"El sector «progresista» no logró el aval de otro magistrado que hubiese provocado el voto de calidad de la presidenta. Las esperanzas de que el Tribunal Constitucional pudiese resolver el recurso del Partido Popular contra el Estatut después de casi tres años desde su admisión a trámite se desvanecieron ayer de un plumazo. Las diferencias respecto al polémico artículo 8, en el que se recoge que «Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno», hicieron inviable un acuerdo de mínimos que contase, al menos, con el respaldo de cinco magistrados, y, de esa forma, sacar adelante la sentencia con el voto de calidad de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas. Y es que las posiciones se mantuvieron invariables respecto a las últimas deliberaciones, pese al optimismo que existía en un sector del tribunal que confiaba en que el «progresista» Manuel Aragón o el «conservador» Guillermo Jiménez, vicepresidente del TC, diese finalmente su apoyo a la ponencia de Elisa Pérez Vera. Aragón, según fuentes jurídicas, pedía que de forma expresa se recogiese en el fallo de la sentencia lo relativo a que la nacionalidad catalana se incluye dentro de la nación española y a su unidad. Finalmente, ninguno de los dos avaló el texto de Pérez Vera, en el que era quinto borrador de sentencia. Fuentes jurídicas señalaron de respaldar esa redacción suponía avalar todo lo relativo al término «Nación», tal como viene recogido en el Preámbulo de la norma estatutaria. De esta forma, la votación arrojó el mismo resultado que en las anteriores ocasiones: cuatro votos a favor y seis en contra de la ponencia. La presidenta, María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugeni Gay y la propia ponente respaldaron el texto presentado, mientras que Guillermo Jiménez, Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez–Zapata lo hacían en contra. Una vez más, las posibilidades de cerrar un acuerdo que facilitara la sentencia quedaron en aguas de borrajas. En la reunión de ayer, prácticamente, no hubo debate alguno. Las posiciones parecían marcadas desde el principio. A las doce y media de la mañana, los diez magistrados comenzaban la reunión y abandonaban la sala apenas horas después. «Entraron casi directamente a votar», señalaron al respecto las fuentes consultadas. Nada había cambiado.Renuncia
En ese momento, la posición de Elisa Pérez Vera se antojaba ya insostenible. Ninguna de sus propuestas había concitado el apoyo necesario para salir adelante y la decisión de ayer fue algo más que un jarro de agua fría. Por ello, y ante esa tesitura, no le quedaba otra opción que renunciar a la ponencia, y eso fue lo que hizo. Sabía que quienes tenían un proyecto de sentencia diferente al suyo, más «duro» con el Estatut, según algunas fuentes, eran mayoría en el tribunal. El quinto borrador declaraba inconstitucional 15 artículos del Estatut, sobre todo los que hacían referencia al Poder Judicial –en los que existía una práctica unanimidad de los magistrados–. Entre esos preceptos figuraba el 95, que determina que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no el Tribunal Supremo, es la última instancia jurisdiccional «de todos los procesos» iniciados en la comunidad autónoma. El artículo que concedía competencias exclusivas al Síndic de Greuges tampoco planteaba dificultades. La mayoría del TC consideraba inconstitucional su actual redacción, ya que no se puede impedir que un ciudadano catalán pueda acudir también al Defensor del Pueblo. Además, el texto de Pérez Vera cuestionaba también otra veintena de artículos, aunque dejaba su constitucionalidad o no a que las leyes orgánicas que los regulasen se ajustasen a los parámetros recogidos por la Carta Magna. Con la votación de ayer se cerraba un nuevo capítulo en el largo y tortuoso camino que debe desembocar, con un calendario ahora que es toda una incógnita, con una resolución sobre el Estatut. Y todo ello, con un tribunal en el que el mandato de cuatro de sus integrantes –María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Rodríguez Zapata– expiró en diciembre de 2007 –llevan en funciones dos años y cuatro meses– y en el que a finales de este año ocurre lo mismo respecto a los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Además, está pendiente la vacante producida tras el fallecimiento de Roberto García Calvo. Una situación, cuando menos, insostenible para el buen crédito de la Institución" (fonte: La Razon)
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