Li no El Mundo que "el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha avanzado que el Consell de Govern del martes aprobará una serie de medidas "relevantes, claras, nítidas" para defender el autogobierno de Cataluña y responder a lo que ha calificado de "ofensiva de recentralización descarada" por parte del Estado para recuperar competencias. Homs ha rechazado el argumento de que decisiones de los últimos consejos de ministros como el decreto de cuencas hidrográficas obedecen a la voluntad de evitar duplicidades y gastos superfluos, y ha asegurado que la Generalitat tiene la ley de su lado para recuperar dichas competencias. Las medidas, que no ha avanzado de forma detallada, serán para "defender aquello que legítimamente nos corresponde, que forma parte de nuestras propias responsabilidades, de las del Govern y de las del conjunto del país". Lo único que ha concretado es que se tratará de medidas basadas en las herramientas políticas y jurídicas que la Generalitat tiene a su alcance, como el Consell de Garanties Estatutàries. "Interpondremos todos los recursos que haga falta, defendiéndonos con las razones del derecho, de la legalidad, porque creemos que nos asisten", ha asegurado. Homs ha criticado también la actitud del Gobierno y ha lamentado que "plantea la recentralización de una forma ostentosa" y que la presenta como "algo que tiene un valor político en sí mismo, cosa que nosotros no compartimos de ninguna de las maneras". En cuanto a la posibilidad de que la Generalitat recupere el impuesto de Sucesiones para hacer frente a la difícil situación económica, Homs ha asegurado que se detallará en el plan de ajuste que está preparando”.
quarta-feira, maio 09, 2012
Venezuela: "La enfermedad de Chávez destapa la caja de Pandora"
Escreve o El Pais, num texto da jornalista Ludmila Vinogradoff que “la enfermedad de Hugo Chávez ha destapado la caja de Pandora al interior del chavismo por la sucesión presidencial: cuatro grupos se pelean a “cuchillo” por el poder, sin contar con el “generalato”, denunciado por su presunta corrupción. Nadie sabe lo que puede pasar en el país en las próximas semanas mientras avanzan el caos y la anarquía. La incertidumbre es total. La desinformación oficial sobre la salud del mandatario continúa y es sustituida por la propaganda que se observa especialmente en la cuenta de Chávez por twitter, como si gobernar por esta red social fuera suficiente, no obstante las críticas. Chávez ha dicho que volverá a Caracas en los próximos días. Según informaciones extraoficiales del periodista Nelson Bocaranda, se le ha suspendido la radioterapia porque ya no le ayuda a combatir su avanzado tumor pélvico. Recibe dosis de morfina para calmar los dolores y sesiones de un psicoterapeuta para enfrentar su depresión. Antes de partir a Cuba el 30 de abril en su décimo quinto viaje para continuar con su tratamiento, Chávez pidió la instalación del Consejo de Estado, en principio para retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero que en opinión de los analistas es el primer paso para la transición ante la eventualidad de que no pueda seguir al frente del gobierno y mucho menos como candidato para su tercera reelección en las elecciones del 7 de octubre. Cuando vuelva el mandatario en los próximos días se despejará la incertidumbre que rodea a los venezolanos pero mientras tanto el país va a la deriva, sin rumbo, bajo el acoso de los lobos y los demonios a punto de dar el zarpazo.
Posible agravamento
Lo que opinan los médicos venezolanos como José Rafael Marquina es que una vez finalizado el tratamiento en Cuba el presidente Chávez podrá mostrar cierta mejoría durante mayo y junio pero si no mantiene el reposo y decide lanzarse a la campaña en julio entonces su salud podría sufrir graves reveses irrecuperables y precipitar el desenlace.“La incertidumbre se despejará cuando la realidad se imponga”, dijo un ex chavista a ABC que pidió reservar su identidad. De ahí que el gobernador de Portuguesa y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haya planteado los tres escenarios: un Chávez candidato debilitado, un candidato distinto o suspensión de las elecciones. Entre los grupos que se pelean el poder se incluyen el vicepresidente Elías Jaua, el canciller Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el hermano Adán Chávez, gobernador de Barinas. La encuestadora Datanálisis afirma que por primera vez la candidatura del líder de la revolución “ha sido puesta en duda”. Pero además “el generalato”, integrado por miembros del alto mando militar, que han sido denunciados por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra como testigo bajo protección de la norteamericana DEA, se ha estado reuniendo para definir a quien apoyan en caso de que falte el Jefe de Estado. Aparentemente su preferencia se inclina a favor del ex compañero de armas, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional.
Apoyo radical a Cabello
Como si fuera poco los grupos radicales del PSUV, fundado por Chávez, también han sacado las garras. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru Patria Libre y Corrientes Revolucionarias Venezolanas, integrantes del PSUV, apoyan a Cabello en caso de que Chávez no sea el candidato pese a declarar que “no concebimos un chavismo sin Chávez”. Los radicales chavistas proponen además que Chávez entregue el mando de las milicias a los colectivos como ellos porque temen una traición de la Fuera Armada Nacional, en el sentido que no todos son leales a la revolución. Ramsés Reyes, secretario de Corrientes Revolucionarias Venezolanas anunció que proclamarán a Chávez como su candidato el 30 de mayo. “Si no pudiera serlo, el pueblo tiene la sabiduría para decidir el camino”. Cabello ha sido mencionado por Aponte como uno de los presuntos “capos” de la red de narcotráfico, está catalogado como uno de los hombres más poderosos y ricos del país. Las estadísticas dicen que el 50 por ciento de las drogas que va a Europa sale de Venezuela”.
Posible agravamento
Lo que opinan los médicos venezolanos como José Rafael Marquina es que una vez finalizado el tratamiento en Cuba el presidente Chávez podrá mostrar cierta mejoría durante mayo y junio pero si no mantiene el reposo y decide lanzarse a la campaña en julio entonces su salud podría sufrir graves reveses irrecuperables y precipitar el desenlace.“La incertidumbre se despejará cuando la realidad se imponga”, dijo un ex chavista a ABC que pidió reservar su identidad. De ahí que el gobernador de Portuguesa y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haya planteado los tres escenarios: un Chávez candidato debilitado, un candidato distinto o suspensión de las elecciones. Entre los grupos que se pelean el poder se incluyen el vicepresidente Elías Jaua, el canciller Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el hermano Adán Chávez, gobernador de Barinas. La encuestadora Datanálisis afirma que por primera vez la candidatura del líder de la revolución “ha sido puesta en duda”. Pero además “el generalato”, integrado por miembros del alto mando militar, que han sido denunciados por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra como testigo bajo protección de la norteamericana DEA, se ha estado reuniendo para definir a quien apoyan en caso de que falte el Jefe de Estado. Aparentemente su preferencia se inclina a favor del ex compañero de armas, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional.
Apoyo radical a Cabello
Como si fuera poco los grupos radicales del PSUV, fundado por Chávez, también han sacado las garras. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru Patria Libre y Corrientes Revolucionarias Venezolanas, integrantes del PSUV, apoyan a Cabello en caso de que Chávez no sea el candidato pese a declarar que “no concebimos un chavismo sin Chávez”. Los radicales chavistas proponen además que Chávez entregue el mando de las milicias a los colectivos como ellos porque temen una traición de la Fuera Armada Nacional, en el sentido que no todos son leales a la revolución. Ramsés Reyes, secretario de Corrientes Revolucionarias Venezolanas anunció que proclamarán a Chávez como su candidato el 30 de mayo. “Si no pudiera serlo, el pueblo tiene la sabiduría para decidir el camino”. Cabello ha sido mencionado por Aponte como uno de los presuntos “capos” de la red de narcotráfico, está catalogado como uno de los hombres más poderosos y ricos del país. Las estadísticas dicen que el 50 por ciento de las drogas que va a Europa sale de Venezuela”.
Italia renueva 942 municipios bajo el fantasma de la antipolítica
Escreve o jornalista do El Pais, Pablo Ordaz que “la dictadura de la crisis ya tiene sus damas de blanco. Son las viudas de los casi 180 trabajadores o pequeños empresarios que desde principios de 2012 se han quitado la vida en Italia agobiados por las deudas y la falta de expectativas. El viernes marcharon en Bolonia y su espíritu de protesta ante un Estado que aprieta y ahoga está muy presente en las elecciones administrativas que se celebran –a lo largo de domingo y lunes— en 942 ayuntamientos, principalmente de la zona norte del país. Los partidos tradicionales, sumidos sin excepción en el descrédito y salpicados por la corrupción, temen que la llamada antipolítica --los “no partidos” agrupados en torno al Movimiento 5 Estrellas del cómico Beppe Grillo-- convierta la ira en poder. No solo los partidos temen el empuje de los independientes. Hasta el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Angelo Bagnasco, ha advertido del peligro real que supone “el populismo de la antipolítica”, y ha exigido a los partidos que luchen juntos para frenar el desempleo, “cada vez más alto”, y que ofrezcan mejores servicios a los sectores en dificultad. Tal vez un poco tarde. En Italia, las duras medidas de ajuste puestas en práctica por el primer ministro tecnócrata, Mario Monti, coinciden con la explosión de una serie de casos de corrupción que dejan en evidencia una vez más los privilegios y la falta de atención sobre el dinero público de La Casta, la siempre mimada clase política italiana. Por tanto, y aunque no del todo extrapolable, lo que decidan los nueve millones de italianos llamados a votar ofrecerá una pista de por dónde van los tiros de la opinión pública italiana. Acudan o no a las urnas. Porque el descontento, la falta de afección de los votantes a sus teóricos partidos de referencia, es otro de los fantasmas. De hecho, la primera estimación de voto –realizada a mediodía del domingo—ya hablaba de una participación del 13,06%, dos puntos y medio por debajo de la anterior convocatoria. De los 942 municipios donde se celebran elecciones, 170 tienen más de 15.000 habitantes. Destacan las capitales de provincia de Palermo, Verona, Monza, Piacenza, Parma, Génova, L’Aquila, Taranto y Catanzaro. De los 170 mayores de 15.000 habitantes, 98 están gobernados por la coalición de centro derecha formada por el Pueblo de la Libertad (PDL, el partido de Silvio Berlusconi) y la Liga Norte, y otros 57 por el centro izquierda que representa el Partido Democrático (PD). El panorama actual lo completan nueve alcaldes centristas y seis independientes. No sería de extrañar que el paisaje cambiara. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ayuntamientos a renovar están en el norte y que, tras la pérdida del poder de Berlusconi, la Liga Norte rompió amarras con el PDL y ahora acude en solitario y manchada de corrupción. Umberto Bossi, su líder, paradigma de la xenofobia y de los ataques a Roma, ha sido salpicado de pleno y no ha tenido más remedio que dimitir y tragarse su exabrupto preferido: “Roma ladrona”. Así las cosas, nadie duda de que Beppe Grillo y sus “no partidos” puedan lograr un respaldo importante, una llamada de atención a la que La Casta no pueda hacer, como hasta ahora, oídos sordos”.Igreja pede ao Governo para travar lóbis na saúde!!!
Li no Correio da Manhã que "a Igreja Católica Portuguesa pediu ao Governo para evitar que a Saúde seja "um negócio de lóbis" e para preservar o acesso universal ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Aproveitando a presença do ministro da Saúde no encerramento do Encontro Nacional da Pastoral da Saúde, em Fátima, o bispo auxiliar de Braga, Manuel Linda, frisou que "os pobres não podem ser excluídos" do acesso à Saúde. Paulo Macedo reconhece a existência de lóbis. "Eles existem na Saúde", disse".
La coalición de Merkel sufre un nuevo revés en otro ‘land’ alemán
Segundo o El Pais, "la coalición entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de la canciller Angela Merkel, y el liberal FDP perdió el Gobierno de Schleswig-Holstein en las elecciones. Si bien la CDU sigue como primera fuerza política regional, su empate técnico con los socialdemócratas del SPD y la debilidad liberal le impedirán repetir Gobierno. Según los primeros resultados que ofreció el canal público de televisión ZDF, los democristianos obtuvieron el 30,9% de los votos, unas décimas de punto más que los socialdemócratas del SPD (30,2%). El líder federal socialdemócrata, Sigmar Gabriel, anunció inmediatamente en Berlín la aspiración del centro-izquierda a formar un tripartito con Los Verdes y con la formación política que representa a la minoría danesa en la región, llamada Asociación de Votantes del Sur de Schleswig (SSW). Los resultados en Schleswig-Holstein significan un nuevo revés para la canciller, Angela Merkel, que ha perdido ya con la CDU, desde las elecciones federales de 2009, los importantes länder de Renania del Norte-Westfalia y Baden Württemberg. Por otra parte, con la jornada se abrió boca para los importantes comicios del domingo próximo en Renania del Norte-Westfalia, el land más poblado e industrializado del país. Con 18 millones de habitantes, es una región clave en el mapa político, donde puede tomarse la temperatura electoral de toda Alemania. Pese a que tuvieron que anticipar las elecciones tras solo dos años de Gobierno, todo señala que habrá una nueva coalición de centro-izquierda entre socialdemócratas y Los Verdes. El ascenso de la izquierda, junto a la debilidad de los liberales, preocupa a los democristianos de cara a las elecciones federales previstas para septiembre de 2013. Los democristianos de la CDU dieron la vuelta a la ajustada ventaja socialdemócrata que preveían las encuestas. Pese a que ha sumado casi cinco puntos desde las elecciones de 2009, el SPD obtuvo un resultado peor de lo que esperaba. Los Verdes son el tercer partido parlamentario con un excelente 13,2% de los votos. Con el 8,2%, el partido liberal FDP supera holgadamente el umbral del 5% necesario para entrar en el Landtag (Parlamento regional) de Kiel. Pierden casi siete puntos respecto a las elecciones anteriores, pero festejaron como un éxito su permanencia en el Parlamento. La Izquierda (Die Linke) se queda sin escaños. Sólo ha tenido representación durante dos años y medio. Por el contrario, el Partido de Los Piratas encadena su tercer éxito electoral desde el verano y entra en su tercer Parlamento regional, con el 8,2% de los apoyos. El partido de la minoría danesa SSW obtuvo el 4,6%, pero la ley regional les permite entrar en la Cámara. Es la primera vez que los daneses se han declarado dispuestos a participar en un Gobierno en la región. La formación forma parte de la Alianza Libre Europea y se sitúa ideológicamente entre los dos grandes partidos alemanes, CDU y SPD. El democristiano Peter Harry Carstensen (CDU) lleva al frente del Gobierno regional desde 2005. Desde 2009 lo dirige junto a los liberales del FDP. Los números provisionales eran anoche todavía tan ajustados que no puede descartarse que Carstensen repita en el Gobierno, esta vez con una gran coalición junto al SPD. No obstante, Torsten Albig, el candidato del SPD, declaró su intención “decidida” de formar el tripartito con los daneses. El SSW pide un ministerio en un pacto con los dos grandes partidos de centro-izquierda. Los 2,25 millones de ciudadanos convocados a las urnas confirmaron el ascenso del Partido de Los Piratas a la primera liga política del país. La joven formación, fundada a finales de 2006, ya ha entrado en otros dos parlamentos alemanes. Primero fue Berlín, después Saarbrücken y ahora, Kiel. Los Piratas, una formación poco profesionalizada y compuesta sobre todo por jóvenes, son los nuevos contestatarios alemanes. Suman cada vez más apoyos desde que abordaron el Parlamento regional de Berlín a finales de 2011. Ahora se encuentran inmersos en un animado debate interno sobre sus propias tendencias políticas, alentados por diversos escándalos menores en los últimos meses. Otra novedad es lo que parece el repunte del partido liberal FDP, socio de Angela Merkel en el Gobierno federal. El auge de Los Piratas erosiona a Los Verdes y también al FDP, pero estos últimos esperan haber frenado su caída”.Espanha: Dónde están sus señorías?
