El Gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado en los
últimos meses un nuevo método para consolidar el ejercicio de la censura: el
ataque cibernético y el bloqueo a portales informativos de contenidos
multimedia. Con el control gubernamental casi total de la televisión y la
radio, y el monopolio absoluto del papel para la prensa, que ya no es
dispensado a medios con línea editorial crítica, el universo digital, con las
redes sociales, es ahora casi el único espectro de la comunicación pública que
mantiene su vigor tradicional en Venezuela. Se trata de un procedimiento
depurado y selectivo. Lo lleva a cabo la estatal Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV) con la colaboración de empresas privadas que son
presionadas. Las principales víctimas han sido las páginas web de El Pitazo,
Runrunes y Armando.Info; además, la versión digital del diario El Nacional y el
portal La Patilla.com. Los tres primeros fueron fundados por periodistas que
migraron de medios tradicionales —que, tras ser adquiridos por capitales
chavistas, desarrollaron una línea editorial favorable a Maduro— y
especializados en periodismo de investigación, lo que les ha valido varios
premios internacionales. Los otros son dos de los portales más visitados y
populares de Venezuela. Todos tienen una línea crítica hacia el Gobierno de
Maduro y se han dedicado a evidenciar parte de las máculas de su
Administración.
El Instituto de Prensa y Sociedad pudo comprobar
—según su presidenta, Marianella Balbi—, con ayuda del Observatorio Abierto de
Interferencias de Internet, cómo el portal El Pitazo no estuvo disponible para
sus lectores desde conexiones fijas y móviles el pasado 13 de agosto. La página
Armando.Info también ha sufrido caídas desde el 29 de julio “con un bloqueo
irregular, no homogéneo, en 10 de los 22 test de censura que se realizaron”.
Dos días después, Crónica.uno recibió un ataque cibernético. En el estudio de
estos ataques también participó la ONG Venezuela Inteligente. Armando.Info está
integrado, entre otros, por los periodistas Ewald Scharfenberg, Alfredo Meza,
Joseph Poliszuk, Roberto Deniz y Maolis Castro. Los cuatro primeros viven fuera
del país, tras haber sido demandados por el empresario colombiano Alex Saab,
cercano al Gobierno, a quienes acusaron en documentados reportajes de colocar,
en contubernio con funcionarios oficiales, productos adulterados y con
sobreprecio en las bolsas de comida de uno de los programas de asistencia
oficial. César Batiz, director de El Pitazo, relata que el primer ataque al
medio se concretó el 7 de septiembre de 2017. “De tener 75.000 visitas diarias,
pasamos a 11.000 al día siguiente”. Otros dos bloqueos se han concretado en
2018: el 9 de abril y el 31 de julio. Batiz atestigua que, además de los
bloqueos oficiales, han identificado ataques cibernéticos “desde diferentes
máquinas que están referenciadas a otros países”, haciendo referencia a Rusia e
Irán.
El portal Runrunes, fundado por Nelson Bocaranda
Sardi, no puede ser visto desde muchos ordenadores en el país. Tampoco las
leídas columnas de denuncia de este conocido periodista, ni algunos de los
trabajos especiales más aplaudidos de sus periodistas, premiados en el
exterior. Según Balbi y Batiz, las modalidades de censura de El Pitazo han
ocurrido por interferencias de DNS y HTTP, el protocolo de transferencia de
conexión, “y demostraron”, sostiene Balbi, “que las teleoperadoras han
sofisticado las maneras de censurar este medio, que hace más difícil que los usuarios
en Venezuela puedan consultarlo desde los principales servicios de Internet”.
Después de los ataques, El Pitazo ha hecho un esfuerzo especial para colocar
sus reportes diarios en Twitter y WhatsApp. En 2017, durante la crisis política
y las protestas callejeras contra Maduro, también se registraron bloqueos en
contra de las televisoras Vivoplay, Venezolanos por la Información (VPI) y el
canal del poder legislativo, que domina la oposición, Capitolio TV. Una
comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición,
determinó la responsabilidad de la CANTV y la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) en el bloqueo de estos medios de información (El Pais)
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