terça-feira, dezembro 22, 2020

La patronal canaria del plátano rechaza el precio mínimo agrícola por miedo a perder más competitividad frente a la banana

La plataforma por un Precio Justo Auténtico para el Plátano defiende la medida incluida en el decreto-ley urgente aprobado en diciembre y pide comprobar “si es viable”. Más de 1.000 toneladas de plátanos de Canarias se quedan sin salida a Península durante la temporada invernal.

El coste de producción para el agricultor de plátano en Canarias oscila entre los 45 y 80 céntimos el kilo, según datos oficiales del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2008. Actualizado a 2020, con los incrementos basados en el salario mínimo o el Índice de Precios al Consumo, ese coste se aproxima a una horquilla de entre 0,55 y 0,90 céntimos. Al ser un producto que depende en mayor grado de las fluctuaciones del mercado, en algunos meses el agricultor puede percibir más de 1 euro o bajar hasta los 30 céntimos. La aprobación de un decreto-ley de modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria ha fijado que los agricultores, ganaderos o pescadores no pueden percibir un valor menor de lo que les cuesta producir; pero la patronal canaria del plátano teme que con esta medida la fruta pierda competitividad frente a la banana de importación.

Debe existir una “indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”. Así reza uno de los apartados del decreto aprobado en el Senado el pasado 2 de diciembre. Con esta norma, cada operador tiene que pagar al agente anterior un precio “igual o superior al coste efectivo de producción”, es decir, agricultores, ganaderos o pescadores deben percibir un pago que cubra sus costes de producción mediante un contrato escrito que lo certifique. Y, a su vez, parte de la premisa de que los costes de producción se cubren con los precios que se reciben del mercado. Sin embargo, hay subsectores, como es el caso del plátano, a los que no les basta con el beneficio que obtienen de la venta y necesitan ayudas (141 millones de euros anuales de fondos europeos) para poder ser competitivos a precios bajos frente a productos como la banana, que cada vez come más terreno a la fruta canaria por excelencia.

Ante este escenario, seis de los ocho grupos parlamentarios que componen el Senado firmaron una enmienda transaccional basada en dos documentos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos, en los que pedían expresamente exceptuar al plátano de varias de las medidas establecidas por el proyecto de ley, entre ellas, la fijación de precios mínimos en la cadena alimentaria. A pesar de que la norma busca un reparto equitativo del valor añadido y un reequilibrio mejorando la capacidad de negociación de los eslabones más débiles, como se reconocía en los documentos expuestos durante la sesión en la Cámara Alta, desde Coalición Canaria (CC) a Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco e incluso Más Madrid o Adelante Andalucía se suscribieron los documentos que recogían fijar la salvedad a la fruta canaria para evitar una perdida de competitividad frente a otros de importación, la retirada del producto del mercado o “la generación de una distorsión en la comercialización” que conllevaría a “la destrucción” del subsector en las Islas.

Sin embargo, el proyecto de ley fue respaldado por el PSOE y aprobado con 132 votos a favor frente a 125 en contra del Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) o el grupo Nacionalista. Acto seguido, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) lanzaba un comunicado “urgente” contra lo que consideraba algo “inaudito” y que supondría la destrucción de entre el “25 y 30% de la producción anual” y “la ruina” de los “8.000 productores” que dependen de la fruta. La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, también salió al paso y anunció que el ministerio del área debatirá las demandas de la organización: “En el actual decreto-ley, las cooperativas de productores, de cara a sus socios, están exentas y el precio por encima del coste de producción no se calculará de transacción a transacción, sino que se considerarán precios medios anuales y costes medios, por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se verá perjudicado”.

Comprobar la viabilidad de la medida

La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que data de 2013, comenzó tras las protestas en el campo a inicios de año, en las que se reclamaba principalmente un precio justo que cubriera los costes de producción. El decreto-ley fue presentado en febrero y el pasado 2 de diciembre fue ratificado por las Cortes Generales. Juan Carlos Rodríguez, de la plataforma por un Precio Justo Auténtico para el plátano y agricultor de la fruta, defiende esta medida y considera que, antes de rechazarla, “sería un poco más ético intentarlo un par de años para comprobar si es viable”.

Rodríguez critica que durante la semana 51, del 14 al 21 de diciembre, Asprocan previera que un 15% del corte se quedaría sin entrada al mercado peninsular. “Afirman que el 30% de la fruta se quedaría en Canarias si se paga un precio mínimo”, pero “ya hay fruta sin comercializar a pesar de que no está fijado el precio mínimo”. Además, en el caso de que no se pudiera establecer un precio fijo todo el año y se produzca más fruta de la que se pudiera comercializar, Rodríguez propone que se flexibilice la norma “para que uno o dos meses el precio se acerque al mínimo”, porque hay épocas durante el año en el que “baja hasta los 0,30 céntimos”.

