"PP y PSOE perderán muchos concejales, pero el recorte en la cifra de ediles perjudica especialmente a los minoritarios La reforma apenas modificaría las actuales mayorías en las grandes ciudades La reforma del Gobierno para reducir en un tercio el tamaño de los consistorios La reducción suele acentuar la ventaja del primer partido, aunque no siempre Los grupos pequeños podrían perder hasta un 40% de los ediles que tienen ahora. Los estrategas electorales no dan puntada sin hilo. Por eso nunca andan lejos de las reformas de todo tipo que emprenden los gobiernos. Su misión es muy clara: escudriñar el impacto de una determinada iniciativa sobre la opinión pública o medir sus efectos secundarios sobre la composición de las instituciones. Y hay que añadir que, en su caso, la paranoia es uno de los mejores activos para descubrir intenciones ocultas o consecuencias imprevistas. De ahí que una reforma tan sensible como la modificación de la ley orgánica Electoral General "con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes" constituya, más que ninguna otra, el tipo de medida que debería pasar previamente bajo la exigente lupa de los asesores electorales. E incluso podría ocurrir que fuese al revés: los asesores electorales estudiarían previamente los efectos de una reducción de cargos electos y explorarían qué porcentajes de disminución serían los más favorables para el partido que impulsa la medida. Y sólo tras esa comprobación cautelar, se adoptaría la decisión. Si las cosas han ocurrido así con el anteproyecto de ley que pretende "reducir en un tercio el número de concejales" en España, eso es algo que sólo el Gobierno conoce. Pero parece indudable que todos los grupos políticos, en el poder o en la oposición, estudiarán obsesivamente en qué medida les afecta pasar de "los 68.578 concejales actuales a 47.240". No en vano, "en las próximas elecciones municipales se elegirán 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1% de reducción". Y aunque gran parte de ellos corresponden a poblaciones donde formar parte del consistorio supone más inconvenientes que ventajas, sólo la reducción que se aplicará a los ayuntamientos de las capitales de provincia afecta a centenares de cargos públicos remunerados. En otras palabras: la reforma recortará la presencia institucional (léase también el poder y el dinero) de los partidos en el ámbito local, por lo que resulta inevitable preguntarse si afectará a todos por igual. Y en este sentido, una aproximación parcial, mediante un panel de 16 capitales correspondientes a otras tantas autonomías (ver gráfico adjunto), arroja conclusiones significativas. Por ejemplo, en esas 16 ciudades la reducción de un 30% en el número de ediles supone casi 160 concejales menos. Y quedan fuera de este cómputo capitales tan populosas como Alicante y Málaga, o ciudades de la magnitud de Vigo o Gijón (además de Barcelona o l'Hospitalet, que figuran en un panel específico catalán).
Ahora bien, lo más relevante de la reforma sigue siendo cómo se reparte la reducción. En cifras absolutas, los mayores damnificados son, sin duda, los dos grandes partidos. Por ejemplo, el PP pierde más de 80 ediles en esas 16 ciudades (pasa de 251 a 169), y el PSOE, más de 40 (de 133 a 91). En cambio, Izquierda Unida pierde nueve (de 27 a 18) y UPyD, sólo tres (de siete a cuatro). Por su parte, las formaciones de ámbito local -nacionalistas o regionalistas- ceden 22 ediles (de 68 a 46). Sin embargo, en términos relativos las pérdidas cobran otra dimensión. Así, mientras populares, socialistas, IU y nacionalistas pierden entre un 31% y un 33% de su cómputo actual, UPyD cede casi el 43% de su representación. Y aun así, la estimación es engañosa. Cuando se realizan extrapolaciones sobre localidades más pequeñas (con una cifra actual de hasta 21 concejales, lo que supone que se quedarán con 15 o menos tras la reforma), entonces las pérdidas de las formaciones minoritarias como IU se acentúan considerablemente, hasta situarse en torno al 40% de su actual contingente de ediles. Finalmente, y no por ello menos importante, cabe contemplar las distorsiones que pueda tener la disminución del número de concejales sobre las actuales mayorías en los consistorios. Es verdad que la simulación arroja algún caso (siempre en ayuntamientos con un máximo de 27 ediles ahora, y menos de 20 tras la reforma) en el que la reducción de concejales permitiría al partido más votado tener una mayoría absoluta que ahora no tiene con menos del 40% del voto. Pero ello exige un nivel infrecuente de dispersión del voto opositor, pues existen ciudades más pequeñas donde la reducción de la cifra de ediles tampoco otorga la mayoría absoluta a un partido que roza el 44% de los votos (como le ocurriría al PSOE en Toledo).
