"Tenemos que cambiar y dejar atrás una era dominada por la ineficacia y el sectarismo, empezando por un radical giro en la forma de actuar y de pensar que nos convierta en mejores ciudadanos, capaces de elegir a representantes más cualificados para defender nuestros intereses. Sería un error que los ciudadanos creyeran que no cabe otra actitud en mitad de la tormenta que la de resignarse y esperar a que otros vengan con el paraguas. Cada comunidad autónoma no va a superar sola la recesión pero sí puede hacer antes mucho por ir soltando lastre a fin de situarse, libre de intereses cautivos, en una posición óptima para cuando escampe.
Canarias no debe bajar la guardia para que se cumplan los convenios de financiación firmados con el Estado, ni tampoco puede poner en peligro su asistencia sanitaria ni su educación por exigencia de un déficit imposible de materializar. Pero ello no debe ser sinónimo de retrasar reformas en la estructura de su administración para frenar duplicidades y despilfarros derivados de la doble capitalidad con sedes en Tenerife y Gran Canaria, o de proceder a la disolución de empresas públicas ruinosas o que desarrollan unos servicios de dudosa justificación. Hablamos de la Policía Canaria, de la Televisión Autonómica o del pago de alquileres millonarios mientras mantiene edificios públicos infrautilizados o cerrados. Las circunstancias requieren reaccionar con vigor. Nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestro esfuerzo, un problema para abordar en serio. Llevamos quince años sin experimentar lo que es una crisis y eso ha creado una generación que no sabe sufrir para salir adelante. Nos resistimos a renunciar a una parte de nuestro bienestar por un mayor sacrificio.
Según el último barómetro del CIS, los políticos son por delante del terrorismo o de la inmigración el principal problema para los ciudadanos. La sociedad reclama mayor control, no sólo frente a la corrupción, sino también ante decisiones equivocadas de los representantes públicos que acaban por saquear el erario público. Esta demanda social, sin embargo, no ha supuesto un reforzamiento de los controles establecidos en la Constitución o en los propios estatutos de autonomía. En Canarias, sin ir más lejos, la Audiencia de Cuentas se ha convertido en una mera figura decorativa, cuando no en un cementerio de elefantes nutrido por jubilaciones doradas o el pago de favores electorales. En fin, el objetivo para el que fue creada brilla por su ausencia.
Esta semana hemos sido testigos de las consecuencias del incendio de La Gomera y de las acusaciones entre el Estado y Canarias sobre las responsabilidades del siniestro. Urge saber qué ocurrió con los protocolos de seguridad, y ello sólo es posible a través de una comisión de expertos independientes de reconocido prestigio. Otras experiencias nos han llevado a la conclusión de que los tentáculos de los partidos terminan por pudrir cualquier investigación con componendas de todas clases. La sociedad civil ya no se fía, y está cansada de tener que ir a los juzgados para descubrir la verdad.
Los especialistas auguran que España seguirá contrayéndose el próximo año. En vez de aplicar paños calientes donde no son tan necesarios hay que abordar cambios con decisión. Hace falta apostar por el trabajo productivo y por la innovación, prestigiar las cosas bien hechas y la honradez, dejar de abusar de las bajas laborales sin fundamento y de atiborrarse de medicinas gratis, renunciar a la picaresca, a las chapuzas en negro o a los excesos del seguro de desempleo que convierten en preferible permanecer en paro antes que molestarse en buscar un empleo.
Hace falta también poner fin al despilfarro que ha llevado a abrir aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos y edificios emblemáticos vacíos, a conceder subvenciones injustificadas que hacen ricos a empresarios en actividades ruinosas o a engordar un sector público ineficiente del que cuelgan multitud de chiringuitos costosos, inútiles y clientelares. A los políticos les cuesta adelgazar sus engendros. La grasa innecesaria siempre rebota, como en las malas dietas. El desempleo tiene mucho de estructural, de apuesta equivocada por un modelo productivo inconsistente. No se vence penalizando a la industria con una energía a precio de oro, que la coloca de partida en condiciones desfavorables para competir con sus rivales. Tampoco acordándose de los pequeños empresarios y de los autónomos sólo cuando tocan elecciones. Nadie habla de la urgencia de abordar un plan de empleo para jóvenes, los grandes damnificados de la ola de desesperanza, ni de acometer más liberalizaciones. Nadie ha invertido un minuto en convencernos: sí, esto es duro, pero después del esfuerzo aguarda una recompensa mayor. Con todo, la principal reforma es un cambio de mentalidad que lleve parejos una política y unos políticos diferentes que sustituyan a los actuales por otros más competentes, más austeros y más honrados. Unos representantes que entiendan su función como acto de servicio a la sociedad, que cuenten con los mejores, sin las mezquindades y sectarismos que tantas veces hemos visto en los nombramientos de los entes de la Administración. Y dar paso a una auténtica renovación que aleje cualquier tentación populista de pescadores en río revuelto, de salvapatrias y dictadores disfrazados de demócratas. Que abra de par en par las puertas al optimismo con un mensaje de esperanza, de respeto y de confianza en nuestra capacidad de regeneración para salir adelante.