Escrevem os jornalistas do El Pais, Àngels Piñol e Maiol Roger que “Ana Botella, alcaldesa de Madrid, está decidida a enarbolar la bandera del compromiso y la dedicación de los políticos. El Ayuntamiento de la capital está confeccionando un nuevo reglamento de la institución que contempla que los concejales que no cumplan con sus obligaciones podrán ser sancionados si dejan de asistir de forma reiterada o injustificada a los plenos o a determinados órganos colegiados. “Dependiendo de la gravedad de la infracción —ausencias— perderán más o menos días de sueldo, aunque no se les retire su condición de concejal al tratarse de un derecho que adquirimos por ser elegidos en las urnas”, dice el texto que, de momento, es un borrador, aunque cuenta con el consenso del resto de grupos de la Cámara (PSOE, UPyD e IU). El importe de las multas es una incógnita porque aún no se sabe si las fijará la mesa o cada grupo por su cuenta. La iniciativa se inscribe en el deseo de Botella de actualizar un reglamento obsoleto que no contemplaba actuaciones que se dan de hecho: que la alcaldesa responda a preguntas de la oposición o que los ediles dejen de percibir dietas por asistir a las reuniones de los consejos de administración de empresas públicas. “La verdad es que los concejales acuden puntualmente a los plenos y a las comisiones. Se ha hecho por ejemplaridad”, sostiene una fuente municipal. Quizá la idea fuera esa, pero ha destapado la caja de los truenos en un momento de crisis y en el que la Red hierve comentando la dedicación de concejales, diputados o senadores.Uno de los advenedizos en la política, el actor y ahora diputado por UPyD, Toni Cantó, contribuyó a ese debate el 8 de febrero, en el primer pleno del Congreso de esta legislatura, al cuestionar la conducta de sus compañeros. Cantó colgó en su cuenta de Twitter dos fotografías que generaron un enfado mayúsculo entre la mayoría de parlamentarios: dos imágenes de un hemiciclo semivacío cuando se debatían cuatro proposiciones económicas. “Hoy no puede estar más desangelado”, denunciaba el actor, que desató una furibunda reacción en la Cámara. Antonio Gallego, diputado por Barcelona del Partido Popular (PP), era de los pocos parlamentarios que salía en los retratos que hizo Cantó. Esa noche, antes de volar a Barcelona, supo que su rostro figuraba en el Twitter y replicó: “No puede ser más tonto: que vuelva a la farándula. Sin acritud”. El actor se disculpó, pero semanas después el incidente aún le dolía a Gallego. “Me atrevo a hablar en nombre de todos los diputados”, explicó. “Es de mal compañero hacer una foto para denunciar que a determinada hora de determinado día no hay nadie en la bancada. Es como si quisiera decir que el resto somos unos vagos”. Y recordó que Cantó ignoraba que ese día 10 ministros comparecían en el Senado. O algo de la vida diaria de un diputado: “Quizá no sabía que están en sus despachos manteniendo reuniones con los sectores o preparando intervenciones o redactando un artículo. No estar en el escaño no quiere decir no trabajar: quizá eso él no lo sabía”, ironizó. El episodio provocó que el presidente del Congreso, el popular Jesús Posada, remitiera una semana después una circular a los miembros de la Cámara recordándoles el artículo del reglamento que les impide tomar fotos del hemiciclo al ser una tarea permitida solo a los periodistas acreditados. La mayoría ya lo sabían. José Bono, el expresidente del Congreso, ya reconvino en su día al convergente Carles Campuzano por filmar un inocente vídeo sobre la sesión de apertura de la penúltima legislatura que colgó en la red. Bono le avisó del riesgo de que podía grabar a un diputado en un compromiso. Más allá de la anécdota, el debate suscitado pone de relieve la perplejidad de muchos ciudadanos cuando la televisión emite imágenes del hemiciclo con infinidad de escaños libres en contraste con lo que sucede en las sesiones del control del Gobierno o en los debates de política general.¿Dónde están entonces sus señorías?
La coincidencia en la respuesta de los afectados, de punta a punta del arco, es abrumadora: trabajando. O en los despachos con visitas. O preparando una interpelación. O en una reunión en un ministerio. “El que más trabaja no es el que más calienta el escaño. Que estés leyendo un informe en tu despacho y no en el hemiciclo no quiere decir que estés en un spa”, añade Gallego. La democristiana Nuria de Gispert, presidenta del Parlamento catalán, comparte esa tesis, pero confiesa que a veces, desde la mesa presidencial, sufre cuando ve la Cámara desierta: “Y pienso: ‘¡Ay esa foto, esa foto!”. El problema no es exclusivo ni del Congreso ni del Parlamento catalán ni de los hemiciclos de las otras autonomías. La cuestión es común en todas las Cámaras de Europa. El catedrático de Ciencia Política Fernando Vallespín, que fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es categórico. “Si hay un gremio que trabaja las 24 horas al día es el de los parlamentarios”, sostiene y asegura que los políticos están sintonizados todo el día y disponibles para cualquier reacción. Su experiencia como presidente del CIS avala esa conclusión: dice que los diputados que asistían a las comisiones preparaban de forma concienzuda sus discursos. “Cualquier cosa que se dice queda registrada para los investigadores del futuro. Hay mucho trabajo que no se ve: dos horas de comisión pueden comportar trabajo de varios días”, añade. “Comprendo su frustración: es una labor sorda que luce poco porque sus intervenciones son limitadas”. Frente a esta visión, Carlos Martínez, diputado de UPyD, por Madrid, número dos de Rosa Díez —Cantó ya no quiere ahondar en el tema— está en las antípodas: “Yo no sé si trabajan o no, pero lo que digo es que en los debates no se escucha, el hemiciclo se vacía y luego los diputados acuden a votar a un debate al que no han asistido. Es normal que la gente esté decepcionada”. Y relata que lo habitual en un pleno de 350 diputados haya solo 100 o 50. “Y, de esos, muchos tienen conversaciones privadas y en voz alta sin que se pueda oír al orador. Y es cuando el presidente llama la atención. O como cuando los diputados de PP y PSOE se jalean mutuamente y es de patio de colegio”. En defensa de Cantó, critica que no se puedan hacer fotos: “Es decimonónico. No se pueden poner puertas al campo”. Ciutadans es un partido catalán que comparte con UPyD la visión radical de la política, pero su postura es más moderada. Aun así, no rehúye la autocrítica. La formación cuenta en el Parlamento catalán con tres diputados y su portavoz, Albert Rivera, confiesa que no llegan a todo. Ahora está en su despacho haciendo tres cosas a la vez: sigue el pleno por la tele, prepara una interpelación a Artur Mas y recibe a este diario. Cree que la Cámara catalana adolece de “mala praxis”: “Se podría doblar la frecuencia de los plenos y hacer una sesión diaria a la semana (ahora duran dos y son cada 15 días)”. Rivera celebra que la ciudadanía “controle” a los políticos y apuesta por cambiar el funcionamiento: “Debemos hacer autocrítica. Hay que explicar que cuando no estamos en la Cámara no estamos en el bar”. Por ello, apuesta por abrir el Parlamento a los ciudadanos. Su partido invita desde hace meses a ciudadanos a que asistan a un pleno. Rivera cree más en la pedagogía que en la sanción, aunque ve con buenos ojos la idea de Ana Botella: “Sería incluso extrapolable, con matices, a los Parlamentos”. Joan Herrera fue siete años portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) en el Congreso y ahora preside a su grupo en la Cámara catalana. Sostiene que los grupos pequeños asumen un volumen de trabajo enorme en comparación con los grandes y revela que hay algunos parlamentarios, sobre todo en estos últimos, que se les conoce como los brazos de madera porque “casi nunca intervienen y solo están para votar”. Ante una foto vacía del hemiciclo, es tajante: “No es justo. Cuando trabajas más es cuando no estás en él”. Pero admite que, en algunos debates, sobre todo en “temas sensibles”, debería haber más diputados. Uno sobre la dación de pago, recuerda, atrajo el interés de 15 de los 135 diputados catalanes. Herrera estaba entre ellos.
Fernando Vallespín, en cualquier caso, incide en que el sistema electoral no favorece el contacto entre los parlamentarios y los ciudadanos, a diferencia de lo que sucede con el británico, donde la circunscripción es uninominal y el diputado es elegido en listas abiertas y por distrito. Las campañas se hacen puerta a puerta y el político debe rendir cuentas. “El Congreso está demasiado mediatizado por los partidos. El político mantiene el vínculo con ellos mucho más que con los ciudadanos”, dice. Pero no hay fórmulas mágicas: el sistema inglés goza de esa ventaja, pero es menos proporcional que el español. Eso sí, en la Cámara inglesa se ven los mismos vacíos que en la española. Pero el catedrático de Ciencia Políticas y exrector de la Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Maria Valles va más allá y ve otras razones de peso que debilitan al Congreso. Valles, que fue consejero de Justicia con Pasqual Maragall, sostiene que los Parlamentos actuales ya no desempeñan las funciones que les atribuyó el Estado liberal: “Ya no son el lugar donde se formulan, se negocian, se adoptan o rechazan las grandes opciones políticas”. Y da un argumento: salvo “contadísimas excepciones”, lo que se somete al formalismo parlamentario en un pleno está ya determinado de antemano en la sede de los partidos. Dice que ningún diputado cambia de opinión y voto en función de los discursos de un pleno, por lo que no necesitan estar en él; solo irán a votar. “El hemiciclo vacío o semivacío es la imagen de la contradicción entre un ritual formalista del siglo XIX, previsto para funciones que el Parlamento ha perdido, y el cometido que ejerce (o podría ejercer) un Parlamento del siglo XXI”, reflexiona. Y pone este ejemplo de lo que podría hacer: el seguimiento puntual y la evaluación documentada —“Y no superficial”— de la ejecución presupuestaria del Gobierno. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, que se estrena en este mandato, se quedó estupefacto el día de la sesión de investidura de Mariano Rajoy: el hemiciclo se vació tras la intervención del PP y PSOE y le tocaba el turno a CiU. “Yo filmé ese momento. No se quedó casi nadie. El vídeo pasó desapercibido porque no me insultó un diputado del PP”, señala en contraste con el revuelo que levantaron las fotos de Toni Cantó. Garzón entiende ahora perfectamente al desaparecido José Antonio Labordeta cuando se encaró furioso a la bancada popular para que callara y le dejaran hablar. “El día de la investidura”, cuenta Garzón. “No pudimos oír a Cayo Lara porque los diputados socialistas de alrededor no paraban de hablar. Y eso que en atril hay micrófonos”. No entra a discutir si los parlamentarios trabajan o no —“Sé lo que hacemos nosotros: somos 11 diputados para 22 comisiones”—, pero sí lo que ve: en los grandes debates, los diputados se van tras la intervención del PP y PSOE. “El resumen de la política es este: se habla para los medios y la gente que sigue el pleno por televisión; el resto ni te escucha”, explica. Y denuncia, por ejemplo, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le anuló el derecho de réplica durante la discusión del decreto de la reforma financiera. “Diputados socialistas me felicitaron, pero hay disciplina de partido y es lo que prima [el PSOE votó a favor]. Tres o cuatro personas deciden y el resto son marionetas. No es justificable, pero casi es compresible que vayan poco. Hasta el presidente indica la hora de la votación”. Al filo de esa reflexión, César Luena, diputado socialista por La Rioja, rezuma sarcasmo cuando dice que nadie toma imágenes cuando el Congreso está lleno en sesiones a las diez de la noche. Pero entiende que en tiempos de crisis es normal que los políticos sean supervisados por la ciudadanía, por mucho que un diputado, como en su caso, deba simultanear el estudio de un asunto de minería, otro sobre derechos humanos y un tercero sobre el estatuto de los expresidentes. Harto de las críticas, el convergente Campuzano tiene guardada para la ocasión una metáfora: “Siempre pongo este ejemplo. Cuando uno va a comer a un restaurante, solo ve el plato que te ponen en la mesa y no el trabajo de cocina que hay detrás”.
Fernando Vallespín, en cualquier caso, incide en que el sistema electoral no favorece el contacto entre los parlamentarios y los ciudadanos, a diferencia de lo que sucede con el británico, donde la circunscripción es uninominal y el diputado es elegido en listas abiertas y por distrito. Las campañas se hacen puerta a puerta y el político debe rendir cuentas. “El Congreso está demasiado mediatizado por los partidos. El político mantiene el vínculo con ellos mucho más que con los ciudadanos”, dice. Pero no hay fórmulas mágicas: el sistema inglés goza de esa ventaja, pero es menos proporcional que el español. Eso sí, en la Cámara inglesa se ven los mismos vacíos que en la española. Pero el catedrático de Ciencia Políticas y exrector de la Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Maria Valles va más allá y ve otras razones de peso que debilitan al Congreso. Valles, que fue consejero de Justicia con Pasqual Maragall, sostiene que los Parlamentos actuales ya no desempeñan las funciones que les atribuyó el Estado liberal: “Ya no son el lugar donde se formulan, se negocian, se adoptan o rechazan las grandes opciones políticas”. Y da un argumento: salvo “contadísimas excepciones”, lo que se somete al formalismo parlamentario en un pleno está ya determinado de antemano en la sede de los partidos. Dice que ningún diputado cambia de opinión y voto en función de los discursos de un pleno, por lo que no necesitan estar en él; solo irán a votar. “El hemiciclo vacío o semivacío es la imagen de la contradicción entre un ritual formalista del siglo XIX, previsto para funciones que el Parlamento ha perdido, y el cometido que ejerce (o podría ejercer) un Parlamento del siglo XXI”, reflexiona. Y pone este ejemplo de lo que podría hacer: el seguimiento puntual y la evaluación documentada —“Y no superficial”— de la ejecución presupuestaria del Gobierno. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, que se estrena en este mandato, se quedó estupefacto el día de la sesión de investidura de Mariano Rajoy: el hemiciclo se vació tras la intervención del PP y PSOE y le tocaba el turno a CiU. “Yo filmé ese momento. No se quedó casi nadie. El vídeo pasó desapercibido porque no me insultó un diputado del PP”, señala en contraste con el revuelo que levantaron las fotos de Toni Cantó. Garzón entiende ahora perfectamente al desaparecido José Antonio Labordeta cuando se encaró furioso a la bancada popular para que callara y le dejaran hablar. “El día de la investidura”, cuenta Garzón. “No pudimos oír a Cayo Lara porque los diputados socialistas de alrededor no paraban de hablar. Y eso que en atril hay micrófonos”. No entra a discutir si los parlamentarios trabajan o no —“Sé lo que hacemos nosotros: somos 11 diputados para 22 comisiones”—, pero sí lo que ve: en los grandes debates, los diputados se van tras la intervención del PP y PSOE. “El resumen de la política es este: se habla para los medios y la gente que sigue el pleno por televisión; el resto ni te escucha”, explica. Y denuncia, por ejemplo, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le anuló el derecho de réplica durante la discusión del decreto de la reforma financiera. “Diputados socialistas me felicitaron, pero hay disciplina de partido y es lo que prima [el PSOE votó a favor]. Tres o cuatro personas deciden y el resto son marionetas. No es justificable, pero casi es compresible que vayan poco. Hasta el presidente indica la hora de la votación”. Al filo de esa reflexión, César Luena, diputado socialista por La Rioja, rezuma sarcasmo cuando dice que nadie toma imágenes cuando el Congreso está lleno en sesiones a las diez de la noche. Pero entiende que en tiempos de crisis es normal que los políticos sean supervisados por la ciudadanía, por mucho que un diputado, como en su caso, deba simultanear el estudio de un asunto de minería, otro sobre derechos humanos y un tercero sobre el estatuto de los expresidentes. Harto de las críticas, el convergente Campuzano tiene guardada para la ocasión una metáfora: “Siempre pongo este ejemplo. Cuando uno va a comer a un restaurante, solo ve el plato que te ponen en la mesa y no el trabajo de cocina que hay detrás”.