Sin embargo, Asprocan replica que “no es tan sencillo” y critica que la ley está hecha “desde un despacho y sin conocer la realidad del mercado nacional e internacional día a día” del plátano y por eso ha invitado a las autoridades responsables a conocer esta situación. La patronal aclara que defiende una renta mínima para todos los agricultores, “pero un precio mínimo en un sistema libre de mercado no es la vía”, porque “es incompatible con las leyes de oferta y demanda: si el mercado no está dispuesto a pagar un precio, lo que hace es simplemente no comprar”.

La patronal explica que su estimación, es decir, no poder comercializar entre un 25 y un 30% de la producción anual si se aplica la norma, “se basa en un estudio de la ley en los ejercicios desde 2016 a 2019, que fue trasladado a las autoridades desde el pasado mes de mayo y que en ningún caso ha sido negado por el Ministerio de Agricultura como escenario”. Asprocan añade que “hoy la banana se vende a pérdidas en España”, compitiendo con el plátano “a precios de 0,35 euros el kilo sin cumplir las mismas normas”, mientras que la fruta canaria “se vende a más de 0,70 céntimos; luego “se venden al consumidor a 1 euro la banana y a 2,5 o 3 euros el plátano”.

Por todo ello, Asprocan considera que mantener un precio mínimo para el plátano, no ayudaría al agricultor si “con eso se vende menos del 70% de su producción”, se produce un “doble estrangulamiento, por la parte de abajo y por la de arriba, para el que la ley de la cadena no ofrece solución alguna” (Canarias Ahora)

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Más de 1.000 toneladas de plátanos de Canarias se quedan sin salida a Península durante la temporada invernal

Asprocan indica que parte de la fruta que no ha podido absorber el mercado se envía a bancos de alimentos y otra “será retenida en campo o destinados a mercado local”. Las primeras picas o retiradas de plátano de Canarias del mercado peninsular durante la temporada de invierno superan las 1.000 toneladas. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) asegura que durante la semana del 7 al 14 de diciembre (semana 50) se cortaron 6,9 y embarcaron a territorio continental unos 6,2 millones de kilos, la cantidad que ha podido absorber el exclusivo destinatario del producto. Y la previsión es que para los 7 días siguientes (semana 51)-cuando se enviarán 6,6 de un total de los 7,8 millones de kilos de la fruta que ha sido cortada en ese periodo-, se retiren de forma obligatoria 824.084 kilos y, de manera voluntaria, unos 353.179 kilos, es decir, el 15% de la admitida en el mercado.

Parte de la fruta que no pudo ser comercializada en la denominada semana 50 se destinará a bancos de alimentos, unos 210.000 kilos “pendientes de autorización de la Consejería de Agricultura”, y 534.900 kilos de plátanos “serán retenidos en campo o destinados a mercado local”, señala Asprocan. Es decir, que se enviarán a complejos ambientales, a gestores autorizados privados, se usará como alimento para el ganado local o se tendrán que destruir. Y respecto a la pica del 14 al 21 de diciembre, la organización indica que "la retirada de mercado está pendiente de autorización por parte de la Consejería de Agricultura", mientras que está en espera "de confirmar el volumen" que se destinará a bancos de alimentos.

Esta situación se produce en una época en la que tradicionalmente los precios del plátano mejoran en la Península o Baleares y la fruta tiene mayor salida. Por estas fechas, en 2019 se pagaba a cerca de dos euros el kilo y el agricultor recibía más de 1,2 euros, unas cifras que hacen altamente rentable su comercialización. Sin embargo, la cantidad colocada en el mercado nacional ha sido muy inferior a la de la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre, cuando ascendió a más de 8 toneladas.

El plátano además debe competir en el mercado peninsular con la cada vez mayor presencia de la banana importada. En el mes de septiembre, últimos datos disponibles y recogidos del blog Hojas Bananeras, basado en datos oficiales de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, se enviaron desde las Islas 24.869 toneladas de plátanos a Península y Baleares, mientras que se importaron 24.734 toneladas de banana. Esta cifra también ha sido similar en el recuento anual. De enero a septiembre se embarcaron 285.154 toneladas de plátanos y 227.647 de bananas importadas.