La distancia entre los políticos y los ciudadanos está agigantándose sin que a los primeros parezca importarles demasiado. Tanta despreocupación es peligrosa. Si nadie combate con conductas ejemplares el desprestigio institucional lamentaremos las consecuencias. Hacen falta liderazgos que ayuden a mantener los referentes, no que utilicen el desconcierto para medrar. Cuando el mundo recobre la calma -y lo hará a poco que EE UU mejore, Europa tenga estabilidad y tiren los tigres emergentes-, no puede pillarnos en las mismas condiciones que el día en que todo estuvo a punto de irse al garete. Canarias no iba ser menos: llevamos décadas y décadas de espectáculo” (Editorial do La Provincia, com a devida vénia)
Canarias no debe bajar la guardia para que se cumplan los convenios de financiación firmados con el Estado, ni tampoco puede poner en peligro su asistencia sanitaria ni su educación por exigencia de un déficit imposible de materializar. Pero ello no debe ser sinónimo de retrasar reformas en la estructura de su administración para frenar duplicidades y despilfarros derivados de la doble capitalidad con sedes en Tenerife y Gran Canaria, o de proceder a la disolución de empresas públicas ruinosas o que desarrollan unos servicios de dudosa justificación. Hablamos de la Policía Canaria, de la Televisión Autonómica o del pago de alquileres millonarios mientras mantiene edificios públicos infrautilizados o cerrados. Las circunstancias requieren reaccionar con vigor. Nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestro esfuerzo, un problema para abordar en serio. Llevamos quince años sin experimentar lo que es una crisis y eso ha creado una generación que no sabe sufrir para salir adelante. Nos resistimos a renunciar a una parte de nuestro bienestar por un mayor sacrificio.
Según el último barómetro del CIS, los políticos son por delante del terrorismo o de la inmigración el principal problema para los ciudadanos. La sociedad reclama mayor control, no sólo frente a la corrupción, sino también ante decisiones equivocadas de los representantes públicos que acaban por saquear el erario público. Esta demanda social, sin embargo, no ha supuesto un reforzamiento de los controles establecidos en la Constitución o en los propios estatutos de autonomía. En Canarias, sin ir más lejos, la Audiencia de Cuentas se ha convertido en una mera figura decorativa, cuando no en un cementerio de elefantes nutrido por jubilaciones doradas o el pago de favores electorales. En fin, el objetivo para el que fue creada brilla por su ausencia.
Esta semana hemos sido testigos de las consecuencias del incendio de La Gomera y de las acusaciones entre el Estado y Canarias sobre las responsabilidades del siniestro. Urge saber qué ocurrió con los protocolos de seguridad, y ello sólo es posible a través de una comisión de expertos independientes de reconocido prestigio. Otras experiencias nos han llevado a la conclusión de que los tentáculos de los partidos terminan por pudrir cualquier investigación con componendas de todas clases. La sociedad civil ya no se fía, y está cansada de tener que ir a los juzgados para descubrir la verdad.
Los especialistas auguran que España seguirá contrayéndose el próximo año. En vez de aplicar paños calientes donde no son tan necesarios hay que abordar cambios con decisión. Hace falta apostar por el trabajo productivo y por la innovación, prestigiar las cosas bien hechas y la honradez, dejar de abusar de las bajas laborales sin fundamento y de atiborrarse de medicinas gratis, renunciar a la picaresca, a las chapuzas en negro o a los excesos del seguro de desempleo que convierten en preferible permanecer en paro antes que molestarse en buscar un empleo.
Hace falta también poner fin al despilfarro que ha llevado a abrir aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos y edificios emblemáticos vacíos, a conceder subvenciones injustificadas que hacen ricos a empresarios en actividades ruinosas o a engordar un sector público ineficiente del que cuelgan multitud de chiringuitos costosos, inútiles y clientelares. A los políticos les cuesta adelgazar sus engendros. La grasa innecesaria siempre rebota, como en las malas dietas. El desempleo tiene mucho de estructural, de apuesta equivocada por un modelo productivo inconsistente. No se vence penalizando a la industria con una energía a precio de oro, que la coloca de partida en condiciones desfavorables para competir con sus rivales. Tampoco acordándose de los pequeños empresarios y de los autónomos sólo cuando tocan elecciones. Nadie habla de la urgencia de abordar un plan de empleo para jóvenes, los grandes damnificados de la ola de desesperanza, ni de acometer más liberalizaciones. Nadie ha invertido un minuto en convencernos: sí, esto es duro, pero después del esfuerzo aguarda una recompensa mayor. Con todo, la principal reforma es un cambio de mentalidad que lleve parejos una política y unos políticos diferentes que sustituyan a los actuales por otros más competentes, más austeros y más honrados. Unos representantes que entiendan su función como acto de servicio a la sociedad, que cuenten con los mejores, sin las mezquindades y sectarismos que tantas veces hemos visto en los nombramientos de los entes de la Administración. Y dar paso a una auténtica renovación que aleje cualquier tentación populista de pescadores en río revuelto, de salvapatrias y dictadores disfrazados de demócratas. Que abra de par en par las puertas al optimismo con un mensaje de esperanza, de respeto y de confianza en nuestra capacidad de regeneración para salir adelante.
La distancia entre los políticos y los ciudadanos está agigantándose sin que a los primeros parezca importarles demasiado. Tanta despreocupación es peligrosa. Si nadie combate con conductas ejemplares el desprestigio institucional lamentaremos las consecuencias. Hacen falta liderazgos que ayuden a mantener los referentes, no que utilicen el desconcierto para medrar. Cuando el mundo recobre la calma -y lo hará a poco que EE UU mejore, Europa tenga estabilidad y tiren los tigres emergentes-, no puede pillarnos en las mismas condiciones que el día en que todo estuvo a punto de irse al garete. Canarias no iba ser menos: llevamos décadas y décadas de espectáculo” (Editorial do La Provincia, com a devida vénia)
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