Espanha: La poda de empresas públicas, autonomía por autonomía
"Esta casa quedará ordenada», sentenció el pasado 16 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sala de prensa de La Moncloa. El Consejo de Ministros acababa de aprobar meter la «tijera» al sector público empresarial y fundacional estatal que, entre otras medidas inmediatas, suponía la extinción de 24 empresas públicas, la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, además de la fusión o supresión denueve fundaciones. Sáenz de Santamaría no pudo ser más explícita en sus ejemplos: «En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal» trabajando para el sector público, al que se destina parte del dinero del contribuyente. En el listado de esas empresas que seguían recibiendo aportaciones del Ejecutivo central hay espacio para casos muy llamativos como la empresa Carmen: la comida de España 1992, que era una empresa destinada a fomentar la tortilla española, Barcelona Holding Olímpico, que todavía se mantenía, o la Sociedad de Altos Hornos AEC. Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año. Un retrato muy nítido de la situación en la que se encontraba «la maraña administrativa» pública que, sobre la mesa del Consejo de Ministros, puso luz al hecho de que algunas se utilizaban de manera ilícita y sin una acción que reportase beneficios a la postre al Estado. En Moncloa se mostraron convencidos de que no se podía seguir manteniendo una telaraña de entidades y siglas que conllevaban más gastos que ingresos a las arcas públicas, máxime en este momento en que las consignas de la Administración central son las de «austeridad, eficiencia y estabilidad presupuestaria».
No se puede mantener la telaraña de entidades con más gastos que ingresos
Ese mismo día, la también ministra de la Presidencia, a cuyo área pertenece la competencia de hacer que el sistema público se convierta en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos, aprovechó para despejar el balón al campo de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales que todavía sigan dando alas al «innecesario» tejido empresarial público. La vicepresidenta lanzó ese mensaje de «poner orden en casa» a las regiones y ayuntamientos, máxime porque la mayoría están regidos por el PP y todos se comprometieron a cumplir con la «barra libre» de entidades públicas antes y después de las elecciones. Pero la poda de empresas de las administraciones autonómicas, como vemos en el repaso que realizan los redactores de ABC en todas las delegaciones regionales, comenzó ya su andadura tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en algunos casos, si bien en otras autonomías –gobernadas o no por los populares- han recogido la receta lanzada recientemente por el Estado para presentar, estos días, sus respectivos planes de reestructuración del sector, que implica una reducción drástica de los integrantes de «la res pública»:
1-. CATALUÑA, UN 21% MENOS: Según informa María Jesús Cañizares desde Barcelona, Cataluña contaba con 272 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los cuales se han extinguido ya 57 o se encuentran en un proceso muy avanzado. El objetivo es llegar a eliminar el 25% del total. La racionalización de estos entes incluye la fusión o integración en las consejerías de la Generalitat. Esta integración afectaría a empresas que apenas tienen trabajadores para poder ser recolocados en los departamentos del gobierno autonómico. Sáenz de Santamaría advirtió a las autonomías que hay que ordenar la casa pública Algunas de esas empresas que se han extinguido ya o están a punto son: Instituto Catalán de Crédito Agrario; Entidad Autónoma de Difusión Cultural; Agencia Catalana de Seguridad Industrial; entes de coordinación y gestión de las participaciones y entidades públicas industriales de la Generalitat; la Agencia Catalana del Deporte; Gesclínic, S.A.; Energética de Instalaciones sanitarias, S.A.; CCRTV Interactiva, S.A.; Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, S. A.; Activa Multimedia Digital, S.L.; y Viajes de Montaña, S. A.
2-. ARAGÓN, UN 25% MENOS: En la Comunidad vecina, Aragón, Roberto Pérez informa de que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi sigue manteniendo sus 28 empresas públicas, compañías en las que o bien es el propietario o bien es el accionista mayoritario. Entre ellas, se incluye la radiotelevisión autonómica. En otoño del año pasado, el Ejecutivo popular de Rudi anunció un plan de reestructuración que permitirá dejar la cifra de empresas públicas en 21, pero no se sabe cuándo culminará el proceso, que incluirá varias fusiones. La parte más avanzada es la fusión de las empresas Sodemasa y Sirasa, que permitirá reducir sus cuadros directivos. Hasta el momento no se ha cuantificado qué supondrá la reestructuración en términos de empleo. La deuda que acumula el sector público empresarial del Gobierno aragonés ronda los 550 millones de euros. De ellos, 400 corresponden a las empresas en las que el Ejecutivo autónomo es propietario o accionista minoritario. Los otros 150 millones se concentran en dos compañías en las que no tiene la mayoría de las acciones, pero sí una participación significativa. Sólo por su participación en la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Fomento, la porción que deuda que le toca al Gobierno aragonés asciende a 100 millones de euros.
3-. COMUNIDAD VALENCIANA, UN 87% MENOS: Según informa Alberto Caparrós, la Generalitat Valenciana ultima un proceso de reestructuración de su sector público empresarial, compuesto por un total de 46 sociedades mercantiles que antes de que acabe el actual ejercicio se fusionarán en seis entes. Esta operación no incluye al grupo Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) que se mantendrán como empresas independientes, aunque también ejecutarán procesos de adelgazamiento de su estructura. El Gobierno que preside Alberto Fabra prevé generar un ahorro total de 120 millones a través de un proceso de fusiones, absorciones y liquidaciones de empresas que, finalmente, configurarán una única corporación empresarial compuesta por seis holdings divididos por áreas de negocio: promoción cultural y ocio, bienestar social, apoyo a sectores productivos, transporte, medio ambiente y construcción y gestión de infraestructuras. Conforme avanzó ABC el pasado 13 de marzo, el plan de la Generalitat contempla reducir a la mitad la plantilla de empleados que desempeñan su labor en las empresas públicas. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno valenciano, la medida implicará a 5.000 trabajadores, entre los que se incluirán los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ultima RTVV. La Generalitat, además, ha equiparado el sueldo de los directivos de las empresas públicas para que ninguno rebase el tope salarial que marca el presidente autonómico –no supera los 68.000 euros brutos anuales- y ha comenzado el proceso de reestructuración en algunas empresas públicas donde ya se han puesto en marcha los primeros ERE. Son los casos del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que prescindirá de 250 trabajadores, y de la empresa encargada de la construcción de colegios públicos (Ciegsa), que hará lo propio con otros ochenta empleados. Las condiciones de los despidos estarán reguladas por la nueva reforma laboral, que establece indemnizaciones de veinte días por año trabajado. El Gobierno autonómico sostiene que su voluntad pasa por «adelgazar la Administración bajo el concepto de la eficiencia y el mantenimiento de los servicios esenciales para los ciudadanos». El Gobierno balear ha presentado esta semana medidas de asuteridad
4-. BALEARES, UN 54,7% MENOS: También el Gobierno balear está dando los últimos retoques a un plan de reestructuración del sector empresarial público. Antoni Limongi, corresponsal de ABC en Baleares, informa de que el Govern balear reducirá en base a ese programa las empresas del sector público de 168 a 76. Actualmente el sector público balear cuenta con 168 empresas sumando consorcios, fundaciones, entes instrumentales, organismos autónomos y sociedades mercantiles. El ajuste del Gobierno balear previsto es quepase a 76. Este proceso de reducción se está ya produciendo, aunque a día de hoy no se disponen de los datos del trabajo efectuado hasta el momento. Esta medida, que se desarrolla en un proceso gradual de negociación particular con cada organismo,supone un ahorro de 115 millones de euros. La reestructuración es la siguiente: integración de las empresas Gesma y las Fundaciones Hospital Son Llàtzer, Hospital de Manacor y Hospital Comarcal de Inca; fusión del Institut d’Estudis Baleàrics y el Cofuc; fusión de Semilla e Ibabsa; fusión del ParcBit, Bitel,Cidtur, Fundació Ibit e IDI; fusión de la Agència de Cooperaciò Internacional y la Fundació Balears a l'Exterior; fusión de la Fundación Mateu Orfila d'Investigació en Salut y la Fundació d'Investigació Sanitaria de les Illes Balears Ramon Llull; fusión de la Fundació Illesport y el Consorcio Escola Balear de l’Esport; fusión de l’ATB y la Fundación para el Desenvolupament Sostenible; y la disolución de 22 consorcios, además de la agrupación de otros 57 consorcios.
5-. PAÍS VASCO, la «tijera» en el gasto corriente, con un 20% menos: Al llegar a Ajuria Enea, el Ejecutivo de Patxi López se encontró en 2009 con una magna estructura pública, plagada de empresas, entes y fundaciones «amigas», herencia de treinta años de gobiernos del PNV. Los socialistas, impulsados desde fuera por el PP vasco, se comprometieron a reducir drásticamente lo que denunciaron como un entramado empresarial de «chiringuitos» nacionalistas, que los de Antonio Basagoiti cifraron en al menos 555 organismos controlados o participados por la Administración pública vasca, según informa Itziar Reyero desde Bilbao. También informa, según fuentes del Gobierno vasco, de que en la práctica, la «tijera» se ha dedicado sobre todo a contener el gasto corriente, con una reducción cercana al 20%. El mayor ahorro se ha producido en los departamentos de Industria y Agricultura, que eran también los más «abultados» en sociedades públicas y semipúblicas. En concreto, la agencia para la promoción y reconversión industrial SPRI se ha visto «adelgazada» en cuatro sociedades, pasando de 29 a 25, tras suprimirse en Vizcaya el Centro de Empresas de Zamudio y tres «industrialdeas» -entes comarcales para la gestión y promoción de suelo industrial- en Vizcaya y una en Álava. En Agricultura, la otra consejería «agigantada» por el PNV, con hasta 43 empresas públicas y un presupuesto propio de 84 millones de euros, el cinturón de ajuste ha propiciado la salida del Gobierno vasco de hasta 16 sociedades.
6-. EN CANARIAS, UN 83,6% MENOS: Desde el archipiélago canario, Mercedes Ramos informa de que el Gobierno regional aprobó el pasado mes de febrero nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas con el objetivo de reducir en cuatro años el 45% de los costes directos que generan las empresas y fundaciones públicas dependientes de la Administración autonómica canaria. Según la programación prevista, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público. A su finalización, el sector público empresarial canario quedará reducido a 16 sociedades mercantiles. A diciembre de 2011, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba integrado por 98 entes, de los cuales un 43,2% lo constituyen sociedades mercantiles, un 23,7% fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, un 13,4% consorcios y, el resto, un 19,7%, engloba entes Públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otros entes dependientes de la comunidad. Los presidentes autonómicos del PP, en el Congreso regional del partido en Madrid La programación prevista establece la enajenación de activos por valor de 49,7 millones, la venta de la participación en el capital social de dos sociedades (Gestur Tenerife y Gestur Las Palmas), así como la desinversión en 21 sociedades mercantiles participadas. Además se prevé un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas. Con carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración, reduciendo a siete el número máximo de miembros de los consejos y recortando en un 10% los gastos de dirección. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Entre otras actuaciones, se fija un mínimo de 37,5 horas semanales de trabajo, se suprimen planes de pensiones y seguros médicos, se establece la edad de jubilación forzosa a los 65 años y se articula un tope retributivo para los directivos. Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife). Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las ya extinguidas Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación. Con la disolución de estas seis entidades, se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.
7-. CASTILLA-LA MANCHA, YA SE HA SUPRIMIDO UN 17%: Desde Toledo informa de la situación María José Muñoz. El anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que presidía José María Barreda, llegó a formar un entramado de empresas públicas y fundaciones cercano al centenar, suponiendo en muchos casos una agencia de recolocación para cargos socialistas y, sobre todo, vías de escape de miles de millones que la Comunidad Autónoma no podía permitirse, a tenor del enorme déficit que se encontró el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2011. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se comprometió a reducir al máximo los entes públicos de la región y, en este sentido, está trabajando el Ejecutivo castellano-manchego. Fuentes cercanas al Gobierno regional han confirmado a ABC que ya se han extinguido 8 empresas públicas; 6 están en proceso de extinción y 3 en proceso de fusión. Entre los entes extinguidos destacan la Fundación Centro Regional de Diseño de Castilla-La Mancha, la Fundación Miguel Fisac y la Fundación Virtus de Formación, Innovación y Desarrollo Tecnológico. Hace unos días, la Junta de Comunidades anunció que la Consejería de Fomento pasará de tener cuatro empresas públicas dependientes a una sola. Así, se pretende fusionar la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha (ERE), la Sociedad de Carreteras, la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (Agecam) y la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras (Gicaman). La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, detalló que la deuda total de estas cuatro empresas asciende a 1.434 millones de euros. El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha confirmado que esta operación es un «paso más» para redimensionar el sector público de la región. El también consejero de Presidencia y Administraciones Públicas recordó que el sector público de Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos cinco años de una manera «sumamente disparatada». Una estructura con cerca de 100 empresas y organismos públicos que calificó de «numéricamente inasumible».
8-. EN CANTABRIA, UN 51,2% MENOS A FINALES DE 2012: Cantabria pretende acometer una profunda remodelación del sector público empresarial a lo largo de este ejercicio. De hecho, según informan fuentes de la Presidencia del Gobierno cántabro, se ha presentado un completo programa de actuaciones –aprobado el pasado 16 de febrero- y remitido al Parlamento regional para llevar a cabo la poda de contención en el gasto público en este sector. Según detallan a este periódico fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno presidido por Ignacio Diego, el plan pasará por reducir de 45 a 22 los entes y organismos públicos con fecha de 31 de diciembre de 2012. La propuesta íntegra de reestructuración del sector público empresarial y fundacional 2012 contempla la liquidación, entre otras entidades, de Gestión Energética de Cantabria, S. L. (Genercan), la Empresa Cántabra para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la Administración, S. L. (Emcanta), de Empredinser, S.L.U.; Santander Centro Abierto, S.A.; Torrelavega Centro Abierto, S.A.; Suelo Industrial La Pasiega, S.L, Ecoparque Mioño, S.L., y Fundación Fondo Cantabria Coopera (FFCC). Además, este programa de actuaciones en el tejido empresarial y fundacional público, incluye la fusión de diversas entidades, como la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, El Soplao S.L., y la Sociedad Regional de Turismo, S. A., entre otras muchas entidades.
