El primer encuentro del nuevo Gobierno con los barones autonómicos ha
servido de ensayo para el baile político que se vivirá en la aprobación de los
Presupuestos Generales para 2017. El hecho de que fuera el primer Consejo de
Política Fiscal y Financiera que presidía la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría simbolizó el cariz político del encuentro, que superó el plano
técnico de otras ocasiones. Como en todo gran choque, el ambiente se caldeó
horas antes. El PSOE, que gobierna en siete de las quince comunidades de
régimen común, condicionó su abstención sobre los objetivos de déficit y deuda
en el Congreso de los Diputados a que el límite de desequilibrio regional fuera
del 0,6 por ciento del PIB. Si el Gobierno se plegaba a sus exigencias y lo
subía al 0,7 garantizaba su voto a favor, señalan fuentes consultadas. Al mismo
tiempo, el Gobierno partía de la base de un 0,5 por ciento, por lo que al final
se impuso una decisión salomónica: el Consejo ha sacado adelante un objetivo de
déficit regional del 0,6 por ciento del PIB.
Barones y Gobierno también aprobaron un objetivo de déficit del 0,7
por ciento para este año, como se votó en la anterior cita de abril, y del 0,3
para 2018. La elección salió a favor del Ejecutivo. La mayor parte de las
comunidades socialistas se abstuvieron fruto del acuerdo entre PP y PSOE que ya
había firmado. Así lo hicieron Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla-La
Mancha, Cantabria y Asturias. Las autonomías díscolas, que votaron en contra
fueron, como era esperado, Cataluña y dos socialistas, Comunidad Valenciana y
Baleares.
En juego estaba sentar los mimbres para la aprobación de los
presupuestos, ya que estos se configuran a partir de los objetivos de
estabilidad -déficit y deuda- que Hacienda repartió a las comunidades
autónomas. En esta partida de póquer, todos venían con las cartas marcadas. De
hecho, algún consejero del PSOE como el de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso
Ruiz Molina, ya daba por bueno el 0,6 antes de entrar mientras que otros como
el de Valencia, Vicent Soler, exigía un 1,4 por ciento. Fuera del PSOE, el
vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exigió un 1,13 por ciento.
Sin embargo, fuentes socialistas han confirmado que este acuerdo ha
sido vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría
además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas.
La próxima reforma del sistema de financiación, que el Ejecutivo
deberá aprobar el año que viene, también salió a colación en el encuentro.
Varios barones protestaron que su discusión no estuviera en el orden del día
del CPFF. Sin embargo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se comprometió a
que el tema se incluya en la próxima Conferencia de Presidentes e la que los
presidentes autonómicos se reunirán con Mariano Rajoy. De esta forma, el Gobierno sella con acuerdo el primer Consejo de
Política Fiscal y Financiera de la legislatura. Sacar o no la votación era lo
de menos, ya que en el Consejo, Hacienda solo necesita el voto de una autonomía
para aprobar su propuesta. Hubo pacto político (ABC)
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