restablecimiento de las monedas nacionales. Pueden decir que esto es inconcebible, y que sin duda alguna sería enormemente perjudicial tanto económica como políticamente. Pero lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa a países que ya están sufriendo un desempleo de la época de la Depresión. Por eso, si los líderes europeos quisieran realmente salvar al euro estarían buscando un rumbo alternativo. Y la forma de dicha alternativa es en realidad bastante clara. Europa necesita más políticas monetarias expansionistas, en forma de buena disposición —una buena disposición anunciada— por parte del Banco Central Europeo para aceptar una inflación algo más elevada; necesita más políticas fiscales expansionistas, en forma de presupuestos en Alemania que contrarresten la austeridad en España y en otros países en apuros de la periferia europea, en vez de reforzarla. Incluso con esas políticas, los países periféricos se enfrentarían a años de tiempos difíciles, pero al menos existiría alguna esperanza de recuperación.
Sin embargo, lo que estamos viendo en realidad es una falta de flexibilidad absoluta. En marzo, los líderes europeos firmaron un pacto fiscal que establece de hecho la austeridad fiscal como respuesta ante todos y cada uno de los problemas. Mientras tanto, los principales directivos del banco central insisten en recalcar la voluntad del banco de aumentar los tipos a la más mínima señal de una inflación más elevada. Por eso resulta difícil evitar una sensación de desesperación. En vez de admitir que han estado equivocados, los líderes europeos parecen decididos a tirar su economía —y su sociedad— por un precipicio. Y el mundo entero pagará por ello” (texto de Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, es catedrático de la Universidad de Princeton, publicado no El Pais, com a devida vénia - traducción de News Clips)

Espanha: “El Constitucional avala las selecciones vascas si no compiten contra España”

"El Tribunal Constitucional ha avalado la ley del Deporte del País Vasco de 1998 que atribuye a las federaciones deportivas vascas la representación del deporte federado vasco en los ámbitos “nacional e internacional”, siempre que en las competiciones internacionales no compita contra España, según fuentes jurídicas. La sentencia ha recaído en el recurso de inconstitucionalidad más antiguo que tenía pendiente el Constitucional. La Ley del Deporte del País Vasco fue impugnada en 1998, hace 14 años, por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y ha estado pendiente de resolver hasta ahora. Frente a esta sentencia, que será notificada previsiblemente la próxima semana, ha anunciado voto particular el magistrado Manuel Aragón Reyes y posiblemente se sume algún magistrado más. En concreto, el Gobierno del PP recurrió el artículo 16.6 de la ley vasca del Deporte, según el cual “la federación vasca de cada modalidad deportiva será la única representante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional”. El Gobierno del PP de entonces entendió que la ley vasca no tenía en cuenta que “la representación del deporte federado estatal corresponde a las federaciones españolas” y que la legitimación de las federaciones vascas para participar en las competiciones internacionales contraviene “la organización territorial del Estado”. En definitiva, el precepto impugnado vulneraba las competencias del Estado sobre las relaciones internacionales (artículo 149.1.3. de la Constitución) y en cultura (149.2). El Constitucional ha dictado una sentencia interpretativa en la que muestra su conformidad con el enunciado de la ley siempre que se trate de “deportes en los que no existan federaciones españolas”, o que en ningún caso se impidan las competencias del Estado sobre representación internacional del deporte español. La sentencia no define qué es deporte vasco pero, en principio, los deportes “en los que no existan federaciones españolas” serían los deportes federados propiamente vascos. Por ejemplo, pelota vasca, algunas modalidades de bolos (katxete, hirutxirlo), los harrijasotzailes (levantadores de piedras), trontzalaris (cortador de troncos con sierra), idi probak (arrastre de bueyes), aizkolaris (cortador de troncos con hacha) y sokatira (tirar de la cuerda), informa Sonsoles Zubeldia. Según las fuentes consultadas, estas federaciones podrían competir internacionalmente contra las de otros países. También podrán competir las federaciones vascas contra las de otros países siempre que a dichas competiciones no concurra España. Por tanto, tampoco podría competir la selección vasca de fútbol en ningún torneo en el que compita la selección española. El Constitucional recuerda que en materia de deportes la competencia fue asumida a través del Estatuto de Gernika y es exclusiva del País Vasco. No obstante, las competencias exclusivas de las autonomías tienen como límite las competencias propias del Estado, y en este caso la exclusividad no menoscaba la competencia que tiene el Estado en relación con las federaciones deportivas españolas. El Tribunal Constitucional tiene pendiente también otro recurso de inconstitucionalidad similar contra la ley del Deporte del Parlamento de Cataluña, desde 1999, que además es el último asunto del pasado siglo que tiene pendiente el Pleno. Por otra parte, el Tribunal Supremo hizo pública ayer una sentencia que tiene por decaído un recurso contra los estatutos de la federación vasca de fútbol que le atribuían la representación en las competiciones estatales e “internacionales”, porque este último término fue retirado por la Dirección de Deportes del País Vasco". (texto do jornalista Julio M. Lázaro do El Pais, com a devida vénia)

Espanha: "El Supremo mantiene que la federación vasca de fútbol no es 'internacional'

"El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la Abogacía del Estado contra la inscripción de los Estatutos de la Federación Vasca de Fútbol que atribuían a las federaciones vascas la representación del deporte vasco en las competiciones estatales e “internacionales”, porque este último inciso ya había sido excluido por el director de Deportes del Gobierno Vasco con anterioridad al recurso. El Supremo entiende que el recurso había perdido su objeto. El Tribunal Superior del País Vasco declaró nulos dos artículos de los Estatutos de la Federación Vasca de Fútbol, en cuanto atribuía a las federaciones vascas y las federaciones territoriales la representación del deporte vasco “en las competiciones estatales e internacionales” y la “representación del fútbol en las competiciones estatales e internaciones”. La Sala de lo Contencioso del Supremo, al examinar el recurso, conoció que en la misma fecha en que el TSJ vasco declaró nulos en ambos preceptos la expresión “e internacional”, el director de Deportes del Gobierno Vasco dictó una Resolución por la que inscribía en el Registro de Entidades Deportivas de Euskadi la modificación de dichos artículos en los Estatutos de la Federación Vasca de Fútbol, de modo que en ambos incisos de esos preceptos se excluía la expresión “internacional”. A instancias del Supremo, el abogado del Estado reconoció la desaparición de las expresiones, por lo que el Supremo ha declarado la pérdida de objeto del recurso y su desestimación" (texto do jornalista Julio M. Lázaro do El Pais, com a devida vénia)