"Agustín tiene 65 años. Carpintero de ribera, su vida ha estado volcada en la fabricación artesanal de barcos en su pequeño taller del puerto de Arrecife. Cuando se le pregunta por su opinión sobre las prospecciones petroleras en aguas atlánticas su rechazo es tajante: "Quiero seguir viendo el mar como toda la vida, de color azul". Muchos en Lanzarote comparten su inquietud. Otros, sin embargo, ponen el acento en lo económico. "Prospecciones sí, pero si el dinero se queda en Canarias", afirma Máximo, un profesional liberal que ronda los 40 años. En Canarias y, más concretamente, en Fuerteventura y Lanzarote. Mientras los políticos canarios han visto una oportunidad en capitalizar el descontento popular, Repsol, empresa autorizada para realizar las prospecciones, insiste en que los riesgos son bajos y los posibles beneficios muy sustanciales. Este sábado, la plataforma No a las Petroleras, Sí a las Renovables, que agrupa a colectivos, sindicatos, partidos e instituciones, ha vuelto a convocar a los isleños para formar una cadena humana de protesta, tras la masiva respuesta a la marcha convocada el 24 de marzo, que reunió a miles de personas en ambas islas. Los convocantes defienden un modelo económico de especialización turística que se apoya en la calidad ambiental y que choca frontalmente con la explotación petrolera.
Diez años de polémica
La polémica, sin embargo, no es nueva. Se remonta a 2001, cuando Repsol pidió autorización para buscar petróleo bajo las aguas del Atlántico. El Gobierno de Aznar concedió el permiso y el Cabildo de Lanzarote y el PSOE insular recurrieron ante la Justicia y lograron que el Tribunal Supremo lo paralizase en 2004 por la falta de un informe ambiental; un "defecto de forma que ya ha sido subsanado", alega Repsol. Después, Zapatero se comprometió en Lanzarote, donde solía veranear, a que no se reanudarían los permisos sin que hubiera un consenso en Canarias. El expediente quedó dormido hasta que el pasado mes de marzo, aprobó un real decreto que reactiva las labores de exploración. Una década después, Coalición Canaria continúa en el poder en el Archipiélago, y el que antes era su socio de gobierno, el 'popular' José Manuel Soria, es ahora ministro de Industria y su principal opositor. El presidente canario, Paulino Rivero, insiste en que los sondeos se realizarían a menos de 10 kilómetros de la costa de Fuerteventura, mientras que desde Repsol afirman que, si bien el permiso autoriza la investigación en un área de más de 6.000 kilómetros cuadrados al este de Lanzarote y Fuerteventura, entre las islas y la mediana que las separa de las aguas marroquíes, la ubicación más próxima a la costa con expectativas de albergar crudo se encuentra a 61 kilómetros. Por otra parte, en Lanzarote y Fuerteventura, la oposición al petróleo ha seguido creciendo y se centra en el peligro medioambiental que podría suponer esta industria y los posibles daños al turismo, única fuente de trabajo en esta islas marcadas por los elevados índices de desempleo -en Lanzarote roza ya el 35%- y un largo historial de corrupción política.
Un calendario a 10 años vista
Tras la luz verde del Gobierno, Repsol retomará las tareas de exploración, que han cobrado importancia tras la expropiación en Argentina que le ha dejado sin un importante volumen de reservas. Lo primero será "realizar el estudio de impacto ambiental para hacer uno o dos sondeos exploratorios, para que estos cumplan con los máximos estándares de seguridad", explican desde la petrolera. De momento, el análisis sísmico ha detectado una estructura en el subsuelo marino, repartida en siete áreas bautizadas con nombres de fruta que podrían acumular entre 900 y 2.200 millones de barriles. Claro está, que también podría haber menos, o nada, como ha sucedido con la última prospección de Repsol en Cuba, que ha dado con un pozo "seco".
El calendario, en cualquier caso, se dilata en el tiempo. "Si todo va bien, como mínimo en dos años se realizaría el primer sondeo", indican fuentes de Repsol. Si es positivo, se realizaría una segunda prospección. Luego, si vale la pena, tendrían que iniciar los trámites para conseguir el permiso de explotación. En el mejor de los casos, "la primera gota extraída no saldría antes de 10 años". Ante la inquietud por el impacto que una futura explotación podría suponer en la zona, Repsol destaca que la empresa "realiza unos 20 sondeos al año y no ha habido noticias de ninguna incidencia". Además, insisten desde la petrolera, "estamos hablando de una industria muy controlada, con unas normas muy estrictas". El plan es realizar la extracción utilizando un sofisticado barco de posicionamiento dinámico, en vez de la clásica plataforma, sin descargas al mar.
