Escreve o jornalista do La Provincia, Joaquin
Anastasio que "la tesis de Lisboa acorta en 155 millas la zona económica
del Archipiélago canario. Portugal reivindica el potencial de los islotes para
el turismo ecológico. De las Islas Salvajes decía el mítico naturalista francés
Jacques Cousteau que sus aguas eran las más claras y transparentes que jamás
hubiera visto en todo el planeta. Pero miradas desde el ángulo diplomático,
siempre se ha tratado de aguas turbias que han enfangando durante siglos las
relaciones entre España y Portugal. Situadas a 165 kilómetros (89 millas) al
norte del punto más cercano a Canarias -en la costa de Tenerife- y a 280 de
Madeira, las diferencias entre ambos países sobre el derecho de explotación de
sus aguas circundantes han sido recurrentes desde tiempos inmemoriales. Y
aunque los primeros navegantes y conquistadores al parecer consideraban estos
islotes pertenecientes al Archipiélago canario, fue Portugal quien dio primero
los pasos necesarios para sumarlas a su territorio y a su soberanía. Sobre esa
premisa, los litigios, aunque nunca graves, han ido apareciendo ocasionalmente,
el último de ellos hace apenas unas semanas tras la decisión del actual
presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, de hacer noche en una de estas
plataformas rocosas, lo que ha provocado el envío de un escrito del Gobierno
español a la ONU recordando sus posiciones al respecto. Canarias no quiere
quedar fuera de las posibles negociaciones.
Se trata de tres pequeñas islas (Salvaje Grande,
Salvaje Pequeña y Fora) y varios islotes más que en conjunto suman 2,7
kilómetros cuadrados de superficie, de terreno pedregoso y grandes acantilados
cuya única riqueza conocida la constituye la biodiversidad marina de sus aguas
y la existencia de hasta 50 especies endémicas en sus rocas y planicies.
Sin agua potable ni explotación de ningún tipo, fueron
declaradas en 1971 Reserva Natural por la administración portuguesa y forman
parte del Parque Natural de Madeira. Su población humana se reduce a un retén
de unos pocos guardas forestales desplazados desde Madeira que realizan labores
de vigilancia por turnos de tres semanas, y a un médico y ornitólogo que pasa
allí varias temporadas al año en una casa construida en los años sesenta.
Cual es el fondo de la polémica hispanolusa sobre
estas islas? No parece ser la soberanía sobre ellas, que claramente corresponde
a Portugal, sino el derecho a la explotación de las aguas que las circundan. Y
ello depende de si se considera que son islas habitadas y con actividad
económica, o meros islotes improductivos. Portugal cree lo primero, y España,
lo segundo.
El derecho marítimo internacional señala que el país
que ejerce la soberanía sobre cualquier isla tiene derecho a explotar su mar
territorial, es decir, las 12 primeras millas desde la costa. Y sólo si esa
isla está habitada y tiene actividad económica ese derecho se extendería hasta
las 200 millas, es decir, la franja de mar que constituye la llamada zona
económica exclusiva (ZEE). Si se reconoce ese derecho a Portugal en torno a las
Islas Salvajes, la propia zona económica exclusiva de Canarias se vería
reducida ya que ambas chocarían. Lisboa pretende que la frontera marítima no se
establezca desde Madeira, sino de las Salvajes, es decir, a mitad de camino
entre estos islotes y Canarias, a casi 45 millas de cada archipiélago.
En ese caso, habría que establecer una mediana
marítima equidistante entre ambos territorios, como la que está pendiente entre
Canarias y Marruecos, y acortaría en 155 millas la zona económica canaria por
el norte en toda esa área.
España considera que las Salvajes son islotes
"incapaces de sostener una población y actividad económica" y que,
por tanto, no actúan sobre el espacio marítimo al que el país tiene derecho a
ejercer cualquier tipo de explotación. Esta tesis es defendida con firmeza por
el abogado canario y especialista en la materia Felipe Baeza, que ya planteó el
asunto en 1977 en su libro Canarias y las aguas archipielágicas. "Las
Salvajes son un claro ejemplo de lo que en derecho marítimo internacional se
consideran islotes, sin capacidad para sostener una ocupación humana ni una
actividad económica estables y continuadas", señala.
Baeza tilda de "disparate jurídico" la
pretensión de Portugal de alargar su derecho de explotación de los recursos de
esas aguas hasta las 200 millas y señala que "la presencia de un farero,
de un retén de vigilancia o de un científico que observa el vuelo de las
pardelas no convierte un islote en isla". Señala que para otorgarle a un
territorio de estos la categoría de isla debe estar poblado y que solo en ese
caso se reconoce el derecho de gestión sobre las 200 millas marítimas en su
entorno. "No es el caso de estos islotes, y lo que debe hacer Madrid es
defender con firmeza su posición, cosa que no creo que esté haciendo",
asegura Baeza, quien concluye por todo ello que "la ZEE de Canarias va
mucho más las islas Salvajes, que quedan englobadas en ese espacio marítimo en
torno a Canarias sobre el que España tiene los derechos de explotación". Según Baeza, los pescadores canarios tienen por tanto
todo el derecho a tirar sus redes en la zona si respetan las 12 millas de
distancia de la costa. Portugal alega sin embargo que estos islotes, que
compró en 1971 a su propietario de entonces, el banquero portugués Luis de
Rocha, siempre han estado sujetos a cierta explotación económica, que están
habitados de facto por los guardias forestales que se desplazan allí para los
servicios de vigilancia, y que tienen un potencial de futuro en el campo del
turismo ecológico. Añade que lleva años luchando por salvaguardar el sistema
medioambiental y que ha logrado un equilibrio, tras erradicar la sobrepoblación
de cabras, conejos y ratones que tuvo en décadas pasadas. Se desconocen las
riquezas que esconden sus fondos marinos, a 4.000 metros de profundidad, aunque
se especula con la presencia de yacimientos de distintos metales.Desde el Gobierno de Canarias se defiende la posición española,
aunque exige al Ejecutivo de Madrid que le traslade toda la información sobre
la situación de este conflicto diplomático y que le integre en las
negociaciones que en su caso se establezcan con Portugal al respecto en el
futuro. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y
las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, señala que "está claro que
cuanto más amplia sea la zona marítima portuguesa, más pequeña será la
canaria" y que por tanto las dudas sobre el límite de la ZEE de Portugal
afectan al reconocimiento de las aguas archipielágicas canarias".
