“El Gobierno vuelve a la carga en su empeño de reducir el aparato político,
burocrático y empresarial de las Administraciones. La vicepresidenta del
Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se han reunido con consejeros de Presidencia de las comunidades
gobernadas con el PP para animarlos a seguir con una tarea ante la que algunos
remolonean. Además, el Ejecutivo prepara un periplo por las comunidades
autónomas con el mismo objetivo: que cumplan las recomendaciones del informe
sobre la reforma de la Administración. En la reunión celebrada en la sede central del Partido Popular, Sáenz de
Santamaría puso sobre la mesa el ejemplo de los 2.365 “entes públicos” que
llegaron a sumar las Administraciones en España en 2010. De momento, se han
eliminado 607 en dos años, pero el Gobierno quiere que se supriman hasta 751,
hasta casi un tercio del total, para volver a las cifras de hace diez años. La Administración autonómica concentra el grueso de ese sector público
empresarial o semiinstitucional gestado durante décadas. El nuevo objetivo del
Gobierno (que depende de la voluntad de los Gobiernos regionales para que se
haga realidad), es que el número de entidades del sector público de las
autonomías retroceda hasta las 1.747 existentes en el primer inventario que el
Estado hizo en 2003.
En fuentes gubernamentales se reconocen oficialmente satisfechos con los
recortes en burocracia, administración y empresas que han acometido los
Gobiernos regionales en los últimos ejercicios, pero consideran que pueden
hacer mucho más. De un primer plan para reducir ese sector en un 21,8 por
ciento se pasa a un 31,7.
Las autonomías se toman su tiempo. En realidad, están efectivamente
extinguidas 373 entidades de las 607 comprometidas, mientras que las otras 234
figuran “en estadios muy próximos” a la supresión definitiva.
María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. (EFE)María Dolores de
Cospedal y Javier Arenas. (EFE)En la reunión celebrada en Génova con la
secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el
vicesecretario de política autonómica, Javier Arenas (más Sáenz de Santamaría y
Montoro), los representantes de los 11 Ejecutivos regionales gobernados por el
PP se comprometieron a aplicarse las recomendaciones de la reforma de la
Administración. El objetivo que inspira el texto es acabar con las duplicidades
en servicios y competencias, además de la búsqueda genérica del ahorro y la
estabilidad financiera. Pero los Gobiernos autonómicos del PP también admiten, “en el ejercicio
de sus facultades de autoorganización”, el recorte de estructuras políticas al
asumir que tienen que “reducir el tamaño o el coste de sus aparatos
administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización
de organismos que se proponen en el informe de la Cora (la comisión del
Gobierno para la reforma), o mediante la adopción de medidas alternativas que
consigan un efecto equivalente”.
Entre las autonomías gobernadas por el PP hay diferencias en la
aplicación efectiva de la reforma de la Administración. La Junta de Castilla-La
Mancha (Cospedal) va por delante en todo lo que supone supresión de organismos,
como cámaras de cuentas o defensor del pueblo, y en reducción de ejecutivo y
cámara legislativa.
La Junta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo) y el Gobierno de Aragón
(Luisa Fernanda Rudi) también se han empleado en recortes generales, pero han
decidido mantener sus defensores del pueblo por cuestiones de tradición,
estatuto o falta de mayoría parlamentaria para suprimirlos" (texto do El Confidencial,com a devida vénia)
