La plataforma por un Precio Justo Auténtico
para el Plátano defiende la medida incluida en el decreto-ley urgente aprobado
en diciembre y pide comprobar “si es viable”. Más de 1.000 toneladas de
plátanos de Canarias se quedan sin salida a Península durante la temporada
invernal.
El coste de producción para el agricultor de plátano en Canarias oscila entre los 45 y 80 céntimos el kilo, según datos oficiales del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2008. Actualizado a 2020, con los incrementos basados en el salario mínimo o el Índice de Precios al Consumo, ese coste se aproxima a una horquilla de entre 0,55 y 0,90 céntimos. Al ser un producto que depende en mayor grado de las fluctuaciones del mercado, en algunos meses el agricultor puede percibir más de 1 euro o bajar hasta los 30 céntimos. La aprobación de un decreto-ley de modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria ha fijado que los agricultores, ganaderos o pescadores no pueden percibir un valor menor de lo que les cuesta producir; pero la patronal canaria del plátano teme que con esta medida la fruta pierda competitividad frente a la banana de importación.
Debe existir una “indicación expresa de que
el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el
coste efectivo de producción”. Así reza uno de los apartados del decreto
aprobado en el Senado el pasado 2 de diciembre. Con esta norma, cada operador
tiene que pagar al agente anterior un precio “igual o superior al coste
efectivo de producción”, es decir, agricultores, ganaderos o pescadores deben
percibir un pago que cubra sus costes de producción mediante un contrato
escrito que lo certifique. Y, a su vez, parte de la premisa de que los costes
de producción se cubren con los precios que se reciben del mercado. Sin
embargo, hay subsectores, como es el caso del plátano, a los que no les basta
con el beneficio que obtienen de la venta y necesitan ayudas (141 millones de
euros anuales de fondos europeos) para poder ser competitivos a precios bajos
frente a productos como la banana, que cada vez come más terreno a la fruta
canaria por excelencia.
Ante este escenario, seis de los ocho
grupos parlamentarios que componen el Senado firmaron una enmienda
transaccional basada en dos documentos presentados por el Partido Popular y
Ciudadanos, en los que pedían expresamente exceptuar al plátano de varias de las
medidas establecidas por el proyecto de ley, entre ellas, la fijación de
precios mínimos en la cadena alimentaria. A pesar de que la norma busca un
reparto equitativo del valor añadido y un reequilibrio mejorando la capacidad
de negociación de los eslabones más débiles, como se reconocía en los
documentos expuestos durante la sesión en la Cámara Alta, desde Coalición
Canaria (CC) a Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco e incluso Más
Madrid o Adelante Andalucía se suscribieron los documentos que recogían fijar
la salvedad a la fruta canaria para evitar una perdida de competitividad frente
a otros de importación, la retirada del producto del mercado o “la generación
de una distorsión en la comercialización” que conllevaría a “la destrucción”
del subsector en las Islas.
Sin embargo, el proyecto de ley fue
respaldado por el PSOE y aprobado con 132 votos a favor frente a 125 en contra
del Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) o el grupo Nacionalista. Acto
seguido, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias
(Asprocan) lanzaba un comunicado “urgente” contra lo que consideraba algo
“inaudito” y que supondría la destrucción de entre el “25 y 30% de la
producción anual” y “la ruina” de los “8.000 productores” que dependen de la fruta.
La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
Alicia Vanoostende, también salió al paso y anunció que el ministerio del área
debatirá las demandas de la organización: “En el actual decreto-ley, las
cooperativas de productores, de cara a sus socios, están exentas y el precio
por encima del coste de producción no se calculará de transacción a
transacción, sino que se considerarán precios medios anuales y costes medios,
por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se verá perjudicado”.
Comprobar la viabilidad de la medida
La modificación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, que data de 2013, comenzó tras las protestas en el campo a inicios
de año, en las que se reclamaba principalmente un precio justo que cubriera los
costes de producción. El decreto-ley fue presentado en febrero y el pasado 2 de
diciembre fue ratificado por las Cortes Generales. Juan Carlos Rodríguez, de la
plataforma por un Precio Justo Auténtico para el plátano y agricultor de la
fruta, defiende esta medida y considera que, antes de rechazarla, “sería un
poco más ético intentarlo un par de años para comprobar si es viable”.
