La mayoría de las fuerzas de oposición se inclinan por poner fin al andamiaje creado por el político, lo que plantea un nuevo dilema sobre la estrategia para hacer frente al chavismo en Venezuela. Poco antes de cumplir cuatro años, el llamado “gobierno interino” con el que Juan Guaidó desafió a Nicolás Maduro en 2019 se enfrenta a su probable fin tras una etapa de desgaste y pocos resultados frente a lo que fue su objetivo fundacional: lograr una transición política en Venezuela en el corto plazo. Este jueves, tres de los cuatro partidos del grupo conocido como G4 —Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, los de mayor representación en el país entre el conjunto de fuerzas opositoras— votarán con el propósito de dejar sin efecto la arquitectura institucional paralela que ha encarnado Guaidó desde el 23 de enero de 2019. Ese día, en virtud de su cargo de jefe de la Asamblea Nacional, asumió también el de “presidente interino”. Lo hizo durante un acto masivo en Caracas, cuando abanderaba la salida del chavismo del poder por medio de la presión política interna e internacional. Desde entonces el panorama ha cambiado de forma sustancial, empezando por los equilibrios en las filas opositoras. Este miércoles una supuesta suspensión de la sesión parlamentaria, luego desmentida por la mayoría de partidos, ha sido la última muestra de la crispación que genera una decisión que supondrá un antes y un después en la estrategia de la oposición para enfrentar a Maduro. En los últimos días, la continuidad del liderazgo de Guaidó ha recogido apoyos entre la sociedad civil, pero el escenario ya fue anticipado una semana atrás, cuando se dio un primer debate sobre las enmiendas del llamado Estatuto de la Transición Democrática. Con las reformas, por un lado, Guaidó, Voluntad Popular —el partido de Leopoldo López— y partidos minoritarios como Encuentro Ciudadano y Causa R buscan lograr una continuidad de la figura del interinato y, por otro, sus críticos plantean salvaguardar los activos que controla la oposición en el exterior a través de comisiones, sin condicionarlo a la existencia de una presidencia interina.
Los números son claros: 72 de 104 exdiputados que respaldaron a Guaidó en 2019 votaron hace una semana a favor de eliminar la figura de gobierno interino y reemplazarlo por un liderazgo de comités. “El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática. Fue un instrumento necesario en su momento, pero hoy estamos nombrando una comisión para la protección de los activos”, argumentó el diputado Alfonso Marquina.
Solo 23 parlamentarios rechazaron la idea de eliminar esta figura y calificaron la propuesta como un “golpe parlamentario”. Este grupo considera que de aprobarse el fin del interinato se abriría el camino para “el reconocimiento internacional del Gobierno de Maduro”, lo que supondría un retroceso “en los avances internacionales logrados en todos estos años de luchar por desenmascarar al régimen”, dijo en referencia a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas. En un comunicado, el sector afín a Guaitó pidió convocar una sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo unitario.
El Bloque Constitucional de Venezuela, que agrupa a destacados juristas venezolanos, también advirtió de las consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales que acarrearía el fin de esta etapa. Una de ellas, según este grupo, sería poner en vilo el acuerdo sobre el uso de 3.000 millones de dólares de esos fondos venezolanos congelados en extranjero para la atención social, firmado recientemente en las negociones de México. Mediante un comunicado, los exmagistrados Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor y el experto en derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, solicitaron “a todas las organizaciones políticas de oposición iniciar un urgente proceso de dialogo, con miras a solventar todas las diferencias que les separan en esta difícil coyuntura, teniendo siempre presente el mejor interés de los venezolanos”.
En un sondeo presentado a principios de diciembre por la encuestadora Delphos, el 56,8% de venezolanos dijo estar de acuerdo con la “desaparición” por completo del gobierno interino, mientras que el 15% expresó su preferencia porque siga, pero sin Juan Guaidó a la cabeza. Por ello, el conflicto sobre darle un tiempo extra al interinato gira en torno a un grupo de parlamentarios electos en 2015, en la última elección que la oposición considera legítima. Estos diputados han continuado reuniéndose durante dos años a través de sesiones online después de que se venciera el período constitucional de sus mandatos en enero de 2021. Fue en ese momento cuando se renovó el Parlamento en unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional en las que el chavismo retomó el control total de la institución. A principios de diciembre, Guaidó solicitó nuevamente extender sus funciones por un año más y la mayoría de los integrantes de ese parlamento paralelo le respondió con una negativa.
Cuando Guaidó lanzó su desafío a Maduro, puso en marcha también una especie de estructura institucional a la sombra del Estado que siempre ha estado controlado por el Gobierno bolivariano. Nombró embajadores, representantes internacionales en la OEA y Naciones Unidas, presidentes ad hoc de empresas estatales como PDVSA y Monómeros y también de instituciones como el Banco Central de Venezuela y un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
Todo ese andamiaje se debía a que la oposición rechazó las elecciones presidenciales anticipadas de 2018 en las que Maduro quedó reelegido. Esos comicios tampoco tuvieron el reconocimiento de la mayoría de las instancias internacionales, que denunciaron falta de garantías. Con estas premisas, en enero de 2019, cuando llegó al poder el nuevo Gobierno de Maduro, Guaidó, que acababa de asumir la presidencia del legislativo, dio un paso adelante esgrimiendo una interpretación del artículo 233 de la Constitución y lanzó la idea de gobierno interino. Gracias al apoyo de Estados Unidos y otros países, logró dejar fuera del control del chavismo bienes del Estado venezolano en el exterior, especialmente en la Reserva Federal. Ese respaldo internacional también le ha servido para esquivar la cárcel, aunque no las amenazas, la persecución y las inhabilitaciones políticas. Pero parte de la pesada estructura se ha debilitado con los años, por los pocos resultados y las denuncias de malas prácticas, falta de transparencia y presunta corrupción. Así es como el gobierno interino se ha convirtió en un elefante en la habitación.
Arrinconada por la persecución de Maduro y el desencanto político de los venezolanos, la oposición está en un nuevo dilema sobre el rumbo a seguir en la crisis política, que tiene como próxima parada las primarias para escoger al contendiente del mandatario en las elecciones presidenciales de 2024, a las que Guaidó pretende llegar como presidente interino, pero también como candidato.
Esta disyuntiva también alcanza a Estados Unidos, el principal patrocinador del liderazgo de Guaidó, quien fue recibido con honores en la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump. La Administración de Joe Biden ha seguido reconociendo a Guaidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015, pero ha rebajado las presiones sobre las sanciones al Gobierno de Maduro logrando incluso la liberación de algunos presos estadounidenses tras una histórica visita de funcionarios de alto nivel concretada a principios de este año. Además, ha dado un margen de maniobra a Chevron para reactivar operaciones en el país sudamericano y también a algunas petroleras europeas en medio del descalabro en el mercado energético que ha desatado la guerra en Ucrania. Está por verse bajo qué figura, si dejara de existir la presidencia interina, aceptaría el Departamento del Tesoro mantener la protección sobre los fondos congelados en ese país.
Del lado de la Unión Europea, los países rebajaron el reconocimiento a Guaidó a principios de 2021 y dejaron de llamarlo presidente interino para considerarlo un líder de la oposición. En este contexto, también es incierto el futuro de 31 toneladas de oro que resguarda el Banco de Inglaterra, sobre las que el Gobierno de Maduro y el grupo de Guaidó han litigado para hacerse con el control en un proceso en el que las cortes británicas han dado reconocimiento a las juntas ad hoc nombradas por el dirigente opositor (El Pais, texto da jornalista Florantonia Singer)
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