9-. CASTILLA Y LEÓN, UN 29% MENOS: Según informa José María Ayala desde Valladolid, la Junta de Castilla y León prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de once entes del sector público, mediante su extinción, fusión o absorción, medida que se complementará con la limitación de los sueldos, que se equipararán a los de secretario general (66.000 euros al año). Así figura en el Plan de Ajuste enviado el pasado lunes al Gobierno y presentado este jueves 3 de mayo por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.Del inventario de 106 entes, explicó que sólo pueden actuar en 38, dado que carece de mayoría en otros 27, cuatro corresponden a las universidades públicas, de las que dependen a su vez 37 organismos. De manera que la extinción, fusión o absorción afectará a 11 de esas 38 (29%), por el que computa un ahorro de casi 20 millones de euros. Así, Excal se fusiona en Ade, Sotur con la Fundación Siglo y la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl) con la Fundación Universidades. Entre las que desaparecen están Appacale (sus funciones las asume el Itacyl), la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, la Fundación Anclaje, la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria y la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Además, se producirá la reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación y Siemcalsa. Tanto Del Olmo como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistieron en que en este momento no se puede precisar el número de trabajadores afectados, ya que antes de la extinción o fusión habrá un proceso de negociación y unos trámites administrativos.
10-. GALICIA PASARÁ DE 153 A 86, UN 43,7% MENOS: Desde Santiago de Compostela, Evaristo Amado informa de las novedades en el caso gallego, ya que el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció este mes una nueva fase para eliminar o reformar otros 25 entes públicos. Desde la llegada de Feijóo al poder en 2009, la Xunta ha suprimido seis Consejerías (de las 14 de Emilio Pérez Touriño han quedado 8); ha rebajado de 125 a 66 el número de altos cargos del Ejecutivo y eliminado o refundido hasta octubre del pasado año 42 organismos de los 153 computados en julio pasado (34 de ellos son fundaciones comarcales, integradas en la Agencia de Desarrollo Rural). La Xunta ha anunciado una segunda fase de «adelgazamiento», con la supresión de los tres «vicevaledores» (los ayudantes de la figura que en Galicia equivale al Defensor del Pueblo) y del CES, entre otros. Se han reducido a 5 los 52 delegados territoriales. En global, han desaparecido: 34 fundaciones para el desarrollo comarcal (baixo Miño, Verín, Consagrada, Ribeiro, Terra Chá, Terra do Deza, Carballiño, Ancares, Terra de Lemos, Celanova, Ordes, Mariña Occidental, Mariña Central, Mariña Oriental, Paradanta, Terra de Caldelas, Ulloa, Arzúa, Valedoras, Ortegal, Melide, Terra de Trives, Santiago, Eume, Morrazo, Noia, Muros, Betanzos, Chantada); el organismo Augas de Galicia y el ente público Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se fusiona en la entidad pública empresarial de nombre Augas de Galicia; la Agencia Gallega de Innovación se crea cerrando la Dirección General de Investigación y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial; y el Instituto de Estudios del Territorio asume la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia y la Comisión de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica.
11-. MADRID, UNA VEINTENA MENOS DE ORGANISMOS: La Comunidad de Madrid ha ahorrado 2.200 millones de euros desde 2008 gracias al Plan de Austeridad que se puso en marcha hace cuatro años, según informa Miguel Oliver. Durante este tiempo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha suprimido una veintena de empresas públicas, 24 puestos directivos y 83 órganos colegiados o consultivos. Entre las entidades destacan Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Ledesma. El pasado 1 de enero, además, también se suprimió la Agencia Madrileña de la Emigración y el Tribunal de Defensa de la Competencia. En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extinguieron el Consejo de la Juventud, y se disolvió Alcalá Natura 21. Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusionó con Canal Extensia. En lo referente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. De la misma manera se ha disuelto la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extinguió el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Sus competencias se integraron en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disolvió Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid. Por otra parte, se ha puesto a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social de Centro de Transportes, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa. En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública Mintra. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se fusionarán en una nueva empresa las sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se ha enajenado la participación de la CAM en Ledesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad , se extinguió el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la CAM, que se integró en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se unió el Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguieron el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Mujer, Empleo e Inmigración. Esperanza Aguirre ya ha insinuado en un par de ocasiones que el siguiente organismo que podría desaparecer sería el Defensor del Menor de la Comunidad.
12-. EXTREMADURA, OBJETIVO EL 50%: En la economía «de guerra» implementada por el popular José Antonio Monago al recalar a la Presidencia de la Junta extremeña el pasado verano, comenzó por rebajar de 11 a 7 las consejerías, suprimir en un 50% de los directivos y cargos públicos y acabar con la «mochila de privilegios» que arrastraban estos, además del personal eventual del Gobierno de Extremadura, cuando cesaban en sus puestos. El ahorro para las arcas regionales se fijó en una horquilla de un 10 a un 20% a través de estas partidas y de otras acciones, como la eliminación de las secretarías de Extremadura en el mundo; la de Estudios para la Paz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, que se incluyeron en un solo departamento que se ocupa de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea. El mismo porcentaje del 50% fue el señalado por el plan de Monago para la reducción de las empresas, organismos y entes públicos. «Para conseguir la disciplina y el rigor en la ejecución presupuestaria en el Gobierno se creará una Oficina de Control Presupuestario dependiente del Parlamento y se impulsará en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Seguimiento y Control del Sector Público Empresarial», estableció ya en su discurso de investidura. En la actualidad, según fuentes del Gobierno de Extremadura consultadas por este periódico, se está valorando la red de empresas públicas dependientes del Ejecutivo y su viabilidad, por lo que a lo largo del año 2012 se tomarán diferentes decisiones para su reestructuración. No obstante, hasta el momento, ya se ha acometido la reestructuración en lo que concierne al número de personal directivo y su sueldo. Por ejemplo, en julio de 2010, el anterior Gobierno decidió una reestructuración de las empresas públicas agrupándolas en un solo conglomerado bajo la matriz GPEX. Hasta septiembre de 2011, tenía 14 áreas de gestión, que se correspondían con las antiguas empresas que formaban parte del grupo antes. Ahora tiene cinco áreas de gestión. La reducción se ha producido fundamentalmente en cargos directivos, ya que ahora sólo hay un gerente y un jefe de área. Antes, además del presidente del grupo de empresas, cada firma tenía su cúpula directiva. Durante 2011, el número medio de trabajadores ascendió a 1076. A fecha de hoy, la plantilla de GPEX asciende a poco más de 700 trabajadores, que realizan encomiendas de gestión con la Administración Pública. En el proceso de reestructuración del sector público empresarial de Extremadura también se han extinguido dos sociedades mercantiles y cinco empresas públicas que existían se han aglutinado en una sola: Extremadura Avante. En esta primera fase de reestructuración (porque el proceso aún continúa), se ha prescindido de seis puestos de máximo poder decisorio dentro de la estructura jerárquica de las sociedades que integran Avante. Esta medida, junto con el resto de acciones de reestructuración en materia de personal del sector público empresarial, ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros. Por otra parte, la Consejería de Fomento tiene dos empresas que dependen de ella, son Gisvesa y Urbipexsa, y ahora el gerente es el mismo para las dos. Además, trabaja con empresas dependientes de GPEX, como el Área de Turismo (antes Turextremadura) cuyo gerente también se ha suprimido.
13-. NAVARRA, UN 66% MENOS: Según informa Pablo Ojer desde Pamplona, el Gobierno de Navarra anunció hace ahora un año la reducción del número de empresas públicas en un 66% para que se quede en un tercio de las que había en la legislatura precedente. Este proceso se fue dando a lo largo de estos doce meses y el número de empresas públicas pasaron de 38 a 13 mediante fusiones entre ellas. Con esta medida, el ahorro previsto era de 28 millones de euros. Además, el número de consejeros se dejó en algo menos de la mitad, pasando de 322 a 156. Un nuevo organismo, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) se encarga de coordinar las 13 empresas. Al constituirse un Gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, ocho de estas empresas están en manos de los regionalistas de UPN y cinco están dirigidas por lo socialistas. La CPEN está dirigida por un miembro de UPN. También se ha limitado de forma importante la remuneración de los gerentes de estas empresas. Se han dividido en cuatro categorías, según su importancia y complejidad. Los gerentes que más cobrarán tendrán un salario de 77.000 euros brutos al año con un incremento de hasta el 50% en función de variables y objetivos. Los gerentes de la categoría B ganarán 66.000 euros con hasta un 40% en variables y objetivos. Quienes dirijan las empresas del grupo C, cobrarán 57.750 euros con unos complementos del 30% y los del grupo D, 55.000 con un posible incremento de hasta el 15%.
14-. LA RIOJA, UNA ENTIDAD MENOS: El plan riojano para el ajuste de empresas públicas se publicó al renovar en el liderazgo Pedro Sanz. En esta Comunidad y según informan fuentes de la Presidencia, al inicio de la presente legislatura se suprimió Ader Infraestructuras (la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja). Otras medidas presentadas por el mandatario autonómico conllevarían un ahorro de más dde 27 millones de euros, con la reducción de consejerías y del 0,5% del personal de la Administración regional, que ya se han llevado a cabo esta legislatura (Asturias y Andalucía anunciarán sus respectivos programas tras la constitución de los nuevos Gobiernos autónomos resultantes de las elecciones del pasado 25 de marzo) (texto da jornalista do ABC, Érika Montañés, com a devida vénia)
No se puede mantener la telaraña de entidades con más gastos que ingresos
Ese mismo día, la también ministra de la Presidencia, a cuyo área pertenece la competencia de hacer que el sistema público se convierta en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos, aprovechó para despejar el balón al campo de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales que todavía sigan dando alas al «innecesario» tejido empresarial público. La vicepresidenta lanzó ese mensaje de «poner orden en casa» a las regiones y ayuntamientos, máxime porque la mayoría están regidos por el PP y todos se comprometieron a cumplir con la «barra libre» de entidades públicas antes y después de las elecciones. Pero la poda de empresas de las administraciones autonómicas, como vemos en el repaso que realizan los redactores de ABC en todas las delegaciones regionales, comenzó ya su andadura tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en algunos casos, si bien en otras autonomías –gobernadas o no por los populares- han recogido la receta lanzada recientemente por el Estado para presentar, estos días, sus respectivos planes de reestructuración del sector, que implica una reducción drástica de los integrantes de «la res pública»:
1-. CATALUÑA, UN 21% MENOS: Según informa María Jesús Cañizares desde Barcelona, Cataluña contaba con 272 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los cuales se han extinguido ya 57 o se encuentran en un proceso muy avanzado. El objetivo es llegar a eliminar el 25% del total. La racionalización de estos entes incluye la fusión o integración en las consejerías de la Generalitat. Esta integración afectaría a empresas que apenas tienen trabajadores para poder ser recolocados en los departamentos del gobierno autonómico. Sáenz de Santamaría advirtió a las autonomías que hay que ordenar la casa pública Algunas de esas empresas que se han extinguido ya o están a punto son: Instituto Catalán de Crédito Agrario; Entidad Autónoma de Difusión Cultural; Agencia Catalana de Seguridad Industrial; entes de coordinación y gestión de las participaciones y entidades públicas industriales de la Generalitat; la Agencia Catalana del Deporte; Gesclínic, S.A.; Energética de Instalaciones sanitarias, S.A.; CCRTV Interactiva, S.A.; Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, S. A.; Activa Multimedia Digital, S.L.; y Viajes de Montaña, S. A.
2-. ARAGÓN, UN 25% MENOS: En la Comunidad vecina, Aragón, Roberto Pérez informa de que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi sigue manteniendo sus 28 empresas públicas, compañías en las que o bien es el propietario o bien es el accionista mayoritario. Entre ellas, se incluye la radiotelevisión autonómica. En otoño del año pasado, el Ejecutivo popular de Rudi anunció un plan de reestructuración que permitirá dejar la cifra de empresas públicas en 21, pero no se sabe cuándo culminará el proceso, que incluirá varias fusiones. La parte más avanzada es la fusión de las empresas Sodemasa y Sirasa, que permitirá reducir sus cuadros directivos. Hasta el momento no se ha cuantificado qué supondrá la reestructuración en términos de empleo. La deuda que acumula el sector público empresarial del Gobierno aragonés ronda los 550 millones de euros. De ellos, 400 corresponden a las empresas en las que el Ejecutivo autónomo es propietario o accionista minoritario. Los otros 150 millones se concentran en dos compañías en las que no tiene la mayoría de las acciones, pero sí una participación significativa. Sólo por su participación en la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Fomento, la porción que deuda que le toca al Gobierno aragonés asciende a 100 millones de euros.
3-. COMUNIDAD VALENCIANA, UN 87% MENOS: Según informa Alberto Caparrós, la Generalitat Valenciana ultima un proceso de reestructuración de su sector público empresarial, compuesto por un total de 46 sociedades mercantiles que antes de que acabe el actual ejercicio se fusionarán en seis entes. Esta operación no incluye al grupo Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) que se mantendrán como empresas independientes, aunque también ejecutarán procesos de adelgazamiento de su estructura. El Gobierno que preside Alberto Fabra prevé generar un ahorro total de 120 millones a través de un proceso de fusiones, absorciones y liquidaciones de empresas que, finalmente, configurarán una única corporación empresarial compuesta por seis holdings divididos por áreas de negocio: promoción cultural y ocio, bienestar social, apoyo a sectores productivos, transporte, medio ambiente y construcción y gestión de infraestructuras. Conforme avanzó ABC el pasado 13 de marzo, el plan de la Generalitat contempla reducir a la mitad la plantilla de empleados que desempeñan su labor en las empresas públicas. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno valenciano, la medida implicará a 5.000 trabajadores, entre los que se incluirán los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ultima RTVV. La Generalitat, además, ha equiparado el sueldo de los directivos de las empresas públicas para que ninguno rebase el tope salarial que marca el presidente autonómico –no supera los 68.000 euros brutos anuales- y ha comenzado el proceso de reestructuración en algunas empresas públicas donde ya se han puesto en marcha los primeros ERE. Son los casos del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que prescindirá de 250 trabajadores, y de la empresa encargada de la construcción de colegios públicos (Ciegsa), que hará lo propio con otros ochenta empleados. Las condiciones de los despidos estarán reguladas por la nueva reforma laboral, que establece indemnizaciones de veinte días por año trabajado. El Gobierno autonómico sostiene que su voluntad pasa por «adelgazar la Administración bajo el concepto de la eficiencia y el mantenimiento de los servicios esenciales para los ciudadanos». El Gobierno balear ha presentado esta semana medidas de asuteridad
4-. BALEARES, UN 54,7% MENOS: También el Gobierno balear está dando los últimos retoques a un plan de reestructuración del sector empresarial público. Antoni Limongi, corresponsal de ABC en Baleares, informa de que el Govern balear reducirá en base a ese programa las empresas del sector público de 168 a 76. Actualmente el sector público balear cuenta con 168 empresas sumando consorcios, fundaciones, entes instrumentales, organismos autónomos y sociedades mercantiles. El ajuste del Gobierno balear previsto es quepase a 76. Este proceso de reducción se está ya produciendo, aunque a día de hoy no se disponen de los datos del trabajo efectuado hasta el momento. Esta medida, que se desarrolla en un proceso gradual de negociación particular con cada organismo,supone un ahorro de 115 millones de euros. La reestructuración es la siguiente: integración de las empresas Gesma y las Fundaciones Hospital Son Llàtzer, Hospital de Manacor y Hospital Comarcal de Inca; fusión del Institut d’Estudis Baleàrics y el Cofuc; fusión de Semilla e Ibabsa; fusión del ParcBit, Bitel,Cidtur, Fundació Ibit e IDI; fusión de la Agència de Cooperaciò Internacional y la Fundació Balears a l'Exterior; fusión de la Fundación Mateu Orfila d'Investigació en Salut y la Fundació d'Investigació Sanitaria de les Illes Balears Ramon Llull; fusión de la Fundació Illesport y el Consorcio Escola Balear de l’Esport; fusión de l’ATB y la Fundación para el Desenvolupament Sostenible; y la disolución de 22 consorcios, además de la agrupación de otros 57 consorcios.
