Segundo o jornalista Daniel Toeldo do El Confidencial, "la reforma laboral aprobada por el PP desatasca los principales obstáculos para la privatización de las televisiones autonómicas. Véase, la ausencia de marco legal y de dinero para dar salida a parte de los 11.000 trabajadores que integran sus plantillas. Y es que el plan Báñez da vía libre a determinadas administraciones públicas para que recurran a expedientes de regulación de empleo (ERE) con indemnizaciones baratas de 20 días por año cuando puedan argumentar problemas financieros durante nueve meses consecutivos. Una disposición que parece pensada para facilitar el cierre de hasta 500 empresas públicas, entre ellas las eternamente deficitarias cadenas de televisión que mantienen artificialmente las autonomías. Según la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley, “a efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas (…) se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”. Unas dificultades económicas que deben prolongarse “durante tres trimestres consecutivos”. Eso sí, la disposición adicional tercera limita su aplicación a aquellos organismos públicos “que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”. Es el caso de las cadenas autonómicas, cuya principal fuente de ingresos al margen de las subvenciones es la publicidad. La medida no afectaría a los funcionarios pero sí al personal laboral, que depende del Estatuto de los Trabajadores. Aunque las televisiones autonómicas no precisan por lo general en sus cuentas qué porcentaje de su plantilla se corresponde con funcionarios de carrera, es lógico pensar que buena parte de sus empleados no goza de esa condición. Por ejemplo, únicamente mil de los 1.800 profesionales en la plantilla de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tienen plaza de funcionario. El 55% restante es personal laboral. Si ese porcentaje se hiciera extensivo al conjunto de cadenas, casi 6.000 efectivos podrían ser víctimas de la nueva regulación aprobada por el Ejecutivo. La propia RTVV ya ha puesto en marcha un proceso de reestructuración para reducir su nómina de forma drástica. Y es que el sector coincide en que el esfuerzo de privatización choca con un plantel inmanejable: las trece corporaciones o entes autonómicos que existen actualmente tienen en nómina a 10.834 profesionales. “Para entrar, es imprescindible que se adelgace la estructura de las cadenas, como ha hecho la valenciana, y que se reconozca la deuda, como es el caso de la catalana. A partir de ahí, nos interesa la producción de informativos y de programas cultural-divulgativos”, asegura Raúl Berdonés, fundador del Grupo Secuoya y uno de los potenciales interesados en el proceso en marcha. Además de la valenciana, otras autonómicas como la catalana (TV3) o la andaluza suman 2.200 y 1.600 personas, respectivamente. Muy lejos de privadas como Telecinco o Antena 3, que se manejan con entre 500 y 600.
RTVE respira tranquila
La medida no afectaría a RTVE, en tanto sus ingresos no proceden mayoritariamente de operaciones realizadas en el mercado. El Gobierno del PSOE lanzaba en enero de 2010 un nuevo modelo de financiación sin publicidad para la televisión pública, que cubre sus necesidades con aportaciones presupuestarias y tasas a telecos y operadores privados. La Corporación, que cuenta en sus filas con 6.400 trabajadores, ya sufrió en 2006 un megaexpediente de regulación de empleo, dentro del plan de saneamiento de la casa liderado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Real Decreto-ley parece garantizar que no se repetirán condiciones tan golosas como las planteadas entonces. El ERE planteaba la salida de más de 4.000 profesionales y la prejubilación de trabajadores con apenas 52 años y el 92% de su sueldo. El Partido Popular dejó claro ya desde la oposición cuál era su pretensión respecto a estos canales. Su programa electoral se comprometía a “estudiar la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando”. La reforma laboral no se ha olvidado de esta promesa. En esta línea, uno de los primeros Consejos de Ministros examinaba un anteproyecto de ley para modificar la Ley de la comunicación audiovisual, con el fin de que las comunidades autónomas puedan “decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas”. En roman paladino, el Ejecutivo buscaba abrir una vía para la cesión a la iniciativa privada del servicio público. Ahora facilita el ajuste de las dotaciones de personal. Las autonómicas no tendrán problemas para exhibir pérdidas. Según el informe que elabora anualmente Deloitte, estas cadenas ingresaron en su conjunto 808,8 millones de euros en 2010, algo por debajo de los 851,17 millones del año anterior. Sin ayudas públicas, la nada. Los ingresos publicitarios de las cadenas autonómicas se situaron en 245,69 millones, cifra que apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos de personal, que ascendieron a 500,94 millones. El resultado del ejercicio en las cadenas autonómicas arrojó un saldo negativo de 488,69 millones, sumando como ingresos las subvenciones recibidas. Si se descuentan las ayudas y las tasas, la evolución provoca cierto sonrojo. Estas televisiones ‘costaron’ al contribuyente la friolera de 1.297,49 millones”.
RTVE respira tranquila
La medida no afectaría a RTVE, en tanto sus ingresos no proceden mayoritariamente de operaciones realizadas en el mercado. El Gobierno del PSOE lanzaba en enero de 2010 un nuevo modelo de financiación sin publicidad para la televisión pública, que cubre sus necesidades con aportaciones presupuestarias y tasas a telecos y operadores privados. La Corporación, que cuenta en sus filas con 6.400 trabajadores, ya sufrió en 2006 un megaexpediente de regulación de empleo, dentro del plan de saneamiento de la casa liderado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Real Decreto-ley parece garantizar que no se repetirán condiciones tan golosas como las planteadas entonces. El ERE planteaba la salida de más de 4.000 profesionales y la prejubilación de trabajadores con apenas 52 años y el 92% de su sueldo. El Partido Popular dejó claro ya desde la oposición cuál era su pretensión respecto a estos canales. Su programa electoral se comprometía a “estudiar la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando”. La reforma laboral no se ha olvidado de esta promesa. En esta línea, uno de los primeros Consejos de Ministros examinaba un anteproyecto de ley para modificar la Ley de la comunicación audiovisual, con el fin de que las comunidades autónomas puedan “decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas”. En roman paladino, el Ejecutivo buscaba abrir una vía para la cesión a la iniciativa privada del servicio público. Ahora facilita el ajuste de las dotaciones de personal. Las autonómicas no tendrán problemas para exhibir pérdidas. Según el informe que elabora anualmente Deloitte, estas cadenas ingresaron en su conjunto 808,8 millones de euros en 2010, algo por debajo de los 851,17 millones del año anterior. Sin ayudas públicas, la nada. Los ingresos publicitarios de las cadenas autonómicas se situaron en 245,69 millones, cifra que apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos de personal, que ascendieron a 500,94 millones. El resultado del ejercicio en las cadenas autonómicas arrojó un saldo negativo de 488,69 millones, sumando como ingresos las subvenciones recibidas. Si se descuentan las ayudas y las tasas, la evolución provoca cierto sonrojo. Estas televisiones ‘costaron’ al contribuyente la friolera de 1.297,49 millones”.
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