“Año 1985, Europa afronta graves problemas de competitividad, las
reconversiones industriales están a la orden del día bajo el liderazgo de
Margaret Thatcher, los países del sur europeo que salen de dictaduras no
terminan de despegar... La CEE no puede competir con Japón, una potencia
industrial y financiera en clara expansión, ni tampoco con los EEUU de Ronald
Reagan, en su particular burbuja económica y financiera. La Comisión Delors
decide actuar e impulsa la creación del Mercado Único, pero choca con los
intereses nacionales de Francia, la Alemania federal o de España. Es necesario
un empuje complementario.
Vicomte Étienne Davignon, Comisario de Industria del 1977 al 1985,
ofrece la clave en el documental Brussels Business, de Friedich Moser y
Matthieu Lietaert. “No había los suficiente contactos entre la Comisión y los
actores económicos” explica el belga, que añade “decidimos crear un grupo de
industriales, que terminaría llamándose el ERT, con la capacidad de escuchar a
los Consejeros Delegados”. Estaba los Agnelli de Fiat, representantes de
Phillips, de la sueca Volvo, las grandes químicas francesas o empresarios españoles...
Cuando se encontraron con Delors vieron que compartían el mismo objetivo,
reducir las trabas empresariales dentro del Viejo Continente, según reconoce
David Richarson, secretario general de ERT durante 10 años.
La carta que envió el CEO de Phillps a los Jefes de Estado y Gobierno
europeos en diciembre de 1985 ilustra el empuje complementario que ansiaba
Delors: “Queremos que actúen de una forma u otra. Si no aprueban el Mercado
Único quizás no nos dejen otra salida que sacar nuestro negocio fuera”. Amenaza
o recomendación, juzguen ustedes, pero es el origen de los lobbies en la UE.Tres décadas después, la European Round Table of Industrialists (ERT) es
uno de los mayores grupos de presión en Europa, pero se refiere a sí mismo como
un club donde se reúnen 50 grandes empresarios para analizar la realidad
económica europea. La investigadora política de la American University en
Washington, Maria Green Cowles, prefiere hablar de la primera vez que las
multinacionales se organizan a propósito con fines políticos en Europa para
influir en la política comunitaria.
¿Cómo trabaja un lobbista?
6.500 lobbies presionarían dentro de la UE en pro de los intereses
empresariales, pero también para colectivos profesionales, representando a
regiones europeas o apoyando legislaciones que defienden grupos de opinión.
Esta cifra es la que muestra el Registro de la Transparencia lanzado en 2011
por la Comisión Europea y el Europarlamento. Un registro incompleto, según la
Alianza para la Transparencia de los Lobbies y la Regulación Ética (Alter-EU),
porque no incluye la actividad particular de grandes empresas en favor de sus
intereses ni a firmas que deciden no inscribirse, porque aunque se aliente a
ello con facilidades para trabajar en las instituciones, no es obligatorio.
Gigantes como Adidas, BBVA y Goldman Sachs, la minera Rio Tinto, Walt
Disney o la empresa de defensa estadounidense Northrop Grumman no aparecen
aunque las oficinas de asuntos corporativos de la Unión sí reflejen sus
encuentros y actividades con legisladores, funcionarios o políticos.
Esta es la principal actividad de un lobbista, organizar reuniones con
personalidades relevantes de la actividad política comunitaria o diseñar y
celebrar eventos públicos, para discutir alguna materia de interés para sus
representados. Una labor de constantes relaciones públicas según el lobbista
Pascal Kerneis, del European Service Forum, no para tener una posibilidad, sino
para crearla. El antiguo experto legal de la Comisión Europea afirma que “la
gente piensa que los legisladores son las instituciones pero hay otro mundo por
detrás sobre cómo influir, cómo redactar un texto, cómo acercar una buena
idea”.
Martin Pigeon de CEO, el Observatorio Europeo Corporativo, reconoce que
los lobbistas siguen de cerca el trabajo legislativo en la Eurocámara o la
Comisión. Pero cree que el verdadero problema serían los grupos de expertos
creados para analizar un sector, con presencia mayoritaria del mundo privado y
exigua del académico y científico. “Se da la llave de las políticas europeas a
estas personas porque la Comisión no tiene los suficientes expertos internos
para hacerlo, un problema fundamental y que debe hacernos reflexionar todo el
tiempo cuando hablamos de lobbistas, cuando vemos a los expertos, sobre de
dónde vienen, quién los ha puesto y quién les paga”.