5-. PAÍS VASCO, la «tijera» en el gasto corriente, con un 20% menos: Al llegar a Ajuria Enea, el Ejecutivo de Patxi López se encontró en 2009 con una magna estructura pública, plagada de empresas, entes y fundaciones «amigas», herencia de treinta años de gobiernos del PNV. Los socialistas, impulsados desde fuera por el PP vasco, se comprometieron a reducir drásticamente lo que denunciaron como un entramado empresarial de «chiringuitos» nacionalistas, que los de Antonio Basagoiti cifraron en al menos 555 organismos controlados o participados por la Administración pública vasca, según informa Itziar Reyero desde Bilbao. También informa, según fuentes del Gobierno vasco, de que en la práctica, la «tijera» se ha dedicado sobre todo a contener el gasto corriente, con una reducción cercana al 20%. El mayor ahorro se ha producido en los departamentos de Industria y Agricultura, que eran también los más «abultados» en sociedades públicas y semipúblicas. En concreto, la agencia para la promoción y reconversión industrial SPRI se ha visto «adelgazada» en cuatro sociedades, pasando de 29 a 25, tras suprimirse en Vizcaya el Centro de Empresas de Zamudio y tres «industrialdeas» -entes comarcales para la gestión y promoción de suelo industrial- en Vizcaya y una en Álava. En Agricultura, la otra consejería «agigantada» por el PNV, con hasta 43 empresas públicas y un presupuesto propio de 84 millones de euros, el cinturón de ajuste ha propiciado la salida del Gobierno vasco de hasta 16 sociedades.
6-. EN CANARIAS, UN 83,6% MENOS: Desde el archipiélago canario, Mercedes Ramos informa de que el Gobierno regional aprobó el pasado mes de febrero nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas con el objetivo de reducir en cuatro años el 45% de los costes directos que generan las empresas y fundaciones públicas dependientes de la Administración autonómica canaria. Según la programación prevista, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público. A su finalización, el sector público empresarial canario quedará reducido a 16 sociedades mercantiles. A diciembre de 2011, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba integrado por 98 entes, de los cuales un 43,2% lo constituyen sociedades mercantiles, un 23,7% fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, un 13,4% consorcios y, el resto, un 19,7%, engloba entes Públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otros entes dependientes de la comunidad. Los presidentes autonómicos del PP, en el Congreso regional del partido en Madrid La programación prevista establece la enajenación de activos por valor de 49,7 millones, la venta de la participación en el capital social de dos sociedades (Gestur Tenerife y Gestur Las Palmas), así como la desinversión en 21 sociedades mercantiles participadas. Además se prevé un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas. Con carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración, reduciendo a siete el número máximo de miembros de los consejos y recortando en un 10% los gastos de dirección. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Entre otras actuaciones, se fija un mínimo de 37,5 horas semanales de trabajo, se suprimen planes de pensiones y seguros médicos, se establece la edad de jubilación forzosa a los 65 años y se articula un tope retributivo para los directivos. Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife). Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las ya extinguidas Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación. Con la disolución de estas seis entidades, se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.
7-. CASTILLA-LA MANCHA, YA SE HA SUPRIMIDO UN 17%: Desde Toledo informa de la situación María José Muñoz. El anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que presidía José María Barreda, llegó a formar un entramado de empresas públicas y fundaciones cercano al centenar, suponiendo en muchos casos una agencia de recolocación para cargos socialistas y, sobre todo, vías de escape de miles de millones que la Comunidad Autónoma no podía permitirse, a tenor del enorme déficit que se encontró el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2011. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se comprometió a reducir al máximo los entes públicos de la región y, en este sentido, está trabajando el Ejecutivo castellano-manchego. Fuentes cercanas al Gobierno regional han confirmado a ABC que ya se han extinguido 8 empresas públicas; 6 están en proceso de extinción y 3 en proceso de fusión. Entre los entes extinguidos destacan la Fundación Centro Regional de Diseño de Castilla-La Mancha, la Fundación Miguel Fisac y la Fundación Virtus de Formación, Innovación y Desarrollo Tecnológico. Hace unos días, la Junta de Comunidades anunció que la Consejería de Fomento pasará de tener cuatro empresas públicas dependientes a una sola. Así, se pretende fusionar la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha (ERE), la Sociedad de Carreteras, la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (Agecam) y la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras (Gicaman). La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, detalló que la deuda total de estas cuatro empresas asciende a 1.434 millones de euros. El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha confirmado que esta operación es un «paso más» para redimensionar el sector público de la región. El también consejero de Presidencia y Administraciones Públicas recordó que el sector público de Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos cinco años de una manera «sumamente disparatada». Una estructura con cerca de 100 empresas y organismos públicos que calificó de «numéricamente inasumible».
8-. EN CANTABRIA, UN 51,2% MENOS A FINALES DE 2012: Cantabria pretende acometer una profunda remodelación del sector público empresarial a lo largo de este ejercicio. De hecho, según informan fuentes de la Presidencia del Gobierno cántabro, se ha presentado un completo programa de actuaciones –aprobado el pasado 16 de febrero- y remitido al Parlamento regional para llevar a cabo la poda de contención en el gasto público en este sector. Según detallan a este periódico fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno presidido por Ignacio Diego, el plan pasará por reducir de 45 a 22 los entes y organismos públicos con fecha de 31 de diciembre de 2012. La propuesta íntegra de reestructuración del sector público empresarial y fundacional 2012 contempla la liquidación, entre otras entidades, de Gestión Energética de Cantabria, S. L. (Genercan), la Empresa Cántabra para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la Administración, S. L. (Emcanta), de Empredinser, S.L.U.; Santander Centro Abierto, S.A.; Torrelavega Centro Abierto, S.A.; Suelo Industrial La Pasiega, S.L, Ecoparque Mioño, S.L., y Fundación Fondo Cantabria Coopera (FFCC). Además, este programa de actuaciones en el tejido empresarial y fundacional público, incluye la fusión de diversas entidades, como la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, El Soplao S.L., y la Sociedad Regional de Turismo, S. A., entre otras muchas entidades.
9-. CASTILLA Y LEÓN, UN 29% MENOS: Según informa José María Ayala desde Valladolid, la Junta de Castilla y León prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de once entes del sector público, mediante su extinción, fusión o absorción, medida que se complementará con la limitación de los sueldos, que se equipararán a los de secretario general (66.000 euros al año). Así figura en el Plan de Ajuste enviado el pasado lunes al Gobierno y presentado este jueves 3 de mayo por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.Del inventario de 106 entes, explicó que sólo pueden actuar en 38, dado que carece de mayoría en otros 27, cuatro corresponden a las universidades públicas, de las que dependen a su vez 37 organismos. De manera que la extinción, fusión o absorción afectará a 11 de esas 38 (29%), por el que computa un ahorro de casi 20 millones de euros. Así, Excal se fusiona en Ade, Sotur con la Fundación Siglo y la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl) con la Fundación Universidades. Entre las que desaparecen están Appacale (sus funciones las asume el Itacyl), la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, la Fundación Anclaje, la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria y la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Además, se producirá la reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación y Siemcalsa. Tanto Del Olmo como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistieron en que en este momento no se puede precisar el número de trabajadores afectados, ya que antes de la extinción o fusión habrá un proceso de negociación y unos trámites administrativos.
10-. GALICIA PASARÁ DE 153 A 86, UN 43,7% MENOS: Desde Santiago de Compostela, Evaristo Amado informa de las novedades en el caso gallego, ya que el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció este mes una nueva fase para eliminar o reformar otros 25 entes públicos. Desde la llegada de Feijóo al poder en 2009, la Xunta ha suprimido seis Consejerías (de las 14 de Emilio Pérez Touriño han quedado 8); ha rebajado de 125 a 66 el número de altos cargos del Ejecutivo y eliminado o refundido hasta octubre del pasado año 42 organismos de los 153 computados en julio pasado (34 de ellos son fundaciones comarcales, integradas en la Agencia de Desarrollo Rural). La Xunta ha anunciado una segunda fase de «adelgazamiento», con la supresión de los tres «vicevaledores» (los ayudantes de la figura que en Galicia equivale al Defensor del Pueblo) y del CES, entre otros. Se han reducido a 5 los 52 delegados territoriales. En global, han desaparecido: 34 fundaciones para el desarrollo comarcal (baixo Miño, Verín, Consagrada, Ribeiro, Terra Chá, Terra do Deza, Carballiño, Ancares, Terra de Lemos, Celanova, Ordes, Mariña Occidental, Mariña Central, Mariña Oriental, Paradanta, Terra de Caldelas, Ulloa, Arzúa, Valedoras, Ortegal, Melide, Terra de Trives, Santiago, Eume, Morrazo, Noia, Muros, Betanzos, Chantada); el organismo Augas de Galicia y el ente público Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se fusiona en la entidad pública empresarial de nombre Augas de Galicia; la Agencia Gallega de Innovación se crea cerrando la Dirección General de Investigación y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial; y el Instituto de Estudios del Territorio asume la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia y la Comisión de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica.
11-. MADRID, UNA VEINTENA MENOS DE ORGANISMOS: La Comunidad de Madrid ha ahorrado 2.200 millones de euros desde 2008 gracias al Plan de Austeridad que se puso en marcha hace cuatro años, según informa Miguel Oliver. Durante este tiempo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha suprimido una veintena de empresas públicas, 24 puestos directivos y 83 órganos colegiados o consultivos. Entre las entidades destacan Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Ledesma. El pasado 1 de enero, además, también se suprimió la Agencia Madrileña de la Emigración y el Tribunal de Defensa de la Competencia. En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extinguieron el Consejo de la Juventud, y se disolvió Alcalá Natura 21. Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusionó con Canal Extensia. En lo referente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. De la misma manera se ha disuelto la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extinguió el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Sus competencias se integraron en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disolvió Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid. Por otra parte, se ha puesto a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social de Centro de Transportes, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa. En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública Mintra. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se fusionarán en una nueva empresa las sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se ha enajenado la participación de la CAM en Ledesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad , se extinguió el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la CAM, que se integró en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se unió el Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguieron el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Mujer, Empleo e Inmigración. Esperanza Aguirre ya ha insinuado en un par de ocasiones que el siguiente organismo que podría desaparecer sería el Defensor del Menor de la Comunidad.
12-. EXTREMADURA, OBJETIVO EL 50%: En la economía «de guerra» implementada por el popular José Antonio Monago al recalar a la Presidencia de la Junta extremeña el pasado verano, comenzó por rebajar de 11 a 7 las consejerías, suprimir en un 50% de los directivos y cargos públicos y acabar con la «mochila de privilegios» que arrastraban estos, además del personal eventual del Gobierno de Extremadura, cuando cesaban en sus puestos. El ahorro para las arcas regionales se fijó en una horquilla de un 10 a un 20% a través de estas partidas y de otras acciones, como la eliminación de las secretarías de Extremadura en el mundo; la de Estudios para la Paz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, que se incluyeron en un solo departamento que se ocupa de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea. El mismo porcentaje del 50% fue el señalado por el plan de Monago para la reducción de las empresas, organismos y entes públicos. «Para conseguir la disciplina y el rigor en la ejecución presupuestaria en el Gobierno se creará una Oficina de Control Presupuestario dependiente del Parlamento y se impulsará en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Seguimiento y Control del Sector Público Empresarial», estableció ya en su discurso de investidura. En la actualidad, según fuentes del Gobierno de Extremadura consultadas por este periódico, se está valorando la red de empresas públicas dependientes del Ejecutivo y su viabilidad, por lo que a lo largo del año 2012 se tomarán diferentes decisiones para su reestructuración. No obstante, hasta el momento, ya se ha acometido la reestructuración en lo que concierne al número de personal directivo y su sueldo. Por ejemplo, en julio de 2010, el anterior Gobierno decidió una reestructuración de las empresas públicas agrupándolas en un solo conglomerado bajo la matriz GPEX. Hasta septiembre de 2011, tenía 14 áreas de gestión, que se correspondían con las antiguas empresas que formaban parte del grupo antes. Ahora tiene cinco áreas de gestión. La reducción se ha producido fundamentalmente en cargos directivos, ya que ahora sólo hay un gerente y un jefe de área. Antes, además del presidente del grupo de empresas, cada firma tenía su cúpula directiva. Durante 2011, el número medio de trabajadores ascendió a 1076. A fecha de hoy, la plantilla de GPEX asciende a poco más de 700 trabajadores, que realizan encomiendas de gestión con la Administración Pública. En el proceso de reestructuración del sector público empresarial de Extremadura también se han extinguido dos sociedades mercantiles y cinco empresas públicas que existían se han aglutinado en una sola: Extremadura Avante. En esta primera fase de reestructuración (porque el proceso aún continúa), se ha prescindido de seis puestos de máximo poder decisorio dentro de la estructura jerárquica de las sociedades que integran Avante. Esta medida, junto con el resto de acciones de reestructuración en materia de personal del sector público empresarial, ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros. Por otra parte, la Consejería de Fomento tiene dos empresas que dependen de ella, son Gisvesa y Urbipexsa, y ahora el gerente es el mismo para las dos. Además, trabaja con empresas dependientes de GPEX, como el Área de Turismo (antes Turextremadura) cuyo gerente también se ha suprimido.
13-. NAVARRA, UN 66% MENOS: Según informa Pablo Ojer desde Pamplona, el Gobierno de Navarra anunció hace ahora un año la reducción del número de empresas públicas en un 66% para que se quede en un tercio de las que había en la legislatura precedente. Este proceso se fue dando a lo largo de estos doce meses y el número de empresas públicas pasaron de 38 a 13 mediante fusiones entre ellas. Con esta medida, el ahorro previsto era de 28 millones de euros. Además, el número de consejeros se dejó en algo menos de la mitad, pasando de 322 a 156. Un nuevo organismo, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) se encarga de coordinar las 13 empresas. Al constituirse un Gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, ocho de estas empresas están en manos de los regionalistas de UPN y cinco están dirigidas por lo socialistas. La CPEN está dirigida por un miembro de UPN. También se ha limitado de forma importante la remuneración de los gerentes de estas empresas. Se han dividido en cuatro categorías, según su importancia y complejidad. Los gerentes que más cobrarán tendrán un salario de 77.000 euros brutos al año con un incremento de hasta el 50% en función de variables y objetivos. Los gerentes de la categoría B ganarán 66.000 euros con hasta un 40% en variables y objetivos. Quienes dirijan las empresas del grupo C, cobrarán 57.750 euros con unos complementos del 30% y los del grupo D, 55.000 con un posible incremento de hasta el 15%.
