Venezuela emplea "tácticas militares" para
reprimir protestas civiles. Esta es la conclusión que presenta el informe
publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), que denuncia que los
cuerpos de seguridad del país latinoamericano realizan torturas y ejecuciones
extrajudiciales presentadas públicamente en muchas ocasiones como
"supuestos enfrentamientos armados". El documento de la ONG de
derechos humanos, que analiza la situación de la seguridad en el país entre
2002 y 2017, alerta de un extendido clima de impunidad entre los cuerpos policiales,
que "ni garantiza que estos hechos no se repetirán, ni supone reparación
alguna a las víctimas".
"Me dijeron 'vete, vieja chismosa. Te voy a dar
un tiro en la cabeza", relata Zulay González a AI, a quien le increparon
las fuerzas de seguridad cuando en 2012 salió de su casa a la calle para
interceder por su hijo Mario, que estaba a punto de ser detenido por estas. Los
oficiales buscaban en las afueras de la capital venezolana a los integrantes de
una banda delictiva que había cometido un asesinato y se llevaron detenido a
Mario. Los peores augurios de la mujer, que ya había perdido meses atrás a otro
hijo, Luis Fernando, acribillado a tiros por varios hombres cuando conducía su
moto en algún punto del Estado de Miranda (en el norte del país), se confirmaron
tiempo después, cuando dio con el cadáver de Mario en la morgue de un hospital
de Caracas.
"Vi a mi hijo [Mario] y le limpié la cara. Tenía
un tiro en la cabeza", rememora González, a quien la violencia extrema que
azota Venezuela le ha arrebatado dos hijos. El país latinoamericano es en el
que más homicidios se cometen del mundo, con una tasa anual de 89 por cada
100.000 habitantes, según datos de la fundación que investiga el crimen
organizado Insight Crime (IC). La mayor parte de las muertes tienen lugar en
zonas urbanas pobres y el 60% de las personas asesinadas son hombres entre 12 y
29 años, según datos de organizaciones locales recogidos en el informe. Además
de este índice de criminalidad, Venezuela se enfrenta también a la ausencia de
respuesta judicial ante las graves violaciones de derechos humanos cometidos
por las fuerzas de seguridad estatales. AI denuncia que el 92% de las
violaciones de derechos humanos producidas en Venezuela queda impune, una cifra
que IC eleva al 98%. El número de ejecuciones extrajudiciales como la que
sufrió el hijo de González no se puede establecer con concreción debido a la
ausencia de organismos que registren datos oficiales. El informe de AI, que
consta de 58 páginas, recoge datos de la Fiscalía General de la República
relativos a 2016 y al primer semestre de 2017, años en los que se habrían
producido 4.667 y 1.848 muertes, respectivamente, a manos de funcionarios de
seguridad. La exfiscal Luisa Ortega, que dirigió la institución desde 2007
hasta 2017 cuando fue destituida por el Tribunal Supremo, controlado por el
chavismo, acusó el pasado noviembre al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte
Penal Internacional de ser responsable de más de 8.000 asesinatos cometidos
entre 2015 y 2017 por las fuerzas de orden público.
AI presenta en el informe varias realidades que
demuestran que el Gobierno del país sudamericano no está cumpliendo con la
obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La "nula
rendición de cuentas" por parte de las autoridades en operaciones en las
que se producen muertes de civiles, el "incremento progresivo y
constante" de la violencia armada que demuestran las estadísticas —que
señalan que los homicidios que se cometen con armas de fuego son el 85%, 11
puntos más que la media del continente— o la ausencia de datos oficiales
actualizados y concretos sobre muertes violentas son algunas de las situaciones
que la ONG denuncia en el documento. Como respuesta, AI insta al Gobierno venezolano a realizar
"instrucciones claras" acerca de cómo actuar en caso de que se
produzcan bajas civiles durante operaciones policiales. La ONG recomienda
iniciar una regulación seria de las armas de fuego para rebajar los índices de
criminalidad, e incide en que es necesario contar con datos oficiales del número
de homicidios y asesinatos extrajudiciales para evitar la impunidad de los
crímenes (El Pais)
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