Una investigación de EL PAÍS y Armando.info confirma la relación entre el subsecretario de Exteriores y el empresario Joaquín Leal · La empresa Libre Abordo, sancionada por EE UU, asegura que las autoridades mexicanas fueron clave en las negociaciones e instruyeron a una empresa estatal para facilitar los negocios que se camuflaron como ayuda humanitaria. Un grupo de empresarios mexicanos comenzó hace dos años a desarrollar una opaca red con el Gobierno de Venezuela que intercambió petróleo del país caribeño por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio, y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios. Creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin apenas dejar rastro, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista. Cuál es el grado de conocimiento que el Gobierno de México ha tenido de las operaciones de estos empresarios todo este tiempo ha sido un misterio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación hace un año sobre algunos de los implicados, sin que haya tenido mayores avances en la justicia mexicana. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el Gobierno de México para hacer este tipo de operaciones. La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes. El número dos de la Cancillería defiende que en su responsabilidad es fundamental apoyar a “toda empresa mexicana, se llame como se llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener mejores vínculos económicos en la región”, agrega Reyes.
“Libre Abordo fue nombrada por el Gobierno
mexicano para entrar en el programa humanitario de intercambios de petróleo por
comida con Venezuela con el propósito de ejecutar la venta de una variedad de
productos alimenticios para ser comercializados entre ambos países”, asegura la
empresa en una presentación corporativa elaborada en enero de 2020, que forma
parte de los documentos a los que accedió esta investigación. En el documento,
la empresa explica que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones
bilaterales entre ambos gobiernos.
La misma presentación apunta que Libre
Abordo llegó a un acuerdo con Segalmex, un órgano que se desprende de la
Secretaría de Agricultura. “Segalmex recibe instrucciones del Gobierno federal
de México para proseguir con la ayuda humanitaria, con la intención de
beneficiar a los pueblos de México y Venezuela”, se lee en el documento. Según
la versión de Libre Abordo, la Administración de Andrés Manuel López Obrador
instruyó a Segalmex para venderle 210.000 toneladas de maíz con destino a
Venezuela. La cantidad coincide con la operación que, en junio de 2019, Libre
Abordo realizó con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior
(Corpovex): se firmaron dos contratos para suministrar esas toneladas de maíz y
1.000 camiones cisterna de agua potable a cambio de petróleo, una operación
valorada en 200 millones de euros.
A la izquierda, el contrato que firmó Libre
Abordo para exportar maíz mexicano a Venezuela. A la derecha, el convenio de
compra de los camiones chinos que se enviaron al país sudamericano.
A la izquierda, el contrato que firmó Libre
Abordo para exportar maíz mexicano a Venezuela. A la derecha, el convenio de
compra de los camiones chinos que se enviaron al país sudamericano.
El Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba
canjear petróleo por alimentos ante la presión que sufre por las sanciones
impuestas por Estados Unidos desde 2014 y que le impiden comercializar con
facilidad sus ingentes reservas de crudo. Así, se pactó el pago de ambos
contratos con dos millones de barriles de la estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA). Esos dos millones de barriles se acabaron convirtiendo en al menos 30
millones en embarques que zarparon entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. De
acuerdo con correos en poder de EL PAÍS y Armando.info, Libre Abordo justificó
el salto de dos millones a 30 millones de barriles por la caída internacional
del precio del crudo. La empresa mexicana se asesoró con despachos para
completar las operaciones por medio de trueques que se justificaban como “ayuda
humanitaria”, para así tratar de evadir las posibles sanciones. A los ojos de
Estados Unidos, las llamadas transacciones de ayuda humanitaria no solo se
cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para
un grupo de empresarios a expensas del pueblo venezolano, “malbaratando” sus
recursos naturales.
Esa operación provocó que el 18 de junio de
2020 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a Libre Abordo y a
Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela. Entonces, la Unidad de
Inteligencia Financiera mexicana inició una investigación para seguir el rastro
de los 200 millones de euros. La pesquisa no tuvo apenas avances hasta que el
18 de mayo la UIF envió una denuncia a la Fiscalía en la que pedía el
aseguramiento (bloqueo) de un centenar de cuentas de Leal y Libre Abordo, según
pudo comprobar este diario. De los supuestos acuerdos con Segalmex, sin
embargo, no hay una sola mención.
El Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador
ha mantenido una posición ambigua respecto a la crisis de Venezuela desde que
llegó al poder. Evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, aunque
ha contribuido a refugiar opositores y a sacarlos del país. Las relaciones
entre oposición y Gobierno venezolanos con la diplomacia mexicana son estrechas
y frecuentes, hasta el punto de que México se perfila como la posible sede de
una negociación entre ambas partes para buscar una salida a la crisis. En el
caso del presidente, que abarca todos los asuntos de México en su conferencia
mañanera, se ha referido a Venezuela en muy pocas ocasiones. Una de ellas fue
tres días antes de la sanción del Tesoro a los empresarios mexicanos para decir
que estaría dispuesto a colaborar con ayuda humanitaria con Venezuela si fuese
necesario: “No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la
solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”. La Presidencia de
México no ha respondido a las solicitudes de comentarios para este reportaje.
El vínculo entre Libre Abordo y el Gobierno
de México, de acuerdo con los documentos obtenidos, está en la relación de
Joaquín Leal ?un empresario de 29 años que se presentaba como representante
legal de la compañía y que tiene un papel determinante en la red opaca que
negocia con Venezuela? con Maximiliano Reyes, el número dos de la Cancillería.
Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces antes de que se cerrase el acuerdo
entre Libre Abordo y Corpovex en dos restaurantes de Ciudad de México, según ha
podido confirmar EL PAÍS de diversas fuentes. Preguntado por estos encuentros y
la relación con Leal, Reyes asegura que lo ubica “con un grupo de
inversionistas mexicanos y extranjeros del sector energético” con quienes no
tiene “contacto desde varios meses antes de que se hicieran públicas las
sanciones”. Y continúa: “Mis pláticas con ellos consistieron en lo mismo que
con muchos otros: entornos económicos y comerciales, riesgos, amenazas y
oportunidades en América Latina y El Caribe”.
Como parte de esta investigación, se le
envió un cuestionario detallado al subsecretario en el que se le preguntaba si
tuvo conocimiento del intercambio de petróleo por alimentos entre Libre Abordo
y Corpovex; sobre si estaba al tanto de que Libre Abordo se presentaba como
enviada del Gobierno y si había jugado un papel en ello; también sobre si era
consciente de que la empresa mexicana aseguraba haber hecho negocios con
Segalmex. Reyes optó por una respuesta en bloque, en la que evitaba entrar al
detalle de algunas preguntas. “Como subsecretario para América Latina y El
Caribe mi responsabilidad es estar en permanente contacto con todos los
gobiernos de la región, en base a los criterios fijados por la Constitución
mexicana, que siempre han sido manifestados públicamente. Nuestro principio es
el máximo respeto a la soberanía de cada país, y en la medida de lo posible,
siempre estamos con disposición de cooperar y colaborar en lo social,
económico, cultural, humanitario y comercial. Y en este sentido, no hacemos
excepciones con ningún Gobierno ni nos sometemos a la política exterior de
ningún país”, asegura Reyes en su respuesta. El subsecretario defiende que
trabaja “a favor de un sólido y fluido diálogo con el sector privado para
mejorar la dinámica económica y comercial” de México en la región.
En este sentido, Reyes afirma que para su
subsecretaría “es fundamental apoyar a toda empresa mexicana, se llame como se
llame, sin consultar su posición política ni partidaria”. “Partimos de que los
empresarios que se acercan a nosotros lo hacen de buena fe y desean tener
mejores vínculos económicos en la región en base a un principio fundamental:
ganar-ganar-ganar (gana México, gana el país en cuestión, gana el empresario)”,
añade. “Y en ese sentido, tenemos relaciones productivas con muchísimas
empresas mexicanas y extranjeras que afortunadamente nos ven como aliados para
facilitarles su expansión, de la misma manera que lo hacen otros gobiernos con
sus empresas”. Sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Libre Abordo y
Leal, Reyes responde: “Nuestra línea es pública: jamás estaremos de acuerdo en
resolver nada por la vía de la fuerza ni la coerción, ni mediante sanciones.
Nuestra posición es pública y notoria. Siempre hemos votado de la misma manera
en los organismos internacionales”.
Una empleada de Leal, muy cercana a Reyes
Aquellas reuniones en Ciudad de México no
son el único nexo entre Reyes y el consorcio empresarial sancionado por Estados
Unidos. El periodista Carlos Loret de Mola sacó a la luz una carta fechada el
20 de junio de 2019, menos de una semana después de que se firmaran los
contratos entre Libre Abordo y el Gobierno venezolano, en la que aparece la
venezolana Haymel Brito como miembro de la delegación mexicana en la 49ª
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín. La
delegación de México estaba encabezada por Reyes y Brito era la única
participante que no ostentaba un alto cargo diplomático. En su columna, Loret
de Mola describía a Brito como “una influyente mujer en la Cancillería”
mexicana. Ante la difusión de la misiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) decidió dejar a Brito fuera de la comitiva. En al menos dos solicitudes
de información, la Cancillería rechazó que la mujer trabajara en la
Subsecretaría de América Latina. Tampoco aparece en el directorio como empleada
por honorarios de esa dependencia.