14-. LA RIOJA, UNA ENTIDAD MENOS: El plan riojano para el ajuste de empresas públicas se publicó al renovar en el liderazgo Pedro Sanz. En esta Comunidad y según informan fuentes de la Presidencia, al inicio de la presente legislatura se suprimió Ader Infraestructuras (la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja). Otras medidas presentadas por el mandatario autonómico conllevarían un ahorro de más dde 27 millones de euros, con la reducción de consejerías y del 0,5% del personal de la Administración regional, que ya se han llevado a cabo esta legislatura (Asturias y Andalucía anunciarán sus respectivos programas tras la constitución de los nuevos Gobiernos autónomos resultantes de las elecciones del pasado 25 de marzo) (texto da jornalista do ABC, Érika Montañés, com a devida vénia)
Carro que participava no rally de Santo Tirso embateu numa paragem de autocarro
O rally de Santo Tirso, que se realizou marcado por um acidente. Um dos carros que participava na prova despistou-se e embateu numa paragem de autocarro onde estavam abrigadas várias pessoas. Uma jovem ficou ferida embora sem gravidade. O piloto era Santiago Canizares - o antigo guarda redes espanhol.
Oiça (bem) esta coisa mais tonta...
Duas mil pessoas marcharam, este sábado, em Lisboa, pela legalização da canábis. A iniciativa acontece em mais de 300 cidades, em todo o mundo.
Perfil de François Hollande
Dezassete anos depois de François Miterrand, os socialistas franceses sentam no Eliseu um outro Presidente. François Hollande recebeu nesta campanha um apoio especial, o do ex-Presidente de direita Jacques Chirac. Hollande tem 57 anos, é licenciado em Direito e Ciência Política, foi deputado, secretário-geral do partido e presidente da Câmara de Tulle.
terça-feira, maio 08, 2012
Opinião: tranquilidade...
"Tenho acompanhado com interesse militante, os últimos acontecimentos no seio do PSD da Madeira, por ter a perfeita consciência de que estamos, como tudo na vida, a caminhar para o fim de um ciclo político que dará, a seu tempo lugar, a outro diferente, sem que isso signifique para o partido de que faço parte, a apologia de apostas perdidas e pouco mobilizadoras, todo e qualquer tipo de aventureirismo sem convicção e muito menos uma sucessão de desastrosos tiros-no-pé. As pessoas já perceberam que o meu envolvimento partidário ativo caminha, por opção pessoal e pela lógica da renovação, para o seu fim, pelo que não quero situar-me mais para um lado, menos para outro.
Não é isso que está em causa neste momento. Quando for chamado a votar, como qualquer outro militante, ou quando me pedirem a opinião, votarei ou opinarei no local próprio, internamente. Todos estes anos demonstraram-me que na política o que hoje é, amanhã pode deixar de ser. Tenho também a perceção de que para um partido político, tal como para qualquer outra instituição, pública ou privada, o pior que pode acontecer é que nestes momentos de mudança, as coisas sucedam associadas a um clima de desconfiança e de muita conflitualidade interna.
É sabido que o presidente da Câmara do Funchal já se assumiu como candidato à liderança do PSD-Madeira. Tal como o fez o Secretário Regional, Manuel António Correia. Estão no seu direito. Não podemos andar a repetir que todos os militantes de um partido são potenciais candidatos a líder – para enfatizar um pretenso estatuto de igualdade militante, certa em teoria mas que na prática sabemos todos como as coisas funcionam - e depois alimentar uma enorme turbulência pelo facto de um deles anunciar que quer ser candidato. Não tem lógica e acaba por conduzir-nos a todos para uma discussão viciada e por caminhos descontextualizados. Se Miguel Albuquerque acha que tem condições para ser candidato à liderança do PSD da Madeira, se entende que reúne apoios necessários a uma candidatura, se acha que tem um projeto exequível e ganhador, a seu tempo trataremos disso. Tem, de certeza absoluta, tal como Manuel António Correia e qualquer outro que queira avançar, a legitimidade para o fazer.
Mas isso não nos impede de questionarmos e discutirmos internamente, com tranquilidade e elevada dose de pragmatismo (factores essenciais nestes momentos), se o “timing” escolhido é ou não o mais adequado, se as pessoas perderão alguma coisa se não se precipitarem e se advirá algum mal (para quem, e qual) com o adiamento desse confronto interno, que pode transformar 2013 – já de si um ano-pesadelo, quer para o PSD regional, quer para a governação regional social-democrata, a que se juntam eleições autárquicas de desfecho imprevisível - também num ano partidariamente instável e conflituoso. Se por qualquer motivo tiverem que ser tomadas decisões internas vinculativas - que nem seriam inovadoras, pois não me recordo de nenhuma contestação à aprovação de alterações de prazos estatutários aprovada ao longo dos anos - elas serão certamente tomadas nos locais próprios e no momento adequado, antecedidas de um debate interno que não poderá furtar-se à divergência de opiniões em torno dos alicerces de todo este processo e dos objetivos políticos essenciais do PSD regional.
Acho estranho - basta que as pessoas acompanhem as redes sociais ou os comentários nas edições online de jornais - que muitas dessas manifestações de apoio (?) e de regozijo claramente com origem fora do espectro ideológico do PSD regional, apontem para o que dizem ser o fim do ciclo eleitoral do PSD na Madeira ou, indo mais além, para o que esses cometários designam de "regime jardinista". Não há, por assim dizer, um apoio inequívoco assente numa posição política clara ou numa convicção. Há apenas a proliferação de comentários, recomendações e críticas, claramente díspares e situadas fora do espaço político do PSD da Madeira, mas que não ajudam os protagonistas. Sobretudo pela (estranha e) deliberada aposta no reforço da noção de que uma determinada candidatura acelerará a derrota do PSD da Madeira e do “jardinismo”. Julgo que é esta ideia que precisa ser desmontada e desmistificada pelos interessados, antes de qualquer decisão. É mais do que óbvio, repito, que esse cenário não ajuda rigorosamente qualquer candidato. Não duvido que determinadas "estratégias" potencialmente suicidas fiquem associadas a um desfecho, política e eleitoralmente deprimente. Cabe ao partido interessado decidir como e quando entender, internamente, imune a pressões ou manipulações, mas como muita inteligência e pragmatismo que fazem com que qualquer decisão seja alicerçada também em fatores exógenos. A que se junta a legitimidade da sua “praxis”. Acresce, por falar em eleições autárquicas, que no caso concreto do Funchal, há a considerar o cenário de uma já sugerida coligação da oposição, lembrando que nas regionais de 2011 o PSD da Madeira não foi além dos 42,9% na capital, em contraste com os 52,2% que em 2009 elegeram os actuais 6 mandatos social-democratas na edilidade da capital, onde penso que se situam mais de 50% (estimativa pessoal) dos militantes social-democratas.
Já que não estamos a falar nem de masoquismo nem de autoflagelação política, qual é o partido que perante uma corrente organizada de incentivo a determinada estratégia que eventualmente o penalizará, está disposto a aceitar, infantilmente, que o tramem? Qual é o partido hipocritamente disposto a tolerar uma estratégia interna estimulada pela perspetiva de que, através dela, pode ser derrotado? Só se for um partido político idiota. Mas uma coisa são as dúvidas que precisam ser esclarecidas, em toda a sua dimensão e contornos, outra coisa é fomentar qualquer tipo de caça às bruxas menos própria num partido democrático. Ao PSD da Madeira cabe preservar a sua imunidade perante as pressões externas, que vão acentuar-se com o tempo, promovendo ao mesmo tempo uma reflexão interna capaz de questionar e discutir com elevação tudo o que for necessário, para melhor responder de forma adequada a todos os desafios. Reagindo com elevação, com dignidade e com mobilização, na certeza de que atravessamos a conjuntura mais difícil de todas as já vividas pela nossa Região. Na certeza porém de que o PSD da Madeira sem Alberto João Jardim, nada terá a ver com o PSD que nestes mais de 30 anos de democracia e de autonomia por ele foi liderado. Na política não existem clones. Nada de ilusões quanto a isso" (in JM)
Não é isso que está em causa neste momento. Quando for chamado a votar, como qualquer outro militante, ou quando me pedirem a opinião, votarei ou opinarei no local próprio, internamente. Todos estes anos demonstraram-me que na política o que hoje é, amanhã pode deixar de ser. Tenho também a perceção de que para um partido político, tal como para qualquer outra instituição, pública ou privada, o pior que pode acontecer é que nestes momentos de mudança, as coisas sucedam associadas a um clima de desconfiança e de muita conflitualidade interna.
É sabido que o presidente da Câmara do Funchal já se assumiu como candidato à liderança do PSD-Madeira. Tal como o fez o Secretário Regional, Manuel António Correia. Estão no seu direito. Não podemos andar a repetir que todos os militantes de um partido são potenciais candidatos a líder – para enfatizar um pretenso estatuto de igualdade militante, certa em teoria mas que na prática sabemos todos como as coisas funcionam - e depois alimentar uma enorme turbulência pelo facto de um deles anunciar que quer ser candidato. Não tem lógica e acaba por conduzir-nos a todos para uma discussão viciada e por caminhos descontextualizados. Se Miguel Albuquerque acha que tem condições para ser candidato à liderança do PSD da Madeira, se entende que reúne apoios necessários a uma candidatura, se acha que tem um projeto exequível e ganhador, a seu tempo trataremos disso. Tem, de certeza absoluta, tal como Manuel António Correia e qualquer outro que queira avançar, a legitimidade para o fazer.
Mas isso não nos impede de questionarmos e discutirmos internamente, com tranquilidade e elevada dose de pragmatismo (factores essenciais nestes momentos), se o “timing” escolhido é ou não o mais adequado, se as pessoas perderão alguma coisa se não se precipitarem e se advirá algum mal (para quem, e qual) com o adiamento desse confronto interno, que pode transformar 2013 – já de si um ano-pesadelo, quer para o PSD regional, quer para a governação regional social-democrata, a que se juntam eleições autárquicas de desfecho imprevisível - também num ano partidariamente instável e conflituoso. Se por qualquer motivo tiverem que ser tomadas decisões internas vinculativas - que nem seriam inovadoras, pois não me recordo de nenhuma contestação à aprovação de alterações de prazos estatutários aprovada ao longo dos anos - elas serão certamente tomadas nos locais próprios e no momento adequado, antecedidas de um debate interno que não poderá furtar-se à divergência de opiniões em torno dos alicerces de todo este processo e dos objetivos políticos essenciais do PSD regional.
Acho estranho - basta que as pessoas acompanhem as redes sociais ou os comentários nas edições online de jornais - que muitas dessas manifestações de apoio (?) e de regozijo claramente com origem fora do espectro ideológico do PSD regional, apontem para o que dizem ser o fim do ciclo eleitoral do PSD na Madeira ou, indo mais além, para o que esses cometários designam de "regime jardinista". Não há, por assim dizer, um apoio inequívoco assente numa posição política clara ou numa convicção. Há apenas a proliferação de comentários, recomendações e críticas, claramente díspares e situadas fora do espaço político do PSD da Madeira, mas que não ajudam os protagonistas. Sobretudo pela (estranha e) deliberada aposta no reforço da noção de que uma determinada candidatura acelerará a derrota do PSD da Madeira e do “jardinismo”. Julgo que é esta ideia que precisa ser desmontada e desmistificada pelos interessados, antes de qualquer decisão. É mais do que óbvio, repito, que esse cenário não ajuda rigorosamente qualquer candidato. Não duvido que determinadas "estratégias" potencialmente suicidas fiquem associadas a um desfecho, política e eleitoralmente deprimente. Cabe ao partido interessado decidir como e quando entender, internamente, imune a pressões ou manipulações, mas como muita inteligência e pragmatismo que fazem com que qualquer decisão seja alicerçada também em fatores exógenos. A que se junta a legitimidade da sua “praxis”. Acresce, por falar em eleições autárquicas, que no caso concreto do Funchal, há a considerar o cenário de uma já sugerida coligação da oposição, lembrando que nas regionais de 2011 o PSD da Madeira não foi além dos 42,9% na capital, em contraste com os 52,2% que em 2009 elegeram os actuais 6 mandatos social-democratas na edilidade da capital, onde penso que se situam mais de 50% (estimativa pessoal) dos militantes social-democratas.
Já que não estamos a falar nem de masoquismo nem de autoflagelação política, qual é o partido que perante uma corrente organizada de incentivo a determinada estratégia que eventualmente o penalizará, está disposto a aceitar, infantilmente, que o tramem? Qual é o partido hipocritamente disposto a tolerar uma estratégia interna estimulada pela perspetiva de que, através dela, pode ser derrotado? Só se for um partido político idiota. Mas uma coisa são as dúvidas que precisam ser esclarecidas, em toda a sua dimensão e contornos, outra coisa é fomentar qualquer tipo de caça às bruxas menos própria num partido democrático. Ao PSD da Madeira cabe preservar a sua imunidade perante as pressões externas, que vão acentuar-se com o tempo, promovendo ao mesmo tempo uma reflexão interna capaz de questionar e discutir com elevação tudo o que for necessário, para melhor responder de forma adequada a todos os desafios. Reagindo com elevação, com dignidade e com mobilização, na certeza de que atravessamos a conjuntura mais difícil de todas as já vividas pela nossa Região. Na certeza porém de que o PSD da Madeira sem Alberto João Jardim, nada terá a ver com o PSD que nestes mais de 30 anos de democracia e de autonomia por ele foi liderado. Na política não existem clones. Nada de ilusões quanto a isso" (in JM)
Malparado das famílias volta a subir e regista novo recorde
Li no Dinheiro Vivo que "o crédito malparado das famílias portuguesas continuou a aumentar em março deste ano, representado já 3,53% do valor emprestados pela banca nacional. Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal, o malparado subiu 0,03 pontos percentuais em relação a fevereiro, voltando a registar um máximo de histórico. São 4,9 mil milhões de euros de crédito de cobrança num total de 138,8 mil milhões emprestados. Apesar de o crédito à habitação ser o que mais contribui para o bolo total de malparado (2,19 mil milhões de euros), este segmento resiste ainda a subidas mais pronunciadas, representando apenas 1,94% do valor emprestado. Um cenário totalmente diferente daquele que se observa no crédito ao consumo ou com "outros fins". Em ambos os casos, o malparado já ultrapassa os 10%. A crise económica e a redução do rendimento disponível das famílias tem limitado a sua capacidade de responder às suas responsabilidades. Uma tendência que se poderá agravar em 2012, que tem sido classificado como o ano mais duro do programa de ajustamento”.