La fruta casi hegemónica del Archipiélago y altamente subvencionada hace tiempo que dejó de ser un producto exclusivo en el mercado peninsular. Desde hace años la banana cada vez le come más espacio comercial. La fruta importada llegó a situarse entre el 43% y el 60% de la oferta en 2018, adelantando al plátano durante ocho meses consecutivos. En 2019 la tónica fue similar, con la mitad de la oferta para cada fruta, de forma aproximada.

En contra de fijar un precio mínimo de venta

Además, desde Asprocan han saltado todas las alarmas después de que el Senado aprobara un decreto urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria en el que se recoge que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo, según ha explicado el Ministerio de Agricultura. Ello a través de un contrato desde el primer eslabón de la cadena (entre agricultor y primer comprador) para dejar constancia de que el precio es siempre igual o superior al coste de producción.

Esto implica la fijación de un precio mínimo para el plátano. Ante las constantes fluctuaciones del valor de la fruta en el mercado, Asprocan ha sostenido que si no se excepciona al plátano de esta medida se destruiría “entre el 25% y el 30% de la producción anual” y afectaría a las “15.000 familias” dependientes de este subsector. Para evitar esta situación, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) o la Agrupación Socialista Gomera (ASG), entre otras formaciones, pactaron una enmienda al proyecto para que el plátano quedase excluido de la medida que finalmente no fue incluida tras su aprobación en el Senado el pasado 2 de diciembre con 155 votos a favor, 99 en contra y 11 abstenciones.

Este desenlace ha propiciado un cruce de acusaciones en comunicados y redes sociales entre CC y PSOE: los primeros responsabilizando a los socialistas, especialmente a los ocho representantes de las Islas en la Cámara Alta, de asestar un “golpe de muerte” al subsector, según manifestó el senador Fernando Clavijo en una nota. Los segundos, en boca de la senadora del PSOE por Tenerife Olivia Delgado por la misma vía, afirmó que la formación nacionalista trata de engañar a los agricultores, pues la aprobación del decreto implica su protección frente a abusos para que “cobren el precio que le cuesta la producción”. Respecto al plátano, reconoció “compartir” la preocupación de Asprocan “cuando caen los precios de la fruta por exceso de oferta”, por lo que ha tendido la mano a la organización para desarrollar un proceso de diálogo y consenso que aborde esta cuestión.

También salió al paso la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, quien ha manifestado “entender” la petición de Asprocan por “los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el año”, que además compite en el mercado peninsular con la banana, “donde las condiciones laborales distan mucho de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior”. Pero ha aclarado que lo que se aprobó en el Senado es un decreto ley de medidas urgentes y será con la futura Ley de la Cadena Alimentaria cuando se pueda incluir la petición de la organización, una vez se apruebe “de forma definitiva en las Cortes”.

Asprocan estima “incierto” esperar a la aprobación de una ley “que como muy pronto entrará en vigor a mediados del 2022”, aunque el Gobierno central espera que sea antes del 1 de noviembre de 2021. Por ello, reclama “un documento escrito en el que se garantice que las consecuencias de daños no podrían tener lugar” y ha invitado al ministro de Agricultura, Luis Planas, para conocer “las circunstancias, condiciones de funcionamiento, mercado y necesidades del sector platanero de las islas”.

141 millones de euros anuales

Todo ello a pesar de que el plátano canario recibe desde 2007 unos 141 millones de euros anuales de la Unión Europea (UE), enmarcados en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), que supone más del 50% del total de los 268,4 millones que recibe el sector primario y los importadores en las Islas para permitir su supervivencia.

Asprocan también alzó la voz para rechazar cualquier recorte de la ficha destinada a la fruta isleña cuando el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, manifestó que se mantendría un recorte del 3,9% en el Posei, lo que implicaba 70 millones de euros menos para los próximos siete años. Pero finalmente, la UE acordó mantener intacta la ficha, pero con matices: los países miembros de las que forman parte las Regiones Ultraperiféricas (RUP) que reciben el Posei deben sufragar el 50% del recorte del 3,9% a través de los fondos de sus respectivas dotaciones de la Política Agraria Común.

Esta noticia fue celebrada por Asprocan, la consejería de Agricultura del Gobierno regional y el Ministerio del ramo, instituciones que no se verán obligadas a tener que elegir qué parte del programa (agricultores, ganaderos, importadores o el subsector platanero) deberían recortar o, por el contrario, mantener los fondos con los presupuestos generales. Sin embargo, la decisión de mantener la ficha está confirmada para 2021 y 2022 y no el septenio de duración del Posei, por lo que se tendrá que volver a negociar (Canarias Ahora)

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