De acuerdo con su currículum, Brito
Martínez ha sido representante de Fedecámaras —la cámara empresarial de
Venezuela—, analista de la Organización Internacional de Empleadores, becaria
en Naciones Unidas y ha trabajado para la oficina del embajador de Emiratos
Árabes Unidos en México. Fue durante esa etapa, a finales de 2018, cuando al
menos dos fuentes sitúan el primero encuentro entre Brito y Reyes. Durante el
periodo de transición del Gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel
López Obrador, en septiembre de 2018, Marcelo Ebrard visitó la Embajada de
Emiratos Árabes Unidos en calidad de canciller designado. Le acompañaba parte
de su equipo, entre los que estaba el actual subsecretario para América Latina
y el Caribe. Poco después empezaron a interactuar intensamente por redes
sociales y viajaron juntos a diversos lugares como Panamá, Argentina y
Barcelona, según ha podido constatar este diario. La relación personal de Brito
con Joaquín Leal también es un hecho, como acreditan fotos y mensajes en redes
sociales de ella junto al entorno más próximo del empresario mexicano. Ni Reyes
ni Brito han querido responder a las preguntas concretas sobre su relación.
En julio de 2019, Brito comenzó a trabajar
como directora de Relaciones Institucionales de Hábitos Luzy, la filial
mexicana de Luzy Technologies, una de las empresas de Leal que fueron incluidas
en la lista negra del Departamento del Tesoro junto a Libre Abordo. La compañía
se especializaba en salud y alimentación y su producto más visible era una
aplicación móvil para dar asesoramiento médico. Desde su puesto en Luzy, la
mujer gestionó la venta de medicinas y equipo médico al Gobierno de Panamá con
apoyo directo de la Embajada mexicana en el país centroamericano. Consultada
para esta investigación, Brito niega haber formado parte “de ningún grupo de
empresarios” y dice que su trabajó se limitó a dar una asesoría externa que
concluyó en 2019. “Mis actividades nunca han tenido nada que ver con Venezuela,
ni con sus asuntos, ni con sus productos”, asegura.
El 10 de diciembre de 2019, Reyes viajó a
Buenos Aires para representar a México en la toma de posesión del presidente
argentino, Alberto Fernández. Según consta en los registros de transparencia,
en ese viaje el subsecretario hizo una parada en Panamá para “sostener
reuniones en la Embajada de Me?xico”. Ese mismo día, Brito compartió en sus
redes sociales que se encontraba en Panamá. De acuerdo a los correos, durante
ese viaje visitó la Embajada mexicana para dialogar sobre acuerdos comerciales
entre Luzy y el Gobierno panameño. A finales de 2019, el embajador mexicano en
ese país, Luis Manuel López Moreno, comenzó a reportar ante la mujer venezolana
—a quien llamaba “maestra”—, los avances que realizaba en nombre de la empresa.
“Nos reuniremos antes del viernes para platicar sobre la aplicación [Luzy]. En
cuanto tenga un resultado le informo”, le escribió en un correo el 16 de
diciembre el embajador a Brito sobre un encuentro que mantuvo con un
empresario, apenas una semana después de la visita. “Muy bien, embajador”,
respondió ella. Sobre este asunto, la venezolana asegura: “Nunca he pedido, ni
recibido ningún beneficio de ninguna institución mexicana. No tengo ningún tipo
de relación con ninguna institución del Gobierno de México”. La mujer asegura
además que supo de Libre Abordo a través de notas periodísticas publicadas en
2020, cuando cientos de documentos en poder de EL PAÍS y Armando.info acreditan
su relación laboral durante ese año y el anterior.
El hombre de Reyes en Caracas
La sombra de la Secretaría de Exteriores
sobre la trama del petróleo venezolano se extiende también en la Embajada
mexicana en Caracas, especialmente con el hombre de confianza de Reyes en esa
delegación: Rodrigo Benedith Reyes. Ambos funcionarios se conocen de hace por
lo menos una década, cuando el subsecretario era legislador en la Asamblea de
Ciudad de México en 2009 por el PRD y el otro era asesor del órgano
legislativo. Además trabajaron juntos como directores de área en la delegación
Miguel Hidalgo entre 2012 y 2013. En septiembre de 2019, Benedith ocupaba el
cargo de director de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Azcapotzalco cuando
fue nombrado, sin ninguna experiencia en el sector diplomático, encargado de
cooperación económica y promoción de la delegación mexicana en Venezuela. Su
nombre aparece en los correos del círculo de Leal, quienes además se jactaban
de tener “contactos en embajadas y consulados”. En un correo enviado por el
propio Leal a su equipo el 12 septiembre de 2019, cuando el funcionario apenas
llegaba al cargo, el empresario pide que envíen a Benedith unas tarjetas y un
contrato.
