terça-feira, janeiro 24, 2012

Comunidades Autónomas: “Gobierno condiciona la liquidez prometida a las autonomías a los ajustes y compromisos fiscales”

Escreve o jornalista Luis B. García do La Vanguardia que “el Ejecutivo de Rajoy valora muy positivamente el el acuerdo alcanzado en las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y anuncia un pacto territorial por la austeridad para eliminar duplicidades. "Si las circunstancias hacen que tengamos que trabajar todavía más para cumplir el objetivo de déficit, lo haremos". El Gobierno quiere sacudirse todas las dudas que haya podido agitar el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, en una entrevista en un diario alemán apuntó sus reservas sobre la posibilidad de que España no cumpla con el 4,4% del PIB. "Este Gobierno tiene como objetivo la creación de empleo y no se puede conseguir sin la reducción del déficit", ha advertido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y para ello es necesario que las comunidades autónomas cumplan también con tal objetivo. Para que así sea, el Ejecutivo instaura el incentivo de la liquidez a través de créditos ICO, la ayuda que supone el aplazamiento a 10 años la devolución de los anticipos a cuenta, pero una condición: quien no cumpla no disfrutará de estas ventajas. De esta forma, el Gobierno condiciona los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la consecución de los objetivos de déficit sobre la base de aplicación de medidas de ajuste, tareas de compromiso fiscal y la aplicación de reformas estructurales. Además, el Gobierno pone por delante la reducción de los organismos públicos para reducir duplicidades, una reducción que apenas se ha llevado a cabo en los últimos años a pesar de que existía un programa previsto desde el año 2010 y que ahora se traducirá en un pacto territorial. La portavoz no ha querido concretar si tras el encuentro del ministro Montoro con el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, Catalunya recibirá los 759 millones correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatut y se ha limitado a señalar que este asunto no fue objeto de la reunión del CPFF y que es un tema que debe analizarse de manera bilateral, con lo que ha abierto la puerta a que sea el propio Artur Mas y el presidente Rajoy quienes lo discutan en su próximo encuentro en Moncloa, previsto para el día 1 de febrero.
Pacto territorial para reducir la estructura administrativa
En cualquier caso, Sáez de Santamaría ha alavado la tarea de que está llevando a cabo el Govern en su tarea de austeridad, reformas, adelgazamiento de la administración y, en definitiva, en su compromiso por cumplir con el objetivo de déficit marcado. "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público. Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del CPFF la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público."Este Gobierno tiene dos objetivos, cumplir el déficit y realizar reformas estructurales para no defraudar la confianza de los españoles. Y ya tenemos medidas estructurales encima de la mesa y cada día toma decisiones para cumplir con el objetivo comprometido con la UE", ha señalado Sáenz de Santamaría. Además, la vicepresidenta ha remarcado la necesidad de realizar un adelgazamiento administrativo por que son más de 4.000 los organismos públicos en el país. Así, el pacto territorial por la austeridad tratará de evitar duplicidades y determinar en acuerdo con las autonomías cuál es la administración que puede adoptar mejor una determinada competencia.
Sanciones penales a los generales si es necessário
Los gestores públicos tendrán identificadas sus obligaciones en
la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno
. "No se puede sancionar una conducta ni administrativa ni penalmente si no hay una ley que recoja las obligaciones", ha explicado Santamaría. Así, cuando esté establecido el régimen de obligaciones de buen gobierno para los administradores públicos y gobernantes, el Gobierno se reserva la posibilidad de realizar reformas en el Código Penal a fin de adecuarlas a la normativa. Según Santamaría, la Ley de Estabilidad Presupuestaria reflejará las sanciones cuando haya incumplimiento, "otra cosa es la responsabilidad de los gestores públicos, que ahora están contenidas en el ámbito administrativo y contable". Por eso "primero hay que establecer las obligaciones legales de las administraciones en la Ley de Estabilidad pero también las obligaciones legales de los gobernantes en la Ley de Transparencia", ha explicado. Sobre las sanciones, la vicepresidenta ha señalado que algunas ya están tipificadas y que, aunque se habla de responsabilidades penales, lo que implica prisión, también pueden ser sanciones administrativas y la inhabilitación del responsable de un presupuesto público.
Reforma laboral: simplificación de contratos y estabilidad del empleo
La vicepresidenta también se ha referido a
la reforma laboral
que ya prepara el Gobierno tras el fracaso del diálogo social entre sindicatos y empresarios. Santamaría ha ratificado, aunque no con claridad, el anuncio del ministro de Economía Luis de Guindos a un diario norteamericano, donde se postuló a favor de un contrato único para el mercado laboral español: "España lidera el ranking de desempleo y necesitamos muchos contratos de trabajo pero en nuestro país hay cuarenta contratos distintos y se está utilizando uno solo, el contrato temporal", ha explicado Sáenz de Santamaría. Así, "el Gobierno persigue la simplificación y la estabilidad" en el empleo y prepara una reforma que aborde aspectos clave como la contratación, la flexibilidad interna de la empresa o la negociación colectiva.
"Preocupación" por la hipotética suspensión de pagos de Andalucía
La vicepresidenta también ha señalado que el Ejecutivo ve "con preocupación" las noticias sobre una hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta de Andalucía, negadas por el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Ante una información que publica el diario ABC, Griñán ha garantizado que la administración autonómica "no está en suspensión de pagos". "Estamos pagando y no hemos pedido ayuda al Tesoro", ha añadido, pero Sáenz de Santamaría ha recordado que la Junta ha asumido los compromisos de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Política fiscal y Financiera y que sus gestores están sujetos a cumplir con sus obligaciones, ya que, de no ser así, tendrán que hacer frente a posibles sanciones”

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