Opinião: "Es el Estado de las Autonomías el problema?"

"Podemos, ¡sí podemos, claro que podemos! Nos lo tenemos que repetir mil millones de veces. De la crisis se sale por convicción, más que por conocimiento; es la fe que mueve montañas, la fe en un proyecto que, además, encarna una persona. Liderazgo y proyecto. En estos momentos de convulsión, los seres humanos volvemos a nuestras pulsiones más atávicas, aquéllas que nos han guiado durante tantos miles de años. El grupo necesita de un líder que ponga rostro a la esperanza colectiva de que lo podemos conseguir: la esperanza de que los sacrificios del presente sirven para algo, que son útiles y que el esfuerzo de todos ayuda a alcanzar ese objetivo. We can! Claro que sí, por supuesto. El proyecto debe trazar el camino. El sistema, el sistema jurídico-político, la Constitución, los Estatutos, las comunidades autónomas, los partidos… no pueden ser los obstáculos. Es absurdo pensar que no podremos solucionar los problemas, ni encarrilar las soluciones porque el ‘sistema’ lo impide: ¿Cuándo el ‘sistema’ ha podido con el empeño de los ciudadanos? ¿Cuándo se han invertido las reglas básicas de la convivencia democrática para que sean las reglas las que gobiernen el esfuerzo colectivo para solucionar una crisis como la presente? Las reglas, las jurídicas, no son como las de la física; si la Ley de la gravedad no es interpretable, las leyes administrativas, por el contrario, sí lo son. El único requisito es la buena fe, la voluntad, la determinación y el compromiso de todos en adaptar aquellas reglas para alcanzar el resultado colectivamente deseado. Qué hacer con el Estado de las Autonomías? Éste es fuente de ineficiencias, de costes innecesarios, de desgobierno, de corrupción… De todos los males del mundo mundial, pero es el único que tenemos. Cuando el barco está amenazado de hundimiento, no es el momento de cuestionarnos si el barco está bien o mal construido. ¡Ya lo discutiremos cuando lleguemos sanos y salvos a buen puerto! Ahora, estamos en mitad de la tormenta, y debemos hacer los remiendos imprescindibles para cerrar las vías de agua y continuar navegando: ésta es la prioridad, la única prioridad. La Constitución y en particular una de sus decisiones más polémicas, la de la organización territorial del Estado, no es, ni puede, ni debe ser un obstáculo. Al contrario, puede y debe ser una solución. Se equivocan quienes responsabilizan a la Constitución y al Estado de las Autonomías de los problemas. Las causas apuntan hacia otra dirección. Todos los dedos señalan hacia una: la política y los políticos. En la época de la bonanza del ladrillo, todos los políticos jugaron a brujos que convertían las piedras en fuentes de colores de las que brotaban mil y un perfumes, mas también lo hicimos los ciudadanos, quienes caímos capturados por el espejismo de la riqueza infinita. ¿Qué hace un político con una chequera ilimitada? Hacer crecer de manera ilimitada su esfera de poder e influencia. En el ámbito de las comunidades autónomas, los políticos, todos, se empeñaron en replicar al Estado creando Estados en pequeñito con, incluso, sus embajadas. Esta conversión de nacionalidades y regiones en micro-Estados no estaba prevista en la Constitución, pero tampoco estaba expresamente prohibida. A veces, más de las necesarias, se olvida lo que dice el artículo 2 de la Constitución española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Esto es lo que dice. A algunos les sorprende. Este artículo establece el triángulo mágico sobre el que se edifica nuestra organización territorial: unidad, autonomía y solidaridad. ¿Alguien puede pensar que una organización basada en este triángulo virtuoso puede ser obstáculo para la solución de los males que nos aquejan? La respuesta es evidente: no. El problema no es de sistema, sino de política y de políticos. Si al sistema se le puede y debe hacer una crítica, es la de no haber previsto esta deriva política de los reyezuelos territoriales. En aquellas fechas de ilusión, las del año 1978, pocos podían imaginar que nos íbamos a encontrar en una tesitura como la actual. Ahora, la prioridad es la de ponerle límites a la política: causa y solución de los problemas. Lamentablemente, lo sucedido el pasado jueves en el Congreso de los Diputados nos muestra el peor rostro de la política. El principal partido de la oposición está instalado en un guerracivilismo atroz en el que todo vale con tal de alcanzar de nuevo el poder, como si el tiempo se agotase, como si cuanto peor, mejor; el suicida empeño de que el hundimiento del barco beneficiará, en el fondo del mar, a los que se oponen a todo. ¡Qué mérito ser el capitán del barco hundido!
Estabilidad presupuestariaTambién nos ofrece lo mejor: la aprobación del proyecto de Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nos invita al optimismo. Lo que no había alcanzado ni la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, ni la Ley 15/2006 que la reformó, ni el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, lo consagra definitivamente la ley en tramitación: un poderoso elenco de medidas de disciplina, al servicio de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera. Medidas preventivas (advertencias motivadas), correctivas (sujeción a autorización del Estado de las operaciones de endeudamiento, aprobación de planes económico-financieros y de los de reequilibrio) y coercitivas (no disponibilidad de créditos, constitución de un depósito obligatorio en el Banco de España, multas coercitivas, envío de una delegación de expertos cuyas propuestas serán de obligado cumplimiento). Si fallan todas las medidas, se contempla el uso de la disposición constitucional del artículo 155 para que las obligaciones impuestas sean cumplidas de manera forzosa. Por último, los principios, las reglas y las disposiciones contenidas en la Ley vinculan a todas las administraciones, por lo que podrán ser impugnadas ante los tribunales, en particular ante el Tribunal Constitucional, las normas de las comunidades autónomas que las infrinjan. Se produce un salto cualitativo de la buena voluntad al Derecho. La futura ley contempla mecanismos suficientes y adecuados para que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. Se comienzan a dar los pasos en la buena dirección: la política reacciona frente a los problemas de la política” (texto dio jornalista Andrés Betancor do Expansion, com a devida vénia)