De hecho, el caso de Zaragoza es un buen reflejo de las variadas consecuencias de la reducción. Así, el PP, con un 41,3% de los votos, se quedaría más lejos de la mayoría absoluta tras la reforma (a casi 4.500 papeletas) que con el consistorio actual (en el que se quedó sin la alcaldía por algo más de 3.000 votos). Eso sí, aunque la reforma no fabrique mayorías absolutas, puede acentuar la ventaja de la formación más votada. En Getafe, por ejemplo, el PP está ahora a dos ediles de la mayoría y suma uno menos que la izquierda. Tras la reforma, los populares se quedarían a un concejal de la mayoría absoluta y sumarían los mismos que PSOE e IU” (texto do jornalista do La Vanguardia, Carles Castro, com a devida vénia)
Ahora bien, lo más relevante de la reforma sigue siendo cómo se reparte la reducción. En cifras absolutas, los mayores damnificados son, sin duda, los dos grandes partidos. Por ejemplo, el PP pierde más de 80 ediles en esas 16 ciudades (pasa de 251 a 169), y el PSOE, más de 40 (de 133 a 91). En cambio, Izquierda Unida pierde nueve (de 27 a 18) y UPyD, sólo tres (de siete a cuatro). Por su parte, las formaciones de ámbito local -nacionalistas o regionalistas- ceden 22 ediles (de 68 a 46). Sin embargo, en términos relativos las pérdidas cobran otra dimensión. Así, mientras populares, socialistas, IU y nacionalistas pierden entre un 31% y un 33% de su cómputo actual, UPyD cede casi el 43% de su representación. Y aun así, la estimación es engañosa. Cuando se realizan extrapolaciones sobre localidades más pequeñas (con una cifra actual de hasta 21 concejales, lo que supone que se quedarán con 15 o menos tras la reforma), entonces las pérdidas de las formaciones minoritarias como IU se acentúan considerablemente, hasta situarse en torno al 40% de su actual contingente de ediles. Finalmente, y no por ello menos importante, cabe contemplar las distorsiones que pueda tener la disminución del número de concejales sobre las actuales mayorías en los consistorios. Es verdad que la simulación arroja algún caso (siempre en ayuntamientos con un máximo de 27 ediles ahora, y menos de 20 tras la reforma) en el que la reducción de concejales permitiría al partido más votado tener una mayoría absoluta que ahora no tiene con menos del 40% del voto. Pero ello exige un nivel infrecuente de dispersión del voto opositor, pues existen ciudades más pequeñas donde la reducción de la cifra de ediles tampoco otorga la mayoría absoluta a un partido que roza el 44% de los votos (como le ocurriría al PSOE en Toledo).
De hecho, el caso de Zaragoza es un buen reflejo de las variadas consecuencias de la reducción. Así, el PP, con un 41,3% de los votos, se quedaría más lejos de la mayoría absoluta tras la reforma (a casi 4.500 papeletas) que con el consistorio actual (en el que se quedó sin la alcaldía por algo más de 3.000 votos). Eso sí, aunque la reforma no fabrique mayorías absolutas, puede acentuar la ventaja de la formación más votada. En Getafe, por ejemplo, el PP está ahora a dos ediles de la mayoría y suma uno menos que la izquierda. Tras la reforma, los populares se quedarían a un concejal de la mayoría absoluta y sumarían los mismos que PSOE e IU” (texto do jornalista do La Vanguardia, Carles Castro, com a devida vénia)
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