Impacto económico y medioambiental
El impacto económico, siempre según la compañía, podría ascender a los 700 millones de euros anuales, que cobraría el Gobierno central. Asimismo, con una producción media estimada de 100.000 barriles diarios, equivalente a un 10% del consumo nacional, afirma que repercutiría notablemente en el déficit comercial español. Repsol, que explotaría los pozos junto a un socio alemán y otro australiano, no quiere dar datos de cuánto supondría para sus cuentas, pero a día de hoy, con el crudo en torno a los 110 dólares por barril, el precio en el mercado de 38 millones de barriles al año rondaría los 4.180 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros). Sin embargo, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, todos gobernados por Coalición Canaria, han vuelto a recurrir ante la Justicia española y también ante la Comisión Europea. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, considera que "lejos de los beneficios que nos tratan de vender desde la multinacional Repsol, el Estado será cómplice de poner en gravísimo riesgo a las islas Canarias" y que "España no puede permitir que suceda otro 'Prestige' en sus costas". Las consecuencias económicas y medioambientales, asegura, "serían catastróficas y la historia reciente de la extracción de hidrocarburos está llena de ejemplos, como el accidente que sufrió la petrolera BP en el Golfo de México". Por su parte, los ecologista de WWF recuerdan que la zona autorizada para las prospecciones se encuentra a tan sólo 13 kilómetros de espacios protegidos como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para Aves, y desde la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias (Secac) inciden en que las aguas entre Lanzarote y Fuerteventura y el continente africano son una de las zonas más ricas del planeta en diversidad de cetáceos” (texto publicado no El Mundo, com a devida vénia)
Diez años de polémica
La polémica, sin embargo, no es nueva. Se remonta a 2001, cuando Repsol pidió autorización para buscar petróleo bajo las aguas del Atlántico. El Gobierno de Aznar concedió el permiso y el Cabildo de Lanzarote y el PSOE insular recurrieron ante la Justicia y lograron que el Tribunal Supremo lo paralizase en 2004 por la falta de un informe ambiental; un "defecto de forma que ya ha sido subsanado", alega Repsol. Después, Zapatero se comprometió en Lanzarote, donde solía veranear, a que no se reanudarían los permisos sin que hubiera un consenso en Canarias. El expediente quedó dormido hasta que el pasado mes de marzo, aprobó un real decreto que reactiva las labores de exploración. Una década después, Coalición Canaria continúa en el poder en el Archipiélago, y el que antes era su socio de gobierno, el 'popular' José Manuel Soria, es ahora ministro de Industria y su principal opositor. El presidente canario, Paulino Rivero, insiste en que los sondeos se realizarían a menos de 10 kilómetros de la costa de Fuerteventura, mientras que desde Repsol afirman que, si bien el permiso autoriza la investigación en un área de más de 6.000 kilómetros cuadrados al este de Lanzarote y Fuerteventura, entre las islas y la mediana que las separa de las aguas marroquíes, la ubicación más próxima a la costa con expectativas de albergar crudo se encuentra a 61 kilómetros. Por otra parte, en Lanzarote y Fuerteventura, la oposición al petróleo ha seguido creciendo y se centra en el peligro medioambiental que podría suponer esta industria y los posibles daños al turismo, única fuente de trabajo en esta islas marcadas por los elevados índices de desempleo -en Lanzarote roza ya el 35%- y un largo historial de corrupción política.
Un calendario a 10 años vista
Tras la luz verde del Gobierno, Repsol retomará las tareas de exploración, que han cobrado importancia tras la expropiación en Argentina que le ha dejado sin un importante volumen de reservas. Lo primero será "realizar el estudio de impacto ambiental para hacer uno o dos sondeos exploratorios, para que estos cumplan con los máximos estándares de seguridad", explican desde la petrolera. De momento, el análisis sísmico ha detectado una estructura en el subsuelo marino, repartida en siete áreas bautizadas con nombres de fruta que podrían acumular entre 900 y 2.200 millones de barriles. Claro está, que también podría haber menos, o nada, como ha sucedido con la última prospección de Repsol en Cuba, que ha dado con un pozo "seco".
El calendario, en cualquier caso, se dilata en el tiempo. "Si todo va bien, como mínimo en dos años se realizaría el primer sondeo", indican fuentes de Repsol. Si es positivo, se realizaría una segunda prospección. Luego, si vale la pena, tendrían que iniciar los trámites para conseguir el permiso de explotación. En el mejor de los casos, "la primera gota extraída no saldría antes de 10 años". Ante la inquietud por el impacto que una futura explotación podría suponer en la zona, Repsol destaca que la empresa "realiza unos 20 sondeos al año y no ha habido noticias de ninguna incidencia". Además, insisten desde la petrolera, "estamos hablando de una industria muy controlada, con unas normas muy estrictas". El plan es realizar la extracción utilizando un sofisticado barco de posicionamiento dinámico, en vez de la clásica plataforma, sin descargas al mar.
Impacto económico y medioambiental
El impacto económico, siempre según la compañía, podría ascender a los 700 millones de euros anuales, que cobraría el Gobierno central. Asimismo, con una producción media estimada de 100.000 barriles diarios, equivalente a un 10% del consumo nacional, afirma que repercutiría notablemente en el déficit comercial español. Repsol, que explotaría los pozos junto a un socio alemán y otro australiano, no quiere dar datos de cuánto supondría para sus cuentas, pero a día de hoy, con el crudo en torno a los 110 dólares por barril, el precio en el mercado de 38 millones de barriles al año rondaría los 4.180 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros). Sin embargo, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, todos gobernados por Coalición Canaria, han vuelto a recurrir ante la Justicia española y también ante la Comisión Europea. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, considera que "lejos de los beneficios que nos tratan de vender desde la multinacional Repsol, el Estado será cómplice de poner en gravísimo riesgo a las islas Canarias" y que "España no puede permitir que suceda otro 'Prestige' en sus costas". Las consecuencias económicas y medioambientales, asegura, "serían catastróficas y la historia reciente de la extracción de hidrocarburos está llena de ejemplos, como el accidente que sufrió la petrolera BP en el Golfo de México". Por su parte, los ecologista de WWF recuerdan que la zona autorizada para las prospecciones se encuentra a tan sólo 13 kilómetros de espacios protegidos como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para Aves, y desde la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias (Secac) inciden en que las aguas entre Lanzarote y Fuerteventura y el continente africano son una de las zonas más ricas del planeta en diversidad de cetáceos” (texto publicado no El Mundo, com a devida vénia)
