sexta-feira, dezembro 30, 2016

Espanha: Los barones autonómicos y el Gobierno aprueban suavizar el ajuste regional para 2017

El primer encuentro del nuevo Gobierno con los barones autonómicos ha servido de ensayo para el baile político que se vivirá en la aprobación de los Presupuestos Generales para 2017. El hecho de que fuera el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría simbolizó el cariz político del encuentro, que superó el plano técnico de otras ocasiones. Como en todo gran choque, el ambiente se caldeó horas antes. El PSOE, que gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común, condicionó su abstención sobre los objetivos de déficit y deuda en el Congreso de los Diputados a que el límite de desequilibrio regional fuera del 0,6 por ciento del PIB. Si el Gobierno se plegaba a sus exigencias y lo subía al 0,7 garantizaba su voto a favor, señalan fuentes consultadas. Al mismo tiempo, el Gobierno partía de la base de un 0,5 por ciento, por lo que al final se impuso una decisión salomónica: el Consejo ha sacado adelante un objetivo de déficit regional del 0,6 por ciento del PIB.

Barones y Gobierno también aprobaron un objetivo de déficit del 0,7 por ciento para este año, como se votó en la anterior cita de abril, y del 0,3 para 2018. La elección salió a favor del Ejecutivo. La mayor parte de las comunidades socialistas se abstuvieron fruto del acuerdo entre PP y PSOE que ya había firmado. Así lo hicieron Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. Las autonomías díscolas, que votaron en contra fueron, como era esperado, Cataluña y dos socialistas, Comunidad Valenciana y Baleares.
En juego estaba sentar los mimbres para la aprobación de los presupuestos, ya que estos se configuran a partir de los objetivos de estabilidad -déficit y deuda- que Hacienda repartió a las comunidades autónomas. En esta partida de póquer, todos venían con las cartas marcadas. De hecho, algún consejero del PSOE como el de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya daba por bueno el 0,6 antes de entrar mientras que otros como el de Valencia, Vicent Soler, exigía un 1,4 por ciento. Fuera del PSOE, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exigió un 1,13 por ciento.
Sin embargo, fuentes socialistas han confirmado que este acuerdo ha sido vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas.
La próxima reforma del sistema de financiación, que el Ejecutivo deberá aprobar el año que viene, también salió a colación en el encuentro. Varios barones protestaron que su discusión no estuviera en el orden del día del CPFF. Sin embargo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se comprometió a que el tema se incluya en la próxima Conferencia de Presidentes e la que los presidentes autonómicos se reunirán con Mariano Rajoy. De esta forma, el Gobierno sella con acuerdo el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la legislatura. Sacar o no la votación era lo de menos, ya que en el Consejo, Hacienda solo necesita el voto de una autonomía para aprobar su propuesta. Hubo pacto político (ABC)

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