El nombre del funcionario mexicano está
presente también en otras comunicaciones. Como en una del 1 de abril de 2020,
en la que la directora de Libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, escribe un
correo a la Embajada mexicana en Caracas informando de sus acuerdos con PDVSA.
“Queremos compartirle algo de contexto relacionado a nuestra labor como empresa
mexicana que provee ayuda humanitaria en Venezuela a cambio de petróleo”, dice
el mensaje, dirigido a Benedith Reyes.
Durante la elaboración de este reportaje,
mientras se pedían declaraciones a los señalados sobre su papel en la trama, se
dio a conocer que Benedith dejaba la Embajada mexicana en Caracas. “Es mi
convicción regresar a mi país para asumir tareas que contribuyan a la
consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”,
escribió el pasado miércoles en Twitter. Horas después de anunciar su salida,
el funcionario no quiso responder un cuestionario que le enviaron EL PAÍS y
Armando.info por correo electrónico para aclarar su participación y citó un
artículo de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que, según su interpretación,
le obliga a guardar “discreción absoluta” sobre sus labores en la misión
diplomática. Preguntado por si estaba al tanto de los contactos de Benedith, el
subsecretario, Maximiliano Reyes, asegura: “Mi relación con las embajadas
mexicanas en todos los países de la región es muy estrecha y positiva. Procuro
estar en contacto permanente con cada una de ellas, con su personal en cada
área de trabajo. De hecho, creo que esto es el trabajo que haría mi homólogo en
cualquier país del mundo”.
Los vínculos con Segalmex
La relación entre Libre Abordo y Segalmex
no está presente solo en una presentación coorporativa de la compañía. En la
búsqueda de clientes que estuviesen dispuestos a refinar el petróleo de PDVSA
que se había intercambiado por alimentos, Libre Abordo contactó a principios de
2020 con la refinería india Reliance. En el proceso de debida diligencia con la
empresa asiática, Libre Abordo anexó una carta fechada al 16 de diciembre de
2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con
destino a Venezuela. “Podemos confirmar que hemos recibido instrucciones del
Gobierno mexicano para proseguir con este trato”, se lee en la misiva que lleva
supuestamente la firma del entonces jefe de Administración y Finanzas, René
Gavira. “El maíz se repartirá en tres entregas programadas para la tercera
semana de enero de 2020, la tercera semana de febrero y la tercera de marzo”.
Fuentes próximas al exfuncionario, quien dejó el cargo en junio del año pasado
envuelto en acusaciones de corrupción, aseguran que la firma de la carta no es
la de Gavira y afirman que se trata de una simulación de Leal y sus
colaboradores.
Libre Abordo también presentó un
comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre de 2019 a
Segalmex por 330,6 millones de pesos (15 millones de dólares) como adelanto
para la entrega de las 210.000 toneladas de maíz. La empresa que hizo el pago
fue Consorcio Panamericano SA de CV, una compañía mexicana en la que la abuela
de Leal es socia junto a presuntos testaferros que participaron en otras
entidades del empresario. Libre Abordo aseguró en los correos enviados a
Reliance que Consorcio Panamericano le hizo un “préstamo” para completar la
transacción. Ante la consulta de este periódico, Segalmex ha respondido que “no
va a hacer comentarios” sobre la supuesta operación.
Una fuente cercana al caso detalla que como
Segalmex no podía vender directamente al Gobierno venezolano, se recurrió a
empresas que triangularon las operaciones para llevar los productos al país
sudamericano. El modus operandi, según esta versión, consistía en que Segalmex
compraba a productores nacionales y posteriormente volvía a vender a empresas
que se encargaban del proceso logístico y de aduanas internacional para
exportarlos a Venezuela.
Al menos dos fuentes oficiales confirman
que la relación entre Segalmex y Leal y sus colaboradores se remonta a 2019 y
de nuevo fue facilitada por Maximiliano Reyes. Los primeros contactos se sitúan
en una reunión en Monterrey, con altos funcionarios del Gobierno de Venezuela
que visitaron México y que plantearon abrir una vía de comunicación
institucional entre ambas Administraciones. Esa reunión se produjo poco después
de la visita de un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba
José Adolfo Murat, exsocio de Leal, a Caracas. Entonces, de acuerdo a la
documentación obtenida, se produjo una reunión con Omar Nassif, un empresario cercano
a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que planteó la posibilidad de utilizar
Industrias Lácteas Asturianas como proveedor en México, algo que corroboran
fuentes próximas a Segalmex (texto do El Pais, da autoria dos jornalistas
Roberto Deniz e Ewald Scharfenberg do meio de investigação venezuelano,
Armando.info)
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