Conforme escreve o jornalista NACHO MARTÍN, no jornal "El Dia", "el presidente del Gobierno presentó ayer ante el Parlamento el primer balance de su gestión defendiendo haber puesto en marcha medidas "para las personas" y denunciando la política del Estado en materias como la inmigración y la energía. Resulta difícil centrar la crítica al balance de una gestión política como el presentado ayer por el presidente del Gobierno ante el Parlamento en si es o no suficiente contar en el haber con un único proyecto de ley -el de creación de la policía autonómica- en ocho meses tras la celebración de las elecciones regional. Pero lo cierto es que Paulino Rivero afrontó su primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad con ese texto, con un conjunto de medidas de carácter social que habría puesto en marcha en ese tiempo y un buen número de anuncios y promesas. No se olvidó de dar una de cal y una de arena al Estado, pero sí de alguna cuestión como el conflicto en la sanidad canaria -no, en cambio, del que sigue vivo en educación-, que no hizo aparición a lo largo de los 47 folios de su discurso. Tampoco se refirió a la moratoria y al enorme retraso en la aprobación de la nueva ley trianual ni al pago de multimillonarias indemnizaciones que afronta el contribuyente tanto por la propia moratoria como por el proyecto de la montaña de Tindaya. Tampoco formó parte del discurso los retrasos en la tramitación de la ley para mejorar la calidad democrática de las instituciones, que tenía que haber llegado a la Cámara antes de finales del año pasado. Empezando por las relaciones con el Estado, Rivero no dejó de invitar al nuevo Gobierno central a retomar el diálogo, pero marcando con claridad la línea que separa a ambas administraciones, una línea a la que puso un precio de 2.000 millones de euros de deudas por diversos conceptos: 500 millones anuales por el aumento de la población no contemplado por el sistema de financiación autonómica, 400 millones por no cumplir con la media estatal de inversión contemplada en el Régimen Económico y Fiscal (REF), 300 millones que el Estado deduce a Canarias por el exceso de recaudación del IGIC y 823 millones adicionales en cuatro años derivados de la financiación sanitaria".
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