España no podrá hacer uso esta vez del mecanismo que le permitió contener el impacto del gas sobre el precio de la electricidad y rebajar una factura disparada. La Comisión Europea se lo impide: no se dan las condiciones y el Gobierno no podrá reactivar la 'excepción ibérica' como sí sucedió cuando estalló la guerra en Ucrania. Así lo han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la negociación que mantiene el Ejecutivo con los sindicatos y la patronal para extender el escudo de medidas con el que hacer frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Irán.
Fue la principal demanda de los sindicatos y también de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: recuperar el mecanismo excepcional que permitió a España y Portugal limitar el impacto del precio del gas sobre el mercado eléctrico. Incluso la CEOE -presente en la reunión del pasado jueves- no lo ve con malos ojos. Sin embargo, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, les rebajó las expectativas pese a reconocer que, aunque se habla mucho más de la escalada del petróleo, el gas se está encareciendo en mucha mayor medida. «La Comisión no tiene apetito», les avanzó. Una frase que incluso se queda corta porque, según otras fuentes consultadas por este periódico, desde Bruselas se han mostrado totalmente reacios a recuperar la medida.
La situación dista además de la que permitió a España y Portugal arrancar a Bruselas la conocida como excepción ibérica en 2022. Entonces la invasión rusa de Ucrania había colocado a Europa ante una crisis no sólo de precios, sino también de abastecimiento, con el temor a cortes del suministro de gas ruso y a medidas de racionamiento sobre la mesa.
El repunte del esta energía no iguala la gravedad ni el riesgo de suministro de 2022
Fue aquella excepcionalidad la que abrió la puerta a una intervención inédita sobre el mercado eléctrico. Bruselas permitió a España y a Portugal fijar un precio de referencia para el gas utilizado por las centrales y compensar después la diferencia respecto a su coste real. El objetivo era evitar que la escalada del combustible acabara contaminando al conjunto del precio de la electricidad.
Ahora Bruselas no ve el mismo escenario ni, por tanto, la misma justificación. El gas vuelve a tensionar con fuerza los mercados, pero todavía se mueve muy lejos de los extremos alcanzados en 2022. El precio mayorista en España se situó este viernes en 79,56 euros por megavatio hora, según Mibgas, frente a los menos de 30 euros con los que comenzó el año. Esta misma semana llegó a tocar los 85,63 euros, lo que supone prácticamente triplicar el precio. Sin embargo, hace cuatro años este mismo índice llegó a superar los 230 euros por MWh a finales de agosto.
La distancia no está sólo en los precios. En 2022 Europa temía también que faltara gas; hoy el problema se concentra, al menos por ahora, en su encarecimiento. El continente ha diversificado proveedores, ha reducido de forma notable su dependencia de Rusia y afronta el nuevo episodio con una estructura energética más preparada que al inicio de la guerra de Ucrania. Son precisamente algunos de los argumentos que Bruselas esgrime para rechazar que se reproduzca la excepcionalidad de entonces.
Nuevas ayudas
España llega además con más margen que otras grandes economías europeas. Su electricidad continúa siendo sensiblemente más barata que la de países como Alemania, que sigue figurando entre los mercados más caros de la Unión tanto para hogares como para empresas. Ese diferencial reduce, al menos de partida, la presión para recurrir de nuevo a una intervención extraordinaria.
Que el escenario no sea comparable al de 2022 no significa, sin embargo, que el nuevo shock energético esté pasando de largo por la economía española. El encarecimiento de los combustibles ha reactivado la tensión en el campo y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado para el próximo martes a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias después de que Asaja, COAG y UPA anunciaran movilizaciones en toda España por la subida del gasóleo agrícola.
La Comisión Europea ha autorizado ayudas de Estado de hasta el 70% del incremento registrado en el gasóleo agrícola y pesquero. Además, el Gobierno trabaja en nuevas compensaciones para el sector hasta el máximo. Bruselas considera que la situación actual no reúne las condiciones que justificaron la excepción ibérica en 2022, cuando los precios alcanzaron niveles mucho más elevados y existía además un riesgo de suministro. El Gobierno y los agentes sociales, por su parte, reclaman margen para adoptar nuevas medidas ante el fuerte encarecimiento del gas y su impacto sobre los costes energéticos (El Correo, texto dos jornalistas José A. González y Lucía Palacios)
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