Tras el estallido de la crisis financiera, la Comisión Barroso lanzó un
grupo de expertos para analizar la futura reforma del sector bancario y evitar
las malas praxis. Su nombre, De Larosière Group, porque su presidente era
Jacques de Larosière, antiguo Director Gerente del FMI y exgobernador del Banco
de Francia. Una persona cualificada para dirigir la tarea pero que desde 1998
es asesor de BNP Paribas, entidad francesa que colocó miles de millones de
euros en paquetes subprime por el sistema financiero global. El informe del
Grupo de Expertos ha sido uno de los pilares para diseñar la unión bancaria que
será efectiva en noviembre.
Ninguno de los 30 grandes bancos europeos, los considerados sistémicos
por el BCE (si quiebran pueden hundir el sistema financiero, como ocurrió en
2008 con Lehman Brothers), aparecen entre las 93 compañías que más gastan en
actividad lobbista en la UE. ¿Significa que no presionan a los políticos en pro
de sus intereses? El sistema financiero europeo diversifica sus demandas por
una pluralidad de asociaciones, consultoras de representación y grandes bufetes
de abogados.
Dentro de los 20 lobbies que más gastaron en 2013 en la UE están tres
importantes asociaciones financieras. La Association for Financial Markets in
Europe, con 10 millones de euros, es la quinta por gasto; AMICE (la Asociación
de Mutuas Aseguradoras y Cooperativas de Seguros en Europa, en sus siglas en
inglés) aparece un poco más abajo con 6 millones; en el puesto 15º está la
todopoderosa European Banking Federation (EBF), que representa a más de 4.500
entidades con 2,3 millones de trabajadores. Son datos del propio Registro de la
Transparencia de la UE, donde no está la European Financial Services Round
Table (EFR).
En marzo, con los debates al rojo vivo entre el Europarlamento y el
Consejo Europeo sobre cómo quebrar bancos insolventes, la EFR sacaba su informe
The Road Ahead (La ruta a seguir o El camino futuro, en una traducción no
literal) con recomendaciones claras al respecto. Pedía que en el consejo del
Mecanismo de Liquidación estuvieran representantes nacionales y que todo el
poder no recayera en el BCE. Esos días de discusiones, los thinks-tanks de
Bruselas celebraron conferencias sobre la nueva regulación bancaria.
Representantes de las asociaciones del sector como ISDA, de derivados y
futuros, o la EBF acudieron y difundieron su mensaje. Esta última asociación
pedía revitalizar el mercado de valores, una referencia implícita a las
limitaciones actuales para operar con ciertos derivados, los instrumentos que
permiten invertir en acciones, deuda o mercancías pero sin comprarlas
directamente.
Este mes de mayo, el BCE y el Banco de Inglaterra publicaban un
documento conjunto donde pedían a la UE que redujera las restricciones para
operar con los instrumentos financieros ABS, responsables de propagar la crisis
subprime por EEUU y más tarde por todo el globo. Y la propuesta se está
discutiendo en el G7. Bancos como Deutsche Bank emitían también un comunicado
público apoyando la vuelta a la flexibilización de estas prácticas. Siete años
después del inicio de la crisis subprime el lobby financiero parece que
recupera para sus interesados el terreno perdido.
A por el nuevo maná energético: el ‘shale gas’
En la pasada cumbre entre la UE y EEUU celebrada en Bruselas, el
presidente estadounidense Barack Obama ofrecía a la UE el shale gas, atrapado
entre formaciones rocosas, que extraen las energéticas en el subsuelo de su
país. Un ofrecimiento en medio de la crisis de Ucrania, bajo las amenazas de
Moscú de una nueva guerra del gas y con la dependencia energética europea
puesta de relieve. Lo hacía porque en Europa extraer shale gas es complicado
por las trabas medioambientales nacionales y porque la UE está inmersa en una
política de reducción de emisiones de CO2. Una central de carbón cercana a la ciudad alemana de Neurath
(Reuters).La creación de eventos es la estrategia fundamental que siguen desde
hace años los lobbys energéticos europeos e internacionales para conseguir
explotar el también conocido como gas de esquisto. En 2012, autoridades
regionales, fundaciones públicas, entes gubernamentales... todos de Canadá,
organizaron en torno a cien eventos en la UE para apoyar la explotación del
shale gas y también del oil sand, crudo incrustado en la arena que exige un
alto volumen de emisión de CO2 para su extracción y posterior producción. Sin
contar los festivos y fines de semana, por todo el territorio comunitario había
una conferencia, charla o presentación pública sobre esta industria cada dos
días. Organizaciones como EUROGAS o Gas Infraestructure Europe estaban detrás
de ellas.