BCP contra reforma de 174 mil euros de Jardim
Segundo o Jornal de Negócios, "o BCP quer obrigar o ex-banqueiro madeirense a baixar a sua pensão mensal de 174 875,83 euros, e deixar de pagar despesas que incluem quatro seguranças com dois automóveis em regime de exclusividade, os custos de transporte em avião privado e cinco automóveis com dois motoristas. O valor mensal da pensão pode mesmo ultrapassar os 200 mil euros, uma vez que a companhia Ociedental complementa a reforma do ex-presidente do BCP. Durante 16 anos, só em participações no resultado do BCP, Jorge Jardim Gonçalves revebeu 94,8 milhões de euros. O banco intentou uma ação contra ele com mais três exigências: a descida da pensão para o nível do administrador mais bem pago no BCP na atualidade (neste caso 46 429,00 euros), a perda de regalias (segurança privada, avião privado e automóveis) e ainda que, em caso de morte, a mulher não receba, como está previsto, 100% da reforma, mas sim 60%, como acontece com os reformadfos do banco".
Opinião: Cautelas
Porque abordarei a temática de comunicação social quero, como questão preliminar, deixar vincado que não pretendo - nem nunca tive tais pretensões - dar lições seja do que for e a quem for, muito menos procurar impor opiniões ou procedimentos que não são únicos, apesar de os considerar recomendáveis. Tenho, como princípio indiscutível, muito respeito pelo jornalismo e pelos jornalistas, nas suas virtudes e contradições, dos seus méritos e insuficiências. À volta deste tema complexo da comunicação social e da liberdade de imprensa, proliferam conflitos de interesses, pontos de vista antagónicos, queixas, com e sem razão, bem como opiniões díspares que inviabilizam qualquer unanimismo. Vivi na comunicação social - no terreno, como se costuma dizer - o tempo suficiente para não só interiorizar um certo espírito corporativista, que assumo sem complexos, mas também para olhar com desconfiança muitos daqueles que, fora do jornalismo, sobre ele ou a liberdade de imprensa peroram, apesar de nem sequer saberem como funciona uma redação”.
Wolfgang von Goethe (Máximas e Reflexões), escritor e pensador alemão, escreveu: "A censura e a liberdade de imprensa hão-de continuar sempre a sua luta. O poderoso exige e exerce a censura; o homem sem poderes reclama a liberdade de imprensa. O primeiro quer ser obedecido, em vez de ser limitado nos seus planos ou na sua actividade por uma contradição insolente. O segundo quer dar voz às razões que lhe legitimam a desobediência. Por toda a parte se encontrará uma tal oposição. Notar-se-á contudo também que, à sua maneira, o mais fraco, o que sofre a dominação, procura igualmente limitar a liberdade de imprensa, nomeadamente quando conspira e procura não ser traído. Ninguém clama tanto por liberdade de imprensa como aquele que a quer perverter". Nem mais.
A polémica em torno das declarações de um deputado da oposição acerca das circunstâncias em que morreu uma cidadã de Santa Cruz e a atitude da comunicação social neste caso, coloca em debate várias questões complexas que nos remetem para a necessidade de serem observadas regras rigorosas de precaução preventiva. Falo das cautelas que o jornalismo também deve ter e que não se confundem, como hipocritamente porventura alguns poderão suscitar, nem com censura, nem com outras formas de condicionamento da informação.
Não duvidemos: para situações excecionais, e para protagonistas excecionais, comportamentos e precauções excecionais. Quando se verifica que um deputado é obrigado a pedir desculpa publicamente por falsas declarações proferidas no plenário da ALM – porque foi disso rigorosamente que se tratou - abordando uma questão complexa e sobre ela deambulando com base em deduções comprovadamente falsas (e fê-lo com base no que "se diz na freguesia") parece-me evidente que estamos perante uma situação de risco, até para a própria comunicação social, que confirma a necessidade dos jornalistas e dos meios de comunicação social, de uma vez por todas, aprenderem com estas situações e deixarem de permitir que, através deles, se coloque o bom nome das pessoas em causa, por via de uma projeção imediatamente dada ao que é dito, sem que tenham sido ajuizadas as incidências ou as implicações delas resultantes e provado o que é dito.
Se este caso fosse levado ao extremo, por exemplo pelos familiares, poderíamos ter uma situação complicada para muitos dos envolvidos, diretos e indiretos. Não é tolerável que determinadas personagens, por mera conveniência ou confluência de interesses, transformem o jornalismo em “jornalismo-vuvuzela”, tal como os jornalistas dificilmente deixarão, a partir de agora, de precaver-se e não tolerar que os utilizem ou os transformem em meras "caixas-de-ressonância" de políticos, particularmente em situações que poderão ter posteriores custos elevados.
Estrela Serrano, jornalista, docente e antiga membro da ERC, afirmou a um jornal nacional que “a velha questão de saber se são os jornalistas que manipulam os políticos ou se são estes que manipulam aqueles, está hoje ultrapassada pela questão de saber como é que políticos e jornalistas se manipulam entre si". De facto, se persistirmos pelo caminho do vale tudo, ou uma espécie disso, o colapso é apenas uma questão de tempo. Julgo estarem à vista de todos os resultados dessa degradação de valores, de princípios e de cautelas procedimentais, mais associados aos efeitos negativos decorrentes de um permanente atropelo de valores e a uma cegueira face às normas deontológicas mais essenciais, e menos associados a conjuntura económica adversa que abala – e vai continuar a abalar negativamente – a comunicação social em geral. Os jornalistas não podem esquecer uma questão importante: ao contrário deles, um político, seja ele quem for, desfruta sempre da imunidade parlamentar que o impedirá, pelo menos enquanto ocupar o lugar, de comparecer perante a justiça, se for caso disso.
Não conheço a senhora em questão nem a sua família. Estou por isso completamente à vontade para escrever o que escrevi. Não podemos, seja em que circunstância for, branquear situações por mera conveniência pessoal ou política, desvalorizando o que aconteceu ou tentando dar-lhe uma dimensão muito subvalorizada face ao que realmente aconteceu. Não podemos permitir que políticos, só porque têm a garantia de uma projeção mediática, “manipulem” e usem a comunicação social como se se tratasse de um mero retransmissor de argumentos pouco consistentes. Em casos semelhantes – até pelos prejuízos causados, como parece ser o caso da senhora, e que podem envolver seguros e pensões de sobrevivência – a atenção deve ser reforçada e a notícia, doa a quem doer, tem que passar a ser objeto de redobrado cuidado. Mesmo que alguns “arautos” invadam a praça pública com visões permissivas por causa de alegados “atentados” à liberdade de imprensa. Confrontem sempre, os riscos que os meios de comunicação social correm - e o conforto da imunidade parlamentar de quem a pode ter – quando lançam jornalistas ou os meios de informação para uma penosa caminhada pelos tribunais.
Em 20 anos de atividade profissional, apenas uma vez vi-me envolvido numa situação lamentável – tal como com mais de uma dezena de colegas madeirenses – que nos levou a incómodos judiciais. Tratou-se de um caso, que não é para aqui chamado, em relação ao qual hoje a minha postura teria sido diferente daquela que tive há 20 anos atrás. Independentemente de ter a consciência de que agimos todos em nome do jornalismo e pelo jornalismo. A verdade é que fatores exógenos, que deveríamos ter considerado na altura e porventura desvalorizamos, conduziram-nos a uma situação que suscitou entre os jornalistas e os meios de comunicação social, muito debate e muita reflexão.
Gandhi ("Memórias") escreveu: "A imprensa é uma grande potência, mas como uma torrente em fúria submerge a planície e devasta as colheitas, da mesma forma uma pena sem controle serve para destruir. Se o controle vem do exterior, o efeito é ainda mais nocivo do que a falta de controle; só pode ser aproveitável se for exercido interiormente". Nem mais (in JM)
Wolfgang von Goethe (Máximas e Reflexões), escritor e pensador alemão, escreveu: "A censura e a liberdade de imprensa hão-de continuar sempre a sua luta. O poderoso exige e exerce a censura; o homem sem poderes reclama a liberdade de imprensa. O primeiro quer ser obedecido, em vez de ser limitado nos seus planos ou na sua actividade por uma contradição insolente. O segundo quer dar voz às razões que lhe legitimam a desobediência. Por toda a parte se encontrará uma tal oposição. Notar-se-á contudo também que, à sua maneira, o mais fraco, o que sofre a dominação, procura igualmente limitar a liberdade de imprensa, nomeadamente quando conspira e procura não ser traído. Ninguém clama tanto por liberdade de imprensa como aquele que a quer perverter". Nem mais.
A polémica em torno das declarações de um deputado da oposição acerca das circunstâncias em que morreu uma cidadã de Santa Cruz e a atitude da comunicação social neste caso, coloca em debate várias questões complexas que nos remetem para a necessidade de serem observadas regras rigorosas de precaução preventiva. Falo das cautelas que o jornalismo também deve ter e que não se confundem, como hipocritamente porventura alguns poderão suscitar, nem com censura, nem com outras formas de condicionamento da informação.
Não duvidemos: para situações excecionais, e para protagonistas excecionais, comportamentos e precauções excecionais. Quando se verifica que um deputado é obrigado a pedir desculpa publicamente por falsas declarações proferidas no plenário da ALM – porque foi disso rigorosamente que se tratou - abordando uma questão complexa e sobre ela deambulando com base em deduções comprovadamente falsas (e fê-lo com base no que "se diz na freguesia") parece-me evidente que estamos perante uma situação de risco, até para a própria comunicação social, que confirma a necessidade dos jornalistas e dos meios de comunicação social, de uma vez por todas, aprenderem com estas situações e deixarem de permitir que, através deles, se coloque o bom nome das pessoas em causa, por via de uma projeção imediatamente dada ao que é dito, sem que tenham sido ajuizadas as incidências ou as implicações delas resultantes e provado o que é dito.
Se este caso fosse levado ao extremo, por exemplo pelos familiares, poderíamos ter uma situação complicada para muitos dos envolvidos, diretos e indiretos. Não é tolerável que determinadas personagens, por mera conveniência ou confluência de interesses, transformem o jornalismo em “jornalismo-vuvuzela”, tal como os jornalistas dificilmente deixarão, a partir de agora, de precaver-se e não tolerar que os utilizem ou os transformem em meras "caixas-de-ressonância" de políticos, particularmente em situações que poderão ter posteriores custos elevados.
Estrela Serrano, jornalista, docente e antiga membro da ERC, afirmou a um jornal nacional que “a velha questão de saber se são os jornalistas que manipulam os políticos ou se são estes que manipulam aqueles, está hoje ultrapassada pela questão de saber como é que políticos e jornalistas se manipulam entre si". De facto, se persistirmos pelo caminho do vale tudo, ou uma espécie disso, o colapso é apenas uma questão de tempo. Julgo estarem à vista de todos os resultados dessa degradação de valores, de princípios e de cautelas procedimentais, mais associados aos efeitos negativos decorrentes de um permanente atropelo de valores e a uma cegueira face às normas deontológicas mais essenciais, e menos associados a conjuntura económica adversa que abala – e vai continuar a abalar negativamente – a comunicação social em geral. Os jornalistas não podem esquecer uma questão importante: ao contrário deles, um político, seja ele quem for, desfruta sempre da imunidade parlamentar que o impedirá, pelo menos enquanto ocupar o lugar, de comparecer perante a justiça, se for caso disso.
Não conheço a senhora em questão nem a sua família. Estou por isso completamente à vontade para escrever o que escrevi. Não podemos, seja em que circunstância for, branquear situações por mera conveniência pessoal ou política, desvalorizando o que aconteceu ou tentando dar-lhe uma dimensão muito subvalorizada face ao que realmente aconteceu. Não podemos permitir que políticos, só porque têm a garantia de uma projeção mediática, “manipulem” e usem a comunicação social como se se tratasse de um mero retransmissor de argumentos pouco consistentes. Em casos semelhantes – até pelos prejuízos causados, como parece ser o caso da senhora, e que podem envolver seguros e pensões de sobrevivência – a atenção deve ser reforçada e a notícia, doa a quem doer, tem que passar a ser objeto de redobrado cuidado. Mesmo que alguns “arautos” invadam a praça pública com visões permissivas por causa de alegados “atentados” à liberdade de imprensa. Confrontem sempre, os riscos que os meios de comunicação social correm - e o conforto da imunidade parlamentar de quem a pode ter – quando lançam jornalistas ou os meios de informação para uma penosa caminhada pelos tribunais.
Em 20 anos de atividade profissional, apenas uma vez vi-me envolvido numa situação lamentável – tal como com mais de uma dezena de colegas madeirenses – que nos levou a incómodos judiciais. Tratou-se de um caso, que não é para aqui chamado, em relação ao qual hoje a minha postura teria sido diferente daquela que tive há 20 anos atrás. Independentemente de ter a consciência de que agimos todos em nome do jornalismo e pelo jornalismo. A verdade é que fatores exógenos, que deveríamos ter considerado na altura e porventura desvalorizamos, conduziram-nos a uma situação que suscitou entre os jornalistas e os meios de comunicação social, muito debate e muita reflexão.
Gandhi ("Memórias") escreveu: "A imprensa é uma grande potência, mas como uma torrente em fúria submerge a planície e devasta as colheitas, da mesma forma uma pena sem controle serve para destruir. Se o controle vem do exterior, o efeito é ainda mais nocivo do que a falta de controle; só pode ser aproveitável se for exercido interiormente". Nem mais (in JM)
domingo, maio 06, 2012
Espanha: "Las medidas de choque de la Generalitat"
"Subida de impuestos
Se acabó la bonificación del impuesto de patrimonio en la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo autónomo del Partido Popular ha decidido recuperar este impuesto en el ejercicio fiscal de 2013 y no cierra la puerta a que el Gobierno permita que se prolongue esta medida a partir de 2014. Además de este impuesto, la Generalitat aumentará el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7% al 8%.
Más tasas
Además de mantener el denominado céntimo sanitario que grava los hidrocarburos, la Generalitat introducirá nuevas tasas medioambientales a las empresas. La implantación de tasas también se traduce en un nuevo copago judicial, cuya recaudación se reinvertirá en el mantenimiento y construcción de nuevos juzgados.
Gestión privada de servicios no asistenciales en la sanidad
A partir del 2 de enero de 2013, todos los servicios no asistenciales complementarios de la atención médica estarán gestionados por la empresa privada. Para ello adjudicará, mediante un procedimiento denominado "diálogo competitivo", la gestión de las 18 áreas de salud (de un total de 24) que ahora dirige la Consejería de Sanidad. Este sistema prevé el cobro de un canon a los adjudicatarios que han de reducir el coste de gestión.
Estudios universitarios más caros
Los jóvenes tendrán que pagar el curso que viene un 20% del coste de la matrícula, en vez del 13% que se paga ahora en las cinco universidades valencianas. Ello supone una subida de entre 250 y 400 euros en la matrícula de las carreras más habituales.
Más alumnos y menos docentes
Entre las medidas acordadas se incluye un aumento del 20% en el número máximo de alumnos permitido hasta ahora. La medida se completa con un incremento de las horas lectivas de los docentes universitarios y de Secundaria, que implicará menos profesores contratados. Solo en colegios e institutos la medida permitirá retirar el 10% de los barracones instalados.
