“Un alto ejecutivo de una multinacional española
recibió, hace algún tiempo, una elevada indemnización por su jubilación y venta
de acciones, hecho que quedó recogido en varios artículos de prensa que
aparecían de forma destacada cada vez que se tecleaba su nombre en los
buscadores de Internet, principalmente Google. El directivo consideraba que
esto atentaba contra su privacidad y, además, podía convertirle en objeto de
robos o extorsiones y poner en peligro a su familia, por lo que decidió
contratar los servicios de una empresa especializada en borrar datos de la Red.
Al cabo de unos meses, al teclear otra vez su nombre en Google, ya no quedaba
rastro de aquella noticia. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de
dictaminar, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia
Nacional, que los buscadores como Google deben retirar los enlaces a informaciones
publicadas en el pasado si son lesivas para alguna persona y no son relevantes.
Es decir, reconoce que el llamado derecho al olvido puede prevalecer sobre el
derecho a la información. El buscador ya ha anunciado que pronto tendrá lista
una herramienta para que los europeos pidan la eliminación de esos enlaces,
pero hay empresas que ofrecen desde hace años este servicio. Y no solo a
particulares cuyos datos no son de interés público, sino también a figuras de
relevancia como políticos, famosos o empresarios. Lo hacen pidiendo la
supresión del enlace a la fuente original —ya sea un medio de comunicación, un
blog, un foro o un documento oficial como el BOE— o introduciendo informaciones
positivas que vayan sustituyendo a las que se consideren negativas.
“No se puede suprimir todo de golpe, hay que hacerlo
de forma estratégica para que no se note. Con el tiempo, podemos hacer
desaparecer cualquier dato. En un año, hasta podríamos conseguir que se
olvidara el caso Bárcenas”, asegura Diego Sánchez, presidente de Eliminalia, la
empresa a la que contrató aquel ejecutivo. “Cada vez tenemos más casos como
este. El año pasado atendimos a 220 políticos que querían suprimir datos o
informaciones que podrían perjudicar su imagen. También tuvimos unos 500 clientes
particulares, personajes de relevancia pública, empresas o bancos”, continúa.
“Algún político, por ejemplo, no quiere que se sepa que tiene empresas o pide
eliminar noticias molestas o incidentes negativos; otros quieren mejorar su
reputación en general”. El precio puede ir desde 100 euros por hacer
desaparecen un dato personal del BOE hasta 20.000 por los trabajos más
difíciles. ¿Cuánto le cobrarían a Bárcenas? “Por lo menos 100.000”.
“Con el tiempo podríamos hacer que se olvidara el
‘caso Bárcenas”
Elisabet Baille, socia de otra empresa de borrado de
datos, Voluntad Digital, considera que la sentencia del TJUE ayudará a resolver
casos hasta ahora imposibles de cerrar. “Cuando el dato que se quiere ocultar
procede de un medio de comunicación o del BOE, el responsable está identificado
y casi siempre, si se trata de personas particulares sin relevancia, logramos
la retirada del enlace o la sustitución de un nombre completo por iniciales.
Pero cuando se trata de un blog o un foro antiguo, a veces no podemos encontrar
al responsable y no tenemos más remedio que pedírselo al buscador”, explica
Baille. Su empresa, que nació hace unos dos años, recibe 20 consultas al mes,
la mayoría de particulares. “No todos acaban contratando el servicio, pero
estamos notando mayor demanda porque la gente ya empieza a saber que puede
hacerlo”, apunta.
Cualquier ciudadano, no solo políticos o famosos,
puede verse perseguido eternamente por informaciones negativas sobre su persona
que en algún momento fueron relevantes y legítimas pero han quedado obsoletas.
Verónica Alarcón, directora jurídica de Eprivacidad, otra firma dedicada a la
eliminación de enlaces, ha solucionado decenas de casos de clientes —que
prefieren mantenerse en el anonimato precisamente para no volver a aparecer en
Google—. Por ejemplo, el de un hombre que fue detenido por una presunta
vinculación con una organización criminal rusa. Decenas de noticias sobre su
arresto aparecieron en la prensa, con sus enlaces en Internet, pero ninguna
posterior que aclarara que el delito nunca pudo ser probado. Otro cliente, un
sacerdote director de un colegio, fue acusado falsamente de corrupción de
menores y, aunque su causa fue archivada, seguía apareciendo en la Red como
pedófilo. “De nada había servido su absolución, pues había perdido su trabajo y
seguía condenado por la sociedad”, dice Alarcón. “En casos como este los medios
suelen colaborar. No borran ni modifican informaciones que forman parte de sus
archivos, lógicamente. Pero les ponen unos códigos a esos enlaces para que los
buscadores no los encuentren”. Pero no siempre las fuentes originales ceden de forma
amistosa. Esos son los casos que acaban en la Agencia de Protección de Datos o
en los tribunales, como los 220 que hay pendientes en la Audiencia Nacional
contra Google y que han forzado el dictamen del TJUE. Alarcón, que lleva varios
litigios, subraya que su empresa y otras similares nunca eliminan un enlace
clandestinamente. “No somos hackers. Si no lo conseguimos de forma amistosa, lo
denunciamos y vamos a juicio”, dice.
Hay personas que utilizan la Red para vengarse de sus
exparejas
No obstante, algunas situaciones requieren un
tratamiento especial en el que no funcionan ni los requerimientos amistosos ni
las citaciones judiciales. “Hay personas que publican datos, fotos
comprometidas o informaciones falsas de exparejas o de otras personas por
venganza. En esos casos, cualquier petición puede ser contraproducente (el
llamado efecto Streisand), por lo que usamos otras vías. Por ejemplo, si son
fotos o insultos publicados en blogs o redes sociales, solicitamos a esas
plataformas que los elimine, y suelen hacerlo”, dice Samuel Parra, otro socio
de Eprivacidad.
Derecho al olvido tras la muerte
El Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación publicó hace dos años un estudio que reflejaba la creciente
preocupación de los ciudadanos por la privacidad en Internet. Cuatro de cada 10
internautas españoles declararon haber solicitado que borraran o cancelaran sus
datos personales de algún registro o plataforma. Entre los usuarios de redes
sociales, el 42,5% afirmó que le resultaba difícil gestionar la privacidad en
su perfil, e incluso un 7,2% reconoció que le había resultado imposible hacerlo
en alguna ocasión. La mayoría (84,4%) opinó que toda persona tiene derecho a poder
eliminar su rastro en Internet, y solo el 6,7% piensa que el derecho al olvido
es una forma de censura y cree que el derecho a la información debe primar
sobre el derecho a la protección de datos.
Otra inquietud aumenta entre los internautas: ¿qué
ocurre con toda la información que queda en la red sobre una persona cuando
muere? “Cada vez tenemos más clientes que acuden a nosotros no para borrar
datos propios, sino los de un familiar”, asegura Elisabet Baille, de Voluntad
Digital, que ofrece un servicio específico para gestionar la reputación de
fallecidos en Internet. “No es agradable que cada vez que tecleas el nombre de
un ser querido en Google aparezca una multa de tráfico, la foto de su orla o
comentarios desagradables en blogs o redes sociales. Nosotros hacemos que esos
enlaces desaparezca y ayudamos también a gestionar todas las cuentas y perfiles
que hayan podido quedar abiertas”, explica. Sus clientes, afirma, son sobre
todo familiares de internautas jóvenes que tuvieron mucha actividad digital en
vida. Se calcula que unos 30 millones de perfiles de Facebook pertenecen a
personas fallecidas en todo el mundo” (texto da jornalista do El Pais, RAQUEL
VIDALES, com a devida vénia)