Para organizar eventos en las instalaciones del Europarlamento debe
existir la invitación de al menos tres legisladores europeos. El 20 de
noviembre de 2012, en la sede de Estrasburgo, una exposición titulada en inglés
¿Cómo el shale gas transformará Europa? apostaba por el fracking (la inyección
agua en el subsuelo para extraer hidrocarburos) y por ese tipo de gas. Contaba
con la presencia de dos vicepresidentes de la Cámara, el español Alejo Vidal
Cuadras y el polaco Jacek Protasiewicz, y de Herbert Paul, de la delegación
alemana del PPE. La organizaba Citizens Coalition for Responsible Energy
(Coalición ciudadano para una energía responsable), lo que apuntaba a su
imparcialidad al presentar los beneficios económicos y los pocos costes
medioambientales.
Este periodista ha podido acceder a un mail privado del
europarlamentario Michéle Rivasi, de la Comisión de Medioambiente, dirigido a
Protasiewicz donde le explicaba que
detrás de esa supuesta iniciativa ciudadana están las energéticas polacas
PGNiG, KGHM o LOTOS y le alertaba de las consecuencias para la salud de las
personas y para la naturaleza que conlleva explotar el shale gas, según los
informes del propio Europarlamento. La exposición se celebró igual.
La oportunidad de oro que pueden tener las energéticas mundiales para
lanzarse a por el shale gas europeo son los nuevos tratados de libre comercio e
inversión que se negocian con EEUU y Canadá. Antoine Simon, de la organización
Friends of Earth Europe, señala que “sabemos que en el TTIP (La Asociación
Trasatlántica para la Inversión y el Comercio, en sus siglas en inglés) con
EEUU habrá un capítulo energético y por lo tanto las exportaciones de frack gas
a Europa serán un asunto importante a discutir”. Pero no sólo hablamos de
comprar productos foráneos sino también de los mecanismos legales que incluyen
estos tratados. Permiten a las empresas denunciar a los Estados si consideran
que sus legislaciones van contra estos supra-acuerdos. Antoine Simon explica
“el lobby del shale gas quiere dar ese paso a nivel europeo dentro del TTIP
para destruir las barreras nacionales al fracking”.
Desde hace dos décadas, el Trasatlantic Business Council trabaja para
sacar adelante esta versión 2.0 de los Tratados de Libre Comercio. Como destaca
la publicación A brave new trasatlantic partnership de la red de organizaciones
sociales 'Seatle to Brussels Network', el objetivo no es eliminar las tarifas
arancelarias, que casi ya no existen. Ahora se “busca simplificar las
regulaciones sanitarias, medioambientales, laborales o agrícolas”, según la
propia Comisión Europea. Una afirmación que parece extraída de un documento de
trabajo de un lobby. Si este apoyo no fuera suficiente, en un evento reciente, Emma
Marcegaglia, la líder de la patronal Business Europe y expresidenta de italiana
Cofindustria, decía “tenemos miedos irracionales sobre el TTIP, creemos que es
la mejor forma de crear empleos y de generar crecimiento. No sólo para las
grandes multinacionales, también para las Pymes, porque un buen TTIP significa
que puedan acceder a un mercado complicado”. Durao Barroso, presidente de la
Comisión, estaba sentado detrás de la italiana. ¿Tomaría buena nota de las
recomendaciones de la patronal de patronales?
La legislación comunitaria sobre los lobbies
Creado el 23 de junio de 2011 entre el Europarlamento y la Comisión, el
Registro de la Transparencia alienta a las empresas, grupos de representación,
asociaciones profesionales, federaciones sectoriales o firmas de consultoría o
abogacía a que se inscriban para poder representar sus intereses ante la UE.
Los beneficios que ofrece son poder acceder a las instituciones comunitarias,
las bases de información y datos así como poder rastrear la legislación y los
trabajos que se realizan en la Comisión y Europarlamento. Si no lo hacen no
están penadas, pero deben buscar subterfugios administrativos, como figurar
como periodistas, para acceder a los edificios de la UE. El Registro divide a los 6.555 lobbies apuntados en 6 grandes grupos:
Consultarías profesionales y Bufetes; Grupos de presión dentro de las empresas;
Organizaciones no gubernamentales y Plataformas; Grupos de reflexión y
académicos; Organizaciones con fines religiosos; y por último Organizaciones
que representan a autoridades locales. El propio Registro explica las causas de
la inscripción de los lobbies, porque “la relación de las instituciones
europeas con asociaciones ciudadanas, ONG, empresas, organizaciones comerciales
y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etc., es constante, legítima
y necesaria para mantener la calidad de la democracia y la capacidad de ofrecer
políticas adecuadas a las necesidades y la realidad” (texto do El Confidencial
com a devida vénia)