Rodríguez critica que durante la semana 51,
del 14 al 21 de diciembre, Asprocan previera que un 15% del corte se quedaría sin
entrada al mercado peninsular. “Afirman que el 30% de la fruta se quedaría en
Canarias si se paga un precio mínimo”, pero “ya hay fruta sin comercializar a
pesar de que no está fijado el precio mínimo”. Además, en el caso de que no se
pudiera establecer un precio fijo todo el año y se produzca más fruta de la que
se pudiera comercializar, Rodríguez propone que se flexibilice la norma “para
que uno o dos meses el precio se acerque al mínimo”, porque hay épocas durante
el año en el que “baja hasta los 0,30 céntimos”.
Sin embargo, Asprocan replica que “no es
tan sencillo” y critica que la ley está hecha “desde un despacho y sin conocer
la realidad del mercado nacional e internacional día a día” del plátano y por
eso ha invitado a las autoridades responsables a conocer esta situación. La
patronal aclara que defiende una renta mínima para todos los agricultores,
“pero un precio mínimo en un sistema libre de mercado no es la vía”, porque “es
incompatible con las leyes de oferta y demanda: si el mercado no está dispuesto
a pagar un precio, lo que hace es simplemente no comprar”.
La patronal explica que su estimación, es
decir, no poder comercializar entre un 25 y un 30% de la producción anual si se
aplica la norma, “se basa en un estudio de la ley en los ejercicios desde 2016
a 2019, que fue trasladado a las autoridades desde el pasado mes de mayo y que
en ningún caso ha sido negado por el Ministerio de Agricultura como escenario”.
Asprocan añade que “hoy la banana se vende a pérdidas en España”, compitiendo con
el plátano “a precios de 0,35 euros el kilo sin cumplir las mismas normas”,
mientras que la fruta canaria “se vende a más de 0,70 céntimos; luego “se
venden al consumidor a 1 euro la banana y a 2,5 o 3 euros el plátano”.
Por todo ello, Asprocan considera que
mantener un precio mínimo para el plátano, no ayudaría al agricultor si “con
eso se vende menos del 70% de su producción”, se produce un “doble
estrangulamiento, por la parte de abajo y por la de arriba, para el que la ley
de la cadena no ofrece solución alguna” (Canarias Ahora)
***
Más de 1.000 toneladas de plátanos de Canarias se quedan sin salida a Península durante la temporada invernal
Asprocan indica que parte de la fruta que
no ha podido absorber el mercado se envía a bancos de alimentos y otra “será
retenida en campo o destinados a mercado local”. Las primeras picas o retiradas
de plátano de Canarias del mercado peninsular durante la temporada de invierno
superan las 1.000 toneladas. La Asociación de Organizaciones de Productores de
Plátanos de Canarias (Asprocan) asegura que durante la semana del 7 al 14 de
diciembre (semana 50) se cortaron 6,9 y embarcaron a territorio continental
unos 6,2 millones de kilos, la cantidad que ha podido absorber el exclusivo
destinatario del producto. Y la previsión es que para los 7 días siguientes
(semana 51)-cuando se enviarán 6,6 de un total de los 7,8 millones de kilos de
la fruta que ha sido cortada en ese periodo-, se retiren de forma obligatoria
824.084 kilos y, de manera voluntaria, unos 353.179 kilos, es decir, el 15% de
la admitida en el mercado.
Parte de la fruta que no pudo ser
comercializada en la denominada semana 50 se destinará a bancos de alimentos,
unos 210.000 kilos “pendientes de autorización de la Consejería de
Agricultura”, y 534.900 kilos de plátanos “serán retenidos en campo o
destinados a mercado local”, señala Asprocan. Es decir, que se enviarán a
complejos ambientales, a gestores autorizados privados, se usará como alimento
para el ganado local o se tendrán que destruir. Y respecto a la pica del 14 al
21 de diciembre, la organización indica que "la retirada de mercado está
pendiente de autorización por parte de la Consejería de Agricultura",
mientras que está en espera "de confirmar el volumen" que se
destinará a bancos de alimentos.
Esta situación se produce en una época en
la que tradicionalmente los precios del plátano mejoran en la Península o
Baleares y la fruta tiene mayor salida. Por estas fechas, en 2019 se pagaba a
cerca de dos euros el kilo y el agricultor recibía más de 1,2 euros, unas
cifras que hacen altamente rentable su comercialización. Sin embargo, la
cantidad colocada en el mercado nacional ha sido muy inferior a la de la semana
del 30 de noviembre al 7 de diciembre, cuando ascendió a más de 8 toneladas.
El plátano además debe competir en el
mercado peninsular con la cada vez mayor presencia de la banana importada. En
el mes de septiembre, últimos datos disponibles y recogidos del blog Hojas
Bananeras, basado en datos oficiales de la Administración de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria, se enviaron desde las Islas 24.869
toneladas de plátanos a Península y Baleares, mientras que se importaron 24.734
toneladas de banana. Esta cifra también ha sido similar en el recuento anual.
