El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y los empresarios hoteleros por el que se libera de la recalificación a suelo rústico a 36 parcelas afectadas por la moratoria turística en la provincia de Las Palmas, abre la puerta a la edificación de nuevos proyectos de carácter turístico en zonas en las que se había detenido la creación de plazas alojativas en los últimos 25 años. Si bien el acuerdo no habilita en ningún momento la construcción de hoteles ni de ningún otro tipo de infraestructura turística, sí devuelve esa potestad al planeamiento urbanístico de cada municipio, que tendrá que ser quien decida junto con los propietarios de esas parcelas el uso que se le va a dar.
Según han podido confirmar el director general de Ordenación de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, la inmensa mayoría de estas parcelas están ubicadas en el sur de Gran Canaria (30) mientras que el resto se dividen entre Fuerteventura, con cinco parcelas y Lanzarote con solo una.
«Quieren dar la sensación de que la única salida es aceptar que haya más camas y no es así», dice Román Rodríguez
Cruz aclara que el Gobierno regional ha acabado cerrando este acuerdo porque de lo contrario, siguiendo con la reclasificación de los terrenos a rústicos, iba a tener que gastar aún más dinero para volver a ponerlos de nuevo en situación urbanística, ya que al ser parcelas rústicas en zonas urbanas/turísticas carecerían un poco de utilidad. Cruz recuerda que será ahora el planeamiento urbanístico el que determine tanto si se construye un espacio verde, una zona residencial o un hotel.
A su vez, ante las declaraciones de Román Rodríguez este jueves en las que apunta a la ley 17.1 de la Ley 6/2009 como la normativa sobre la que recaen las sentencias indemnizatorias, Cruz recalcó que no se puede entender lo que la moratoria turística inició en 2001 como algo independiente a la ley de ordenación territorial de 2009 y que en su momento, lo que hizo el Parlamento de Canarias fue tomar como referencia la ley de directrices del 2003 y desarrollarla para intentar cumplir con el objetivo de contener el crecimiento de plazas alojativas, apostando por la calidad y la renovación del sector turístico, modelo que el Gobierno actual está potenciando. «Son tres hitos que están enlazados y no se puede entender una ley sin la otra», apunta Cruz.
Aprobada por unanimidad
Por su parte, el secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias, Román Rodríguez quiso dejar claro que pese a que el ordenamiento jurídico se vincule a lo largo de los años, cada Parlamento canario ha tomado sus propias decisiones con el paso de los años y que existe una cosa que es «indiscutible» y es que las leyes del 2001 y del 2003 promovidas por el Gobierno que el dirigía no obtuvieron, pese a contar con un sinfín de demandas, «ni una sola sentencia condenatoria» en relación a la desclasificación de 390.000 camas turísticas, entre las que destacan las 20.000 de Veneguera al suroeste de Gran Canaria.
Por ello, Rodríguez tilda de «torticero» decir que estas indemnizaciones tienen vinculación y aclara que las leyes no las aprueban los presidentes, sino que son propuestas por los grupos parlamentarios y aprobados por la Cámara. En el caso de las leyes de 2001 y 2003, recuerda, fueron aprobadas por unanimidad, al contrario de la de 2009, la cual fue promovida por el pacto de gobierno entre CC y PP y que recibió la negativa del PSOE.
El expresidente del Gobierno de Canarias considera que es de «justicia» no dejar que se confunda a la opinión pública, algo que asegura está intentando hacer el Gobierno de Fernando Clavijo con una estrategia basada en «el engaño y en no decir la verdad. «Quieren dar la sensación de que no se puede hacer nada y que la única salida es aceptar que vayan a haber más camas turísticas» (Canarias7, texto do jornalista Javier Sheng Pang Blanco)
Sem comentários:
Enviar um comentário