Déficit
El objetivo es lograr el 1,5% del PIB regional de déficit, cifrado en 1.536 millones para 2012. Para ello se suben los ingresos en 1.036 millones y se recortan gastos en otros 1.223" (fonte: El Pais)
Espanha: “Las televisiones autonómicas con pérdidas recibirán menos fondos”
Escreve a jornalista do El Pais, Rosario G. Gómez que "las televisiones autonómicas tendrán anualmente un techo de gasto que no podrán rebasar. Y en caso de que "excepcionalmente" sus cuentas se descuadren y terminen el ejercicio en números rojos, esas pérdidas se descontarán de los gastos del año siguiente. Esta es una de las medidas de control presupuestario introducidas por el Gobierno en la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, que ha entrado ya en Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia. Esta reforma permitirá a las comunidades elegir el modelo de gestión y les dará libertad para que puedan privatizar las televisiones regionales. Con esta reforma se trata de controlar minuciosamente los costes de las televisiones autonómicas y de evitar que incurran en un déficit desbordante y generen una deuda acumulada tan gigantesca como de la del ente valenciano, que supera los 1.200 millones de euros. Además, el proyecto de ley establece que los fondos de cualquier tipo de convenio o encomienda que realice la comunidad autónoma, directa o indirectamente, a favor de la televisión pública regional se reducirá de su partida de gastos aprobada. Y para vigilar que se cumple el equilibrio presupuestario, la ley especifica que antes del 1 de abril de cada año, los entes deberán presentar a su comunidad un informe "en el que se ponga de manifiesto que la gestión del ejercicio inmediato anterior" se adecua a los principios de la Ley de Estabilidad.
Este año, los entes autonómicos tienen un presupuesto de 1.200 millones de euros, de los cuales 980 son aportaciones públicas. De esta cantidad, una gran parte (857 millones) es absorbida por las televisiones y el resto se destina a sufragar el coste de la radio y los gastos generados por la corporación o el ente público. Según las estimaciones de la Federación de Organismos de Radios y Televisiones Autonómicos (Forta) el coste de estas cadenas equivale, de media, al 0,6% del presupuesto de las comunidades. Con la nueva legislación, las televisiones que recurran al endeudamiento recibirían menos fondos el año siguiente. A menudo, comunidades como Madrid se han visto obligadas a solicitar "aportaciones patrimoniales extraordinarias" (hasta 20 millones de euros en algunos ejercicios) para poder terminar el año. A partir de ahora los presupuestos serán inamovibles. Aunque el desplome publicitario descuadre las cuentas. Según un informe encargado por la Forta a la multinacional Accenture, el 75% de los presupuestos de las autonómicas proceden de las subvenciones y un 25%, de la publicidad. Pero la crisis publicitaria se ha cebado con las autonómicas. En el primer trimestre del año han perdido el 39,8% de la facturación publicitaria, el doble de la media del conjunto de las televisiones (17,7%). El año pasado captaron de enero a abril 56,5 millones y este se ha frenado la cifra: 34,0 millones. El sector achaca este descenso al "duopolio salvaje" que practican Telecinco y Antena 3. "Están ejerciendo una competencia desleal. Controlan el sector y tratan de eliminar a los operadores pequeños", explican fuentes del sector. El Gobierno justifica sus medidas en "la situación económica" y en la necesidad de "sanear las cuentas" públicas. Algunas televisiones autonómicas han comenzado ya a hacer los deberes recortando gastos. Unas han optado por cerrar canales y otras han renunciado a derechos deportivos como la Liga de fútbol o la fórmula 1. Ahora, la ley aboga por fórmulas de colaboración para abaratar los costes de parilla. De hecho, la Forta ha diseñado un plan de intercambio de contenidos prácticamente a coste cero. Pero para las televisiones que emiten toda su programación en lengua propia, como la catalana o la gallega, esta opción es más difícil de aplicar. "Tendríamos que asumir el coste de doblar estos productos", explican fuentes de la corporación gallega. Esta televisión ha aplicado en los últimos tres años un plan de saneamiento en sus cuentas que le ha permitido adelgazar la deuda desde los 32,3 millones de euros de 2009 hasta los 1,9 que se prevén para el ejercicio actual. En este periodo, su presupuesto ha pasado de 146 millones a 117. Otros operadores, como el canario, tienen ahora un presupuesto que es la mitad que hace cuatro años: de 66,9 millones ha pasado a 33,2.
1.200 llones de euros
El presupuesto total de las 13 televisiones autonómicas asciende este año a 1.200 millones de euros.
Los fondos públicos autonómicos aportan el 75% del presupuesto de los entes regionales.
La nueva normativa permite que las comunidades autónomas puedan privatizar sus televisiones.
Algunos canales autonómicos ya han comenzado a reducir gastos.
La caída de publicidad ha sido del casi el 40% en el primer trimestre, superior a la de la media del sector.
La televisión valenciana acumula una deuda de unos 1.2000 millones, la mayor de las autonómicas".
Este año, los entes autonómicos tienen un presupuesto de 1.200 millones de euros, de los cuales 980 son aportaciones públicas. De esta cantidad, una gran parte (857 millones) es absorbida por las televisiones y el resto se destina a sufragar el coste de la radio y los gastos generados por la corporación o el ente público. Según las estimaciones de la Federación de Organismos de Radios y Televisiones Autonómicos (Forta) el coste de estas cadenas equivale, de media, al 0,6% del presupuesto de las comunidades. Con la nueva legislación, las televisiones que recurran al endeudamiento recibirían menos fondos el año siguiente. A menudo, comunidades como Madrid se han visto obligadas a solicitar "aportaciones patrimoniales extraordinarias" (hasta 20 millones de euros en algunos ejercicios) para poder terminar el año. A partir de ahora los presupuestos serán inamovibles. Aunque el desplome publicitario descuadre las cuentas. Según un informe encargado por la Forta a la multinacional Accenture, el 75% de los presupuestos de las autonómicas proceden de las subvenciones y un 25%, de la publicidad. Pero la crisis publicitaria se ha cebado con las autonómicas. En el primer trimestre del año han perdido el 39,8% de la facturación publicitaria, el doble de la media del conjunto de las televisiones (17,7%). El año pasado captaron de enero a abril 56,5 millones y este se ha frenado la cifra: 34,0 millones. El sector achaca este descenso al "duopolio salvaje" que practican Telecinco y Antena 3. "Están ejerciendo una competencia desleal. Controlan el sector y tratan de eliminar a los operadores pequeños", explican fuentes del sector. El Gobierno justifica sus medidas en "la situación económica" y en la necesidad de "sanear las cuentas" públicas. Algunas televisiones autonómicas han comenzado ya a hacer los deberes recortando gastos. Unas han optado por cerrar canales y otras han renunciado a derechos deportivos como la Liga de fútbol o la fórmula 1. Ahora, la ley aboga por fórmulas de colaboración para abaratar los costes de parilla. De hecho, la Forta ha diseñado un plan de intercambio de contenidos prácticamente a coste cero. Pero para las televisiones que emiten toda su programación en lengua propia, como la catalana o la gallega, esta opción es más difícil de aplicar. "Tendríamos que asumir el coste de doblar estos productos", explican fuentes de la corporación gallega. Esta televisión ha aplicado en los últimos tres años un plan de saneamiento en sus cuentas que le ha permitido adelgazar la deuda desde los 32,3 millones de euros de 2009 hasta los 1,9 que se prevén para el ejercicio actual. En este periodo, su presupuesto ha pasado de 146 millones a 117. Otros operadores, como el canario, tienen ahora un presupuesto que es la mitad que hace cuatro años: de 66,9 millones ha pasado a 33,2.
1.200 llones de euros
El presupuesto total de las 13 televisiones autonómicas asciende este año a 1.200 millones de euros.
Los fondos públicos autonómicos aportan el 75% del presupuesto de los entes regionales.
La nueva normativa permite que las comunidades autónomas puedan privatizar sus televisiones.
Algunos canales autonómicos ya han comenzado a reducir gastos.
La caída de publicidad ha sido del casi el 40% en el primer trimestre, superior a la de la media del sector.
La televisión valenciana acumula una deuda de unos 1.2000 millones, la mayor de las autonómicas".
Espanha: "Andalucía, Canarias, Extremadura y Ceuta superan el 30% de paro" (desemprego)
Noticia o El Pais que "la fuerte destrucción de empleo del primer trimestre del año agrava el problema del paro en las comunidades más golpeadas por la crisis. En Ceuta, la tasa de paro supera ya el 35,5%, mientras que hay tres comunidades que superan también el 30% de desempleo: Andalucía (33,17%), Canarias (32,28%) y Extremadura (32,05%). Los mayores descensos de ocupación de este trimestre se dan en Andalucía (70.800 ocupados menos), Cataluña (66.900) y Comunitat Valenciana (66.600). Esas tres comunidades son también las que lideran el aumento del paro,en el mismo orden: Andalucía (81.100 parados más), Cataluña (61.500) y Comunitat Valenciana (40.100). La Comunidad de Madrid registra un incremento de la ocupación de 15.900 personas el primer trimestre de 2012. Es la única en que se ha creado empleo en el primer trimestre, aunque si se mira 12 meses atrás es una de las que más puestos de trabajo destruye, con 102.300. Las disminuciones más acusadas del número de ocupados en los últimos 12 meses se producen en Cataluña (159.500), Andalucía (135.100) y Comunidad de Madrid (102.300 ocupados menos). Los mayores incrementos interanuales del paro se dan en Andalucía (142.100 parados más), Comunidad de Madrid (110.500) y Cataluña (109.300). El País Vasco mantiene una tasa de paro inferior al 14%, la más baja de todas las comunidades, seguida por Navarra (16,34%), Aragón (18,38%) y Cantabria (18,59%)".
Espanha: Rajoy garantiza a Sánchez-Camacho que Cataluña mantendrá la 'solvencia'
Segundo a jornalista do El Mundo, Leonor Mayor, a "Cataluña tendrá dinero para pagar las nóminas, a los proveedores y los intereses de la enorme deuda que acumula. Así se lo ha grantizado el presidente español, Mariano Rajoy, a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, durante una reunión de cerca de dos horas que ambos mantuvieron en Madrid, según explican fuentes populares. La idea de Rajoy es evitar que Cataluña pueda tocar fondo y entrar en quiebra, por lo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestará dinero al Ejecutivo catalán para evitar que esta autonomía acabe colapsada. Además, el Gobierno central está dispuesto "a explorar posibilidades en el campo de las infraestructuras" catalanas a través de las negociaciones directas con los Ministerios de Fomento y Hacienda. Esto es lo máximo a lo que Rajoy puede comprometerse con Cataluña en la actual "situación de economía de emergencia". El Gobierno central está dispuesto a redistribuir las partidas presupuestarias, pero no a ampliarlas, porque es consciente de que no tiene ni un euro más de lo que recogen sus cuentas para este año. Por eso, el Gobierno central no pagará los 219 millones de euros que se derivan de la Disposición Adicional tercera del Estatut. Se trata, de una cantidad que el Govern reclama con insistencia y que, según el texto estatutario, debería invertirse en la construcción de nuevas infraestructuras. El PP lamenta que el Ejecutivo de Artur Mas haya generado un conflicto por estos 219 millones, "que sólo son el 1%" de las transferencias que Cataluña recibe de Madrid, ya que ésta es la primera comunidad receptora de transferencias del Gobierno central del que percibe "24.000 millones anuales con el modelo vigente".
Nomeações: o batalhão de Passos
Segundo a revista Visão, num texto dos jornalistas Francisco Galope e Sónia Sapage, "em 40 semanas, foram mobilizadas perto de 450 pessoas para colaborar em, pelo menos, 52 grupos de trabalho criados pelo Governo. A maioria são dirigentes do Estado e não recebem nada por isso. Mas as equipas também têm ministros, ex-governantes e ministeriáveis. É um verdadeiro exército que funciona como uma administração paralela. É difícil quantificá-los. Os diplomas estão dispersos. E, em muitos casos, os grupos técnicos, grupos de trabalho, estruturas de missão, comissões de acompanhamento disto, equipas de peritos daquilo são criadas e anunciadas muito antes de os respetivos despachos saírem em Diário da República. A divulgação dos atos administrativos no jornal oficial do Estado anda, como se sabe, sempre atrasada e as coisas já estão muitas vezes a acontecer antes de se encontrarem legalmente formalizadas. Vários dias a vasculhar no arquivos eletrónico do Diário da República - a versão em papel está, hoje, praticamente ultrapassada - e nos jornais dos últimos nove meses levou-nos à conclusão de que, desde a sua tomada de posse, a 21 de julho do ano passado, o executivo liderado por Pedro Passos Coelho nomeou, pelo menos, 52 desses grupos de trabalho cuja missão é ajudar o Governo. A um ritmo de 1,3 por semana, os vários ministros rodearam-se de um autêntico exército de tecnocratas, tendo mobilizado aproximadamente 450 pessoas".Quanto custaram as obras-fantasma?
Li na Visão, num texto da jornalista Clara Teixeira, que "o Estado desperdiçou 200 milhões de euros nas grandes obras adiadas, como o novo aeroporto e o TGV. Um valor que pode ultrapassar os 500 milhões de euros, se contarmos com os pedidos de indemnização. São obras-fantasma porque nunca saíram do papel, apesar de terem custado centenas de milhões de euros aos contribuintes. Só em estudos e projetos, realizados, em alguns casos, ao longo de décadas, foram gastos cerca de 150 milhões de euros. O comboio de alta velocidade, vulgo TGV, representa a maior fatia: 90 milhões de euros investidos nos preparativos para o desenvolvimento da rede, valor que cresce quase 30 milhões de euros se somarmos os custos operacionais e custos com pessoal. No caso do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), previsto, depois de muita polémica, para a Margem Sul, terão sido desembolsados cerca de 60 milhões de euros para estudar a melhor localização. Mais de metade desse montante foi canalizado para a Ota, a primeira escolha de sucessivos governos que, em 2008, viria a ser abandonada a favor de Alcochete. Consideradas estratégicas, estas e outras grandes obras públicas e/ou privadas - como as novas autoestradas, as plataformas logísticas, o alargamento do terminal de contentores de Alcântara, as barragens ou a requalificação das escolas - acabaram classificadas como sendo de "rentabilidade duvidosa" e, de imediato, suspensas ou adiadas pelo ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, com o aval do chefe do Governo, Pedro Passos Coelho. Para trás ficaram anos de acesos debates sobre os custos e benefícios deste tipo de projetos. Vindos de todos os quadrantes, os manifestos postos a circular, excessivamente politizados, serviam de pretexto para esgrimir argumentos estéreis e inconclusivos. Contra o traçado do TGV, contra o efeito reprodutor do investimento público, as parcerias público-privadas, o crédito fácil ... De tal maneira que ser contra ou a favor das grandes obras tornou-se quase como ser do Sporting ou do Benfica. Com a particularidade de que muitos portugueses preferem torcer pelo Porto... Acabada a festa e desfeitas as ilusões, resta fazer as contas aos custos e desperdícios. A VISÃO pediu aos organismos públicos diretamente envolvidos nas grandes obras que facultassem a relação de três tipos de gastos: investimento em estudos e projetos, custos operacionais e despesa com pessoal. Como esperado, a alta velocidade e o novo aeroporto são responsáveis pelos grandes números. Durante anos, o desenvolvimento desses projetos esteve sob a responsabilidade de empresas públicas propositadamente criadas para esse efeito: a RAVE e a NAER, ambas em fase de extinção. Já os custos das novas rodovias, construídas por privados sob a alçada das Estradas de Portugal - que não prestou informação à VISÃO -, são mais difíceis de calcular, na medida em que o investimento está a cargo dos privados".
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