De enero a septiembre se embarcaron 285.154 toneladas de plátanos y 227.647 de
bananas importadas.
La fruta casi hegemónica del Archipiélago y
altamente subvencionada hace tiempo que dejó de ser un producto exclusivo en el
mercado peninsular. Desde hace años la banana cada vez le come más espacio
comercial. La fruta importada llegó a situarse entre el 43% y el 60% de la
oferta en 2018, adelantando al plátano durante ocho meses consecutivos. En 2019
la tónica fue similar, con la mitad de la oferta para cada fruta, de forma
aproximada.
En contra de fijar un precio mínimo de
venta
Además, desde Asprocan han saltado todas
las alarmas después de que el Senado aprobara un decreto urgente de la Ley de
la Cadena Alimentaria en el que se recoge que cada operador de la cadena
alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o
superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los
precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo,
según ha explicado el Ministerio de Agricultura. Ello a través de un contrato
desde el primer eslabón de la cadena (entre agricultor y primer comprador) para
dejar constancia de que el precio es siempre igual o superior al coste de
producción.
Esto implica la fijación de un precio
mínimo para el plátano. Ante las constantes fluctuaciones del valor de la fruta
en el mercado, Asprocan ha sostenido que si no se excepciona al plátano de esta
medida se destruiría “entre el 25% y el 30% de la producción anual” y afectaría
a las “15.000 familias” dependientes de este subsector. Para evitar esta
situación, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) o la
Agrupación Socialista Gomera (ASG), entre otras formaciones, pactaron una
enmienda al proyecto para que el plátano quedase excluido de la medida que
finalmente no fue incluida tras su aprobación en el Senado el pasado 2 de
diciembre con 155 votos a favor, 99 en contra y 11 abstenciones.
Este desenlace ha propiciado un cruce de
acusaciones en comunicados y redes sociales entre CC y PSOE: los primeros
responsabilizando a los socialistas, especialmente a los ocho representantes de
las Islas en la Cámara Alta, de asestar un “golpe de muerte” al subsector,
según manifestó el senador Fernando Clavijo en una nota. Los segundos, en boca
de la senadora del PSOE por Tenerife Olivia Delgado por la misma vía, afirmó
que la formación nacionalista trata de engañar a los agricultores, pues la
aprobación del decreto implica su protección frente a abusos para que “cobren
el precio que le cuesta la producción”. Respecto al plátano, reconoció
“compartir” la preocupación de Asprocan “cuando caen los precios de la fruta
por exceso de oferta”, por lo que ha tendido la mano a la organización para
desarrollar un proceso de diálogo y consenso que aborde esta cuestión.
También salió al paso la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
quien ha manifestado “entender” la petición de Asprocan por “los cambios en los
precios de venta que sufre el plátano durante el año”, que además compite en el
mercado peninsular con la banana, “donde las condiciones laborales distan mucho
de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy
inferior”. Pero ha aclarado que lo que se aprobó en el Senado es un decreto ley
de medidas urgentes y será con la futura Ley de la Cadena Alimentaria cuando se
pueda incluir la petición de la organización, una vez se apruebe “de forma
definitiva en las Cortes”.
Asprocan estima “incierto” esperar a la
aprobación de una ley “que como muy pronto entrará en vigor a mediados del
2022”, aunque el Gobierno central espera que sea antes del 1 de noviembre de
2021. Por ello, reclama “un documento escrito en el que se garantice que las
consecuencias de daños no podrían tener lugar” y ha invitado al ministro de
Agricultura, Luis Planas, para conocer “las circunstancias, condiciones de
funcionamiento, mercado y necesidades del sector platanero de las islas”.
141 millones de euros anuales
Todo ello a pesar de que el plátano canario
recibe desde 2007 unos 141 millones de euros anuales de la Unión Europea (UE),
enmarcados en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la
Insularidad (Posei), que supone más del 50% del total de los 268,4 millones que
recibe el sector primario y los importadores en las Islas para permitir su
supervivencia.
Asprocan también alzó la voz para rechazar
cualquier recorte de la ficha destinada a la fruta isleña cuando el comisario
europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, manifestó que se mantendría un recorte
del 3,9% en el Posei, lo que implicaba 70 millones de euros menos para los
próximos siete años. Pero finalmente, la UE acordó mantener intacta la ficha,
pero con matices: los países miembros de las que forman parte las Regiones
Ultraperiféricas (RUP) que reciben el Posei deben sufragar el 50% del recorte
del 3,9% a través de los fondos de sus respectivas dotaciones de la Política
Agraria Común.
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